El Ayuntamiento irá al Constitucional por la Ecociudad

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } Lo que el Ayuntamiento de Logroño quiere denunciar ante el Tribunal Constitucional es la modificación de un artículo de la Ley de Ordenación del Territorio, con la que la obra de la Ecocuidad quedaría exenta de licencia municipal. “Esta modificación se aleja de la coordinación administrativa, supone una imposición desde una administración a otra y crea inseguridad jurídica”, señala el alcalde, Tomás Santos.

“Tal y como estaba en el texto decía claramente cuáles eran las obras de interés general que estaban exentas de licencia municipal. Eran claras y las compartimos. Por tanto, no hacía falta modificación. Eran las relacionadas con las estructuras de interés básico, de uso y dominio público, carreteras, obras públicas, energía, transportes... No precisamente la edificación de viviendas, que es lo que va a hacer”, afirma el alcalde.

Según apunta el primer edil, el equipo de Gobierno municipal propondrá en pleno el conflicto constitucional y pedirá un dictamen a la comunidad autónoma. El consistorio no puede recurrir directamente, por lo que se acogerá a un mecanismo de acceso indirecto, que es el conflicto en defensa de la autonomía local.

Para que este recurso siga su curso tienen que recabar antes del 29 de marzo el apoyo de una séptima parte de los municipios riojanos y una sexta parte de la población. Santos ha hecho un llamamiento a todos los municipios que deseen sumarse a esta petición, puesto que “lo de la población con Logroño ya se supera”. No obstante, cree que el apoyo de los municipios está prácticamente hecho. Necesitarían 25 y de las 174 poblaciones riojanas, 52 tienen mayoría absoluta del PR o del PSOE.

El siguiente paso es que el Consejo Consultivo de La Rioja emita su dictamen, aunque no será vinculante para los recurrentes. Esperan que esta resolución no tarde más de un mes. A partir de este punto tienen otro mes para presentar el recurso en el Tribunal Constitucional y éste tendrá que determinar si se ha vulnerado o no el principio de autonomía municipal.