Concluye el juicio de las vacaciones fiscales vascas en el Tribunal de Justicia Europeo
La última fase del juicio sobre las ayudas conocidas como “vacaciones fiscales vascas”, concedidas a empresas nuevas del País Vasco en los noventa y consideradas ilegales por Bruselas, concluyó hoy en la sede del Tribunal de Justicia de la UE, que pronunciará sentencia en los próximos meses.
Las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa insistieron en la legalidad de las medidas y solicitaron la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (actual Tribunal General) que respalda la decisión de la Comisión Europea de declarar las ayudas incompatibles con el derecho comunitario y ordenar su recuperación.
El Ejecutivo comunitario, apoyado por el gobierno de la Rioja, defendió en cambio que las medidas constituían una ayuda de estado ilegal que perjudicaba a la competencia, por lo que debían ser devueltas.
Los representantes legales de los gobiernos provinciales adujeron errores de derecho cometidos por el Tribunal de Primera Instancia, como no admitir ciertas pruebas que mostraban que la CE había dado a entender su conformidad con las medidas vascas.
“El Tribunal de Primera Instancia ha impedido practicar una prueba pertinente vulnerando el derecho a un proceso justo”, afirmó en su intervención el abogado de las diputaciones.
Los argumentos en defensa de las medidas vascas se vieron respaldados por la presencia del Abogado General del Estado español quien destacó la irregularidad en la gestión de la CE y recordó que medidas similares a las vascas se introdujeron también en otros puntos de España, como en Navarra, sin que Bruselas actuase contra ellas. Asimismo, consideró excesiva la devolución de las ayudas reclamada por la Comisión.
La CE, por su parte, negó que hubiese dado señales positivas acerca de las medidas vascas y subrayó que esa impresión que alegan las diputaciones nada tiene que ver con ninguna acción concreta del Ejecutivo comunitario.
La Rioja se sumó a los argumentos de Bruselas e hizo hincapié en el “perjuicio económico” que las medidas vascas causaron a otras comunidades españoles en especial para las limítrofes con Euskadi y criticó la intervención tardía del Abogado General del Estado en apoyo de las diputaciones.
La patronal vasca Confebask, por su parte, a pesar de haber recurrido en primera instancia la decisión de la CE, no estuvo presente en la vista de hoy como tampoco en la del pasado marzo.
Las alegaciones se centraron hoy en el crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos y en la reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada desde 1995, dos de las tres medidas adoptadas por los gobiernos provinciales en los noventa para favorecer el desarrollo de empresas en Euskadi.
La tercera medida en litigio, la exención fiscal durante diez años del impuesto de sociedades a compañías surgidas entre 1993 y 1994, ya fue objeto de una vista previa en marzo sobre la que se pronunciará sentencia el próximo 9 de junio.
Tras haber escuchado a las partes, la máxima instancia judicial europea tendrá que decidir si anula la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y si procede ordenar la recuperación de las ayudas. Aún no hay fecha para el fallo, pero se espera en los próximos meses.
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