Si quieres conocer el contenido, el alcance y la letra pequeña de los decretos de vivienda, mejor que leer el BOE echa un vistazo a Idealista. Cualquier cambio legislativo a favor del inquilino se entiende antes buscando piso en la famosa plataforma inmobiliaria, que leyendo el literal de la ley: en unos días veremos los primeros anuncios de alquileres que sortean las nuevas restricciones usando todo tipo de inventos.

De los creadores del “alquiler de temporada” para saltarse los límites a las subidas, y de la partición de pisos por habitaciones para sacar más beneficio, ahora llegará cualquier invento con el que seguir exprimiendo rentas. ¿Alquileres por horas? ¿Te alquilo un bolígrafo a 1.000 euros y te regalo un apartamento, como se hacía en tiempos con la reventa de entradas de fútbol? ¿Alguna genialidad con nombre en inglés terminado en -ing? No sigo, que no quiero dar ideas.

Si algo ha demostrado el lobby inmobiliario en las últimas décadas es imaginación, creatividad, fantasía incluso. Toda la imaginación que parece faltarle a los gobiernos para legislar en materia de vivienda. Los fondos, inmobiliarias y grandes tenedores van siempre un paso por delante del gobierno, y detrás de ellos muchos pequeños caseros que se dejan flotar en la corriente para llevarse también su parte.

Leo en los titulares de este martes que los decretos limitarán las subidas desmadradas de alquiler, protegerán a los inquilinos frente a los abusos, impedirán los desahucios de personas vulnerables, pondrán coto a los fondos buitre y los pisos turísticos… No me hagas mucho caso, pero juraría que para todo eso se hizo la ley de vivienda de hace unos años, y algunas leyes autonómicas posteriores. Y sí, los rentistas encontraron la forma de saltárselas y dejarlas en papel mojado, con la inestimable colaboración de algunas comunidades y ayuntamientos que hacen la vista gorda (¿cuántos alcaldes han anunciado “moratorias de pisos turísticos” que nada frenaron?). Y por supuesto gracias a la flojera del gobierno progresista que ha dormido la siesta de la vivienda durante cuatro años.

La ley de vivienda ya era una garantía contra todo lo que ahora van a combatir los decretos, pero se convirtió en un coladero para que los de siempre mantuviesen el negocio intacto. También se suponía que ya no había que pagar varios meses de fianza, ni comisión obligatoria a la inmobiliaria, ni aceptar determinados requisitos abusivos, todo lo cual sigue ocurriendo sin mucho disimulo, como sabe cualquiera que en este septiembre busque piso en esa selva que es el mercado del alquiler, donde si dudas un segundo al firmar, pierdes el piso.

Digo más: la propia ley de vivienda se hizo porque no se cumplía una norma anterior y muy superior: la mismísima Constitución, que supuestamente consagra el derecho a la vivienda. Medio siglo saltándose a la torera leyes de vivienda, ya ven. Espero que el gobierno tenga en cuenta esa habilidad de algunos para sortear cualquier decreto.

La Inteligencia Artificial nos informa que “la frase la Constitución es más lista que el constituyente es una adaptación del clásico aforismo alemán que afirma que la ley es más lista que el legislador”.

Y efectivamente así es. En la fase inicial de imposición del Estado Constitucional que va desde finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial, la Constitución no tiene el carácter de norma jurídica, sino de documento político. El mundo del Derecho no gira en torno a la Constitución, sino en torno a la Ley. Habrá que esperar a que con el final de la Primer Guerra Mundial se abra paso el sufragio universal masculino y femenino para que el principio de legitimidad democrática se convierta en la única forma de legitimación aceptable. Dicho principio de legitimación democrática encontraría resistencias para imponerse en la práctica. Tantas, que sería necesaria una Segunda Guerra Mundial para conseguirlo en la parte occidental del continente europeo con las excepciones de Grecia, Portugal y España, y la caída del Muro de Berlín para conseguirlo en la parte oriental.

Una vez conseguida la imposición del principio de legitimación democrática, la Constitución adquiere el carácter de norma jurídica y en torno a ella gira el universo jurídico. La Ley sigue siendo una norma muy importante, pero ya no es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico.

La Ley era el centro de gravedad del Estado Constitucional predemocrático. La Constitución lo es del Estado democrático.

Ahora bien, el hecho de que el Estado Constitucional predemocrático pudiera operar sin la Constitución como norma jurídica, no quiere decir que lo pudiera hacer sin un “mínimo jurídico constitucional”, que en España se expresaría en el Título Preliminar del Código Civil. Sigue figurando en el Código Civil tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, pero nadie discute que su contenido es constitucional.   

Quiero decir con esta introducción que el aforismo aplicable al Estado Constitucional predemocrático le es de aplicación exactamente igual al Estado Constitucional democrático con el cambio de la Ley por la Constitución. Ni el Estado Constitucional predemocrático hubiera podido operar sin dicho aforismo, ni tampoco podría hacerlo el Estado Constitucional democrático.

Era la Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado y no la voluntad subjetiva de los parlamentarios que la aprobaron la que presidía el ordenamiento jurídico predemocrático. Es la Constitución tal como figura en el Boletín Oficial del Estado y no la voluntad subjetiva de los constituyentes que la aprobaron la que preside el ordenamiento jurídico democrático. 

Si no fuera así, el ordenamiento quedaría petrificado y no se podría dar respuesta con base en el mismo al cambio incesante que se produce en una sociedad que no descansa económicamente en el “valor de uso”, sino en el “valor de cambio”. Si la Constitución y los grandes Códigos que encabezan las distintas ramas del derecho tuvieran que cambiar a la misma velocidad a que lo hacen las condiciones materiales de existencia, desaparecería la “seguridad jurídica”. También desaparecería si la interpretación de tales normas se tuviera que limitar a reproducir la opinión de las personas que las redactaron. 

El Estado Constitucional, tanto el predemocrático como el democrático, han podido operar como fórmulas políticas para la dirección de la sociedad porque tanto los poderes públicos como las personas físicas y jurídicas hemos estado sometidos al imperio de la Constitución y de la Ley y no a la voluntad individual de los constituyentes y legisladores que las aprobaron. 

Esto se les explica a los alumnos en el primer año de estudio en una Facultad de Derecho. La Constitución dice lo que dice y no lo que los diputados y senadores que la aprobaron dicen que ellos dijeron. 

Los padres de la Constitución pueden decir que ellos rechazaron que la Ley de Amnistía apareciera en la Constitución, pero en el texto de la Constitución se posibilita que se pueda aprobar una Ley de Amnistía por iniciativa del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado e incluso de las Asambleas de las Comunidades Autónomas. Únicamente se prohíbe que se pueda aprobar mediante la iniciativa legislativa popular. 

Así lo dice expresamente el artículo 87 de la Constitución, que no es un artículo cualquiera, sino que es el artículo con el que empieza la regulación constitucional de la potestad legislativa de las Cortes Generales.  

La Constitución dedica el Capítulo II del Título III (“De las Cortes Generales”) a la “Elaboración de las Leyes”. El constituyente procede de una manera singular, ya que empieza regulando las excepciones, Ley Orgánica (art. 81), Ley de Delegación (arts. 82 a 85), Decreto-ley (art. 86). A continuación, regula la “norma”, es decir, la elaboración de la ley sin adjetivos o, lo que es lo mismo, el ejercicio general de la potestad legislativa.

Como no podía ser de otra manera la Constitución empieza en el artículo 87 con la regulación de la iniciativa. En el apartado 1 atribuye la iniciativa “al Gobierno, al Congreso y al Senado”. En el apartado 2 contempla la posibilidad de la iniciativa de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, de la que podemos prescindir. Y en el apartado 3 regula la “iniciativa popular” en unos términos que sí merecen ser reproducidos literalmente: “Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, nI en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.

La Constitución no impone límite material alguno al Gobierno para remitir a las Cortes un proyecto de ley, ni tampoco al Congreso o al Senado para aprobar una proposición de ley. Sí lo impone a la iniciativa popular. En consecuencia, resulta indiscutible que el Gobierno podría haber aprobado un proyecto de ley de amnistía y que el Congreso y el Senado han podido aprobar una proposición de ley de amnistía. 

La resistencia a la aplicación de la ley de amnistía, a pesar de su constitucionalidad inequívoca, así como también a su no contradicción con el derecho europeo, se mantiene todavía frente a las próximas sentencias del Tribunal Constitucional mediante las que se resolverán los recursos de amparo de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la ley de amnistía, manteniendo incluso la orden de detención y entrega contra algunos de ellos. 

La rebelión contra la aplicación de la ley de amnistía ha sido bastante insólita, pero no se había llegado todavía a una rebelión contra la interpretación que de la misma pueda hacer el Tribunal Constitucional, que el máximo intérprete de la Constitución. ¿Se atreverá el Tribunal Supremo a dar ese paso?

Hay problemas cuya solución no cabe en un tuit. El de la vivienda, por ejemplo. El precio medio del alquiler en España ronda ya los 1.176 euros mensuales y el de compraventa creció un 12,8% interanual. Más del doble que la media europea.

Para solventar la cuestión, Vox ofrece —como para casi todo— una solución muy sencilla: menos inmigración, más desokupación y seguir señalando a Sánchez. Para ellos, el problema se resuelve señalando culpables: si no puedes pagar el alquiler, acabas convertido en un okupa; si no puedes comprar una casa, el culpable es el inmigrante; y, si todo falla, siempre queda el comodín Sánchez.

Todos estos mensajes son ideales para esas redes sociales que demandan mensajes cortos y fáciles de viralizar. Pero ¿qué propone exactamente Vox en sus programas electorales?

Porque el hecho es que, cuando atendemos al perfil de una franja importante de sus votantes —sectores trabajadores que se han alejado de la izquierda— encontramos una significativa contradicción. Y es que para los trabajadores menos cualificados la vivienda es, con diferencia, el problema que más destacan en las encuestas del CIS: el 35%, frente al 4,1% que recibe la inmigración. Pero, a esa masa más menesterosa de potenciales votantes, Abascal les ofreces en realidad exactamente lo contrario de lo que necesitan: la agenda habitacional del partido sigue centrándose en liberar suelo, reducir regulación, proteger al propietario, facilitar la construcción de renta libre y combatir la ocupación con desalojos en menos de 48 horas.

Pero esas medidas que favorecen a los grandes tenedores, alientan la especulación inmobiliaria y perjudican a un precariado cada vez más numeroso no se quedan solo en el papel del programa electoral, sino que escalan a los acuerdos autonómicos que Vox ha firmado con el PP este año, donde se despliega sin tapujos todo este viejo recetario neoliberal, aliñado además con ese nuevo mantra electoral de la «prioridad nacional». Una cantinela que tiene mucho gancho electoral, cosa de la que Vox es perfectamente consciente: el pasado junio llevaron al Congreso una moción para que los españoles tuvieran preferencia para comprar, alquilar o acceder a vivienda social. Fue rechazada por 314 votos frente a 33, lo que los sitúa como único referente electoral que defiende los intereses de los «verdaderos» españoles frente a la «invasión» inmigrante.

En cambio, a todos aquellos que defienden políticas sociales más redistributivas o una mayor intervención estatal del mercado, solo les espera la demonización más descarnada. El caso de Maricarmen lo mostró con especial crudeza. La gran aportación de Abascal al debate fue un tuit en el que llamó «milicias de Sánchez» a los manifestantes que salieron a la calle y acamparon en Sol. Además, con una paronomasia supuestamente ingeniosa, alentó esa teoría conspiranoica que asegura que las fuerzas tradicionales —esas que se opusieron a su moción— están particularmente interesadas en sustituir a la población blanca y cristiana europea por un nuevo contingente de población inmigrante que les sea electoralmente fiel: «toda España sabe que, si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa», escribió. La teoría del Gran Reemplazo sintetizada en 13 palabras.

Pero la frase, con ser supuestamente ocurrente, no explica por qué comprar o alquilar una vivienda cuesta hoy un 80% más que hace una década ni qué problemas causan la concentración de la propiedad, los fondos de inversión, el alquiler turístico y de temporada o un parque público que apenas representa el 2,5% del residencial, frente al casi 10% de la media europea. Para eso no sirven los retruécanos, los calambures ni otros juegos de palabras que tan bien quedan en un tuit.

Y luego está el PP. Esta táctica simplista y simplificadora, que supone una ventaja competitiva para Vox, es un problema para un PP que, según las encuestas, lideraría un futuro gobierno de coalición. Porque si ahora la cuestión es quién puede ofrecer el titular más duro contra los okupas o los inmigrantes, el año que viene el problema será qué políticas concretas podrían evitar que más personas sean expulsadas del mercado residencial. La próxima votación parlamentaria sobre vivienda será un buen test para identificar la posición del PP en este complicado asunto, una bomba de explosión retardada que le puede estallar cuando encabece ese futuro gobierno «limpio y decente» que garantice «los servicios públicos y la igualdad de los españoles».

Porque la emergencia habitacional no desaparecerá en un año. Seguirán faltando viviendas asequibles en un mercado desregulado, un mayor parque público, los alquileres seguirán presionando los salarios y miles de jóvenes continuarán retrasando su emancipación, aunque sea en una pequeña habitación de un piso compartido —con nevera y una pequeña cocina, con suerte—, una solución de último recurso que, aun así, no para de aumentar de precio porque ahora mismo la vivienda no es un derecho, sino una mercancía de alto valor especulativo, dadas las garantías que ofrece el marco legal español a los propietarios.

Así que sí, una frase ocurrente puede que sirva para ganar votos ahora. Pero solucionar —o simplemente paliar— el problema exige y exigirá implementar medidas concretas, osadas y, sobre todo, efectivas. Porque, cuando no funcionen, ya no estará Sánchez para cargar con las culpas.

Hace unos años, en su libro sobre la pandemia, Judith Butler formuló una pregunta clave para la escena política: ¿cuáles son las condiciones para querer vivir en este mundo? La pregunta es decisiva porque de sus respuestas se deduce la diferencia entre la mera supervivencia y una vida digna de ser vivida. Y no digna por sus relatos, sus nostalgias o la altisonancia de sus valores. Antes bien, digna por gustosa y placentera, por materialmente digna. ¿Cómo afirmamos la vida, en colectivo y cotidianamente? ¿De dónde nos vienen las ganas de otra mañana, de imaginar escenas y planes y noviazgos, de quedarnos un rato más aquí juntas? ¿Y cuáles son las infraestructuras materiales, el espacio y los tiempos, para que tales relaciones y momentos puedan darse? De nada sirve la política si no atiende a estas preguntas, si no vela porque nuestras vidas, cualquier vida, valga la pena de ser vivida y tenga pleno acceso a sus garantías sociales. De nada sirve la política si no observa esta suerte de principio democrático fundamental: todas las vidas valen lo mismo; cualquier vida, con independencia de su obra, su herencia o su mérito, vale igual que las demás, y por ello ha de contar con lo requerido para ser vivida, para querer ser vivida. 

La pregunta de Butler obliga a interrogarnos por lo que me gustaría llamar, con Kristin Ross, una belleza banal. La belleza aquí no es una categoría estética, ni refiere a la armonía matemática de las formas, sino que se trata de una categoría política: alude antes bien al regocijo y al bienestar de los cuerpos, a la dimensión pública del cuidado. La banalidad de esta belleza politizada —que esté al alcance de cualquiera y se presente de ordinario— reclama una redistribución equitativa de los bienes, los placeres y las atenciones. Algunos la llaman “lujo público”; otras, “socialización del trabajo reproductivo”. Podemos llamarla también lucha de clases, una lucha por recuperar los frutos, todos los frutos, de nuestro trabajo, de modo que no vivamos para trabajar, sino que haya vida, mucha y deliciosa, al otro lado del tiempo productivo. El derecho a la belleza, del que hablaba Emma Goldman en su autobiografía, y que hace poco defendían Zadie Smith y Edouard Louis, clama por el acceso a la riqueza social, por su disfrute y su celebración, para todos y todas, sin más propósito o proyecto que habitar este mundo, que repararlo aquí y ahora, que acolchar el presente para que sea respirable y vivible para todas, para que no nos asfixie. En el corazón de la belleza banal y de las respuestas a la pregunta de Butler se encuentra el buen descanso y todas las infraestructuras del reposo.

Llevamos mucho tiempo soñando con una revolución, y estos días ha acontecido en la Puerta del Sol una revolución del sueño. Los cuerpos insomnes y exhaustos de la ciudad, privados de las condiciones mínimas para el descanso y la intimidad, hemos abarrotado la plaza porque no aguantamos más. No soportamos vivir en una ciudad que convierte nuestras casas en objetos de especulación y nos expulsa cada día a convivir y yacer a otra parte. No soportamos una ciudad que pide mano de obra y buena cartera, pero no cuerpos ni personas; que nos exige lo máximo y lo extraordinario, pero nos priva de lo mínimo y lo más básico. Por ello, hemos armado una protesta horizontal, donde la frustración y el cansancio, la rabia y la impotencia, pero también el amor por nuestros barrios y nuestra gente, se han convertido en la prodigiosa fuerza popular para decir basta, para negarnos a reducir nuestra vida al trabajo y al consumo, sin un espacio, un techo y una casa para todo lo demás. 

Desde hace demasiados años, las ciudades se han convertido en lugares inhóspitos y ajenos a la vida. A ellas acudimos para trabajar, a ellas nos atraen para gastar, pero no las podemos habitar. Y no las podemos habitar porque en ellas no podemos dormir, porque nuestro techo y nuestras calles se han vuelto inaccesibles e inutilizables. Si solo vivimos para trabajar, si solo a través del consumo disponemos de lo necesario, si no contamos con tiempo holgado para perdernos, para mirar al cielo o fumar un cigarro, pasear o leer, cantar o follar y charlar tranquilas, nuestra vida no nos pertenece; la noche no nos pertenece; el tiempo que dicen que es nuestro no nos pertenece. El régimen neoliberal nos ha arrebatado hasta el techo, y ha trocado nuestro descanso y nuestra holgura en letargia digital, estrés y ansiolíticos. Convertida en centro comercial de la existencia, la ciudad nunca duerme, y no sueña más que con el espectáculo de su propia aniquilación. Una vida que no duerme ni descansa se parece demasiado a la servidumbre y la supervivencia. Y por eso, en nombre de la vida que nos falta, nos tumbamos y decimos basta, con todo el agotamiento de nuestros cuerpos.

Hemos tenido que salir de casa para reclamar el derecho a tener una; hemos tenido que dormir en la calle para defender el derecho a la ciudad y la vivienda. En un mundo en que el descanso se privatiza y se torna un privilegio para unos pocos, allí donde la desigualdad social se realiza como plan urbanístico y se traduce en el cruel reparto entre desahucios y áticos, allí donde solo nos enseñan a soñar con el dinero y el éxito mientras no podemos dormir, la única respuesta posible es sacar las camas a la calle. Evocar la fecunda memoria de la revolución que subyace en cada plaza y hacer de ella un inmenso dormitorio urbano, donde quepamos todas, donde queramos vivir todas.

A veces España se retrata a sí misma con una claridad rotunda. Y eso está ocurriendo en este final de septiembre. Una y otra vez son las dos versiones de esta sociedad que apenas cambian en lo fundamental a través del tiempo. Ojalá no fuera así por ese pasado de violencia y dolor difícil de olvidar, pero es. Se levanta ahora en hartazgo supremo la que siempre es relegada, mientras la otra no deja de oprimir. Estamos en un momento decisivo para decidir qué España quieren quienes expresan su voluntad a través de las urnas y ven luego que las opciones elegidas no les responden como deben. Lo que está ocurriendo ahora es una enmienda seria a esa política. No lo olviden diputados y senadores.

Amanece la última semana de septiembre con la Puerta del Sol de Madrid en la que apenas caben más tiendas de campaña. Crecen, después, acampadas por otras ciudades españolas. El desahucio de Maricarmen ha sido la gota que colma el vaso. La imagen de una anciana de 87 años sacada en camilla por la policía del que fue su hogar durante más de 70 años, ha dado la vuelta al mundo. Nunca dejó de pagar el alquiler convenido, hasta que los nuevos propietarios lo subieron a una cantidad inasumible. Miles de jóvenes que viven ya en precario ven su futuro en ella. Todos sabemos de los abusos que se han cometido, desde el festín de los fondos buitre a una legislación sesgada. Todos, con conciencia. Claro que no hay derecho a lo que ocurre con la vivienda. Claro que hace mucho tiempo que tuvo que hacerse mucho más.

Todos... con conciencia. Porque comparece montada en su infinita soberbia y la acreditada impunidad de la que goza, la presidenta de Madrid. Parece que ninguno de los pisos de lujo en lo que ha venido habitando dispone de aseos adecuados para algo tan simple como lavarse el pelo siquiera en la ducha, pero la lengua sí se le suelta ligera para ser la voz de “los otros”.

¿A qué edad se deja de pagar el alquiler, dice con su historial? Todavía solivianta más al personal. Ayuso lleva a su espalda -con gran soltura, hay que reconocerlo- el piso de sus papás con Avalmadrid que terminamos por pagar todos los ciudadanos, los áticos milagrosos de un amigo en pandemia, los dos pisos del novio imputado por fraude fiscal o el fallido ático de 6.300.000 a costa del erario público. ¿Me olvido de algo?

Su maestra, Esperanza Aguirre, que con una mochila bien llena de atropellos sigue teniendo voz en los medios, se despacha en una entrevista afirmando que el tema Maricarmen es “una cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez” y que “el tío no quiere la alternancia electoral”. El periodista Jesús Soria la ha oído decir también, ¡agárrense!, que “quizás se necesita un Tamayazo”. A qué nivel de tolerancia a la más corrupta desfachatez puede llegar un país para que esta señora -tras llegar a la Presidencia de Madrid por este método- presuma de ello y anime a repetirlo. Otra consecuencia de la impunidad judicial de la que goza el PP. Madrid es la comunidad donde se construyeron viviendas públicas con los impuestos de todos y muchas de ellas acabaron vendidas a fondos buitre. Así lo decidió la alcaldesa Ana Botella, señora de Aznar, en un caso también de flagrante impunidad.

Avanzado el lunes, compareció Feijóo. Dice que le dejen a él y arregla el problema de la vivienda. Junto a su pareja posee 11 propiedades inmobiliarias. Votará no a los decretos, dice. Igual que Vox.

Bullía la Puerta del Sol de Madrid cuando apareció a liarla el agitador ultra Bertrand Ndongo. Le echaron de la plaza al grito de “No queremos fascistas en nuestros barrios”. Unas horas más tarde, fue Vito Quiles, el protegido del PP, quien correría la misma suerte, a pesar de que acudió a la Puerta del Sol con fornidos guardaespaldas.

Ellos y nosotros. Nosotros y los otros. Las negociaciones de varias horas, bajo la mediación del Ayuntamiento, con la representación legal de Maricarmen y Ricardo Alonso de Urbagestión son una rectificación en toda regla: Maricarmen puede volver a su casa pagando un alquiler justo. Alonso viene proclamando su inocencia y el que dice es un complot contra su empresa -a pesar de las pruebas que obran en su contra- y termina acudiendo para contar su versión a Iker Jiménez, Susana Griso y Jiménez Losantos. Ellos con ellos.

Con tensiones previas hasta última hora entre PSOE y Sumar, se llega a acuerdos. El Gobierno aprueba, en dos decretos separados, la prohibición de desahucios hasta 2030 y la prohibición de compra especulativa de viviendas de los fondos buitre hasta 2028. Regula el alquiler de temporada y de habitaciones. Establece bonificaciones fiscales a inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales y a los caseros que pongan el alquiler por debajo de la media de mercado. Aquí más detalles. Y fija los alquileres indefinidos con prórroga automática de contratos, en el segundo decreto que es el que no suele salir. Es, precisamente, la causa por la que Junts no quiere dar su voto afirmativo: dice que afecta a pequeños propietarios. Pequeños… como sus propios diputados, según informaba el periodista Antonio Maestre. Tampoco gusta en el PNV. Veremos qué votan en el pleno extraordinario del viernes.

Fuertes críticas de la izquierda, Podemos sobre todo, y de algunos medios que hablan de parche temporal. El Sindicato de Inquilinas pide un único decreto con todas las medidas y espera a leer la letra pequeña para decidir sus próximos pasos, ha dicho en principio. Luego, llamado “a sostener y expandir la indignación de hoy por la vivienda hasta dar con soluciones estructurales y definitivas”. En su primera gran Asamblea de Sol han acordado iniciar una huelga general por la vivienda.

El PP, completamente desplazado por la realidad, lanza una campaña en X y medios -qué barato sale machacar con mentiras- contando sus historias sobre la política de vivienda del PSOE. No tienen autoridad moral para hacerlo con su historial y sus proyectos adelantados en las comunidades que gobiernan. La mayoría del Estado español. Almeida y Ayuso conminan al gobierno a desalojar la Puerta del Sol “antes de 48 horas”. Consideran, al parecer, que la plaza es suya. Y, no, es de los ciudadanos. Tampoco se privan de plantarnos sus saraos donde les parece. Casualmente, la Comunidad inaugura una exposición de loa al trumpismo en la Casa de Correos el día 1, al que seguirán grandes festejos, “tomando las calles”, publicitan. Recordarán que se cumple un aniversario del “faro del mundo libre” como llamó Ayuso a Estados Unidos y ella quiere ser partícipe. De momento, tal como denuncian los acampados, están haciendo sonar las campanas por la noche cada 15 minutos. Parece una puerilidad y, simplemente, es repugnante.

Había acabado el lunes con el programa de RTVE, 'La Revuelta', que llevó a los dos médicos inventores de una nueva técnica para los trasplantes que elimina el rechazo y cuya eficacia está probada durante seis años ya. Son Antonio Pérez, oncólogo, y Paco Hernández, cirujano pediátrico, ambos de Granada, que desarrollan su trabajo en el Hospital la Paz de Madrid. Lo primero que piden en la entrevista con David Broncano es financiación para investigar más y que la nueva técnica se haga extensiva a toda la sanidad pública de España. Es un hallazgo merecedor de un Nobel. El cuerpo tiende a rechazar órganos ajenos y los trasplantados han de tomar medicación inmunosupresora de por vida, que, por supuesto, la condiciona. Tienen más riesgos de infección por ello. Nada que no compense, sin embargo, a vivir y hacerlo con calidad muy aceptable. Evitar la inmunosupresión y el rechazo es un hallazgo de primera magnitud.

A las llamadas preguntas clásicas de Broncano, Antonio Pérez dijo que hay 3.000 euros en su cuenta del banco. Paco Hernández, apenas unos pocos euros, pero explicó que tiene cuatro hijos. Están casados ambos con enfermeras que también trabajan. Aclararon que para ellos el dinero no es lo más importante, lo primero es lo que se logra con su profesión. A la mayoría de nosotros nos ocurre igual, a los otros justo al contrario.

Toda esa sucesión de hechos compone un retrato rotundo de esta España: de lo que vale y de lo que no. De las necesidades reales. De cuanto merece la pena. De lo imprescindible a solucionar, de lo fútil a desechar y lo que tendría mejor lugar en la basura. No pierdan el norte los políticos y periodistas honestos y hagan lo que hay que hacer. Lo que piden los ciudadanos. Sin miedo. Por encima de todo.

El periodista Iñaki López lo ha resumido a la perfección: “Habrá dos decretos. Uno de fogueo. El otro, para que pase el visto bueno de PNV y Junts”.

Todos se han movido para llegar a los dos textos. Obligados y ya veremos con qué resultado, pero lo han hecho. Son medidas paliativas e imprescindibles, un escudo social mejorado para hacer frente a una situación de emergencia. No aborda cambios estructurales porque requerirían modificaciones legislativas que no se hacen en una semana y tampoco existe una mayoría parlamentaria que lo permita. Menos aún en tiempo de descuento electoral.

El PSOE ha aceptado propuestas que antes había rechazado. La primera, plantar cara a los fondos buitre, tal y como Sumar había reclamado sin éxito. También ahí Junts ha avanzado en el sentido correcto. Bienvenido sea un viraje que llega tarde para mucha gente y que solo se explica por la presión de la calle.

El decreto que tiene más opciones de prosperar plantea una mayor protección frente a desahucios hasta 2030; regulación del alquiler de temporada y por habitaciones; prohibición de compras de vivienda por fondos buitre hasta 2028, y la prórroga de dos años para los contratos que vencen antes de 2029. El voto de Podemos puede ser el que decida si se acaba convalidando o no. Si lo hace en contra, al lado de PP y Vox, lo tumbaría. Pero tiene una opción intermedia, que es la de una abstención que permitiría que se aprobase igualmente. De esta manera, expresaría su rechazo al texto por considerar que se queda demasiado corto, pero dejaría que saliese adelante. Ione Belarra afirma que esta vez el “divide y vencerás” del Gobierno no funcionará con ellos. La pregunta es si su alternativa puede ser un “todo o nada”. 

El segundo decreto es el que propone la renovación automática de los alquileres. Es una medida que tiene sentido porque, aunque haya quien quiera interpretarlo como una vulneración de los derechos del propietario, en realidad no es así. A modo de resumen: el casero puede recuperar el piso si es para un familiar directo o para venderlo. Países como Francia, Alemania o Reino Unido cuentan con fórmulas parecidas que podrían explorarse, incluso con cláusulas frente a incumplimientos del inquilino.

Los sindicatos de inquilinos defienden que 9 millones de españoles que viven hoy de alquiler están en riesgo de ser expulsados del piso en contra de su voluntad. Y no les falta algo de razón: cuando vencen sus contratos, renovarlos está en manos del casero. Si se trata de un fondo buitre aumenta el riesgo, pero que sea otro tipo de propietario no es garantía de nada. Actuar como un buitre es una actitud: hay propietarios que son así y otros que no. Por eso es importante acabar con la idea de que en España es muy fácil echar a la gente de su casa, más aún después de la caída del escudo social, la conocida como moratoria antidesahucios, a principios de año en el Congreso. Tampoco es cierto que estas renovaciones puedan equipararse a los contratos de renta antigua, mucho más rígidos y con subrogaciones. 

Jaime Palomera, experto en vivienda en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, recuerda que, cuando Blackstone quiso desembarcar en Dinamarca, con la compra de 160 propiedades con 2.300 viviendas en la capital danesa solo entre 2017 y 2019, lo que hizo allí el Gobierno fue endurecer las condiciones y aprobó la conocida como norma anti-Blackstone. Una de las decisiones fue aplicar una moratoria de 10 años en los aumentos de alquiler.  

El objetivo no puede ser otro que frenar la especulación, la fomente quien la fomente, y construir vivienda protegida a gran escala. Ahí es donde las administraciones, en especial las autonómicas y municipales, deben aplicarse. Toca liberar suelo, buscar solares donde parece que no los hay, reconvertir oficinas que ya nunca más lo serán o ejercer el derecho de compra preferente de viviendas para ampliar el parque público.

A estas alturas, pocos niegan que la solución a la crisis también pasa por construir más debido a la creciente demanda, aunque esperemos que sin cometer errores del pasado como la liberalización masiva de viviendas protegidas.

El Banco de España ha calculado que se necesitan 750.000 viviendas. La mitad se concentra en Madrid, Barcelona, València, Alicante y Málaga. Miren dónde están los pisos turísticos y de temporada y encontrarán que una parte importante de la explicación está ahí. Otro dato de ese informe: los precios de compra y alquiler suben por encima de los salarios. Actualmente, todos los hogares en alquiler de España deberían destinar 6,8 años de renta íntegra para comprar una vivienda. Pero, para las capitales de provincia más tensionadas, como Madrid o Barcelona, puede superar los 10 años. Ahora miren quién está en las plazas y en las manifestaciones de esta semana y también encontrarán una parte de la explicación.

P. D. Feijóo, ya antes de conocer el contenido, avanzó que, cuando los decretos lleguen al Congreso, el PP se opondrá. Que no sorprenda no significa que no sea noticia.

Mucho se habla de Maricarmen, la arrendataria octogenaria de un piso de Madrid en el que venía viviendo desde niña, hasta que su propietaria la desahució siguiendo el guion de un cuento de Dickens. Su caso ha detonado el hartazgo de un sector de la población, cada vez más numeroso, que se ahoga en el mar de especulación que inunda el mercado de la vivienda. Pero, Maricarmen, ¿es el principio o es el final?

Creo que no es el principio y espero que no sea el final. El principio se sitúa 47 años atrás, cuando la Constitución incluyó artículos que son esenciales para entender la dimensión del problema: el 33, que eleva la propiedad privada y la herencia a derecho constitucional; el 38, que lo hace con el derecho a la libertad de empresa; y el 47, que hace lo propio con el derecho de acceso a una vivienda.

Llevamos 47 años engañados, porque se nos ha transmitido que los dos primeros artículos son antagónicos al tercero, cuando en realidad son complementarios. No hay antagonismo y esa falsa creencia es la que nos está matando. Ha servido para alimentar a bandos opuestos que libran una guerra que no debería existir. El de los que creen que el derecho a la vivienda es sólo un principio no vinculante que no puede tocar a los derechos protegidos de propiedad y libertad de empresa, y los que consideran que el derecho de acceso a una vivienda es el derecho preferente al que se deben subordinar los otros dos. 

En realidad, no hay tal colisión, aunque haya quien quiera buscarla para reforzar su argumento. Los artículos 33 y 38 lo que dicen es que España se configura como un Estado de libre mercado. El artículo 47 lo que dice es que, precisamente por eso, hay que proteger la vivienda, porque resulta que la vivienda, además de ser un bien de contenido económico, es también, como los otros dos, un derecho constitucional y, además, universal. La Constitución nos dice que los poderes públicos deben impedir la especulación, que es propia de la actividad económica en los países de libre mercado en cualquier clase de bienes, cuando el objeto de la actividad económica sea la vivienda. Eso tiene toda la lógica, porque hay un tipo de bienes de contenido económico (como la vivienda) que resultan ser esenciales porque es necesario acceder a ellos, siempre y en todo caso, para poder vivir.

Si la vivienda no se protege de la especulación, su vertiente como derecho constitucional y universal se diluye en las arcas de quienes la utilizan sólo como un activo económico, haciendo que cada vez menos gente pueda ejercitarlo, hasta el punto qué, quien ya lo había hecho, como Maricarmen, pueda llegar a perderlo.

Por eso, en 1978 la Constitución encomendó a los poderes públicos proteger la vivienda de la especulación en su artículo 47, habilitándoles para adoptar las medidas necesarias para eliminarla. El precepto no establece ninguna. Sólo permite que se adopten y eso ya es mucho. Por tanto, no basta con invocar el precepto como un mantra, sino hay que hacer lo más importante para darle todo su sentido y alcance: pensar las medidas y aplicarlas. Y creo que ese es el problema, que los poderes públicos han permanecido, mudos, sordos y ciegos durante 47 años y poco o nada han hecho en casi cinco décadas para adoptar las medidas adecuadas en cada momento para eliminar la especulación creciente en materia de vivienda.

Y sin resistencia, toda burbuja se hincha más rápido. Mucho más en un mundo globalizado que considera que la clave del éxito está más en el pelotazo que en el talento. En las ciudades españolas, los especuladores han encontrado en la vivienda el chollo de sus vidas porque aquí no hay freno para especular con ella. Y si en otros países se ponen serios con este tema, los especuladores de allí pueden venir aquí invocando la libre circulación de capitales, para acabar de asfixiarnos. Cuanto más pase el tiempo sin adoptar medidas limitativas contra la actuación especulativa del mercado inmobiliario, más complicado va a ser encontrar alguna eficaz. 

Ahora hay una oportunidad para los poderes públicos de estar a la altura. Los poderes públicos no son sólo el Gobierno central o los autonómicos y locales, sino que lo es también la oposición política de esos gobiernos, los poderes económicos, las patronales, los sindicatos, las instituciones sociales, los órganos judiciales, los órganos consultivos, las asambleas y hasta los colegios profesionales. Espero que todos ellos comprendan, de una vez por todas, que el problema de la vivienda es transversal. Espero que vean que la especulación no se frena sólo con medidas paliativas, sino con estrategias y que la solución no pasa sólo por construir más, sino por permitir que todos tengan acceso a lo construido. Espero que se den cuenta de que no basta con construir más vivienda protegida porque hay una masa de población con sueldos estables cada vez mayor que ni tiene acceso a la vivienda en el mercado libre porque es pobre para acceder a ella, ni tiene acceso a la vivienda protegida porque es rica para optar por ella. 

Espero que entiendan que el problema de la vivienda no se arregla sólo mejorando la infraestructura ferroviaria, porque las ciudades han de ser accesibles a todas las capas sociales. Ese es el principio rector del urbanismo sostenible y lo contrario está prohibido porque ya ninguna Ley del Suelo del Estado admite que en España haya ciudades para ricos y periferias para pobres. Espero que constaten que hace falta adoptar medidas urgentes mediante legislación de urgencia y medidas definitivas mediantes legislación ordinaria para evitar el daño que produce ver frenado el exceso por haberse pasado de frenada. Espero que, por fin, los poderes públicos prefieran la eficacia al tacticismo y los debates a las tertulias. 

En definitiva, lo que espero es que Maricarmen, aunque no sea el principio, no sea el final.  

La crisis de la vivienda no ha comenzado con el caso de Maricarmen. Pero su desahucio ha hecho que resulte imposible seguir mirando hacia otro lado, al conectar una dramática historia individual con un profundo malestar colectivo.

Este malestar llevaba años gestándose. En la última década, los precios de la vivienda han crecido muy por encima de la renta de los hogares. Para algunos grupos sociales –particularmente para los jóvenes y para quienes viven de alquiler– la intensa creación de empleo y las mejoras salariales de los últimos años no se han traducido en una vida más desahogada. En el mejor de los casos han permitido seguir pagando el mismo techo, y en muchos casos ni siquiera eso ha sido posible.

Esta realidad opaca desde hace ya tiempo buena parte de los logros alcanzados por el Gobierno de Coalición, que no son pocos, y desequilibra el balance que la ciudadanía hace de esta experiencia de gobierno. Porque una expansión económica pierde legitimidad cuando una parte de la sociedad no participa de la prosperidad que se genera.

Las causas del problema son ya conocidas. En la última década la vivienda se ha convertido –en España y en toda Europa– en un activo de inversión, y la demanda que busca un lugar para vivir compite intensamente con la de quienes buscan obtener una rentabilidad y ampliar su patrimonio. Además, el ritmo de construcción tras la burbuja inmobiliaria de 2008 ha sido muy lento. Así, la intensa demanda para invertir y la débil respuesta de la oferta han llevado a que los precios se hayan disparado.

Para intentar paliar esta situación, el Gobierno de Coalición aprobó en 2023 la Ley de Vivienda, que ha mostrado luces y sombras. En aquellas Comunidades Autónomas donde se ha aplicado –Cataluña, Euskadi, Navarra o Galicia– se han contenido las subidas de los alquileres, frente a otras –como Madrid– donde estos han seguido subiendo intensamente. La regulación ofrece algunos resultados positivos, por tanto, pero es necesario dar cuenta de ellos sin simplificaciones, porque también ha conllevado que una parte importante de la oferta de alquiler se desplace hacia el alquiler de temporada. Este agujero –del que ya se advirtió en su momento– ha mermado la capacidad de la ley.

Además, y paralelamente, las “manos muertas del mercado” llevan años frenando la construcción. Como ha señalado Ignacio Ezquiaga en su libro El sistema ya no financia burbujas: escasez de vivienda y caída del crédito, hoy existe suelo en avanzado estado de desarrollo urbanístico suficiente para albergar cerca de tres millones de nuevas viviendas en áreas urbanas. No obstante, sus propietarios –entre otros, importantes fondos de inversión– no los orientan a la promoción y los mantienen congelados a la espera de una venta rentable, con la consiguiente restricción de oferta y subida de precios.

Con ello, la vivienda se ha convertido en un mecanismo que absorbe las mejoras salariales de amplios grupos sociales, amplía la desigualdad patrimonial y erosiona la credibilidad del gobierno progresista. Ahora bien, se ha abierto una ventana de oportunidad para cambiar esta situación.

El desahucio de Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión en la conciencia ciudadana, espoleando una fuerte movilización social. Esta es una movilización que no distingue entre gobiernos y atribuye responsabilidades tanto a los gobiernos autonómicos como al gobierno de la nación. Pero, al mismo tiempo, es una movilización de carácter nítidamente progresista, que permite cambiar la conversación en el espacio público, resituándola allí donde la izquierda tiene más capacidad de intervención: el territorio de los derechos sociales. Si la izquierda es capaz de estar a la altura, esta puede ser una oportunidad para recuperar el tiempo y el terreno perdidos.

Al volver a situar el derecho a la vivienda en el centro de la agenda política, la movilización social obliga a que el gobierno tenga que actuar y a que lo haga con eficacia. Este es el auténtico parteaguas de la actual legislatura.

La movilización social refuerza la posición de quienes –dentro del Gobierno de coalición– abogan por medidas más ambiciosas y genera fuertes incentivos a la unidad de acción entre los partidos situados a la izquierda del PSOE, devolviéndoles protagonismo, un motivo y capacidad de intervención. Además, esta movilización eleva el coste electoral que sufrirá cualquier grupo parlamentario que pretenda oponerse a las medidas que se adopten.

La condición necesaria, en todo caso, para aprovechar esta oportunidad pasa porque el Real Decreto que ha de aprobar el Consejo de Ministros este martes esté realmente a la altura de las circunstancias.

En primer lugar, es imprescindible empezar a sentar las bases para ampliar la oferta de vivienda en España, pero no cualquier tipo de oferta servirá: urge terminar con las “manos muertas del mercado”, forzando la edificación en aquellos terrenos ya urbanizados que hoy tienen infraestructuras y comunicaciones suficientes, con el objetivo de construir un parque público de viviendas sociales.

Pero no nos engañemos, estas medidas –por muy bien orientadas que puedan estar– tardarán aún demasiado tiempo en producir resultados, y estos son imprescindibles en el corto plazo. Por ello, el gobierno debe asegurar medidas clave: regular el alquiler de temporada y por habitaciones, cerrando las vías que permiten utilizar estas modalidades para eludir las garantías del alquiler residencial; proteger la estabilidad de las personas que viven de alquiler, prolongando la duración de sus contratos –con una prórroga extraordinaria o con una nueva regulación–; y, también, limitar los incrementos que se pueden producir en los precios con la renovación de los contratos. Con ello, se priorizaría la función social de la vivienda y se podría frenar la fuerte demanda de inversión actual, reorientándola desde la compraventa de viviendas ya construidas hacia la promoción y edificación de vivienda nueva.

La izquierda encuentra su razón de ser cuando convierte la acción de gobierno en mejoras concretas de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente de las clases trabajadoras. Pero esta no es sólo una oportunidad para que el Gobierno de coalición produzca resultados eficaces ante la crisis de habitabilidad que vive una parte de nuestro país. O una oportunidad para que una determinada izquierda protagonice y empuje nuevos derechos sociales, revitalizando los logros del Gobierno de Coalición. Esta es una oportunidad para cambiar la conversación del país, y para empezar a hablar de aquello que muchos votantes progresistas –y no progresistas– están demandando: qué hacer para garantizar nuestra democracia, cómo evitar que se deteriore, cómo ampliarla y profundizarla.

A los 90 años del inicio de nuestra guerra civil y de la venida a España de más de 35.000 voluntarios, de 50 países, para defender la República, es imposible no mitificar a uno de ellos, el poeta británico John Cornford; no verlo como un héroe byroniano o, mejor, homérico. Era apenas un muchacho de veinte años cuando llegó a Barcelona, el 8 de agosto de 1936. Había pasado por Cambridge, donde se graduó en historia, y aún había encontrado tiempo para escribir poesía y para “dedicar catorce horas al día a la política”, según recordaba un compañero de estudios. 

Cuando estalló nuestra guerra, vino inmediatamente. Quería escribir sobre lo que sucedía, pero al poco tiempo envió una carta a su padre: “Después de tres días en Barcelona, me ha quedado claro, primero, que la situación es muy grave; segundo, que un periodista sin conocer ni una palabra de español no sirve para nada. He decidido unirme a las milicias.”

Fue a alistarse al Hotel Colón, entonces sede del PSUC, en la plaza de Catalunya, y, como explicaba años después un compañero suyo, encontró allí «a unos alemanes amables pero muy estrictos, que habían aprendido de Bismarck y de los años de exilio que era necesario tener a punto y en todo momento los papeles necesarios. Le dijeron que no podía unirse al grupo Thaelmann ni a ninguna otra unidad de voluntarios extranjeros organizada por el PSUC, hasta tener algún documento o a alguien conocido que lo avalara». No quiso esperar y se unió a las milicias del POUM, en el frente de Aragón.

En otoño enfermó, pasó unas semanas en el hospital y regresó a Inglaterra, donde aprovechó para persuadir a algunos de sus amigos para que marcharan con él a luchar en España. Uno de ellos, Bernard Knox, lo recordaba así: “quería reclutar una pequeña unidad británica que diera ejemplo de entrenamiento y disciplina (…) Me pidió que me uniera a ella y lo hice sin pensármelo dos veces.” 

Reclutó a doce amigos, y se incorporaron a las Brigadas Internacionales, en Albacete. En noviembre estaban en Madrid, donde Cornford fue herido en la cabeza. En diciembre volvió a la primera línea, donde ya se había formado un batallón británico. Murió en combate en el frente de Andalucía, en Lopera, el 27 de diciembre de 1936, el día en que cumplía veintiún años.

En su libro Essays ancient and modern (1989), Bernard Knox recuerda que, cuando llegó al frente de la Ciudad Universitaria, lo destinaron al servicio de una ametralladora emplazada frente a un edificio que llevaba la inscripción «Filosofía y Letras». Resultó herido y, caído en el suelo y con mucha sangre brotando, pensó que se moría: «Estaba consumido por la rabia: una rabia furiosa y violenta. ¿Por qué yo? Tenía solo 21 años y apenas había empezado a vivir mi vida». Tal vez su vocación se selló allí: sobrevivió y se convirtió en profesor de griego en la Universidad de Harvard, donde dirigió el Centro de Estudios Helénicos desde 1962 hasta su jubilación, en 1985 (murió en 2010). De su amigo Cornford decía que era «la persona más extraordinaria que he conocido jamás, quizá porque pensaba y actuaba con una determinación férrea». De si mismo, en su vejez, decía: que era “uno de aquellos que fue a España y dejó allí su corazón.”

En el frente de Aragón, Cornford escribió un poema que José Agustín Goytisolo tradujo muchos años después:

“A Margot Heinemann: / Alma del mundo desalmado, / alma mía, tu recuerdo / es el dolor que siento en mi costado, / la sombra que ensombrece cuanto veo. / Al atardecer se alza el viento / a recordarnos que el otoño viene, / yo, yo tengo miedo a perderte, / y tengo miedo a mi miedo. / Camino de Huesca, en el último tramo, / última barrera para nuestro honor, / tan tiernamente pienso en ti, mi amor, / como si tú estuvieras a mi lado. / Y si la suerte acaba con mi vida / dentro de una fosa mal cavada, / acuérdate de toda nuestra dicha; / no olvides que yo te amaba.”

En La memoria y los signos (1960–65), José Ángel Valente le dedicó un poema (“John Cornford 1936”.). Unos versos dicen así:

“Así estás igual a ti mismo

con la pasión que aquí te trajo.

Un solo acto de vida y muerte,

la fe y el verso en un solo acto.“

En su libro Las armas y las letras (2019), Andrés Trapiello cita mal a Cornford, me temo que adrede: “Lo dijo John Cornford, prometedor poeta que perdería la vida en esta guerra con veintiún años: ”This is a fine war“. Una guerra bonita.” Pero Cornford dijo exactamente lo contrario: “No wars are nice, and even a revolutionary war is ugly enough.” Trapiello debería haberlo transcrito con respeto: “Ninguna guerra es bonita, e incluso una guerra revolucionaria es muy fea.”

«Somos el futuro», concluía uno de los últimos poemas de Cornford. En un volumen conmemorativo publicado al año siguiente de su muerte, un compañero de estudios recordó haberle oído decir “Estoy aprendiendo a vivir viviendo”, y comentó que “en realidad, estaba aprendiendo a morir”. Veía inútil su sacrificio. No lo fue, si pervive en nuestra memoria y ayuda a mover voluntades frente a nuevas amenazas.  

Con frecuencia seguimos usando palabras para definir realidades que han cambiado y ya no se ajustan a lo que significaban en el pasado. Por ejemplo, seguimos usando “familia” para referirnos a personas consanguíneas o unidas por lazos conyugales y que muchas veces conviven bajo el mismo techo, cuando hace ya bastante tiempo que las familias han dejado de ser eso y hay mucha más variedad de formas. Por eso hablamos, por ejemplo, de “familia elegida” cuando engloba a cierto número de amigos o “familia ensamblada o recompuesta (patchwork)” en los casos en los que una pareja convive con hijos de distintas relaciones anteriores. 

Me da la sensación de que con el término “sociedad” está empezando a pasar lo mismo. Seguimos hablando de “la sociedad” como si fuera lo mismo que existía hace cincuenta años sin darnos cuenta de que lo que definíamos así ha cambiado tanto (y sigue cambiando a una velocidad enloquecida) que casi ha dejado de existir como lo conocíamos. Según el diccionario de la Real Academia Española, “sociedad” es el “conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo unas normas comunes”, y justamente eso es algo que ya empieza a no ser del todo cierto porque, aunque las leyes nos sigan obligando a todos, las normas están dejando de ser comunes. En su segunda acepción “sociedad” es “agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines”. También nos plantea ciertos problemas eso de “agrupación natural”. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué es lo natural?

Antaño se vivía en una comunidad en la que todos sus componentes aceptaban como fundamentales y verdaderas ciertas normas que regían la convivencia: había comportamientos correctos, normativos, adecuados, que se basaban en general en la religión, la tradición y las leyes imperantes; y había comportamientos que se salían de esas normas y eran repudiados y en ocasiones castigados por la mayoría. Quienes se comportaban despreciando esas normas establecidas quedaban fuera de la sociedad; incluso en los casos en los que ese comportamiento no fuera ilegal, sino simplemente extraño o poco habitual, los individuos eran apartados de la convivencia social por no ajustarse a sus normas, a lo que se consideraba correcto o no. Me limito a señalar un hecho histórico. No estoy diciendo que me parezca una buena idea.

Mientras tanto, el concepto de aceptación social ha cambiado muchísimo (en general para bien, en mi opinión) y todo el mundo tiene derecho a rechazar normas con las que no se identifica y a hacer o no hacer cosas que unos años atrás eran imperativas y ahora han dejado de serlo: desde cosas de poca monta como ponerse zapatillas de deporte para acudir a un funeral a cosas de más enjundia como no relacionarse con ciertos miembros de la familia porque sus parejas no nos caen bien.

No estoy diciendo que lo antiguo fuera mejor que lo actual. Solo me planteo -porque soy muy aficionada a plantearme precisamente las cosas para las que aún no he hallado respuesta- si no estaremos empezando a dejar de ser “sociedad” para convertirnos en otra cosa. Me explico:

Vivimos en un ambiente (¿social? ¿cultural? ¿político?) en el que la mayor parte de comportamientos y actitudes van encaminados al individuo, no a la colectividad. Desde muy jóvenes educamos a nuestros hijos e hijas a pensar primero en sí mismos, cuando no únicamente en sí mismos. Valores como el sacrificio, la compasión, la solidaridad, la ayuda al prójimo han ido desapareciendo del programa. Los entrenamos (y nos entrenamos a nosotros mismos, no importa la edad que tengamos), a ponerse en el centro absoluto de todo: lo que me sienta bien, lo que deseo, lo que me agrada, lo que no contradice mis opiniones, lo que me hace feliz… mis rutinas, mis horarios, mis necesidades.

Es un “yo,mi, me, conmigo” constante que ha empezado a convertirse en el mantra actual. No queremos saber nada de los demás, especialmente cuando los demás no están dispuestos a adaptarse a nosotros. Cada vez resulta más difícil reunirse con conocidos y amigos porque tienen que coincidir los horarios de todos y casi nadie está dispuesto a ceder y renunciar a algo que ya tenía planeado para poder adaptarse a los demás. Hay temas de conversación que se ha decidido no tocar cuando se sale en grupo para que las opiniones divergentes no molesten a nadie. Ya no se acepta un sano debate apoyado en argumentos basados en hechos probados. Es mejor, simplemente, no hablar de ciertas cosas y en paz.

No conocemos a nuestros vecinos ni tenemos el menor interés en llegar a conocerlos. Cuando los hay. Porque cada vez más, si vivimos en una ciudad medianamente grande, puede suceder que en nuestro edificio haya varios pisos turísticos en los que los “vecinos” cambian cada dos o tres días. La mayor parte de las decisiones que nos afectan en nuestro trabajo o en la escuela de nuestros hijos se toman en grupos de WhatsApp o en reuniones telemáticas, lo que nos evita tener que aguantar a la pesada de siempre o tener que inventar una excusa para no ir después de la reunión a tomar un café con este o aquel que no nos cae bien.

Poco a poco, cada uno o una de nosotras se va retirando a una burbuja propia donde la información está hecha a medida de lo que le gusta, gracias a los algoritmos; donde tus opiniones se ven confirmadas gracias a las IA; donde no tienes por qué ver la misma película que quiere ver tu pareja o tu compañera de piso o tu padre, porque cada uno tiene su tableta y puede ver lo que le apetezca sin tener que fastidiarse y compartir lo que quiere la otra persona.

Nos vamos apartando de la sociedad real y a cambio nos metemos en ese sucedáneo llamado “redes sociales” (¿sociales?) que nos confirma en la idea de que lo que hacemos está bien. Sea lo que sea. Porque tú eres tú y tienes derecho.

El último informe PISA ha dejado bien claro que nuestros jóvenes no saben leer. Saben juntar las letras y descifrar las palabras, pero no son capaces de sacarle el sentido a lo que leen y mostrarse de acuerdo o no con el contenido. Están perdiendo la capacidad analítica y, por tanto, la capacidad crítica. Cuando se reúnen, ya no hablan de temas de interés general, porque el interés general ha dejado de existir. Ahora lo que se lleva es el interés particular, lo que da como resultado eso que ya parece un cliché: una familia de cuatro personas, de vacaciones, sentados en un restaurante esperando la comida y cada uno pegado a su móvil viendo cosas que no están allí, cerrando los ojos a las maravillas que están a su alrededor y sin compartir nada con sus compañeros de mesa. 

Este comportamiento se está extendiendo a los grupos y lo único que aún une a una masa de gente es el amor común por un cantante o un equipo de fútbol, o el odio común contra un político o un equipo de fútbol.

Se han perdido las tradiciones, las fórmulas de cortesía, el concepto mismo de lo que está o no está bien para convivir en sociedad. El “eso no se hace” del consenso común ha desaparecido. Lo único importante es lo que uno quiere, siente, piensa, lo que le gusta o no le gusta. El individuo como medida de todas las cosas.

Esa deriva hacia el individualismo no me parece casual. Creo que es una manera de aislarnos a unos de otros. La famosa táctica bélica de Julio César, el “divide y vencerás” está empezando a funcionar hoy en día por el procedimiento de separar a los individuos de manera que no tengan grupos en los que apoyarse cuando lo necesiten. Para eso están las IAs que te darán consejos y ayuda a cualquier hora del día o de la noche y te convencerán de que no estás solo. Lo tienes a él, o a ella.

Es un proceso de destrucción de lo que antes llamábamos “sociedad” y que ahora se está convirtiendo simplemente en una masa de gente sola y aislada que no se identifica con normas ni ideales que sirvan para unirnos a todos en un proyecto común.

Quizá sea una evolución natural como dicen algunos, aunque yo veo poco de natural en una evolución orquestada por los grandes billonarios, los nuevos señores feudales de nuestro tiempo. A mí me parece que hemos llevado demasiado lejos ese derecho a la individualidad y que dentro de poco será tarde para retroceder y cambiar la dirección del camino que hemos emprendido. Ojalá me equivoque.

Al comienzo de la segunda parte de su 'Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres', Rousseau nos cuenta cómo el primer ser humano que, cercando un terreno, tuvo la ocurrencia de decir “esto es mío” fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Este sujeto no estaba solo en el vacío, sino que encontró gentes lo bastante simples para creerle, porque la propiedad no se adquiere con una mera proclamación individual, sino que requiere el asentimiento de los demás. Maldito asentimiento. “¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso [...]!”

El que clavó las estacas también pensó que se lo había ganado con su mérito. A fin de cuentas, conseguir el material, pulirlo, apilarlo y sujetarlo de manera que aguante en pie y sea funcional al propósito del cercado conlleva un cierto esfuerzo físico. Pero, ¿qué cercaba? La tierra no la hizo él, el trabajo solo consistió en la valla y lo demás lo tomó por ser el primero. El suelo estaba en su sitio antes de que él llegara y, sin valla, ya daba sus frutos.

Marx llamó a este momento la acumulación originaria, y advirtió que desempeña en la Economía política el mismo papel que el pecado original en la teología. Eva mordió la manzana y desde entonces la humanidad fue condenada a ganarse el pan con su propio sudor. Pero la versión económica del mito nos relata una anécdota que nos es conocida y de cuyo esquema se sigue abusando cada vez que hay que explicar por qué a unos les va bien y a otros no: en tiempos lejanos habría existido una pequeña élite trabajadora y ahorradora que acumulaba riqueza merecida, mientras la mayoría holgazana y derrochadora consumía recursos que no se habían ganado. Los primeros ya nunca tendrían que sudar para comer, los segundos, expulsados del paraíso, acabaron por no tener nada más para vender salvo su propia piel.

En la historia real, encontramos los papeles cambiados. Los expulsados del paraíso no habían pecado de nada: eran precisamente los campesinos que trabajaban las tierras comunales, cercadas durante siglos por señores que cuando lo veían claro hacían leyes a su medida y cuando no, utilizaban la fuerza. Los que se quedaron dentro fueron quienes mandaron levantar una valla que ni siquiera levantaron ellos. Es curiosa la idoneidad etimológica de “paraíso”, que proviene del persa antiguo y significaba recinto cercado. Marx relata cómo esa historia se escribió con sangre y fuego. El mérito llegó después, para justificarla.

Los expulsados siguen existiendo. A Maricarmen la desahuciaron el miércoles pasado con 87 años a la espalda. Su casa no era ningún jardín del Edén, pero vivía en ella desde sus 17. Tres días después, el Sindicato de Inquilinas planta sus tiendas de campaña en la Puerta del Sol, quince años después de que otra acampada llenase la misma plaza. Lo que reclaman es tan poco antisistema como prórrogas automáticas de los contratos, contratos indefinidos y que nadie sea desalojado sin una alternativa donde vivir. Y lo reclaman en un país donde el alquiler se lleva ya la mitad del sueldo, y donde un joven que quiera emanciparse solo tendría que entregar a otro casi todo lo que gana. Buena cosecha. Adam Smith, convertido hoy en santo patrón del libre mercado, ya advertía que en cuanto la tierra se convierte en propiedad privada, a los terratenientes les gusta cosechar donde nunca sembraron y exigen una renta incluso por sus frutos naturales.

Al otro lado de la valla, como respuesta se erige un mantra claro: “es que me lo he ganado”. Lo primero que cabe cuestionar es quién se lo ganó. Cerca del 70% de la desigualdad en la riqueza total de nuestro país viene asociada a las herencias y donaciones, y en el caso de los inmuebles la cifra roza el 75%. Gran cantidad de los pisos que hoy se alquilan no se compraron, se heredaron, y la herencia es el caso más paradigmático de ausencia de mérito: la familia en que uno nace es una contingencia que en ningún caso debería acotar las oportunidades de vida que se tendrán. Incluso concediendo que las primeras viviendas se pagaran con largos años de arduo trabajo, lo que hace subir su valor de mercado no lo ganó nadie. Los precios no suben porque el propietario pinte las paredes de vez en cuando, sino porque el barrio, la ciudad y quienes viven alrededor hacen que valga más. 

Aquí está su trampa. El mérito, si es que significa algo, es actividad: construir, aportar, devolver algo a la comunidad que te permitió ganarlo. La renta funciona al revés. Congela lo ganado y lo convierte en un mero título que te da derecho a cobrar, mes a mes, del trabajo ajeno. El diezmo de nuestro tiempo, más agresivo que el antiguo, que se conformaba con solo una décima parte de la cosecha.

Comprar un piso para alquilarlo no añade una sola vivienda al mundo. La casa sigue siendo la misma, cambia solamente quién cobra por habitarla. Es un negocio en el que nadie siembra: cada euro que engorda el patrimonio de unos pocos exprime, de la más improductiva de las formas, el salario ya de por sí maltrecho y congelado de la mayoría. En estos términos, cuesta hablar de creación de riqueza. El rentista no construye, no produce, no revierte: extrae. Nos hablan de mérito los que con su dinero hacen todo lo posible para dejar de tener que merecer el resto de sus vidas.

Si la propiedad necesita para resguardarse del asentimiento de los demás, en Sol ese asentimiento ha empezado a retirarse. No lo retira nadie de forma aislada: lo retiran las inquilinas organizadas, que han entendido que, frente a la valla, no sirve de nada negociar de una en una; y, con ellas, todos los que sostenemos con nuestra nómina las estacas de quien se lleva nuestra cosecha. El grito que Rousseau echó de menos: “¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie!”.

“O cae el rentismo o cae el Gobierno”.

Con este lema, la acampada del Sindicato de Inquilinas encarna estos días, en la forma y en el fondo, el espíritu de impugnación que vivimos en España en el año 2011. Hace 15 años, el 15M fue un señalamiento directo del “régimen del 78” y de los partidos que lo habían representado que proponía inaugurar un ciclo nuevo en la política española. Iban a ser los ciudadanos, organizados en asambleas, los que iban a estrechar la distancia que separaba al poder de la ciudadanía. Eran los de arriba contra los de abajo. Asaltaríamos los cielos. 

Y así fue.

El Gobierno actual y las versiones que lo precedieron se formaron en gran medida por personas que habían participado del 15M. Del puñado que durmió aquella primera noche del 15 de mayo en Sol, varias acabaron después en puestos de responsabilidad. Un número muy significativo de quienes se volvieron relevantes en la plaza terminaron siendo concejales, asesores, diputados, intelectuales y técnicos de los partidos que nacieron en los años siguientes, cuando no directamente ministros y hasta vicepresidentes del Gobierno. Incluso en el recién anunciado “Frente Amplio” que van a formar este año los antiguos integrantes de Sumar cuesta trabajo encontrar a un dirigente que no tuviera un papel en aquellos días de 2011. Tampoco el PSOE se libró del impacto. Es difícil imaginar que Pedro Sánchez hubiera llegado al poder sin el nuevo sentido común, tan contrario al establishment, que habían despertado las movilizaciones.

Cuando el nuevo régimen que quería traer el 15M no pudo desplazar del todo al antiguo, no le quedó más remedio que lidiar con él. Con el tiempo, las piezas fueron encajando en los huecos disponibles, y hoy no solo siguen vivos el PP y el PSOE, sino que también Vox se mueve dentro de ese mismo marco ideológico de la Constitución. Hasta Podemos ha dejado de ser ese movimiento asambleario y pretendidamente posmoderno que prometió en sus inicios y ha ido virando hacia algo mucho más parecido a un partido de izquierda clásica del siglo XX. De manera que las distintas versiones de los gobiernos progresistas de la última década, en el Estado, en las comunidades y en los ayuntamientos, han sido forzosamente un pacto; un equilibrio muy precario entre el régimen del 78 y ese nuevo sentido común que se quiso levantar para abolirlo.

Lo paradójico es que pese a esa aparente fragilidad ideológica, estos han sido quizás los gobiernos más eficaces de la historia democrática; los más capaces de enfrentar los cambios y de proponer medidas que hubieran sido impensables hace unas décadas. Solo en los últimos ocho años han enfrentado una pandemia, el temporal Filomena, un volcán, la guerra en Ucrania y en Irán, la Dana de Valencia, el enfrentamiento con Trump, un apagón, varios incendios, otro amago de un virus potencialmente mortal en un crucero, una crisis migratoria en Canarias y ahora otra en Ceuta. Mientras tanto, estos equipos de gobierno han producido algunas transformaciones muy relevantes en la arquitectura económica y social del país, como la reforma laboral, la subida extraordinaria del SMI, la extensión –aún imperfecta– del IMV, la reforma de la ley de dependencia, el impulso a las energías renovables y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Los resultados, a la vista está, son extraordinarios: España marca récords de crecimiento y de creación de empleo y hasta los intereses de la deuda, que fueron el canario en la mina del periodo anterior, están en mínimos históricos.

Y sin embargo, pese a toda su capacidad para la gestión, los partidos que conforman hoy el Gobierno parecen ser incapaces de escapar del paradigma impugnatorio del que nacieron. Aún hoy, aun después de haber demostrado esa sobrada capacidad para ejecutar un programa de gobierno, tanto el PSOE como los partidos del Frente Amplio parecen seguir empeñados en ser la oposición a la oposición, los que mejor señalan todas las cosas que van mal e identifican a los culpables de todos los problemas. Ellos son los mejores para “solucionar los problemas de la gente”, como le gusta decir a Yolanda Díaz, o para “frenar a la extrema derecha”, como dice Gabriel Rufián y repite incansablemente Pedro Sánchez, o para “que el miedo cambie de bando”, como afirma el ministro Bustinduy.

Pero cuando no se trata de arreglar problemas causados por un maligno enemigo exterior, ni de corregir los desmanes del ciclo neoliberal, sino de enfrentar las contradicciones del modelo de país que nos hemos dado, esa fragilidad ideológica que heredamos del 15M se revela como una verdadera, quizá insalvable, debilidad de la izquierda. 

Incapaces de consensuar un paradigma nuevo y de liderar a grupos con intereses dispares en una misma dirección, estos partidos se vuelven torpes. Se traban. Se demuestran inoperantes y no saben qué hacer. Y acaban dando vueltas como pollos sin cabeza.

Esto es lo que estamos observando en estos días, desde que el Sindicato de Inquilinas forzó al Gobierno a enfrentar el elefante en la habitación de la legislatura. En menos de 24 horas el presidente del Gobierno ha afirmado que lo que hay que hacer es “privilegiar el uso residencial frente al turístico” –sea lo que sea que eso signifique–; Podemos ha pedido “expropiar 650.000 viviendas” –con cargo a los impuestos de todos los contribuyentes–; Yolanda Díaz ha llamado a “movilizarse contra el Gobierno” –ese mismo Gobierno del que es vicepresidenta–; la ministra del ramo ha responsabilizado a los “especuladores desalmados” y a Ayuso, como si no fuera de su competencia que los especuladores no puedan ser desalmados; y por las redes se filtra una batería de medidas para aprobar hoy que, como nos tiene acostumbrados el Gobierno en este tema, disparan en distintas direcciones sin terminar de acertar en ninguna. 

Mientras tanto, es imposible conocer el modelo que tiene este Gobierno –ni su oposición– en materia de vivienda. ¿Persiguen los partidos del Gobierno que todos los españoles vivamos en una casa en propiedad? ¿O están de acuerdo en que una parte de la población viva toda la vida de alquiler? ¿Creen que la situación actual, donde el 85% de las personas entre 25 y 45 años que no tienen casa dicen que les gustaría comprar una vivienda pero no pueden permitírselo, debe perpetuarse? ¿Qué modelo de país tiene este Gobierno en la cabeza? Más allá de defendernos de la extrema derecha y de arreglar las fechorías que hicieron los gobiernos de Mariano Rajoy, ¿dónde piensa que vivamos, de qué espera que trabajemos, cómo espera que criemos a nuestros hijos? ¿Qué papel debería tener España en el mundo para estos partidos que llevan tantos años gobernándonos? 

Qué paradoja que el ciclo político más exitoso de la izquierda española en términos de transformaciones concretas es el que ha producido un proyecto político más pobre, apenas capaz de enunciarse a sí mismo como muro para evitar que lleguen otros. Qué paradoja que este gobierno que ha sabido arreglar una buena parte de los problemas del país no se atreva a proyectar un país nuevo.

Esta es la razón por la que hemos vuelto a la casilla de salida. Con una nueva acampada en las calles y una nueva generación que quiere impugnar al gobierno porque no se encuentra representada. Porque siente que la distancia entre las élites políticas y los ciudadanos ya es insalvable. La acampada del 26S es el final del ciclo del 15M. 

Ayer por la mañana, los representantes del Frente Amplio comparecieron junto a los de Bildu, BNG y ERC frente al hospital donde está ingresada Maricarmen. Portando carteles del Sindicato de Inquilinas pidieron que no se pongan parches y se atiendan íntegramente las demandas del Sindicato. 

Es bastante evidente que, además del compromiso que han tenido estos partidos con este tema en los últimos meses, que es real y que es honesto, existe cierta tendencia a la sobreactuación provocada por un temor a que esta nueva ola de impugnación termine por impugnarles a ellos: “Solo el pueblo salva al pueblo”, decían algunos portavoces de los acampados.

Y a mí me parece que el truco para no ser impugnados es sencillo. Y es que si algo demuestra esta acampada, si algo ha demostrado en estos meses el Sindicato de Inquilinas y demostró en su día el 15M, es que cuando uno tiene una visión política y voluntad de universalizarla, hay margen, más allá de las mayorías parlamentarias, más allá de los intereses particulares, para hacer nuevas mayorías, para enarbolar consensos nuevos y empujar hasta a los más reticentes a tu visión. 

Más aún: es que quizá lo que necesita la sociedad para sentirse representada, para sentir que las personas que nos gobiernan trabajan con nosotros y no para ellos mismos, no es que nos “resuelvan los problemas”, ni que nos “defiendan de la extrema derecha”; ni siquiera es que nos ofrezcan un mundo fácil de clientes políticos, sino que nos convenzan y que nos involucren en un proyecto, en una visión de futuro en la que nos podamos encontrar reflejados y de la que todos podamos ser parte.

Aquel 15M de 2011, yo ya había emigrado. En la última clase de español que di en la Universidad de Texas –donde echaba horas a cambio de una beca de estudios– recuerdo haberles puesto a los muchachos unas diapositivas con las cifras de la crisis, y las tímidas respuestas que, por aquel entonces, emitía Democracia Real Ya, grupo heredero sui generis del movimiento activista V de Vivienda. Dije algo así como “esto va a explotar”, y lo hizo a los pocos días con las acampadas que todos conocemos. Tras mi vuelo de vuelta a España, pasé unos días en Madrid que me permitieron renovar el visado de la emigración y asistir a los últimos coletazos de aquella movilización masiva después de que el PP hubiese arrasado en los comicios autonómicos y municipales.

Hice muchas fotos, y creé un álbum para Facebook –todavía, red de los jóvenes– llamado “Sol en desolación, desde la tierra cianótica”, pues azul era el color que provocaba la cianosis en la piel y así se nos había quedado el mapa electoral. Los recortes de Zapatero, que nos habían conminado a marchar y, a su vez, a cuestionar el significado de la soberanía nacional por las presiones de Europa a un gobierno democráticamente elegido, fueron el disparador de una indignación legítima, aunque lo peor estaría por llegar: años de la mal llamada austeridad –de empobrecimiento generalizado– que hemos seguido arrastrando. 

Ahora, cuando esa plaza matritense, tan inhóspita tras las obras, vuelve a abarrotarse con las carpas, talleres y reivindicaciones de una población al límite, algunas sacudimos la memoria de aquel 15M que desató tantas ilusiones como decepción alimentó, a largo plazo, su traducción institucional. Mi nostalgia, entiéndase, es reflexiva –en la terminología de Svetlana Boym– y agridulce, puesto que los sueños contenidos en aquellas pancartas nunca terminaron de materializarse y el mundo, así, en general, ha ido bastante a peor.

Pero hubo impulso en aquellas manos rebeldes, pronto organizadas. Antes de que el capitalismo de la vigilancia despegase en todo su esplendor y los tecno-oligarcas desplegasen sus ubicuos mecanismos de control, se consiguió subvertir la escena mediática a través de las redes sociales, y crear una serie de canales informativos fieles a la verdad y orientados a lo social, como este periódico mismamente, fundado en 2012. La multitud callejera se acabó distribuyendo en “mareas” por sectores laborales –la blanca, la verde…–, que aún mantienen su simbología y regularmente se manifiestan. El feminismo brotó como la mayor fuerza antifascista de nuestro país y, a nivel global, el neoliberalismo perdió su pátina de capital simbólico, como ya señalase Mark Fisher.

Hay teóricos que subrayan, asimismo, que el 15M retrasó la aparición de Vox precisamente por su calado en el imaginario colectivo. Y, aunque los partidos de izquierda que de ahí nacieron o bajo su paraguas se reformularon hoy en día se hallan en horas bajas, debido a una mezcla infame de acoso exterior (judicial, mediático) y cainismo interior, su acción de gobierno logró victorias importantes, solo hay que ver cómo ha subido el salario mínimo. Y, sin embargo, nada de esto parece haber sido suficiente frente a la trituradora de la historia que nos mantiene pequeñitos, jibarizados, a la intemperie. 

Han estallado por los aires los cimientos de una casa que nunca poseímos; sus vigas y pilastras se desplomaron; a través de las ventanas difuminadas entre los escombros solo se contempla la codicia especulativa. Y esto ha ocurrido en mitad de la calcinación de la casa común, nuestro planeta, de manera que andar al fresco tampoco es seguro. No son metáforas: la crisis habitacional se presenta aún más dañina en mitad de la emergencia climática, pues el hacinamiento, vivir en un bajo o en zonas inundables, en edificios ruinosos expone a la ciudadanía a la pobreza energética, las muertes por calor o las inundaciones; sin contar la desgracia del sinhogarismo. En un contexto de vulnerabilidad creciente, haber desdeñado o postergado el problema de la vivienda es imperdonable; con la responsabilidad compartida entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno central, a menudo predispuestos a seguir convirtiendo nuestras ciudades en parques temáticos para el turismo mientras la ciudadanía se ve expulsada de sus lugares afectivos, la cercanía a colegios o centros de trabajo. Pero voy a ir más allá, pues se han olvidado también las recomendaciones pandémicas de trabajar desde casa (¿cuál?), y hasta la gran fractura generacional que atraviesa los debates más perentorios de nuestro siglo. Sin el refugio de las cuatro paredes –así como del ecosistema que las sostenga– ninguna sociedad puede considerarse a salvo.

Y, ahora, ¿qué va a pasar? Un decreto guarda poco de varita mágica y, lo que es más grave, ningún partido de los denominados progresistas parece contar con las herramientas como para capitalizar el descontento popular, por lo que este corre el riesgo de vaciarse en el abstencionismo. Con Ceuta aún por resolver, y el escenario internacional en contra, la vivienda viene a añadir más combustible al incendio ya latente, mientras la oposición se frota las manos al contemplar, en directo y viralizada, la ruta de las llamas. Pensando en clave electoral, es tarde para construir vivienda social en cantidades significativas, y mucho me temo que la cianosis ha regresado con sus cuerpos azulados. Aquel 15M actuó como denuncia de un fracaso civilizacional y catalizador de una energía social, barrial, hoy a medio gas y rodeada por la gimnástica de distintos sectores de (ultra)derecha, tan en forma que da miedo. Algunas seguimos creyendo que el destino no está escrito y, en cualquier momento, puede regalarnos profundos cambios hacia el bienestar, la alegría, el buen vivir… Pero los antecedentes son tan sombríos; la memoria, tan sabia… y el futuro, ¡ay!, ojalá no rime con la demolición. 

Tenían la herramienta más poderosa para evitar la especulación, pero eligieron no usarla. El artículo 47 de la Constitución no solo reconoce el derecho a una vivienda digna. Dice más: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. IMPEDIR LA ESPECULACIÓN. No ignorarla. No fomentarla. No consolidarla. 

El mandato lleva 47 años negro sobre blanco escrito en la Carta Magna y más de 40 transferidos a las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen la competencia para regular el suelo y son ellas las que han decidido no hacerlo. Con la aquiescencia, eso sí, de todos los gobiernos centrales que ha tenido la democracia. Por desidia, por cobardía, por intereses inconfesables, por lo que sea, pero no hicieron nada y ahora estamos pagando el precio.

El caso de Maricarmen no es el único, pero es el que ha puesto rostro al drama que viven millones de españoles, Jóvenes y mayores. Ella, con 87 años y 71 en la misma casa del distrito de Retiro con una renta antigua de 500 euros desde 1954 ha sido víctima de la empresa Urbagestión, que le exigía 2.650 euros mensuales y ha acabado echándola a la calle por no poder pagar un alquiler de más del triple de lo que pagaba hasta ahora y del doble de su pensión. 

Llámenlo especulación, abuso, estafa… Como gusten, pero ahí estaba el artículo 47 sin que nadie lo invocara. Y ahí estaba también el interés general para impedir la especulación que la Comunidad de Madrid no invocó para regular el uso del suelo. Ahora el Gobierno de España negocia a la desesperada el decreto que evite casos como el de Maricarmen, que incluya también prórrogas de los contratos hasta 2028, que suspenda los desahucios si los propietarios son fondos buitre, que aplique una subida del IVA turístico al 21%, que implemente bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler, que apruebe ayudas para los inquilinos y que vete la compra especulativa de viviendas a los fondos buitre. 

El acuerdo es complicado, aunque no inalcanzable. Es cierto que hay que conciliar posiciones políticas tan dispares como las de Junts y Podemos, si bien aquel que defienda posiciones de máximos e impida la aprobación de la norma quedará retratado a tan solo unos meses de las elecciones generales. Disfrute entonces cada cual de lo votado. Pero, más allá de esto, ahí seguirá el artículo 47 de la Constitución sin que nadie se decida, por ejemplo, a intervenir decididamente el suelo, a expropiar las parcelas urbanizables que llevan más de 5 años paralizadas y sin construcción. Las autonomías tienen la competencia y jamás la han usado, pese a que hay toda una generación de jóvenes con trabajo -precarios casi siempre-, con dos diplomaturas, tres másteres y cuatro idiomas que, pasados los 30, siguen en casa de los padres o compartiendo vivienda porque no alcanzan a pagar solos un alquiler que les permita tener un proyecto de vida. 

Y todo porque la derecha nos vendió que el mercado se autorregula solo y que con la liberalización del suelo la oferta bajaría los precios. Falso. Madrid, pero también otras grandes ciudades españolas, es hoy una ciudad tomada por los pisos turísticos, por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi) que compran edificios enteros y por fondos buitre que han convertido el derecho a vivir en un producto financiero mientras gobiernos autonómicos y locales miran para otro lado y, además, se permiten no aplicar la primera Ley de Vivienda aprobada en democracia, que no era la panacea, pero en algo ayudaba.

Construir vivienda pública no da votos a cuatro años vista y tampoco enfrentarse al lobby inmobiliario, por eso para quienes mandan es mucho más cómodo subvencionar el alquiler con 200 euros que no sirven para nada, que ponerse a levantar barrios enteros con vivienda social. El resultado es una España que tiene el parque de vivienda pública más pírrico de Europa, con menos del 2,5% del total del parque inmobiliario, mientras Francia tiene el 17% o Austria, el 23%.

En un discurso radiofónico en diciembre de 1940, un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt describió a EEUU como “el arsenal de la democracia”. Hoy, cuando las armas callan en el frente occidental, el periodismo independiente, elemento vital de una democracia informada, se enfrenta a desafíos existenciales, especialmente en Estados Unidos.

Las amenazas son de índole económica y tecnológica, pero también jurídica y política. La segunda administración Trump está arremetiendo de forma agresiva contra los medios de comunicación: interpone demandas multimillonarias, persigue a las fuentes mediante citaciones judiciales y libra una campaña de desprestigio contra cualquier periodista o editor que no se pliegue a sus exigencias.

Hay pocos precedentes de este abuso de poder por parte del Ejecutivo. Ni siquiera Richard Nixon, en el punto álgido del escándalo Watergate, se acerca a la situación actual. El ataque al periodismo independiente se está llevando a cabo —a plena luz— utilizando el inmenso poder del gobierno federal. Los tribunales, última línea de defensa, se han mantenido firmes hasta ahora; pero nadie puede estar seguro de qué postura adoptará en última instancia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos —con una contundente mayoría conservadora a la que aún le quedan años— si el conflicto escala hasta él.

La sentencia fundamental del Tribunal Supremo que defiende la libertad de prensa en Estados Unidos es New York Times Co. v. Sullivan (1964), la cual estableció que los cargos públicos no pueden demandar por difamación a menos que demuestren la existencia de “malicia real”; es decir, que el editor supiera antes de publicar que la información era falsa o actuó con un menosprecio temerario hacia la verdad.

Un segundo caso clave es New York Times Co. v. United States (1971) —el conocido caso de los Papeles del Pentágono—, en el que el Supremo restringió considerablemente la capacidad del gobierno para ejercer la censura previa o impedir la publicación de información relativa a la seguridad nacional.

En ambos casos, los fallos del Tribunal Supremo establecieron un listón muy alto para que el gobierno pudiera silenciar a los medios de comunicación. Sin embargo, esas decisiones parecen ahora vestigios del pasado. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por una profunda desconfianza hacia el gobierno federal, agravada por la guerra de Vietnam. El hecho de que los medios sacaran a la luz las mentiras empleadas por el ejecutivo para justificar dicha guerra otorgó a la prensa escrita, la radio y la televisión una nueva legitimidad.

Medio siglo después, el cinismo que afecta al conjunto de la sociedad se ha extendido también a los propios medios. Varias encuestas señalan que los periodistas se sitúan por debajo de los abogados y los agentes inmobiliarios en su valoración pública. Es posible que parte de esa desconfianza se deba a errores y extralimitaciones, pero es el precio de una prensa libre. Hoy, cuando los algoritmos de las redes sociales priorizan la interacción —lo que a su vez recompensa el conflicto y la indignación—, los medios de comunicación tradicionales son tachados de parciales y poco fiables. Y la Administración Trump ha sido el principal impulsor de la campaña de ataque e intimidación contra los medios.

En 2024, The Walt Disney Company acordó pagar 15 millones de dólares en donaciones a la biblioteca presidencial de Trump y un millón de dólares en gastos legales para resolver una demanda por difamación presentada contra ABC News, filial de Disney. La compañía llegó a ese acuerdo después de que uno de sus presentadores estrella —George Stephanopoulos, que fue director de comunicación de la administración Clinton— afirmara que Trump había sido declarado “responsable de violación” (cuando un juez de Nueva York había dictaminado que Trump era responsable de “agresión sexual” a la escritora E. Jean Carroll).

Un año después, en 2025, Paramount acordó destinar 16 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump para resolver otra disputa legal. Esta, sobre la forma en la que se había editado un programa informativo de la CBS que incluía una entrevista con la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Trump alegó que dicha edición “inclinó la balanza” en su contra durante la campaña presidencial de 2024, a pesar de que finalmente resultó el claro vencedor frente a la candidata demócrata.

Aunque Paramount no admitió culpabilidad alguna, prefirió llegar a un acuerdo en un momento en el que necesitaba el visto bueno del gobierno federal para su proyectada fusión multimillonaria con Skydance Media. Del mismo modo, Walt Disney calculó que no valía la pena intentar una defensa razonable ante los tribunales —basada en que la notoriedad de Trump lo convertía en un demandante inmune a las demandas por difamación—. En resumen, los intereses corporativos han prevalecido sobre el principio constitucional de la libertad de prensa.

Existen excepciones loables. The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC se han negado a llegar a acuerdos en demandas multimillonarias presentadas por el presidente Trump. De hecho, The New York Times ha demandado al Pentágono por su decisión de restringir el acceso a los periodistas. La BBC también está impugnando una demanda por difamación en la que Trump exige 10.000 millones de dólares por un documental sobre el asalto al Capitolio. Está previsto que el caso se juzgue en un tribunal de Florida el próximo año.

Resulta tentador desestimar estos temores sobre la campaña contra la prensa tachándolos del producto de una imaginación progresista exaltada. Sin embargo, llevo visitando Estados Unidos con regularidad desde hace 50 años. Trabajé como corresponsal extranjero del Financial Times durante una década, primero en Washington y más tarde en Nueva York. Conozco el país (he visitado 47 estados y sigo sumando) y considero amigos personales a decenas de periodistas estadounidenses. Las amenazas contra los medios de comunicación, tanto grandes como pequeños, constituyen un peligro claro y real.

Lionel Barber es un periodista inglés. Fue director del diario económico Financial Times entre 2005 y 2020, a cuya redacción se había incorporado dos décadas antes. En los últimos años ha codirigido el podcast sobre medios 'Media Confidential'.

Este artículo forma parte de la campaña con motivo del Día Mundial de las Noticias, un evento global que destaca el papel esencial del periodismo a la hora de aportar hechos y claridad.

Hay un ecosistema de personas que lleva días explicando que Maricarmen tendría que haber invertido mejor, que después de tantos años ahorrando podría haberse comprado una vivienda, que ninguna pena, que hay que planificarse. Son los mismos que te aleccionaban sobre cómo, de haber invertido bien en ETFs, ahora estarías desayunando en la terraza de tu penthouse de Singapur. Son los que descubrieron hace tiempo (y lo repiten hasta la saciedad) que el principal obstáculo para comprarse un piso no es el precio de la vivienda, ni el volumen de pisos turísticos, ni los salarios, ni la precariedad, sino la cañita. El viajecito. La suscripción a Netflix. La clasecita de pilates. Pedir comida un jueves porque has llegado a casa a las diez de la noche y no te apetece hervir unas judías mientras reflexionas sobre la importancia del trading. Si eliminas todos esos pequeños vicios, te explican, alcanzarás tu financial freedom como ellos y podrás ser propietario. O incluso multi.  

Es gente cuya mirada siempre funciona hacia arriba y solo en esa dirección. Si miran al que tiene cien pisos en propiedad ven talento, visión empresarial, eficiencia, un ejemplo, algo profundamente aspiracional. El empresario con cien viviendas es su Messi, su ejemplo a seguir. Si miran hacia abajo, sin embargo, sienten incluso un poquito de asco. Serían capaces de “vender” a sus abuelas, decía, porque de lo único que saben hablar es de vender, invertir, rentabilizar, holdear y optimizar. Han aprendido a poner precio a casi todo y valor a casi nada.  

Por eso ante un desahucio cualquiera, sin importar la edad o la condición de salud de la persona en cuestión, pueden llegar a sentir una profunda empatía, pero no por la persona desahuciada, sino por el mercado. Al mercado hay que tranquilizarlo, protegerlo y darle seguridad jurídica. El mercado es amigo. Hablan de él con tal cariño que por momentos parece que el mercado los llame después cada par de días para saber cómo están. Como si el mercado les hiciese tuppers de lentejas o sentara a su lado para escucharlos cuando están jodidos. 

Los “mercadolibers” son los que llevan todo el fin de semana también llamando perezosos a quienes hemos salido a la calle para exigir una vivienda digna mientras defienden con fervor el rentismo, que es probablemente la forma más cómoda (más perezosa siguiendo su terminología) de existir en una economía. El suyo es un pensamiento profundamente individualista, pero si lo piensas también es muy cómodo porque permite contemplar el sufrimiento ajeno sin sentirse nunca interpelado. Todo se reduce al mantra de que si a alguien le va mal es porque ha tomado malas decisiones. Y ellos, por supuesto, están a salvo de cualquier vaivén del sistema. 

Lo verdaderamente curioso de esta gente, de estos defensores entusiastas del orden económico y del libre mercado, es que muchos de ellos no pertenecen precisamente a la élite que imaginan estar defendiendo. Probablemente muchos son pura clase obrera, aunque tengan la autoestima de un fondo de inversión, así que defienden con pasión los intereses de quien, llegado el momento, les tratará exactamente igual que a Maricarmen. Y desde esa identidad confusa miran a quien está debajo con desprecio, sin darse cuenta de que el suelo que pisan es igual de inestable. 

Las mujeres ya estamos sufriendo las políticas que están poniendo en marcha las comunidades autónomas gobernadas por las derechas, ya sea en coalición —Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura— o en solitario, como en Madrid. Su ataque a nuestros derechos reconocidos consiste en impedir que podamos ejercerlos en condiciones materiales de libertad e igualdad. Las feministas volvemos a estar en pie de guerra: ha vuelto Marea Violeta.

El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, obliga a examinar las políticas que están ideando y ejecutando los dos partidos de derechas en las comunidades autónomas para saber qué harán si llegan a gobernar España.

Hablo de las derechas porque, en relación con los derechos de las mujeres, no es necesario especular sobre las condiciones que Vox podría imponer al Partido Popular. Basta con atender a sus propias decisiones. Núñez Feijóo ha anunciado que, si gobierna, extenderá al conjunto del Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” y, al mismo tiempo, asegura que mantendrá la actual ley de plazos. Esta es la estrategia —y no solo en relación con el aborto—: erosionar los derechos sin necesidad de derogarlos.

Quizá haya quien crea que ambas posiciones son compatibles. No lo son. Las palabras crean categorías jurídicas y las categorías jurídicas producen consecuencias materiales. Reconocer al concebido como integrante de la familia “desde la concepción” introduce en el ordenamiento la ficción de dos sujetos con intereses diferenciados. De este modo, la interrupción del embarazo deja de presentarse como el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres y comienza a construirse como un conflicto entre sus derechos y los supuestos derechos de quien todavía no ha nacido.

Feijóo parece haber aprendido de la derrota de la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2014, el Tren de la Libertad convirtió la defensa del aborto en una movilización estatal, obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a retirar el anteproyecto y precipitó la dimisión del ministro. La estrategia actual evita aquella confrontación directa: mantiene formalmente la ley de plazos mientras introduce, por otras vías, el marco jurídico y político del “concebido no nacido”.

Los cuatro acuerdos autonómicos de gobierno suscritos por PP y Vox comparten esa misma concepción política y forman parte de una ofensiva nacional e internacional dirigida a deslegitimar el feminismo y revertir los derechos conquistados.

En todos ellos, las mujeres dejamos de aparecer como sujetos autónomos de derechos sexuales y reproductivos y somos situadas fundamentalmente en relación con la familia, la maternidad y la natalidad. Ninguno articula una política integral de salud sexual y reproductiva basada en nuestra autonomía y en el acceso efectivo al aborto, a la anticoncepción y a la educación sexual.

Quiero detenerme en Andalucía, no solo porque es el territorio desde el que Marea Violeta Andalucía convoca la movilización de este 28 de septiembre, sino porque —como le sucedió en su día a Gallardón— el presidente andaluz goza de una imagen de moderación que el acuerdo de gobierno desmiente. El pacto proclama una “cultura de la vida”, prevé un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada que no reconoce nuestros derechos y convierte la “perspectiva de familia” en un criterio transversal de la acción pública.

Me detengo en esta última cuestión porque estas palabras también generan categorías jurídicas. La perspectiva de familia significa que las normas y las políticas deben evaluarse por sus efectos sobre una institución presentada como una unidad armónica. Desaparece así la obligación política de examinar sus consecuencias específicas sobre las mujeres. La perspectiva de género es sustituida por formulaciones aparentemente neutras que ocultan las relaciones de poder entre los sexos, diluyen los derechos individuales de las mujeres y excluyen la diversidad familiar y vital.

Los cuatro pactos demuestran que la ofensiva contra el derecho a decidir no necesita comenzar con la derogación de la ley del aborto. Puede avanzar mediante políticas que convierten la natalidad en un objetivo público y expulsan la libertad reproductiva de las prioridades gubernamentales. Después puede materializarse dificultando el acceso al aborto en la sanidad pública, tolerando desigualdades territoriales, ampliando los efectos de la objeción de conciencia o sometiendo a las mujeres a itinerarios administrativos diseñados para disuadirlas.

Vox radicaliza el discurso, acelera las medidas y amplía la ofensiva antifeminista, pero atribuirle en exclusiva el proyecto antiabortista permite al Partido Popular presentarse como un límite moderado. Su trayectoria y sus propios compromisos muestran lo contrario. La promesa de Feijóo de extender a todo el Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” no constituye una concesión aislada a Vox, sino la formulación nacional de un marco que ambos partidos ya comparten en sus acuerdos autonómicos.

El precedente del Tren de la Libertad contiene, además, una enseñanza política: estas medidas pueden ser derrotadas. El movimiento feminista consiguió detener la reforma de Gallardón y hacer dimitir a un ministro. Marea Violeta Andalucía vuelve a movilizarse este 28 de septiembre con el mismo objetivo: frenar unas políticas que atentan contra los derechos de las mujeres.

La reforma de 2023, impulsada por el actual Gobierno de coalición de izquierdas, reforzó el derecho al aborto y obligó a las comunidades autónomas a garantizar su prestación pública y accesible. Por eso, los acuerdos autonómicos de PP y Vox pueden vaciar materialmente este derecho mediante la gestión sanitaria y de la objeción de conciencia.

La reforma prolonga los avances promovidos por Gobiernos socialistas con la despenalización parcial de 1985 y la ley de plazos de 2010. Aunque con una lentitud denunciada por el feminismo, han sido las políticas de izquierdas las que han ampliado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Frente a quienes atacan nuestra libertad, necesitamos políticas de izquierdas que sean verdaderamente feministas.

Decimos que “todos somos Maricarmen”, pero es solo una forma de hablar: a ella la han desahuciado, a mí no me puede pasar, yo trabajo y tengo ingresos suficientes, pago puntual cada mes, vivo sin lujos pero también sin apreturas, y hasta me llega para unas cortas vacaciones. A mí no me van a desahuciar, no estoy en riesgo de pobreza, soy clase media, aunque sea clase media baja, incluso clase media muy baja, pero sigo siendo clase media, eh. A mí no me van a desahuciar porque, si todo sale mal, tengo familia que me apoya.

A mí no me van a desahuciar, aunque soy autónomo y mañana mismo podría perder trabajos con los que contaba, sufrir un impago prolongado, que suban los tipos de interés y me revisen la hipoteca, que venga otra crisis económica. A mí no me van a desahuciar pero puedo divorciarme y que ya no salgan las cuentas con un solo sueldo, tener un problema grave de salud que trastoque planes, meterme en un negocio que acabe mal, endeudarme y no poder devolverlo. A mí no me van a desahuciar pero avalé a mi hija y estoy atado a su suerte. A mí no me van a desahuciar pero, sin que me pase nada de lo anterior, puede llegar mi casero o el fondo que compró mi bloque entero, y subirme el alquiler para echarme, como le pasó a Maricarmen.

Los desahuciados siempre son los otros, no nos va a pasar a nosotros. Recuerdo cuando hace doce años los desahucios abrían a diario los informativos y las víctimas se organizaban en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Estuve en varias de sus asambleas para documentarme en algo que estaba escribiendo. Y siempre encontraba familias de esas que se decían “a mí no me van a desahuciar”, hasta que les llegó el burofax. Trabajadores con buen sueldo, pequeños empresarios, gentes que habían vivido desahogados hasta que la crisis económica o una desgracia personal (o una mezcla de ambas) les hizo perder pie. Incluso padres con la casa pagada y sin problemas económicos, que habían avalado la hipoteca de un hijo y cayeron con él.

Todos entonaban el mismo “yo jamás pensé que me pudiera pasar a mí”, y sus tristes historias recibían más atención de los medios y más empatía ciudadana, lo que por cierto es una mierda: empatizamos más con ellos, que son “como nosotros” (clase media, jaja), como si el desahucio de familias pobres fuese el orden natural de las cosas. Recuerda a cuando decimos que en las familias de clase alta “también” hay violencia machista, como si en cambio fuese normal que la chusma se maltrate.

A la vuelta de más de una década, cuando se supone que no estamos en aquella crisis terrible sino en una de las economías con mejores indicadores de Europa, volvemos a hablar de desahucios (que nunca han cesado), y hasta regresan las acampadas indignadas a Sol. Pero seguimos pensando que los desahuciados son los otros, que no nos va a pasar, que el decreto esperado del gobierno está muy bien porque ayudará a los pobrecitos como Maricarmen (que no tenía una pensión de pobrecita, y tampoco se libró).

No nos damos cuenta de lo cerca que estamos de acabar desahuciados la mayoría de nosotros. No todos, claro: la desigualdad social asegura la salvación de una minoría privilegiada, pase lo que pase. Pero muchos estamos a no tanta distancia como creemos de perder pie, de tropezar mañana mismo, encadenar varios tropiezos, trastabillar durante meses como esos traspiés cómicos que parece que te caes, que te caes, que te caes, hasta que te caes. No nos damos cuenta de lo endeble que es nuestra red de seguridad y de lo mucho que necesitamos medidas urgentes para quienes más riesgo tienen de desahucio, y también para nosotros, que nunca, nunca, nunca vamos a ser desahuciados.

Este fin de semana, en una tertulia televisiva, antes de que empezara o se anunciara siquiera la acampada del Sindicato de Inquilinas en Sol, se me preguntó, de improviso: “¿Qué, Elizabeth? ¿Tiene algo de esto aroma o aire a 15M?” Respondí de la forma más sincera que se me ocurrió: la verdad es que no tengo ni idea, ni puedo tenerla. He leído sobre el 15M, he visto sus consecuencias, pero cuando pasó todo aquello (“dormíamos, despertamos”) yo tenía diez años. Como mucho lo vi alguna vez en la televisión, sin enterarme demasiado, y conocía mucho más sus causas que sus cauces: conocía la crisis económica porque la estaba viviendo, como prácticamente cualquiera en España. Conocía el ajuste y los recortes en la situación que se vivía en mi casa, aunque aún no supiera del todo qué era un recorte y qué era un ajuste.

Lo que sí conozco bien, en cambio, es lo que ha ido pasando con la vivienda en los últimos tiempos. El caso de Maricarmen ha sido el que más ha conmocionado, por su carga simbólica (cuánta brutalidad hay en la imagen de una mujer de 87 años a la que expulsan a la fuerza de su casa; qué cosa tan rara oír a un policía que va a desahuciarla decirle “nosotros, Maricarmen, estamos contigo, pero tenemos que hacerlo”: si tenemos que hacerlo tiene por objeto expulsar a una señora de 87 años de su casa, algo va muy, muy mal). Pero es, en realidad, un caso entre muchísimos, con finales aún más trágicos, como el de la mujer de Santa Eulàlia que se suicidó el 7 de septiembre, cinco meses después de haber sido desahuciada. En los últimos años, digo, he visto a la mayoría de mis amigos mudarse de sus casas, porque al término del contrato su casero decidía subir el precio desaforadamente. He visto cómo un fondo buitre compraba la totalidad del edificio de otros amigos, constituidos hoy como uno de los muchos bloques en lucha organizados por el Sindicato de Inquilinas.

He hablado con amigas que aún sobreviven cerca del centro de las ciudades sobre cómo cada día estos centros son más invivibles, convertidos en los parques temáticos de los turistas, confeccionados con mimo y esmero para que por ellos se paseen en tuctuc. He visto a gente irse de la ciudad porque no le quedaba otra y no encontraba alternativa (o volver a los 30 años, y estos casi son afortunados, porque tienen adónde volver, a la casa de sus padres). De pronto, en las conversaciones sobre cualquier otra cosa, la cuestión del alquiler se colaba, la dificultad para ajustar el coste de la vida con lo que cada uno ganaba, la asfixia cuando el alquiler llegaba a suponer un 70% (o un 80%, o más) del salario. Así, entre todos los temas de conversación, incluso cuando no se hablaba tan explícitamente de política, emergía la vivienda, lo que le iba a pasar a cada uno en relación con su vivienda, dónde vivía, dónde iba a vivir, cómo podía o no podía proyectar un futuro.

La acampada por la vivienda (y para que no haya ni una Maricarmen más) no es, pues, otro 15M. El 15M estaba indignado bastante en general, tras una crisis que lo había roto todo. La acampada de 2026 pide algo tan concreto como contratos de alquiler indefinidos y congelación de las rentas. Este mismo diario contaba hace no mucho que las transferencias de inquilinos a caseros en España prácticamente se han duplicado en la última década: ya casi 28.000 millones de euros y un 1,6% del PIB. Pero viene mucho más. La generación de los nacidos en el baby boom, ahora en proceso de jubilación, posee casi la mitad de los pisos en España, pero esta no será distribuida de forma igual entre la población: como siempre, los más pobres van a heredar menos de esa parte; como siempre, el decil más rico es quien más heredará. Es decir: mientras existe una inoperancia absoluta, una inacción radical, la propiedad va a seguir instalando brechas profundas, brechas que se harán más grandes. Es muy fácil saltar de ahí a la rabia. Sobre todo, cuando (como es el caso de servidora) te cuentas entre aquellos que, por no heredar, no heredarán ni un altillo.

Cuando tantas cosas se acumulan, algo tiene que romperse. De hecho, poco se ha roto hasta el momento comparado con lo que se va a romper. Ya ha dejado a algunos sin discurso: si no, que se observe lo callado que está Carlos H. Quero, el presunto diputado obrerista de Vox, que intentó ligar vivienda con migración y lleva una semana sin decir absolutamente nada. Ningún partido puede capitalizar el fuego que hay ahora mismo en Sol. A poco que una se acerque, entiende que la decepción y la frustración, aunque no culpen a todos por igual, son con todos. Difícilmente habrá recuperación política: muchos de los que están allí ya vieron cómo terminó la última vez que la calle quiso llegar a las instituciones. Las instituciones han fracasado demasiado. Pero si fracasan en su totalidad, si siguen fracasando, si son incapaces de dar siquiera un primer paso, algo se romperá de verdad. Ese paso sería aprobar el decreto Maricarmen el martes, aprobarlo con los contratos indefinidos. Después de pasar un rato por Sol la primera noche, amigos que no durmieron allí hablan hoy de que van a llevarse tiendas de campaña para dormir. Lo que hay es insostenible, pero si te acercas a Sol, comprobarás que nadie allí, por primera vez en mucho tiempo, mira su futuro con desesperanza. Nadie en Sol está solo.

El estado de ánimo de un país se parece a un trasatlántico enorme y lento. A pesar de cuanto suele afirmarse alegremente, no vira a babor o a estribor con el penúltimo titular escandaloso o el último vídeo viral que incendie la red. Sus movimientos resultan complejos, pesados y requieren tiempo. Pero una vez que cambia el rumbo cabe hacer dos cosas: empujar en la dirección que se considere correcta y cueste lo que cueste, o estorbar. Corregir tu propio rumbo no garantiza acertar, pero ponerse en su camino a estorbar siempre acaba en un Titanic. 

El escandaloso desahucio de Maricarmen por parte de unas instituciones escondidas tras la legislación vigente ha cambiado el estado de ánimo sobre el drama de la vivienda. Todos podían haber hecho algo. Desde la jueza a los gobiernos o la comitiva judicial. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos; todos lo sabemos. 

No más cifras, no más datos, no más excusas, no más coartadas: soluciones y ya. Claro que es una demanda política; para eso es la política, si no, ¿para qué? Puede que Maricarmen no sea ni el peor caso, ni el más injusto, ni siquiera el más repetido. Pero es aquel que ha hecho click en la conciencia mayoritaria. Hasta los cínicos propietarios de Urbagestion, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, lo han entendido, aunque sea tarde y mal. No habrá paz para los malvados en esta historia. 

Los reproches sobre si se ha hecho poco o nada durante estos ocho años de gobierno de coalición son tan válidos como las quejas por las prisas que ahora ahogan al Ejecutivo. Otra cosa será cuánto le pueda importar ese debate a la gente convencida de que no hay justicia en el mundo que ampare las imágenes que hemos soportado esta semana. 

Ni la complejidad evidente del problema ni la selva competencial son ya escondites seguros para los responsables de todos los gobiernos. Ponerse ahora a hablar de si ha habido mil o dos mil desahucios menos, de si funciona o no el control de alquileres en Berlín, de la ley de la oferta y la demanda, de si hay que juzgar a Pedro Sánchez por traidor, o de si hay que ir a elecciones significa no entender casi nada. Andar negociando por los pasillos del Congreso tal o cual rebaja fiscal es jugar con fuego a estas alturas 

El límite son las próximas 48 horas. Estar trabajando contra reloj y pedir esfuerzos a los demás ya no basta. El gobierno y sus socios se juegan la legislatura y las próximas elecciones como nunca antes. Es la hora de desconectar el piloto automático que parece guiar a este Gobierno desde la entrada masiva en Ceuta, presidente. 

La acampada por el desahucio de Mari Carmen no es el 15M. No desmerece en absoluto la iniciativa, pero conviene asentarse sobre bases ciertas en toda acción que se emprende, y es algo que también se está perdiendo. De momento, ha eclipsado la manifestación ultra de la mañana, y ha vuelto a poner el foco con rotundidad en el problema de la vivienda en España que precisa urgente solución.

Asombra que en solo 15 años desde el 15M se muestre tal desconocimiento de lo ocurrido porque esta vez ni siquiera parece la intención habitual de manipular. Pero, desde luego, aquello no vino de fallos de la socialdemocracia, como dicen, ni lo organizó Podemos -que tardó tres años en formarse- y no propició en sí mismo el triunfo absoluto del PP de Rajoy en todas las elecciones que siguieron: generales, municipales, autonómicas y al parlamento europeo.

En el 15M, solo y nada menos, cristalizó un hartazgo supremo que venía precedido de varios factores de enorme peso (no es que ahora falten ni mucho menos, pero no son exactamente los mismos). En primer lugar, la crisis del capitalismo de 2008, que nos hicieron pagar en recortes a los ciudadanos.  A “la socialdemocracia” precisamente la crujió la Troika para que se callara. Es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. A Grecia la machacaron y se ensañaron con Portugal y España. El PP contribuyó a dañar a nuestro país en su línea habitual. Rajoy se iba a Bruselas a poner las cosas peor de lo que estaban. “Europa ha cantado las cuarenta a Zapatero”, declaró de inmediato, en línea con toda la plana mayor de su partido. Desde hacía tiempo pedían menos gasto público, algo que aplicó a rajatabla cuando llegó a La Moncloa. Hasta el bueno de Obama llamó a Zapatero para que claudicara e impusiera también recortes.  Y lo hizo. Hasta reformar la Constitución, a medias con Rajoy,  para fijar como norma -y mantener el principio de “estabilidad presupuestaria”- pagar a los acreedores antes que atender las necesidades de los ciudadanos. “Su pago gozará de prioridad absoluta”, dice textualmente. Y esto ocurrió ya en agosto, con las plazas llenas. Rajoy sabía lo que firmaba, parece que sus votantes no.

Pero había mucho más. Las primaveras árabes en particular, como precedente. Allí fructificaba el escándalo, revelado con pruebas por Wikileaks, de cómo sus dictadores les habían robado mientras les mantenían en la pobreza. Las trampas reveladas influyeron en la revuelta en Túnez, el primer país en estallar. Wikileaks confirmó que la familia de Ben Ali atesoraba un 60% del PIB de todo el país. Y a ellos les habían subido un 50% el precio del pan.

El precio del pan fue decisivo en todas las revoluciones, es un clásico. También confluía en 2010/11 una crisis alimentaria, especulativa, de productos básicos como el trigo y el maíz en los mercados internacionales -donde cotizan y fluctúan-, paralela a la crisis financiera. El detonante fue en Tunez. Por el suicido de un joven de 26 años, Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante de fruta. La policía le confiscó su carrito violentamente. Y él se inmoló prendiéndose fuego. Sus llamas terminaron de prender la mecha. Una chispa que incendió una reseca pradera de despotismo, corrupción y desigualdad social que iba -y sigue yendo- desde Marruecos al golfo Pérsico.

Otros países levantaron su indignación también a primer plano, a su manera y con sus problemas. Con el común denominador del hartazgo por el abuso del sistema sobre la sociedad. El FMI, solo o en compañía de otros -la UE desde luego-, repartía créditos y tijera.

El 15M español -también hubo un Occupy WallStreet- fue considerado el movimiento más serio y riguroso de todos. Allí, en aquellos círculos improvisados en el suelo, mucha gente aprendió nociones de economía básica para saber detectar los cuentos de los que se vale la codicia para ejercer su explotación.

Todo eso, como mínimo, es el poso del 15M. Pero imaginen al sistema ante semejante perspectiva de una ciudadanía informada y con el temple de no dejarse engañar más. Y, como si hay dos Españas, la otra, la derecha, se asustó en serio y corrió a votar al PP en todas las elecciones. Esta es la lección que hay que aprender ahora. Porque en este tiempo, en estos 15 años, han aprendido a protegerse mejor y se han extendido los bulos y con ellos la opinión que quiere disolver toda idea con fundamento. Mientras se mantenían algunos problemas y se añadían otros. La vivienda como gran negocio para la especulación.

Los lemas del 15M, sin siglas, ni partidos, iban directos a un cambio profundo: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Votar al PP de Rajoy supuso mucha más tijera y rescatar con dinero público al sistema bancario. No creo que ni uno solo del 15M votara eso pero parece que son más los acomodaticios, los cobardes, los que van directamente a apoyar a los especuladores porque a menudo algo les toca.

Hay que solucionar el problema de la vivienda con la valentía del 15M, con sus soluciones imaginativas, y con mucha menos ingenuidad para detectar los peligros. Andaban también por las calles de Madrid en la mañana del domingo y, los que no en ese momento pero sí son iguales, se parapetan en sus cómplices y hasta sicarios mediáticos.

Quedan apenas cuatro años para cumplir los compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El tiempo apremia y el desafío es inmenso. De las 139 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para las que se dispone de datos sobre tendencias, solo el 36% están bien encaminadas o muestran avances moderados, según Naciones Unidas. A pesar de los progresos realizados, existe un riesgo real de llegar a 2030 sin haber cumplido una parte significativa de lo acordado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Pero los últimos años dejan también un importante mensaje para la esperanza: es posible avanzar. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el hambre en el mundo disminuyó de 733 millones de personas en 2023 a 645 millones en 2025. Y la evolución de la pobreza demuestra que los avances sostenidos pueden transformar la realidad a largo plazo. Según el Banco Mundial, desde 1990 el número de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de un 60% y cerca de 1.500 millones de personas han salido de ella en una generación.

El hambre y la pobreza no son inevitables. Cuando existe voluntad política y financiación adecuada, podemos transformar la vida de millones de personas. Porque detrás de los números están las personas y cada una cuenta. El reto de los próximos cuatro años es acelerar estos avances y conseguir que lleguen también a quienes permanecen todavía atrás. 

Sabemos que el panorama mundial actual presenta dificultades: la escalada de los conflictos, el cambio climático, el debilitamiento del multilateralismo y la disminución de la ayuda oficial para el desarrollo, afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Se estima que más de 45 millones de personas adicionales podrían verse empujadas a una situación de hambre aguda como consecuencia de los impactos económicos de una guerra prolongada en Oriente Medio.

Pero cada uno de esos retos es una razón para unirnos y redoblar esfuerzos. Debemos ir más allá de iniciativas aisladas y de una financiación fragmentada. Necesitamos ampliar la escala de aquello que ya ha demostrado funcionar: políticas sociales, alimentación escolar, apoyo a pequeños productores, inclusión económica y resiliencia frente al cambio climático. Este es precisamente el objetivo de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. 

Y no podemos erradicar el hambre y la pobreza sin avanzar en la igualdad de género. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en los sistemas alimentarios, la agricultura familiar y el sostenimiento de sus comunidades, pero siguen enfrentándose a barreras para acceder a recursos, financiación, tierra, protección social y oportunidades económicas. La igualdad de género debe estar incorporada desde el diseño de las políticas, fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres, su acceso a recursos y su participación efectiva en las decisiones. 

La Alianza ofrece un modelo innovador de cooperación que coordina esfuerzos para apoyar, a gran escala, políticas públicas eficaces y lideradas por los países. Desde su lanzamiento, durante la Presidencia brasileña del G20 en 2024, la Alianza ha seguido ampliando su capacidad de movilización. En 19 países ya apoya programas nacionales a gran escala en distintas etapas de preparación e implementación, de acuerdo con las prioridades definidas por cada gobierno. Entre ellos se encuentran programas de producción ganadera en Etiopía y programas de protección social y de transferencias monetarias en Zambia, por mencionar solo algunos ejemplos.

Con esta determinación y este sentido de urgencia, durante un evento paralelo al 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Brasil y España, como copresidentes de la Alianza Global, reunimos a gobiernos y socios para debatir formas de acelerar la lucha contra el hambre y la pobreza en los cuatro años que quedan hasta 2030.

Es necesario aumentar la inversión en políticas integradas y alianzas capaces de conectar las prioridades de cada país con el apoyo internacional, así como fortalecer los mecanismos de financiación que permitan salvaguardar los avances.  

Los próximos cuatro años serán decisivos. El hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de la desigualdad, la exclusión y las decisiones políticas. Que lleguemos a 2030 con resultados significativos dependerá de las decisiones concretas que tomemos ahora y de la acción que la Alianza ya está poniendo en práctica.

Por no haber ahorrado, por vivir por 500 euros durante 70 años en una de las mejores zonas de Madrid, por no haber previsto la crueldad del sistema, perdón, la seguridad jurídica que le esperaba en la última etapa de su vida; por aprovecharse de leyes franquistas, por ir contra el sacrosanto derecho de propiedad, por privilegiada y por caradura y por dejarse utilizar por la izquierda perroflauta. Todo esto se ha dicho y escrito en redes sociales, digitales truchos, columnas de opinión y tertulias varias, y se ha expresado a voz en grito y sin ahorrar calificativos porque está de moda la crueldad y porque muchos buenos ciudadanos se están reposicionando a toda pastilla ante la posible llegada a la Moncloa de Feijóo y Abascal después de 8 años de comunismo bolivariano, es decir, de socialdemocracia flojita. Todos muy molestos porque, sin previo aviso, a la derecha cómodamente instalada en la crisis de Ceuta le ha salido una Maricarmen que desbarata su agenda. 

Con el auge de la extrema derecha en Europa y la llegada de Trump al poder en su segundo mandato culminó un proceso de descalificación de la empatía y el altruismo que ya se venía rumiando en un Occidente atravesado por diferentes crisis económicas, sociales y de identidad. Se impuso el “malismo” como contraposición al “buenismo”, un neologismo peyorativo usado por la derecha para hablar de posturas éticas y solidarias que, según ellos, son irreales y poco eficaces cuando no causan males mayores de los que pretenden remediar. Criticas que podrían haber sido constructivas (alegar que la inmigración es positiva, pero puede tener consecuencias negativas que hay que prever y paliar, tanto en las comunidades de acogida como en los propios inmigrantes) derivaron rápidamente en crueldad y lo que Borges denominaba “la lógica peculiar que da el odio” (la solución es cazar y expulsar al inmigrante que viene a robar nuestros recursos y crear inseguridad). 

Se escribieron artículos y libros sobre la empatía tóxica, y a ese tren se subieron trumpistas y oligarcas, etnonacionalistas y populistas, neoliberales y antiguos conservadores, porque no hay nada más eficaz y que consuma menos esfuerzo que hablar a las tripas del votante y no a su capacidad crítica. Consensos y valores universales como los derechos humanos, la cooperación y la ayuda a países y personas más vulnerables se han convertido en debilidades ideológicas propias de personas manipulables o, en el peor de los casos, manipuladoras. Ajenos a una realidad cada vez más desigual, se imponen las visiones de suma cero: si alguien gana algo es porque otro lo pierde. El progreso de todos es una utopía: o eres cazador o eres cazado, si no quieres ser verdugo te convertirás en víctima. Esa lógica lo destruye todo, desde la cooperación entre naciones a la convivencia en los barrios y se ha visto con toda crudeza en el desahucio de Maricarmen, símbolo de un problema estructural gravísimo en la mayoría de países desarrollados. 

Defender que no se puede poner de patitas en la calle a octogenarias que no han dejado de pagar el alquiler un solo mes de su vida supone, para algunos, defender que cada uno puede vivir donde le plazca sin pagar un euro y a costa de sufridos propietarios como los protagonistas de esta historia, que no serán fondos buitres pero parecen buitres sin fondo. Las derechas (y el PSOE) saben que muchos españoles llevan un rentista codicioso dentro, aunque a duras penas lleguen a fin de mes, y que viven el cuento de la lechera disfrutando de la subida de los precios de su modesta vivienda en propiedad, olvidando que siempre necesitarán un techo para ellos mismos y sus hijos. 

El trasvase brutal de rentas de inquilinos a propietarios contradice los relatos alarmistas de personas arruinadas porque el inquilino les dejó de pagar un alquiler tan excesivo que debería considerarse usura. La posibilidad de alquilar a precios no abusivos existe, pero no la utiliza ni el modesto dueño de un trastero. El último argumento es que la defensa de Maricarmen acabará perjudicando a las otras Maricármenes que no encontrarán quien las alquile. Sorpresa: eso ya está pasando, con Maricarmen o sin ella, desde hace años. Hay herederos como los caseros de Paquita, otra anciana con orden de desalojo de su casa del madrileño barrio de La Latina, deseando que esas viejas que han construido comunidad se larguen de una vez, a una residencia o al otro barrio, para trufar el suyo de pisos turísticos. El que no vea que puede ser el próximo o próxima Maricarmen está ciego de solemnidad. Los centros de las ciudades no pueden ser coto exclusivo de ricos, expats y turistas en busca de sensaciones y experiencias porque el 90 por ciento de los ciudadanos acabaremos en guetos, sin posibilidad de prosperar y sin movilidad social, viajando cada día a los barrios pudientes para trabajar y dar servicio. No solo se heredan los pisos, también la desigualdad. 

El pánico que la movilización social ha causado en formaciones como Junts puede permitir al gobierno aprobar el decreto de vivienda que había quedado enterrado. Quedan 48 horas para negociar, con la esperanza puesta en el próximo martes y en un momento clave de final de legislatura. Si sale adelante también será culpa de Maricarmen, y su dignidad y lucha de años para que no la echen de su casa y de su vida. 

La llamada “ley de nietos” nació como una medida de reparación histórica de la mano de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Pero su aplicación masiva plantea, quizá de forma inesperada, una pregunta que va bastante más allá de la memoria democrática: ¿qué relación debe existir entre nacionalidad, residencia y derecho de voto?

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permitió adquirir la nacionalidad española de origen a determinadas categorías de descendientes de españoles. La dimensión del proceso ha sido considerable, y se calcula que ha dado pie a más de 2.4 millones de solicitudes, muchas pendientes de resolución. 

La legitimidad de esa reparación y la cuestión de quién debe participar en las elecciones son, sin embargo, problemas diferentes. Podemos considerar justificado que una persona recupere la nacionalidad de sus padres o abuelos y, al mismo tiempo, preguntarnos qué vínculo debería exigirse para participar en las decisiones políticas de un país en el que quizá nunca haya vivido.

Aquí conviene distinguir la nacionalidad de la pertenencia democrática. La nacionalidad cumple muchas funciones: expresa una identidad, garantiza el derecho a regresar, proporciona protección diplomática y reconoce jurídicamente determinados vínculos históricos y familiares. Pero de ello no se deriva necesariamente que cualquier nacional, con independencia de su relación efectiva con el país, tenga que participar en idénticas condiciones en la formación de su voluntad política.

La cuestión pertenece, ante todo, a la teoría democrática. Una de las intuiciones centrales de la democracia es que quienes están sometidos de manera estable a un poder político deben tener voz en su constitución. Las leyes sobre impuestos, educación, sanidad, vivienda, pensiones, trabajo o seguridad condicionan de manera continuada la vida de quienes residen bajo la jurisdicción del Estado. La residencia posee por ello una relevancia democrática propia: identifica, aunque imperfectamente, a quienes comparten las consecuencias ordinarias de las decisiones colectivas.

Esto no significa que quien vive en el extranjero carezca necesariamente de intereses en España. Puede tener aquí familia, propiedades o inversiones, contribuir económicamente, seguir diariamente la política española o proyectar su regreso. Las tecnologías de comunicación han vuelto además poco convincente la idea de que quien vive lejos está necesariamente peor informado. Pero el fenómeno que pone de relieve la ley de nietos es distinto del caso tradicional del emigrante. Podemos encontrarnos con ciudadanos españoles que hayan nacido y vivido siempre en otro país y cuya vinculación con España proceda exclusivamente de su ascendencia. Jurídicamente son españoles como cualquier otro. Democráticamente, sin embargo, cabe formular otra pregunta: ¿debe la nacionalidad formal ser por sí sola condición suficiente para participar en las decisiones colectivas de una sociedad en la que nunca se ha residido?

No todas las democracias responden afirmativamente. Alemania exige a los ciudadanos que viven permanentemente en el extranjero, como regla general, haber residido al menos tres meses consecutivos en Alemania después de los 14 años y que esa residencia haya tenido lugar dentro de los 25 años anteriores, aunque admite una vía alternativa para quienes demuestren una vinculación personal y directa con la realidad política alemana. Nueva Zelanda exige, para votar desde el extranjero, haber vivido en el país durante más de doce meses continuados en algún momento de la vida y, tratándose de ciudadanos neozelandeses, haber estado en Nueva Zelanda al menos una vez durante los tres años anteriores. 

Estos ejemplos muestran que introducir alguna conexión entre residencia y sufragio exterior no es en sí mismo incompatible con la democracia. Expresa simplemente una determinada respuesta a una cuestión previa: quién forma parte del pueblo que adopta unas decisiones políticas cuyas consecuencias recaerán principalmente sobre quienes viven bajo esas instituciones.

Pero este razonamiento tiene un reverso que no podemos ignorar. Si atribuimos importancia democrática a estar sometido de forma continuada a las leyes de un país, la misma lógica obliga a mirar hacia quienes viven en España sin tener nacionalidad española. Nuestro sistema puede permitir participar en unas elecciones generales a una persona que ha adquirido la nacionalidad por descendencia y nunca ha vivido en España, mientras excluye a quien lleva ocho o nueve años trabajando aquí, pagando impuestos, utilizando sus servicios públicos, criando aquí a sus hijos y sometiendo su proyecto vital a las decisiones de las instituciones españolas.

La comparación no pretende afirmar que el primero carezca de vínculos legítimos con España ni conduce necesariamente a reconocer automáticamente el sufragio nacional a todos los extranjeros residentes. Sí obliga a preguntarse por la coherencia de nuestros criterios de inclusión política. Si la residencia y la sujeción estable al poder público proporcionan una razón para limitar o modular el voto exterior, también proporcionan una razón para favorecer la incorporación política de quienes residen de manera estable en España. Esto podría hacerse ampliando determinados derechos electorales a los residentes no nacionales después de cierto tiempo o, alternativamente, facilitando su acceso a la nacionalidad.

El contraste es especialmente llamativo porque el ordenamiento español exige, como regla general, diez años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud para que un extranjero pueda acceder a la nacionalidad, además de buena conducta cívica y un grado suficiente de integración. Al mismo tiempo, puede reconocer la nacionalidad —y con ella el derecho de voto en elecciones generales— a descendientes de españoles que nunca han residido en España. No se trata de negar la legitimidad de ninguno de estos vínculos, sino de preguntarse por qué el ordenamiento atribuye tanto peso político a la ascendencia y, comparativamente, tan poco a una residencia prolongada y efectiva.

Desde la teoría democrática, por tanto, la cuestión no debería formularse como una oposición entre “españoles auténticos” y españoles con vínculos más débiles. Tampoco tendría sentido convertir la ley de nietos en objeto de sospecha. La pregunta interesante es más general: ¿qué debe contar para formar parte del demos? Si entendemos que basta la nacionalidad, aunque nunca haya habido residencia, tendremos que explicar por qué atribuimos tan poco valor político a muchos años de residencia sin nacionalidad. Si consideramos relevante vivir bajo las mismas instituciones y compartir sus consecuencias, tendremos que discutir simultáneamente tanto los límites del voto exterior como las vías de inclusión de los extranjeros residentes.

Hasta aquí llega la teoría democrática. A partir de aquí comienza una cuestión distinta: la del Estado de Derecho. Incluso si considerásemos democráticamente aconsejable exigir algún vínculo residencial para determinadas formas de sufragio exterior, esa conclusión no podría traducirse sin más en una restricción aplicada administrativamente. Las condiciones de ejercicio del derecho de voto deben establecerse mediante normas generales y respetando las garantías constitucionales.

Esto conduce a una segunda distinción esencial: no es lo mismo preguntarse qué regulación sería democráticamente más adecuada que determinar quién tiene competencia para adoptarla. La primera pregunta admite discusión política y teórica. La segunda está regulada por la Constitución. La eventual modificación de las condiciones del sufragio exterior corresponde primariamente al legislador, y no a ninguna norma de rango inferior que suplante o altere la voluntad del mismo. Y serían posteriormente los tribunales —en último término, el Tribunal Constitucional— quienes tendrían que determinar si una regulación que introdujera criterios como residencia previa, tiempo de ausencia o conexión efectiva resulta compatible con los derechos políticos constitucionalmente protegidos. Lo que los tribunales no deberían hacer es sustituir esa deliberación legislativa por su propia concepción de quién merece formar parte del electorado. Lo que están obligados a hacer es a controlar la legalidad de la actuación de los poderes públicos y el principio de reserva de ley.

La “ley de nietos” ha hecho visible una transformación mucho más amplia. Nacionalidad, residencia e integración política han dejado de coincidir fácilmente en sociedades marcadas por la emigración, la inmigración y la doble ciudadanía. El verdadero debate no consiste en cuestionar la españolidad de quienes han recuperado legítimamente la nacionalidad de sus antepasados. Consiste en preguntarnos qué relación queremos establecer entre pertenecer jurídicamente a España, vivir bajo sus instituciones y participar en el poder que las gobierna.

Los síntomas del declive están dondequiera que mires. El domingo, la extrema derecha alemana ganó otra elección estatal, obteniendo casi el 40% de los votos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Francia está preparando un apretón fiscal de 54.000 millones de euros, que podría ser un clavo más en un modelo social europeo que se hunde. En la Asamblea General de la ONU, Donald Trump amenazó una vez más con “aniquilar” a Irán, a pesar de que la cuarta guerra occidental fallida contra una nación musulmana en este siglo ha agregado más de 100 mil millones de dólares a las facturas de combustible de los Estados Unidos.

Hay poca discrepancia sobre los síntomas. La gran lucha de nuestra época es por el diagnóstico, y la derecha lo ha estado ganando durante años. Su historia es simple y, como subrayan las últimas elecciones estatales alemanas, efectiva: Occidente está muriendo a causa de los migrantes, los musulmanes, las personas trans, los “woke” y el “Estado profundo”. Así que cuando les dije a mis amigos que estaba escribiendo un libro llamado 'La caída de Occidente: cómo realmente lo perdieron', les preocupaba que me hubiera transmutado en Liz Truss, quien, después de haber durado menos en el cargo que una lechuga, produjo 'Diez años para salvar a Occidente'.

Mi diagnóstico es bastante diferente. Occidente está en declive porque después de la Guerra Fría, sus élites declararon una victoria de la que nunca se han recuperado. Proclamaron, como un futuro inevitable, un modelo económico que canalizaba la riqueza hacia arriba, mientras daban a un ejército aparentemente invencible libertad para remodelar el mundo musulmán. Ambas convicciones eran terriblemente convenientes para quienes se beneficiaban de ellas. El resultado ha sido catastrófico: una economía que ya no ofrece avances sostenidos en los niveles de vida o los servicios públicos, y las intervenciones militares occidentales humilladas en Kabul, Bagdad, Trípoli y ahora en el estrecho de Ormuz.

En el extranjero, las pretensiones de superioridad moral de Occidente han sido incineradas, sobre todo por el genocidio del pueblo palestino en Gaza por parte de Israel. En el país, la desilusión y la desesperación generadas por estos desastres superpuestos han alimentado el surgimiento de la extrema derecha, amenazando a la democracia misma.

Lo que me impresionó al investigar para mi libro fue la frecuencia con la que la gente había visto lo que venía y la poca diferencia que habían hecho sus advertencias.

En la primavera de 1994, uno de los funcionarios más veteranos de la Embajada de Estados Unidos en Moscú envió a Washington un largo cable discrepante. Su argumento era lo suficientemente claro como para convertir a su autor en un marginado dentro del establishment de la política exterior.

Wayne Merry no es precisamente un radical. Creció en un asentamiento de trigales en Oklahoma llamado —no es broma— Kremlin, y admiraba al entonces presidente ruso, Boris Yeltsin. Pero había pasado dos años presenciando la “terapia de choque” —la conversión de una economía planificada en un casino— impuesta a los restos de la economía soviética por Washington, los economistas de Harvard y el FMI. Merry había empezado a llenar sus bolsillos con dinero en efectivo para ayudar a las ancianas que mendigaban en las calles, “porque”, me dijo, “se estaban muriendo de hambre”.

Rusia estaba gobernada por occidentalistas, pero el cable de Merry advirtió que “las fuerzas democráticas en Rusia están en serios problemas” y que “no hay razón para creer que la economía rusa sea capaz de una rápida reforma del mercado”. Si Estados Unidos eligiera “el papel de misionero económico en vez del de verdadero socio”, predijo, fortalecería a los extremistas y reviviría una “relación adversa entre Rusia y Occidente”.

Como me dijo Merry: “Estamos destruyendo los niveles de vida de la clase trabajadora y luego esperando que la gente vote por nosotros”. La respuesta de Washington fue hacerlo persona non grata. El cable permaneció clasificado durante tres décadas, y se abrió silenciosamente solo a finales de 2024. Para entonces, un estudio estimó que hubo 12,2 millones de muertes en exceso en Rusia durante la transición. Mientras tanto, el hombre fuerte que se levantó de los restos de la URSS llevaba casi tres años de su invasión asesina a gran escala de Ucrania.

Los hombres que ignoraban a Merry no se cortaban acerca de sus suposiciones. Rusia tuvo que avanzar hacia “nuestra forma de hacer las cosas”, dijo Strobe Talbott, el principal asesor de Rusia del presidente Bill Clinton. Si eso sonaba como “una confirmación desagradable de nuestra doctrina del excepcionalismo”, la respuesta era simple: “Bueno, así somos nosotros, somos Estados Unidos. Somos excepcionales”.

Este fue el problema estructural básico del orden posterior a la Guerra Fría. Nunca se ha ido. Por fuerte que fuera la evidencia detrás de una advertencia, cuando chocaba con los intereses del poder occidental, la advertencia era desoída.

Pasé dos años viajando de Bagdad a Pittsburgh, y de Nairobi a Ramallah, para el libro, y la experiencia de Merry resultó ser menos la excepción que la regla. En una entrevista en 2005, el enviado estadounidense Edmund McWilliams dijo que había advertido en 1988 que la política afgana de Washington estaba “yendo muy, muy mal”, ya que el armamento estadounidense fluía hacia los fundamentalistas islamistas. Pero el objetivo primordial era derrotar a la Unión Soviética. McWilliams dijo que fue aislado, tachado de enfermo mental, alcohólico y gay, y reasignado a otras funciones. Los propios analistas de la CIA habían advertido en 1987 que un régimen islamista victorioso podría heredar una “montaña de armas” y usarlas para armar o entrenar a guerrilleros islamistas en otros lugares. Las armas seguían fluyendo.

El mismo triunfalismo se afianzó en casa. Las economías occidentales no estaban privadas de riqueza: estaban cada vez más organizadas para extraerla que para invertirla. Como me dijo la economista Mariana Mazzucato, en este momento el 80% de las finanzas británicas retornan a las finanzas, los seguros y los bienes raíces. Las economías occidentales se han vuelto cada vez más buenas para recompensar la propiedad, pero cada vez más malas para construir los cimientos productivos de los que depende la prosperidad.

A principios de 2007, un director ejecutivo del Banco Mundial le dijo a su amigo, el economista Ha-Joon Chang, que se avecinaba una gran crisis. Su evidencia era su limpiadora, de quien sospechaba que era indocumentada: tenía una hipoteca de 300.000 dólares. Los salarios estancados habían sido cubiertos con crédito barato —“déjalos comer crédito”, como resumió un economista el modelo— y el esquema estaba a punto de desgarrarse. Cuando lo hizo, el colapso debería haber terminado con este modelo económico fallido. En cambio, la gente común se vio obligada a pagar para salvarlo, a través de una provisión social cobrada a los triturados contribuyentes.

Dónde podría conducir esta caída caótica es aterrador. El genocidio de Israel ha normalizado la depravación ilimitada. El trumpismo ha dado un nuevo propósito a la retórica y las instituciones de la “guerra contra el terror”, utilizada ahora para atacar la disidencia interna. El autoritarismo y la barbarie son futuros totalmente plausibles.

Hay otra posibilidad: que la izquierda presente un caso diferente. Que fue la búsqueda interminable y sin control de riqueza y poder por parte de las élites occidentales, en el país y en el extranjero, lo que nos trajo aquí, y que la tarea es reconstruir lo que Margaret Thatcher trató de destruir —la sociedad—, invirtiendo la riqueza que producimos colectivamente. O, como me dijo el hombre que escribió ese cable enterrado: para de destruir el nivel de vida de las personas y esperar luego que voten por ti.

Un periodista contaba en Onda Cero que Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, los buitres que han desahuciado a Mari Carmen, estaban devastados porque creían que su empresa iría a la quiebra por la mancha de reputación. Estaban asustados porque no paraban de recibir correos y llamadas que le tenían la centralita colapsada y que hasta recibió en la sede de la empresa el obsequio de una caja de animales vivos que incluía cientos de cucarachas. Al fin y al cabo no solo de Maricármenes se alimentan los buitres e igual necesitan más proteína.

Gente a la que quiero mucho y que se encuentra de baja médica se ha dedicado estos días a llamar todo el tiempo a la empresa de los dos buitres desde la cama, a inundarlos de correos, a darles por saco lo que le ha permitido su situación porque no podía a ir a manifestarse a su empresa. No son bots, son gente indignada que ha realizado un ejercicio de activismo para demostrar que somos muchos los que estamos dispuestos a hacerles sudar sangre a quienes crean que pueden hacer lo que quieren, destruir la vida de la gente humilde y continuar con sus negocios de mierda sin que les genere ningún coste.

Los dos empresarios, los dos buitres, tuvieron miedo, solo un poco del que han hecho pasar estos años a Mari Carmen y lanzaron un comunicado para decir que igual ahora sí dejaban que se quede a vivir en esa casa con un alquiler normal. Es tarde. Ya sabemos lo que pretenden cuando el miedo los ha acongojado, cuando se ha empezado a hablar de expropiarles el inmueble. Se creían que esta iba a ser otra vez más de esas que suceden con normalidad en la que podían humillar y machacar a una pobre mujer indefensa dejándole sin su techo. Se pensaban que era rutina, que mandarían a la policía a dar hostias, que le dejarían en la calle con los recuerdos de los últimos 70 años y su cuerpo maltrecho en una silla de ruedas y que podrían seguir con su miserable negocio esperando sacar beneficio del inmueble y seguir buscando otra vivienda con algún inquilino muerto de hambre dentro para comprarlo más barato, cambiarle las condiciones el alquiler de manera unilateral, joderle la vida y así seguir girando la rueda de los beneficios a costa de la vida de la clase trabajadora. Pero esta vez no, esta vez nos ha encontrado organizados, valientes y con la rabia enquistada entre los dientes.

El Sindicato de Inquilinas tiene la capacidad de canalizar el miedo, la frustración, el odio y la incertidumbre hacia la acción política y la autodefensa. La mayoría de gente que está a punto de perder su vivienda llama a esa puerta desesperada por encontrar alguna salida colectiva a su infierno individual. Y el sindicato se lo proporciona y cada vez tiene más fuerza. Ahora hay muchos rentistas, desalmados, propietarios, grandes o pequeños, que saben que como se les ponga en frente esa masa colectiva que es el inquilinato organizado tiene que tener mucho miedo porque van a poner su cuerpo, van a tener un ejército de hormigas tocacojones y van a señalarlos en sus propias casas y empresas.

Mari Carmen nos ha enseñado que funciona la presión social. Que si conocemos el nombre de los buitres que se esconden tras un fondo, sicav, pyme o su puta madre con siglas, vamos a organizarnos para señalarlos, presionarlos y hacerles la vida igual de jodida que ellos se la quieren hacer a quienes pueden perder sus casas. Vamos a enseñar vuestros nombres, vuestras caras, vamos a seguiros allá donde tengáis la empresa, os vais a quedar sin ese anonimato que os protege del mismo modo que hacéis que toda España vea la intimidad desnuda de personas como Maricarmen. Os lo vais a tener que pensar dos veces antes de poneros enfrente del hartazgo de aquellas personas a las que despojáis de todo.

Ser unos buitres no os va a salir a cuenta, ser un canalla no va a valer la pena y antes de que invirtáis para comprar una casa con un inquilino dentro tendréis que meter en la cuenta de resultados lo que os va a costar limpiar las oficinas de cucarachas y el precio para el abogado que vais a usar para perseguir a los miles de ciudadanos que vais a tener detrás haciéndoos entender que cuando tocáis a uno tocáis a todos. Ya que la clase política no es capaz de dar solución a las exigencias de quienes pueden perderlo todo vamos a hacer que esas empresas que quieren ganar dinero con la miseria ajena tengan que valorar si es conveniente tocar a otra Maricarmen, porque igual es el último negocio que hacen.

Era una historia de Ken Loach, protagonizada por alguien pequeño e indefenso golpeado en los huesos por el sistema: porque el porcentaje de discapacidad se quedaba corto, la fecha del contrato no entraba en el plazo correcto y, sobre todo, los buitres habían decidido ensañarse. Los personajes de Loach son maltratados hasta la extenuación por gente sin cara. El agotamiento dio con Maricarmen en el hospital. Confieso que estaba convencida de que no ocurriría. Pensé que a la jueza se le ablandaría el corazón, o que las instituciones presionarían. Pero no. Acabó mal, como las películas de Ken Loach.

Para los políticos hay un momento arriesgado: cuando la realidad entra en escena por la fuerza. Los partidos se esfuerzan en imponer en la agenda los temas más convenientes y el marco de discusión más favorable. El desahucio de Maricarmen es la realidad haciendo saltar por los aires todo cálculo narrativo. 

Hace más de 15 años, cuando el 15M ocupó las plazas, el debate sobre la vivienda se centraba en los desahucios. Poco después vimos cómo se forzaba la narrativa de la okupación para hablar de vivienda. Había mucho interés político y mediático en convencernos de que el gran problema era ese. Faltaban los hechos: 25.000 desahucios anuales, frente a 15.000 denuncias de ocupación. Con una gran diferencia: los desahucios son el eslabón más violento del problema de los precios de la vivienda, que condiciona a millones de personas. También fue una gran oportunidad de negocio para las aseguradoras y los vendedores de alarmas.

La realidad de los desahucios ha regresado, pero no seguimos en el mismo sitio, sino en uno peor: hemos dado muchas vueltas, hemos perdido 15 años y mucha gente está sufriendo. Que se vea esta realidad incomoda a muchos, porque da igual que uno sea izquierdista o de derechas: los desahucios, sobre todo de gente vulnerable, nos avergüenzan. No constituyen un modelo conservador de sociedad, sino un modelo cruel, con el que casi nadie se identifica. 

En las encuestas del CIS, la vivienda figura como problema grave, primero o segundo, incluso entre quienes se ubican en el 6 y el 7 ideológico, es decir, derecha y centro-derecha. La única manera en que los dirigentes del PP o Junts pueden contrariar a sus votantes es reenmarcando el problema de la vivienda: por eso hablan de okupas e inquiokupas.

Maricarmen acabó en una escena de Ken Loach, saliendo de su casa en camilla, y el país entero se conmocionó. En su rostro cristalizó la pregunta que aún nos estamos haciendo todos: ¿vivimos en un país donde, legalmente -y esta legalidad es lo más siniestro-, se protege más la inversión de dos señores que a una señora de 87 años con un 50% de discapacidad? 

Salvo gente como Ayuso y Milei, casi nadie quiere vivir en un país así. Pero esa es la realidad que ha quedado al descubierto esta semana: no queremos vivir en un país que protege más una inversión que a nuestra abuela. Y eso multiplica la presión sobre todos los partidos para alcanzar un acuerdo. El PSOE y Sumar se sienten urgidos a aprobar un decreto ley el próximo martes y, en las semanas siguientes, el resto de los partidos tendrán que pronunciarse. 

El mismo día del desahucio de Maricarmen, la prensa preguntó a Alberto Núñez Feijóo sobre ello: “Vengo a otra cosa”, dijo. Lo malo con Feijóo es que no sabemos bien a qué ha venido. Con Ayuso no hay duda: vino a continuar dando guiones a Ken Loach mediante la operación en la que lleva más de una década el PP de Madrid. Vendieron casi 5.000 viviendas públicas a fondos buitre en 2012 y 2013. El efecto llamada fue inmediato: desde entonces en el cielo de Madrid sobrevuelan gentes sin rostro que no nos ven como una ciudad con personas dentro, sino como un recurso a explotar.

Somos un país que avanza cuando los medios humanizan un problema complejo. Ocurrió con el asesinato de Ana Orantes en 1997. Su muerte obligó a mirar una realidad violenta que el juez había ordenado legalmente. Espero que la desgracia de Maricarmen surta el mismo efecto. Y esto vale para el Gobierno progresista: si ha venido a algo es a solucionar este problema. 

La historia va de un matrimonio formado por una mujer con vicios de escritora y un policía que tortura para Pinochet. Viven en un casoplón al norte del Mapocho o así. Y tras la fachada de la impunidad, la historia sigue con la esposa recibiendo en su salón a grupos de literatos, hombres y mujeres que cenan, beben, y bla bla bla acerca de Faulkner, Hemingway y toda la pandilla. 

Una noche, en una de aquellas reuniones, uno de los invitados, borracho como de costumbre y empuñando su vaso con la vejiga a punto para el melón, pide permiso y se levanta del sofá. Evita dar detalles fisiológicos innecesarios para decir que necesita aliviarse y baja las escaleras de camino al servicio. Pero se despista; la castaña que lleva no le permite orientarse. Busca un mingitorio y, al final de un pasillo, va y empuja una puerta donde le ha parecido escuchar ruido. Tras ella, un hombre amordazado sobre una silla se desmadeja como un muñeco de trapo. Todo a su alrededor está cubierto de sangre. Como ya ha sido suficiente, y no quiere seguir mirando, el invitado cierra la puerta. Plam. Un lunar de orina se va extendiendo alrededor de la bragueta mientras una ola de ebriedad empuja su visión al olvido. 

Pero en cada resaca, vuelve otra vez a encontrarse con aquel hombre de la habitación, roto, con señales de tortura; una marioneta a la que han cortado los hilos. Julio Iglesias suena en el tocadiscos y alguien alcanza un libro de Marcel Proust: A la recherche, encuadernado en piel de chivo. Pasados los meses y bla bla bla, pongamos los años, la anfitriona de aquellas fiestas gana un premio literario, y su invitado, el beodo que ha tenido la visión, no olvida aquella noche en la que caminó perdido, como un sonámbulo, por un pasillo secreto de la dictadura pinochetista; un pasillo abierto al horror bajo un salón literario de postín. ¿Quiere té con leche para mojar su magdalena o prefiere un güisqui doble? 

Decía que, tras el impacto visual, rara es la noche que consigue conciliar el sueño. Cada vez que se levanta a orinar y vuelve a su cama, se encuentra que ha sido ocupada por el fantasma de aquel hombre; la marioneta a la que amputaron sus hilos. Esa es la historia de la literatura chilena, viene a decir Roberto Bolaño en un artículo polémico que, con el tiempo, formará parte de su corpus literario en forma de novela: Nocturno de Chile.

Leo las entrevistas a Bolaño recopiladas por Alfaguara bajo el título Notas para una autobiografía y me encuentro con el Bolaño que me gusta, el que escupe al cielo y escribe al compás de Lou Reed, Jim Morrison o Patti Smith, la misma que ha sido recibida por el Papa Santo de Roma. No sé qué pensaría Roberto Bolaño de todo esto si anduviera por aquí, sobre todo en lo referente a la Patti en el Vaticano. Cuando los mitos caen, es que no han sabido morirse a tiempo. Por eso mismo Bolaño vive.  

Bolaño murió para ser llevado a los altares de las estanterías donde hoy coincide su libro de entrevistas con una biografía minuciosa, escrita con pulso y sin dejar detalle. Se trata de La sombra de los perros románticos. La firma Jose Serralvo y publica Navona. Pero también coincide con ese otro libro titulado Letras torcidas, publicado por Debate y escrito por Juan Cristóbal Peña, periodista chileno que nos cuenta la historia del horror encuadernado en piel humana. Lo hace dando nombres y apellidos, pues la mujer con vicios de escritora es Mariana Callejas y su marido, el que tortura para Pinochet, se llama Michael Townley, un americano de sangre fría y ojos de reptil. Es un libro que abre el debate acerca del compromiso. Porque la gente que nos dedicamos a esto estamos comprometidos, lo queramos o no, con la realidad política del momento. Y quien no se comprometa, hace el juego sucio al poder real, me refiero al Capital; el verdadero poder que mueve los hilos de los gobiernos. Cosas que Bolaño sabía.

Morris Katz es un joven ¿iracundo? que lleva varios años en comunicación política y piensa esto: “La gente no se traga la idea de que Donald Trump sea el enemigo por excelencia, y no les falta razón. Los demócratas ocuparon la Casa Blanca durante doce de los últimos dieciséis años, tuvieron mayoría en ambas cámaras durante varios períodos de ese tiempo y, en realidad, no hicieron gran cosa para transformar de manera fundamental la vida de la gente. Así que, si nos limitamos a fingir que Donald Trump surgió de la nada y no es un síntoma de un fracaso más amplio del que ambos partidos son responsables, eso carece de credibilidad. Es el resultado de un Partido Demócrata que no estaba dispuesto a enfrentarse a los villanos”.

Esta es una reflexión que comparte con Zohran Mamdani, un desconocido joven musulmán natural de Uganda, a quien llevó a la alcaldía de Nueva York. No es poco. Tampoco lo son los enemigos en el propio bando. Es tal su radicalidad hacia la vieja guardia (a los que cataloga de farsantes, corruptos y, moderando el tono, burócratas) que el New York Times sugiere que Holden Caulfield, el adolescente inconformista de El guardián entre el centeno se sonrojaría si le escuchara.

Cuando comenzó, por cierto, no era mucho mayor que Holden con apenas veinte años, al punto de subirse, por sugerencia de su entorno, dos años la edad creyendo que aparentaría mayor madurez. Solo después del triunfo de Mamdani comenzó a decir que tenía 26 y no 28 años. La revista francesa Revue21, más amable, le llama –una exageración gala– el pequeño Mozart de la comunicación política estadounidense, y lo cierto es que no son menores sus logros. 

Una mirada rápida hace pensar que detrás de Mamdani hay un trabajo inteligente en los ejes estratégicos de la campaña y un uso virtuoso de las redes. Es verdad pero con detalles que convierten en vanguardia el trabajo de Katz. Por un lado, la base de la estrategia consistió en hacer foco solo en tres necesidades claves en la vida cotidiana de los vecinos de Nueva York: transporte público gratuito, vivienda accesible y guarderías para los niños desde las seis semanas de edad. No solo en la proclama: expuso la solución y señaló a los culpables de todas las carencias (los de su mismo bando: no es fácil el magisterio). Ahora hay que cumplir el plan pero no parece ir mal encaminado. 

La segunda parte es también notable. Katz se propuso que el candidato estuviera en la calle las 24 horas de los siete días de la semana junto a la gente y en el escenario de las dificultades. Toda esta dinámica se cubrió con miles de vídeos en TikTok que se reproducían en nuevas versiones que elaboraban los seguidores contagiados por una creatividad simpática y cercana. Todo esto es interesante pero conocido. El efecto Katz consiste en convertir TikTok en un espejo del trabajo de Mamdani en la base. No eran simples vídeos de propaganda, era una transmisión continua del trabajo real del candidato en acción con la gente, en una parada de autobús, en una guardería o en el supermercado. Esta es la novedad. Curiosamente, tiene una raíz en el pasado, un regreso a lo básico. Era lo que hacía treinta años atrás la CNN: “está pasando, lo estás viendo”. Ahora en el móvil. 

Hace unos días, el fenómeno se produjo en Berlín. En medio de la ola ultraderechista alemana, la candidata de la agrupación de izquierda Die Linke, pinchó el huevo de la serpiente. Elif Eralp, una abogada laboralista e hija de inmigrantes turcos, consiguió la victoria en las elecciones municipales creciendo desde un tímido 6% que le asignaban las encuestas hace un año hasta el 25,7% de los sufragios que le dieron el triunfo. 

La derecha y los ultras pusieron el eje en la seguridad y la inmigración. Elif Eralp solo habló de un tema que tiene a Berlín (París, Barcelona, Roma..., y Madrid, la ciudad con un solo ático libre y ningún piso asequible) en carne viva. ¿Cuál es la promesa? Simple. Cumplir con el mandato de un referéndum que obtuvo más de la mitad de los votos en 2021: socializar, mediante indemnización unos 250.000 pisos en manos de grandes inmobiliarias. Al igual que en Nueva York, se reclutó a un ejército de voluntarios y la campaña usó las pantallas para reproducir el pulso de la candidata con la calle. 

James Carville es conocido por ser el consultor que escribió para Bill Clinton la frase clave de la campaña: “Es la economía, estúpido”. Karl Rove, el asesor de George W. Bush, puso en boca del presidente el concepto “conservadurismo compasivo” para disimular la asimétrica economía republicana y Alastair Campbell, el spin doctor de Tony Blair, salvó de la hoguera a Buckingham cuando bautizó a Diana Spencer como “la princesa del pueblo”. Morris Katz, a todas luces, no tiene menos talento que sus colegas pero para fulgir junto a ellos deberá llevar a un candidato a la Casa Blanca, o, quizás, una presidenta: Alexandria Ocasio-Cortez.

De todos modos, la distancia que guarda Katz con todos sus precedentes es la misma que le acerca a Steve Bannon. A pesar de las abismales diferencias ideológicas, ambos son militantes y comparten un modo de operar: el populismo. Si bien Katz se apresura a despreciar las ideas de Bannon, reconoce su enfrentamiento con algunos poderes oligárquicos y la confrontación con los medios de comunicación. El contraste que ve Katz en el modelo que bocetaron Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (Bannon se reconoce lector de la pensadora belga) es que el trumpismo dejó en suspenso la transformación social; no tenían, argumenta, ningún plan para mejorar la vida de la gente; simplemente se enriquecieron. 

Morris Katz tiene desde hace un par de años una agencia de comunicación: Fight, literalmente lucha, pelea o combate. No lleva a equívocos. Si bien ha tenido un par de tropiezos con la elección errónea de un candidato y la escaramuza de otro, ganador, que se pasó al bando republicano, la agencia ha ganado más de trescientas elecciones en Estados Unidos y no solo ha salido del país para asistir a los berlineses, también está en contacto con algunos laboristas del Reino Unido y, en Bruselas, mantiene relaciones con la Alianza de la Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA, por sus siglas en inglés) que agrupa a partidos de diferentes países. Katz cree en un modo de trabajo global ya que en todas partes, opina, los problemas son similares pero lo que se desconecta es el lenguaje político y, asegura, “hay que contar una historia que explique por qué existen esas dificultades y quién es el responsable”.

En un podcast de The Nation explica con un claro ejemplo la deriva del lenguaje político. Cuenta que asistió a un concierto de Lady Gaga en una antigua acería abandonada en Carrie Furnace, cerca de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, para un mitin a favor del derecho al aborto. ¿Cómo es posible, se pregunta, que los demócratas se reunieran precisamente en una acería que había dado trabajo a decenas de miles de personas pero había quedado devastada por los acuerdos comerciales que ellos mismos habían impulsado, y no en otro sitio, cuando en ese lugar tocaba afrontar una cuestión obvia?

Cortázar escribió en su libro de los cronopios las instrucciones para subir una escalera. En la descripción de lo evidente radica el valor de ese texto. Durante un tiempo la consigna de la izquierda fue asaltar el cielo sin darse cuenta de que lo necesario es subir a un piso, da igual el tamaño, solo tiene que ser una vivienda. Eso es todo. 

El martes pasado, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso votó una proposición no de ley (PNL) que instaba al Gobierno a iniciar el camino hacia la adhesión de España al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), justo en la misma semana en la que se celebra el día para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Si bien la PNL no prosperó, fue un avance en la conversación que, desde la sociedad civil, vemos con buenos ojos. 

Conviene desmontar primero el argumento principal en contra, porque es falso. Se repite que firmar el TPAN es incompatible con la pertenencia a la OTAN. Sin embargo, el Tratado del Atlántico Norte no menciona las armas nucleares ni una sola vez. La disuasión nuclear figura como política debido a un Concepto Estratégico introducido en 2010 por Estados Unidos, pero este es un documento político que no crea ninguna obligación jurídica. De firmar el TPAN, España mantendría intactos todos sus compromisos reales de defensa colectiva, tropas, misiones, gasto y mando integrado, con una posición propia, como país soberano, frente al armamento nuclear. No es teoría: Nueva Zelanda se declaró territorio libre de armas nucleares, apoya el TPAN y sigue siendo aliado militar de Estados Unidos, lo que demuestra que las alianzas sobreviven a las discrepancias doctrinales.

Esto sería lo coherente para España, que ya ha rechazado estas armas una y otra vez. El referéndum de 1986 para pertenecer a la OTAN incorporó el rechazo a la instalación, el tránsito y el uso en el territorio español. Y el Código Penal las prohíbe desde 2015 como armas de destrucción masiva. Más aún, los resultados de la última encuesta de ICAN sobre la materia muestran que una abrumadora mayoría del pueblo español, el 80%, apoya la firma del TPAN. No sería un salto al vacío, sino formalizar ante el mundo lo que ya es ley interna y voluntad popular.

Sería, también, cumplir una promesa. En 2018, en el marco de las negociaciones de presupuesto con su socio de gobierno, Pedro Sánchez afirmó públicamente que España firmaría el tratado. Y este año, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, fue más lejos que ningún otro líder de la OTAN al criticar duramente la disuasión nuclear. La rechazó por cara (se gastaron 119.000 millones de dólares en 2025 solo en armas nucleares) y arriesgada (de lo que sabemos públicamente, en seis ocasiones el mundo ha estado a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidente). Y dijo que una estrategia que requiere cero errores y una constante corrección “no es una garantía; es una ruleta”, cuestionando no solo las armas nucleares, sino la estrategia que las justifica. Es la coherencia que ya mostró al negar las bases de Rota y Morón para una guerra ilegal y al apoyar a Palestina. Falta el paso que convierta la retórica en política de Estado.

Ahora bien, la urgencia no es retórica, es real. Desde enero de 2026, las agujas del Reloj del Apocalipsis (el instrumento didáctico creado por el Boletín de Científicos Atómicos en 1947 para comunicar anualmente el riesgo de una guerra nuclear) están a 85 segundos de la medianoche, su punto más crítico en la historia. Este riesgo, según explica el Boletín, se debe al debilitamiento del orden mundial, al efecto de la crisis climática sobre la geopolítica y a la influencia de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, que incrementan el peligro de forma acelerada. Una guerra nuclear a gran escala sería una catástrofe existencial que aniquilaría a miles de millones de personas y acabaría con la civilización. En cuestión de minutos.

Al inicio de la era nuclear se nos vendió la idea de que las armas nucleares traerían paz, seguridad y estabilidad. La “Pax Atomica”. Y lo que ha ocurrido es lo contrario. Para entender esto, basta con ver quién está atacando a quién: Rusia invade Ucrania; Israel y EE. UU. atacan a Irán; India y Pakistán están enfrascados en un ciclo bélico interminable. Lejos de traer la paz, las armas nucleares han envenenado las relaciones entre los países, debilitado el orden internacional y envalentonado actos de agresión bajo un paraguas de impunidad.

La existencia de las armas nucleares no responde a la seguridad, sino a la necesidad de proyectar poder. Su principal justificación, la disuasión nuclear, es insostenible. La disuasión es un mecanismo psicológico que depende de la percepción, la interpretación y, en última instancia, la cordura del adversario. No hablamos de un mecanismo infalible, sino de uno falible y frágil, condenado a fallar tarde o temprano. Los detractores del TPAN hablan de tener expectativas “realistas”, pero lo verdaderamente irreal es apostar la supervivencia de la humanidad a que todos los líderes del mundo serán racionales para siempre y jamás cometerán un error. Esa lógica es, como señaló Pedro Sánchez, una auténtica ruleta. La verdadera seguridad es colectiva: exige un orden internacional robusto y un multilateralismo funcional, basado en la confianza y no en la intimidación.

Frente a esa ruleta, existe una salida jurídica y concreta: el TPAN, que, entre firmas y ratificaciones, ya suma el apoyo de 101 países. Aliados de la OTAN como Alemania, Noruega, Bélgica y Países Bajos han asistido como observadores a las reuniones de los Estados partes del TPAN. Pero España aún no lo ha hecho.

El apoyo crece. Ya son 132 los municipios españoles adheridos al ICAN Cities Appeal, la iniciativa municipal de apoyo al tratado, y 65 las entidades que se han unido a la Alianza por el Desarme Nuclear. Firmar el TPAN es un ejercicio de soberanía: el pueblo español decide por sí mismo que su seguridad no descanse en la amenaza de aniquilar poblaciones enteras ni en capacidades que no controla.

Si España da el paso, sería, en este momento, el primer país de la OTAN en sumarse al tratado. Esto tendría un efecto dominó importante en el debilitamiento del discurso que sostiene y legitima estas armas: caería el mito de la incompatibilidad y se debilitaría la disuasión nuclear como estrategia de seguridad. Deslegitimar estas armas, convertirlas en tabú, es el paso esencial para generar la voluntad política del desarme.

El desarme nuclear no solo es necesario, sino también posible, pero solo llegaremos a él si caminamos en esa dirección. Y urge que lo hagamos, porque esta historia terminará de una de dos maneras: o con el fin de las armas nucleares o con el nuestro. Depende de todos, pero especialmente de quienes están en el poder, determinar el desenlace.

España es hoy un país menos pobre y menos desigual que hace una década. Pero esa mejora convive con una paradoja difícil de ignorar: para muchas familias, llegar a fin de mes no parece haberse hecho más fácil. Parte de la explicación puede estar en algo que nuestras estadísticas de pobreza recogen de forma incompleta: cuánto cuesta tener un techo.

Dos hogares con la misma renta pueden tener capacidades económicas muy distintas. Uno puede vivir en una vivienda ya pagada; otro puede destinar cada mes una parte sustancial de sus ingresos al alquiler. En las estadísticas convencionales pueden parecer igual de acomodados. En su vida cotidiana, claramente no lo son.

La pobreza se ha medido tradicionalmente a través de la renta disponible. Es una medida útil, pero tiene una limitación clara: no informa de la capacidad económica que conserva un hogar después de afrontar un gasto prioritario, rígido y difícilmente ajustable a corto plazo como el de la vivienda. Cuando los costes residenciales son muy distintos, dos hogares con la misma renta pueden disponer de recursos muy diferentes para afrontar el resto de sus necesidades.

Desde hace décadas, la literatura sobre pobreza y bienestar viene advirtiendo de este problema. Lo relevante no es solo cuánto ingresa un hogar, sino también cuánto le queda después de afrontar determinados gastos difícilmente evitables, y la vivienda ocupa un lugar central entre ellos.

¿Qué ocurre entonces con la pobreza si tenemos en cuenta lo que queda de la renta después de pagar la vivienda? Esa es la pregunta que nos planteamos en un estudio reciente publicado por FEDEA (ver aquí), utilizando los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida entre 2014 y 2025.

Los resultados no cuestionan la mejora económica de los últimos años. La pobreza también disminuye cuando incorporamos la vivienda al análisis. Lo que cambia es el diagnóstico: el nivel es mayor y, sobre todo, cambia quién aparece como vulnerable.

No podemos entender este fenómeno sin observar cómo ha cambiado la forma en que los hogares acceden a la vivienda. España sigue siendo un país mayoritariamente propietario, pero cada vez más personas dependen del alquiler.

En 2014, el 12,1% de la población vivía en alquiler de mercado; en 2025 lo hace ya el 17,4%. En apenas once años, este régimen ha incorporado 2,88 millones de personas, más que todo el crecimiento de la población española durante el mismo periodo.

Cada vez más españoles viven de alquiler

Ese desplazamiento importa porque no todos los regímenes de tenencia dejan el mismo margen en el presupuesto familiar. En 2025, el gasto residencial total mediano —incluyendo además de alquiler e intereses hipotecarios, los suministros, comunidad y reparaciones— de quienes viven de alquiler a precio de mercado ronda los 9.200 euros anuales. Entre los propietarios con hipoteca se sitúa en torno a 5.200 euros, mientras que entre los propietarios sin hipoteca apenas supera los 2.900 euros.

La forma de acceso a la vivienda se ha convertido así en un factor cada vez más relevante para entender cuántos recursos quedan en un hogar para afrontar el resto de necesidades. El alquiler de mercado es, además, el régimen con mayor presión presupuestaria: en 2025, la proporción de personas en situación de sobrecarga residencial alcanza el 26,8%, casi cuatro veces la media nacional.

La vivienda cambia la foto de la pobreza

Cuando incorporamos al análisis el coste de acceder a la vivienda, la foto cambia de forma significativa.

En 2025, la tasa de pobreza se sitúa en el 19,5% si solo tenemos en cuenta la renta disponible de los hogares. Pero, al descontar el coste de acceso a la vivienda —el alquiler o los intereses de la hipoteca—, asciende al 23,5%.

Lo importante es que la mejora observada durante la última década sigue existiendo. La pobreza convencional cae del 22,2% al 19,5% entre 2014 y 2025 y la medida que incorpora el coste de acceso a la vivienda también desciende, del 25,9% al 23,5%. La diferencia es que esta última se mantiene sistemáticamente en un nivel superior.

La magnitud exacta del efecto depende, naturalmente, de cómo se defina el umbral de pobreza. Si este se recalcula después de descontar la vivienda, la diferencia se reduce. Pero el resultado de fondo se mantiene bajo las distintas alternativas: incorporar los costes residenciales modifica de forma sustancial quién aparece como vulnerable y quién no.

Es al observar quién vive de alquiler y quién en propiedad cuando la dimensión del fenómeno se vuelve especialmente visible. Entre quienes viven de alquiler de mercado, la tasa de pobreza pasa del 32,8% al 49,9% una vez descontado el coste de la vivienda. Es decir, prácticamente la mitad de las personas que viven de alquiler de mercado queda por debajo del umbral después de pagarlo.

Pero la vivienda no solo incrementa el número de personas que quedan por debajo del umbral. También agrava la situación de quienes ya lo estaban. Entre los inquilinos de mercado, la profundidad de la pobreza prácticamente se duplica y las situaciones más severas aumentan con mucha mayor intensidad.

Dos millones de pobres que no aparecen en las estadísticas

La consecuencia más visible de incorporar la vivienda es que aparecen casi dos millones de personas que las estadísticas convencionales no identifican como pobres.

En 2025, 1,95 millones de personas están por encima del umbral si solo observamos su renta, pero caen por debajo de él una vez descontamos el coste de acceder a la vivienda. A este grupo lo denominamos “pobreza oculta”.

Y esta pobreza está extraordinariamente concentrada en el alquiler. Entre los inquilinos de mercado que inicialmente no son pobres, uno de cada cuatro cae por debajo del umbral después de afrontar el coste de la vivienda. Aunque representan menos de una quinta parte de la población, concentran casi tres cuartas partes de toda esta pobreza que permanece invisible cuando solo miramos los ingresos.

No se trata únicamente de personas que se sitúan unos pocos euros a uno u otro lado del umbral. Alrededor de 220.000 pasan directamente de no ser consideradas pobres a situarse por debajo del umbral de pobreza severa después de pagar la vivienda. Además, más de uno de cada cinco inquilinos de mercado que entra en esta “pobreza oculta” presenta también graves dificultades materiales para afrontar gastos básicos de la vida cotidiana.

Lo más llamativo es que este fenómeno apenas ha cambiado a lo largo de la última década. En 2014, esta pobreza oculta afectaba al 4,8% de las personas que no eran pobres según su renta. En 2025 afecta al 5,0%.

Mientras la pobreza general se reducía, esta vulnerabilidad asociada a la vivienda permanecía prácticamente intacta. La mejora de la renta de los últimos años no ha bastado para cerrar esa brecha.

¿Una medida más cercana a las dificultades reales?

La cuestión de fondo no es simplemente si incorporar la vivienda hace aumentar la cifra de pobreza, sino si permite identificar mejor a quienes realmente afrontan dificultades económicas, entendiendo por ello limitaciones en el día a día como retrasos en los pagos de las facturas, incapacidad de mantener una temperatura adecuada en casa o no poder irse de vacaciones...

Los resultados apuntan en esa dirección. La medición convencional identifica en 2025 al 46,7% de las personas que sufren carencia material y social severa. Cuando se descuentan los costes de alquiler e intereses hipotecarios, la cifra aumenta hasta el 56,9%; y cuando se incorporan, además, los gastos de suministro, comunidad y reparaciones, alcanza el 66,1%.

Entre los inquilinos de mercado, la diferencia es todavía más clara: la medición convencional identifica como pobres a menos de la mitad de quienes sufren carencia material y social severa, mientras que las métricas que incorporan la vivienda alcanzan a casi ocho de cada diez.

Esto es importante porque sugiere que no estamos simplemente construyendo una medida que produce una cifra de pobreza más alta. Estamos captando situaciones de dificultad económica que la renta disponible, por sí sola, identifica peor.

Medir mejor para entender mejor

Todo esto tiene implicaciones que van mucho más allá de cómo construimos una estadística. La forma en que medimos la pobreza condiciona también cómo identificamos dónde se concentra la necesidad económica.

Durante décadas, la renta ha sido la principal referencia para hacerlo. Y sigue siendo una herramienta fundamental. Pero nuestros resultados muestran que, en una sociedad donde cada vez más personas acceden a la vivienda a través del alquiler y donde los costes residenciales son muy diferentes según la forma de tenencia, mirar únicamente los ingresos puede ofrecer una imagen incompleta de las dificultades económicas que afrontan muchos hogares.

Cuando la vivienda absorbe una proporción elevada de los recursos disponibles, deja de ser un gasto más dentro del presupuesto familiar y pasa a convertirse en un factor determinante del bienestar.

Esto no significa que debamos dejar de mirar la renta. Significa que, para entender mejor quién dispone realmente de menos recursos, no basta con preguntarnos cuánto dinero entra en un hogar.

También importa cuánto queda después de pagar algo tan básico como tener un techo.

Uno de los mantras que más he escuchado acerca del desahucio de la señora Maricarmen es que la situación de su alquiler estaba “fuera de derecho”. No seguí el caso desde el principio, pero cuando estuve leyendo los pormenores de lo que había ocurrido en torno a su piso del barrio de Retiro pensé que, sí, seguramente y sobre el papel, el alquiler que la señora, recordemos, de ochenta y siete años, estaba pagando, no se ajustaba a derecho; cosa de la que, por otro lado, tampoco estoy seguro porque no soy jurista.

Como es evidente, tengo estómago, corazón y alma y, por más que Urbagestión, con la ley en la mano, pueda tener razón en que el piso es suyo y puede disponer de él como quieran, no me entra en la cabeza cómo alguien puede dormir tranquilo después de sacar en camilla a una señora de ochenta y siete años de la casa en la que ha vivido setenta; una casa a la que llegó a mediados de los años cincuenta con un contrato firmado por su padre y de la que se ha largado a mediados de los dos mil veinte con una sentencia firmada por una jueza. Entre ambas firmas cabe un país entero.

Menos todavía me entra en la cabeza los que lo aplauden desde fuera, los que defienden a capa y espada a los propietarios y, en último pero no menos miserable lugar, los que frivolizan con el drama de esta señora. Hay que elegir y ser coherentes: o “prioridad nacional” o “yo a esa vieja no la conozco”. Hay toda una cadena de desalmados, que empieza por quien solicita el desahucio, pasa por quien lo firma, quien se pone un uniforme de policía y lo ejecuta, y acaba con quien lo jalea en Twitter. Esa gente tiene un argumento, y ese argumento es la ley. La ley es la ley, dicen, con la satisfacción del que acaba de encontrar la frase que le ahorra todas las demás; es un argumento lapidario que aparece para cerrar la conversación, como un salvoconducto con el que uno puede atravesar un desahucio sin mancharse los zapatos y sin tener que preguntarse —porque pa' qué— qué va a ser de una señora con una pensión de 1.300 euros en el Madrid de hoy en día.

Porque, además, la ley permite desahuciar a Maricarmen, evidentemente. Lo que no hace la ley es obligar a desahuciarla, ni que haya que hacerlo pase lo que pase y caiga quien caiga; la ley solo abre una puerta, pero cruzarla o no es cosa de cada uno; en ese trecho que va de lo que se puede hacer a lo que uno decide hacer es donde cada cual se retrata. Porque no es lo mismo cumplir la ley a regañadientes y sabiendo que algo falla en el sistema, que presentarte voluntario para aplicarla o jalearla, con entusiasmo y violencia, a cada mínima ocasión.

Lo curioso es que, durante siete décadas, la ley ha estado de lado de Maricarmen, pero ahora los devotos de la legalidad, que además, por lo que sea, son todos de derechas, han estado calificando su contrato de renta antigua de chollo injusto; la ley se ha vuelto sagrada y perfecta el día en que empezó a jugar a favor del propietario. Pasa la misma cosa cuando la norma se inclina, aunque sea un poquito, hacia el lado de los que menos tienen: un tope —legal— a los precios del alquiler es intervencionismo; si un comité de la ONU cuyas resoluciones España se ha comprometido a atender pide que se suspenda un desahucio, es una injerencia o papel mojado; si se prorroga una moratoria para familias vulnerables, es un regalo a los okupas. En esos casos, da igual. La ley solo es la ley cuando jode a los de siempre.

Nos dejó petrificados, indignados, conmovidos. La dignidad de Mari Carmen, la anciana desahuciada a los 87 años del que ha sido su hogar durante casi toda su vida. Su padre le dijo que no se rindiera nunca. Y ella, a pesar de su dolor, contagiaba su fortaleza incluso sentada en una silla de ruedas dado que las piernas ya no la sostienen. Lo cierto es que el impacto de este desahucio ha movido voluntades como nunca, aquí y fuera. Medio mundo sabe lo ocurrido con ella, lo han contado las principales cabeceras internacionales y ha protestado hasta la relatora de la ONU que había pedido proteger a la anciana española y ha censurado a la jueza que ejecutó la orden de desalojo. Ha tenido tal efecto que los dueños de Urbagestión, dos primos leoneses, se retractaban y ofrecían este viernes al Ayuntamiento de Madrid el piso de Mari Carmen para que le implemente un alquiler social. Y tras haber rechazado incluso cobrar el abusivo total que pedían, facilitado por personas que fueron a parar el desahucio. El Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de Urbagestión para el piso de Maricarmen, porque dice no cumple los requisitos necesarios, pero se abre una mediación. Suena a hueca la oferta. Pero la bola ya ha salido y no va a ser fácil pararla porque contiene razones irrenunciables ya.

 Por ejemplo y no es en absoluto accesorio: un fallo grave de la operación ha sido permitir abusos como los ejecutados por la policía nacional contra los activistas que intentaban parar el desahucio, de gran violencia en algunos momentos. Hasta personas que pasaban por allí sufrieron un trato inadmisible. La delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una investigación, dice. Aquí hay un ministro que sobra, Grande Marlaska, también por acciones impropias de la policía en Ceuta. E igualmente Margarita Robles, por las palizas de militares a migrantes en la ciudad autónoma, acreditados en los videos que ha ofrecido en primicia elDiario.es.

Frente a todo eso, y movidos por el desahucio de Maricarmen, lo llamativo -y alentador- es que hay miles de jóvenes entre quienes le han mostrado su apoyo en las calles. No todos son, ni mucho menos, alevines de fascistas como gusta destacarse. Estos comprenden el problema de la vivienda porque también lo sufren, y afortunadamente parece que han encontrado en Mari Carmen un motivo para no rendirse. La empatía y la humanidad también cuentan y es reconfortante comprobarlo.

Hay una serie de puntos básicos en el marco general de la vivienda. España apostó siempre por situarla como un producto de mercado, sujeto a especulaciones, que como un bien social. A diferencia de otros países europeos, por cierto. También por la propiedad frente al alquiler, porque “alquilar es tirar el dinero”, se decía. Hasta que se ha ido imponiendo la codicia del lucro máximo, abierto a todo tipo de inversionistas, usureros y agiotistas y ya es inaccesible tanto comprar como alquilar. Al tiempo, convertían las ciudades, sobre todo el centro, en parques temáticos para turistas expulsando a los vecinos de toda la vida. Con el beneplácito o el dejar hacer de la política.

Tarea ardua revertir semejante dislate, con tanto dinero y poder detrás. Pero se impone hacerlo. Y existen ya quienes se han propuesto conseguirlo, tanto políticos como sus votantes. Nueva York ha apostado por ello eligiendo a Zohran Mamdani. Y Berlín, esa isla en medio de la propia Alemania. Siempre fue diferente también en esto.

Miguel Ángel García, corresponsal de TVE en Berlín entonces, elaboró una excelente información en el verano de 2011 ante la fuerte demanda de vivienda que se estaba dando en la capital alemana, incluso por parte de españoles. Elena Noman, de inmobiliaria Brickberlin, declaraba: “Por el precio de una plaza de garaje en una ciudad como Madrid o Barcelona de 30.000 ó 50.000 euros, te compras un apartamento en Berlín” y “por el precio de un piso bien ubicado en una zona buena de Madrid o Barcelona, aquí te compras un edificio completo”. Lo mostraba con un ejemplo gráfico: acababa de vender una vivienda de 50 m2 a un inversor español. Esa vivienda estaba ya alquilada por 550 euros al mes, aportando una rentabilidad anual bruta del 10%.

La candidata de Die Linke, la izquierda, Elif Eralp, acaba de ganar las elecciones en Berlín con las expropiaciones de vivienda a grandes tenedores inmobiliarios como bandera, habla de propietarios de más de 3.000 viviendas, que los hay. Por supuesto con indemnizaciones. El 80% de los berlineses viven de alquiler y también han padecido un brutal aumento de sus mensualidades.

Pues bien, el canciller Merz, el gran derrotado, el que está hundiendo a la conservadora CDU a niveles no conocidos por el partido, se ha revuelto como suele hacerlo el establishment y acelera una ley para detener las pretensiones de Die Linke. Los socialdemócratas alemanes están con él. El debate está siendo duro estos días, pero Die Linke afirma que “el Gobierno federal no logrará imponer la prohibición de las expropiaciones”.

Se puede.

Y, si les parece “muy fuerte” la expropiación -que no debería para determinados casos-, se ha de implementar una legislación que al menos acabe con los abusos en los desahucios. De propietarios particulares grandes tenedores, de fondos buitre sin duda y de bancos, pero otra vez nos topamos con el trato reverencial del que gozan por parte de los políticos. No reflexionamos sobre el hecho de que, si cuesta lograr mayorías sobre vivienda, es porque una buena parte del Congreso entiende que su público electoral está con los especuladores. Y habría que ser mucho más consciente de lo que se vota, y más coherente.

 Y no digamos en las Comunidades Autónomas. Cuando Ayuso habla con desprecio del caso de Mari Carmen -a quien ni siquiera citó por su nombre-, una anciana más de quien prescindir, por cierto, es porque tiene muy claro para quién gobierna. Al parecer, muchos de sus votantes, no. Esto de 2025 lo repite cuando tiene ocasión, de hecho estuvo en una reunión de fondos buitre la víspera del desahucio de Mari Carmen con similar discurso.

Vivimos, a otros niveles, en un círculo vicioso. Si por las medidas de este Gobierno, sociales -nada radicales-, están haciendo al mandato de Aznar lo que pueden hacer quienes disponen de poder desestabilizador, y sufrimos una amenaza permanente de golpe de mano, ¿se puede ir más?

Por supuesto, y se debe. Algunos lo intentan, y ya empieza a ser un clamor en la sociedad reclamarlo. Esas calles que se siguen llenando de gente indignada por el desahucio de Mari Carmen parecen haber llegado al límite de lo soportable. Y hay más signos de hartazgo incluso a altos niveles. No es ninguna anécdota que la Asamblea general de la ONU casi se vaciara cuando iba a tomar la palabra el genocida Netanyahu.

Algo sí está ocurriendo y no sabemos si va a ser una actitud permanente de fuerza o algo que logren disolver los políticos del sistema y los esbirros mediáticos que trabajan para ellos que bien a fondo se emplean. Está por ver si es el hartazgo extremo irrenunciable o volverá a ser apaciguado. Así lo han hecho otras veces. Desde luego, dudosamente la rectificación de Urbagestión -caso de concretarse en términos efectivos que en este momento está bastante en duda- va a parar la indignación desatada, hasta que no se resuelvan los problemas existentes. Lo cierto es que afectan a muchas más personas. Hay desahucios todos los días, y dificultades para adquirir o alquilar una vivienda. Y es un tema de imprescindible y urgente solución.

Con gran dolor por su parte, partiendonos el corazón a muchos verla abandonar su hogar, el detonante ha sido esa anciana de voluntad férrea, valiente como se es cuando se tienen muchos años bien vividos, con coherencia precisamente. Ojalá vuelva en efecto a su casa, y le ayuden a limpiar el polvo mugriento que dejó su violenta expulsión. Y ojalá la política se dirija de verdad al bienestar de las personas. Ayuda el seguir en la brecha.

Desde que se conocieron los resultados electorales de julio de 2023 estuvo claro que la investidura del presidente del Gobierno exigiría el compromiso de aprobar una ley de amnistía para quienes habían participado, de una u otra manera, en el procés.

El resultado electoral del nacionalismo de origen “convergente”, por entendernos, había sido el peor de todos los obtenidos desde 1980, pero su concurso, imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez, única posible, dada la presencia inexcusable de Vox en cualquier otra alternativa, le proporcionaba a Junts una posición inexpugnable. Con la composición del Congreso de los Diputados sin ley de amnistía sería imposible que la legislatura iniciara su andadura.

Así fue entendido por todas las fuerzas políticas desde posiciones completamente antagónicas respecto de la misma. Antes de que se constituyeran las Cortes Generales y antes de que se abriera el plazo para que el jefe del Estado hiciera la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno, el PP presionó para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, aunque no tenía posibilidad de alcanzar una mayoría de investidura, fuera propuesto por el rey para ser el protagonista del primer debate de investidura. La derecha le impuso al rey una interpretación muy discutible del artículo 99 de la Constitución, inédita hasta el momento. 

Lo hizo, además, de manera fraudulenta, ya que el candidato propuesto no hizo el más mínimo esfuerzo de negociación con los demás partidos con representación parlamentaria para intentar configurar una mayoría parlamentaria ni tampoco para elaborar un programa de gobierno con base en el cual solicitar la confianza del Congreso de los Diputados. No hizo uso del encargo del rey para hacer lo que el candidato propuesto tiene que hacer, sino que se centró en una operación de anti-investidura del candidato socialista que sería propuesto a continuación. 

En la forma en que desempeñó el encargo del rey, Alberto Núñez Feijóo reconoció implícitamente que no estaba dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, sino que hacía uso de manera torticera del artículo 99 de la Constitución para anunciar que ponía en marcha una oposición al futuro presidente del Gobierno sin respetar reglas de ningún tipo. 

De ahí que su discurso del debate de investidura se dedicara a la ley de amnistía que todavía no existía. No se centró en lo que haría como presidente del Gobierno de ser investido, sino en descalificar lo que haría el candidato socialista, una vez que, tras su fracaso, fuera propuesto por el rey. 

Desde antes de que la legislatura diera su primer paso con la investidura real y efectiva de un candidato propuesto por el monarca, la ley de amnistía ya había hecho acto de presencia. En torno a ella, directa o indirectamente ha girado toda la legislatura. 

Con base en el rechazo frontal a la ley de amnistía se intentó impedir la investidura de Pedro Sánchez, llegándose incluso a mendigar un “tamayazo” para hacerla imposible. Y una vez fracasado ese intento, se ha recurrido a toda suerte de trampas reglamentarias para dilatar la aprobación de la ley. Con éxito parcial, ya que no se consiguió impedir la aprobación de la ley, pero si se retrasó considerablemente dicha aprobación, condicionando de esta manera la ejecutoria parlamentaria de Junts, que era el partido beneficiado por la ley de amnistía, pero que no estaba dispuesto a pagar ningún precio por ello más allá del que consideraba que había pagado con la investidura de Pedro Sánchez. El retraso en la aprobación de la ley dificultaba sobremanera cualquier acuerdo entre Junts y el partido socialista sobre cualquier otro tema, es decir, dificultaba que la mayoría de investidura fuera mayoría de Gobierno. 

La dilatación de la tramitación parlamentaria posibilitó que se incorporara a la oposición política el poder judicial propiamente dicho, así como su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Operaciones inéditas de constitucionalidad más que dudosa, por no decir abiertamente anticonstitucionales, como las manifestaciones de jueces ante las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas, redacción de manifiestos por el CGPJ y utilización de las redes sociales contra la Ley se han sucedido de manera ininterrumpida a lo largo de la tramitación parlamentaria. 

Una vez aprobada la ley y publicada en el BOE, la oposición (¿rebelión?) judicial se mantuvo, incorporándose a la jurisdicción propiamente dicha, la jurisdicción contable, ya que el Tribunal de Cuentas recurrió la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por considerarla contraria al Derecho de la Unión. De hecho, ha sido el primer recurso que ha resuelto el TJUE en un sentido claramente favorable a la Ley parlamentaria.

Pero ha sido el Tribunal Supremo (TS) quien ha dirigido en parte la oposición a la ley y en parte la rebelión contra ella. Primero la rebelión y después la oposición. 

La rebelión primero, porque el TS decidió hacer algo que no puede hacerse, como es trocear la ley de amnistía y decidir pronunciarse sobre el artículo 2 de la misma antes de hacerlo sobre el artículo 1. 

La finalidad de ese troceamiento no era otra que la de retrasar lo más posible la aplicación de la ley. La Sala Segunda sabía perfectamente que no podía hacer lo que estaba haciendo, pero daba prioridad a su oposición política a la ley que a su análisis jurídico. 

De elevar la cuestión de constitucionalidad de la ley de amnistía al Tribunal Constitucional tal como había sido aprobada, el asunto quedaría resuelto de manera relativamente rápida y Carles Puigdemont estaría en España desde hace meses. 

Para evitar que fuera así, el TS decidió pronunciarse en primer lugar sobre el delito de malversación, afirmando que no tenía dudas de que era constitucional siempre que se lo interpretara de una manera contraria a lo que la Ley decía. Carles Puigdemont y los demás consejeros se habían enriquecido porque no habían pagado el referéndum del 1 de octubre con su dinero, sino con dinero público y habían cometido, por tanto, el delito de malversación. Con esta condena se mantenía la orden de detención dictada contra todos ellos, así como la inhabilitación de Oriol Junqueras y demás dirigentes nacionalistas.

A continuación, elevó una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Amnistía salvo el artículo 2. Cuestión completamente anómala, ya que el TS se limita a un corta y pega de lo que se ha publicado por diferentes profesores y juristas sobre la anticonstitucionalidad de la Ley. 

Esta cuestión de inconstitucionalidad ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en un sentido favorable a la decisión parlamentaria. La ley de amnistía es inequívocamente constitucional. 

Quedaba la decisión del TS sobre la condena por el delito de malversación, que en esta semana ya sabemos que el Tribunal Constitucional va a anular otorgando el amparo a Carles Puigdemont y a los demás condenados por la esperpéntica interpretación del delito de malversación. 

El 6 de octubre se harán públicas las sentencias del TC en los recursos de amparo que se resolverán ese día, pero cuya doctrina será de aplicación inmediata a todos los que están pendiente de solución. 

La amnistía se habrá producido. Pero el coste para el sistema político ha sido enorme, porque ha desbaratado el debate parlamentario sobre todos los demás temas sobre los que había que debatir y porque ha generado una deriva política en el poder judicial, que está poniendo en riesgo la supervivencia del Estado social y democrático de derecho definido en la Constitución.

Pero esto queda para un próximo artículo.