Me pareció que su rostro estaba muy pálido. No era raro porque siempre había sido un hombre de tez clara que resaltaba sus cejas negras, una seña de identidad que le caracterizaba. El tono macilento y, sobre todo, el rictus de la boca entreabierta me dieron la respuesta. Ya había fallecido. Incorporado con ayuda de las almohadas y reinando sobre la cama del hospital, aquel periodista mantenía toda la dignidad de la persona valerosa y a la vez humilde que fue y yo había admirado desde siempre. Cuando llegué a la facultad de Periodismo, mi sueño era imitar a gente como él y ser una gran reportera para contar todo tipo de conflictos, guerras y padecimientos de los más pobres y abandonados. Nunca imaginé que este querido y admirado colega sería la primera persona muerta que vería en mi vida.

Mi compañero tuvo un buen final de su agitada vida, querido y homenajeado por la profesión en múltiples actos a los que acudía emocionado aunque fuera con la salud mermada. Le llegó la muerte plácidamente, rodeado de los cuidados del personal sanitario de la Fundación Jiménez Díaz y la presencia permanente de su hermana, a los pies de su cama. Me los encontré de sopetón porque alguien se había dejado la puerta de la habitación entreabierta. No me esperaba contemplar esa imagen cuando subí a acompañarle, tras haber sido avisada de su gravedad mientras me encontraba en una consulta de rutina en el mismo hospital.

Hasta entonces, me negaba en rotundo a ver personas muertas. Supongo que la juventud y el tabú de la muerte en esta moderna cultura occidental me empujaban a ignorarla u orillarla cuando me la encontraba en el camino. Me las había arreglado para lograrlo, a pesar de haber acompañado a amigas con sus padres recién fallecidos e incluso, cuando debía cubrir informaciones de sucesos con víctimas, me fui haciendo una experta en mirar para otro lado. Cuando se murió mi abuelo inesperadamente, lo primero que le dije a mi madre era que ni me pondría luto ni quería verlo en su lecho de muerte. Creo que era una forma de ahorrarme recuerdos penosos y guardar para siempre la imagen de mis seres queridos cuando disfrutaban de vida.

Todo cambió cuando tuve que afrontar la muerte de mi padre. Tras sobrellevar un cáncer durante casi 20 años, llegó su final aquejado de metástasis y decidimos llevarlo a casa de mi hermana mayor, donde estuvo rodeado del diverso personal sanitario con el que, afortunadamente, contamos en mi familia. Haber pasado los últimos meses a su lado, en una inédita pero valiosísima compañía mutua, caminando de la mano hacia su final, fue un proceso que recomiendo a todo el mundo. Si morir es un hecho individual, personal e intransferible, el derecho a la llamada “buena muerte” o “muerte digna” debería ser obligatoriamente una actividad compartida de los más allegados para acompañar a su ser querido y librarle de sufrimientos evitables. Y no sólo porque es de justicia para el que se va sino por los efectos beneficiosos que nos aporta a los que nos quedamos. 

Por eso no entiendo muy bien por qué llaman “Cristo de la Buena Muerte” a la escultura de Pedro de Mena, cuando se ve a las claras que ese hombre joven, semidesnudo, clavado en un madero y coronado de espinas, tuvo un final espantoso. Supongo que se refiere al significado religioso del término que se refiere a estar en gracia de Dios. Pero el sentido en el que utilizo este concepto no es religioso sino etimológico. Prefiero el significado que le atribuye el diccionario etimológico al definir la eutanasia, palabra griega (euthanasía) formada por el prefijo eu (buena) y el término thanatos (muerte), o sea, un final tranquilo, dulce y sin sufrimiento.

Esa fue la muerte que tuvo mi padre en aquella convivencia familiar de sus últimos días. El trayecto no estuvo exento de inconvenientes pero, para mí, fue la mejor despedida que podía darle y resultó ser el más generoso regalo que nunca había imaginado que me haría aquel hombre pacífico, idealista y flemático que fue mi progenitor. Ya octogenario, muy consciente de que su final se acercaba, soportó todos los inconvenientes y limitaciones físicas sin una queja. En esa breve e intensa armonía del epílogo de su vida, sólo quiso que le acompañáramos la familia más íntima y disfrutaba enormemente con la prole de nietos y nietas. Sé que se sentía orgulloso de los turnos de cuidados que hacíamos entre hermanas y hermanos, cada cual según sus habilidades y posibilidades. Su constante preocupación por el bienestar de mi madre, que fue aumentando a medida que envejecían, creció en aquellos días y nos insistía para que la hiciéramos salir y distraerse con sus amigas.

El día de su 80 cumpleaños, vimos a mis padres besarse como enamorados, por vez primera delante de todos nosotros. Papá siempre había sido mucho más cariñoso de lo que solía ser un hombre de su época y acostumbraba a regalarnos “coliños” (abrazos en el regazo) sin importarle nuestra edad o envergadura física. En aquellos días nos repartía afectos a granel. Si le preguntaba tras la comida qué quería de postre me respondía, sonriendo: “Te quiero a ti”. Pero tenía la mirada del espanto que después he tenido que ver en otros seres queridos aquejados por un cáncer terminal. “¡Qué traballiño costa morrer!”, me dijo uno de sus últimos días.

Puede decirse que mi padre tuvo una muerte dulce, con sus tres hijas en la cama abrazándole, sus hijos y mi madre a la vera de su lecho, embargados todos por un llanto manso y pacífico con el que le dijimos “adiós, papá” acompañándole hasta su último suspiro. Desde entonces, me gusta recordarlo en cualquier momento de su vida y de la mía, incluida su buena muerte, algo que me reconforta. Quisiera para mí y para todos los que amo un fin parecido. Si “morir habemos, ya lo sabemos” —memento mori que repiten los monjes—, quiero hacerlo en paz y sin sufrimiento, ni físico ni mental. Afortunadamente, en este país, disfrutamos de unas leyes muy avanzadas que nos permiten elegir cómo queremos irnos de este mundo y, sobre todo, nos libran de dolores en ese tránsito. 

Creo firmemente que no hay nada más cruel que lo que le han hecho a Noelia Castillo, retrasando su eutanasia e infligiéndole una injustificada prolongación del dolor durante casi dos años hasta lograr la muerte digna que la legislación y el personal sanitario le dieron, tal como ella quería. Que haya sido su padre el principal causante de este sufrimiento explica muy bien la penosa vida que ha tenido la joven que tuvo que ser tutelada por la Generalitat de Catalunya. Tampoco me extrañaría que, como dice la ciencia y la psicología que ocurre en el duelo, ese padre se sintiera —sin saberlo— culpable del final de su hija. Una culpabilidad inconsciente porque su litigiosidad demostraba a las claras que le preocupaban más sus sentimientos paternos que el deseo liberador de morir que tenía su hija. “El dolor que resulta insoportable es el que has creado tú sintiéndote culpable”, dice uno de los personajes de la obra “El hechizo de Lily Dahl”, de la escritora norteamericana Siri Hustbeldt.

Si se puede comprender humanamente la condescendencia de un padre así, considero una exigencia ética censurar el comportamiento de quienes se han aprovechado de una desgracia tan terrible como la muerte deseada de una persona en constante sufrimiento. Me refiero a los medios que han caído en el execrable periodismo espectáculo para hacer caja y a los demandantes de causas judiciales con las que querían impedir que se hiciera la voluntad de Noelia. 

Son deplorables, sobre todo, estos denunciantes que, llevando la causa a los tribunales y ventilando el proceso abierto por el señor Castillo, han convertido los últimos días de esta chica en un suplicio innecesario, únicamente por su fanatismo y la búsqueda de una notoriedad espuria que han logrado a costa de los padecimientos de ella. No debería haber perdón para los llamados “Abogados Cristianos”, convertidos en vengadores justicieros de un caso que no les afectaba en absoluto y que utilizaron de forma miserable para la promoción de su intolerante ideología de ultraderecha. Y lo hicieron fingiendo una defensa de la vida que tiene muy poco de cristiana porque esta doctrina predica el amor al prójimo y la compasión ante quien sufre. 

No nos engañemos: las alianzas entre izquierdas para concurrir a elecciones se sellan siempre en momentos de declive. De urgencia. En pleno bajón. Si la izquierda estuviera en auge, se dejarían las coaliciones para después, si fuera necesario, sumando lo ya sumado y con atención a los programas y al famoso peso político de cada formación para entrar en los gobiernos. No estamos en ese escenario. La unión de izquierdas que ahora se necesita se debe analizar siempre desde esa situación de urgencia y desde el reconocimiento de los fracasos y debilidades de cada una de las partes para evitar, precisamente, que la alianza sea solo la suma de fracasos y debilidades. 

No es fácil. En tiempo de descuento y en medio de una Semana Santa andaluza particularmente radiante, IU, Sumar y Podemos alcanzaron un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. En ese momento, Juanma Moreno Bonilla se hallaba en pleno maratón cofrade, acaparando más protagonismo que el mismísimo Jesucristo y esquivando, por la vía procesionaria, la prohibición de hacer campaña antes de la campaña. Lo suyo sí que ha sido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces pero en horas de presencia en Canal Sur dándose baños de masas y golpes de pecho. Su campaña ya está hecha: moderación, estabilidad, gestión y andalucismo morenista. El escándalo por la gestión de los cribados del cáncer de mama y la situación general de la sanidad, amortizados y olvidados entre vapores de incienso y cirios. A su derecha, por decir algo, Vox no ha visto ni la necesidad de hablar de Andalucía o de esmerarse en la elección de candidato: Abascal proveerá, pese a las críticas de los suyos, que ya no lo son, y los votos que el sevillano Alvise Pérez rascará en su tierra. Todo en su sitio en el flanco derecho e intento de recolocación en el izquierdo a la izquierda de María Jesús Montero, que esta semana parecía tentada de entonar un “virgencita, que me quede como estoy” ante la Macarena. 

Trazado el contexto, hay que admitir que la alianza de IU, Sumar y Podemos en Andalucía solo pareció entusiasmar a Gabriel Rufián, que la saludó con un ¡Bravo! en redes sociales. Ni media hora había pasado del cierre del acuerdo y la militancia de unos y otros ya lo estaba celebrando por la española vía de “cuerpo a tierra, que vienen los míos”. El acuerdo contempla que Podemos encabece la lista de la coalición en Jaén y ocupe el número dos en Sevilla, plazas que no obtuvieron representación de Por Andalucía en las pasadas elecciones. IU encabeza las listas de Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Almería; Sumar, la de Cádiz, e Iniciativa del Pueblo Andaluz, la de Huelva. Podemos y sus militantes se quejan de que el peso político del partido era superior a este reparto de listas y en IU y Sumar les recuerdan que se apuntan a última hora a la coalición porque se están convirtiendo en un partido marginal en España, después de quedar por debajo del 1% en las elecciones de Aragón y Castilla y León. Un año de puñaladas, desplantes y desacuerdos no se arregla con un acuerdo puntual y tampoco ante la evidencia de que ser líder de un espacio a costa de desgastar ese espacio solo conduce a la irrelevancia. 

Estamos a tiempo. Como he escrito al inicio, todos los frentes populares surgen de momentos de necesidad, pero es imprescindible que entre los partidos que lo forman exista lealtad y confianza, aunque se mantengan diferencias importantes. Una coalición no puede ser un choque de purezas, sino la suspensión de toda pureza para conseguir un objetivo más importante, en este caso, el bienestar social y material del pueblo andaluz. Para eso hay que supeditar la política institucional, el reparto de listas, cargos, dinero y asesores, a una política social progresista, que evite que Andalucía tenga un gobierno reaccionario e involucionista que termine de desmantelar los servicios públicos, y muy especialmente la ya maltrecha sanidad andaluza. Si después de la resaca negociadora, la coalición no se pone a trabajar únicamente para movilizar el voto con el objetivo de implantar un programa progresista, la unión no servirá de nada. El 1 de mayo comienza la campaña andaluza: a partir de ese día, solo cabe hablar de Andalucía, de los andaluces y de cómo mejorar su vida. Después, tocará ver si es factible y deseable una plataforma nacional que corte el paso a la ultraderecha. Desde la asunción de la realidad de la izquierda y la voluntad sincera de servir (para algo) a los españoles. 

Unos zapatos y un salón de baile explican lo que EEUU ha hecho en Irán. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, apareció fotografiado con unos zapatos que le quedaban grandes, los llevaba puestos porque es un empeño de Donald Trump que regala a sus colaboradores unos zapatos de la marca Florshein y que provoca que hasta el secretario de Estado no tenga el valor suficiente para decirle al presidente que le quedan grandes y ponérselos a pesar de todo. Si los máximos dirigentes de EEUU no se atreven a decirle al presidente que unos zapatos no son de talla se puede entender lo que puede ocurrir cuando propone que hay que tumbar a Irán del mismo modo que se sacó de Venezuela a Nicolás Maduro y nadie le dice que a lo mejor cierran el estrecho de Ormuz provocando una crisis inflacionista de dimensiones odiseicas. 

A la decadencia del genio pronto siguió la corrupción del gusto, decía el historiador Edward Gibbon en su libro sobre la caída del imperio romano. Porque lo que estamos viendo es la incapacidad de un imperio por aceptar que el final de su preeminencia ha llegado y gestiona su degeneración expresando de manera abigarrada todo lo que fue y ya no puede ser. Todos los excesos y alharacas del demente naranja se pueden resumir en la construcción de un salón de baile versallesco en la Casa Blanca destruyendo toda la simbología sobria que se pretendía cuando se construyó. La opulencia barroca de Trump identifica el final de un tiempo y los complejos de un macho emasculado. Unos zapatos y un salón de baile explican la resistencia de Irán. 

El odio a EEUU en Irán es primitivo. Quedó escrito en piedra después de la caída de Mossadegh y fue alimentado a lo largo de la historia contemporánea con los sucesivos intentos por injerir en la política persa no por el bien del pueblo sino para favorecer sus intereses imperialistas. Las protestas del pueblo iraní hacían prever que poco a poco la apertura se fuera imponiendo por la vía de los hechos, los jóvenes y las mujeres, incluso los comerciantes que han sido el apoyo central del régimen, estaban empujando de tal manera que era cuestión de tiempo que la situación fuera insostenible para el régimen de los ayatolás. Esa oportunidad ya ha desaparecido porque la intervención de Israel y EEUU, en la que han llegado a asesinar a más de 150 niños en una escuela en Minab, provocará un cierre nacionalista que anule ese movimiento aperturista que se atisbaba desde el pueblo. Una guerra como esta siempre favorece a quien tiene la fuerza interior para imponerse. 

La historia del siglo XX es la historia de líderes megalómanos demenciados que llevaron al mundo al desastre. Donald Trump es la excrecencia de nuestro tiempo de esa dinámica. Estamos inmersos en una dinámica tóxica geopolítica impulsada por hombres con la virilidad comprometida que necesitan invadir países del mismo modo que otros con menos poder se compran una moto de gran cilindrada. El gran problema de nuestro tiempo es la masculinidad desubicada y acomplejada que impulsa a la extrema derecha por no saber qué papel jugar en una sociedad donde sus gónadas ya no son la prioridad. 

La soberbia yanki le ha hecho creer que podría tumbar un Estado milenario como Irán, cuna de la civilización, lanzando unos cuántos misiles con un plan ideado por la Inteligencia Artificial. A día de hoy lo único que ha quedado demostrado es que la geografía es imbatible y con drones de 50.000 euros se ha conseguido poner en jaque a la economía del mundo. Es más fácil que caiga Trump con un colapso económico por la quiebra de su opinión pública que el régimen islamista de Irán. 

Ahora solo queda esperar cómo el criminal de guerra de Trump recula y sale de ahí dejando una región desestabilizada, con un régimen desatado y empoderado con unas consecuencias económicas y humanitarias difícilmente evaluables que pagaremos en Europa de una forma u otra. Dirá que ha ganado cuando huya y los siervos de todo el mundo lo aplaudirán como focas voxeras porque hay que recordar que este delirio solo ha sido posible con la cobardía y la complicidad de toda la derecha y la extrema derecha internacional. Ya nadie se acuerda de las mujeres de Irán ni de los homosexuales que se cuelgan de grúas que se usaron como justificación cínica de una intervención en la que los derechos humanos quedaron sepultados en los escombros de una escuela. Ya nadie se acuerda de esas mujeres porque nunca importaron. 

A veces la vida es así: uno no libra una guerra, pero la pierde. En esas estamos y no por primera vez. Tampoco Europa intervino directamente en la guerra del Yom Kippur en 1973, pero padecimos las consecuencias energéticas: racionamiento del petróleo, domingos sin coches… Tal vez veamos algo de esto. La sacudida de entonces no afectó sólo a la economía, sino que también marcó un punto de inflexión político: los 30 años dorados de la socialdemocracia acabaron. La crisis económica aceleró el cuestionamiento del paradigma del Estado del bienestar. No se enterró, pero se impugnó. El auge de la ideología neoliberal también despegó poco después, a finales de los 70, con Reagan y Thatcher. 

El mundo ha cambiado mucho en términos energéticos. Europa goza de mayor autonomía, España especialmente, y las renovables protegen la factura de la luz de una escalada. Pero seguimos perdiendo aun sin haber ido a jugar. 

A estas alturas, las dificultades de Trump para salir airoso de Irán resultan evidentes. Se esperaba el miércoles un gran anuncio en su comparecencia. No lo hubo: ni operación terrestre ni alto el fuego. Sólo dijo que seguirán y en dos o tres semanas habrán terminado. 

Pero volvió al racarraca de su frustración con Europa, su decepción con la OTAN porque los aliados no aparecen cuando los necesita. Y repitió otra idea que ya ha esbozado: Estados Unidos, dijo, no se surte del petróleo que transita por Ormuz, el que lo necesite que libere el estrecho. 

Todo indica que en Washington al menos algunos están pensando en dejarnos a los europeos el problema. Lo han creado ellos con Israel, pero no se sienten concernidos. Es más, puede servirles como coartada para obligarnos a entrar en la guerra: cuidado con esto. Y hay más. Incluso el Secretario de Estado, Marco Rubio, tradicionalmente el más atlantista, ha repetido en los últimos días que Estados Unidos está evaluando su papel en la OTAN. Dicho en plata: podrían irse. 

El drama es este: aunque EEUU no abandone formalmente la alianza, el insistir en ello significa que no se sienten comprometidos con la defensa europea. La OTAN nos proporcionaba hasta ahora la certeza del uso disuasorio de la fuerza si se atacaba a uno de sus miembros. Esa certeza se disuelve cada día un poco más. Otra derrota europea.

En el Kremlin hay diplomáticos tomando notas de estas señales. Las flechas en sus cuadernos apuntan en la misma dirección: Trump no deja de indicar que nos ha abandonado. Esta semana han hecho una muesca más. Me pregunto cómo podríamos dar algún disgusto a esos observadores rusos. Y no lo veo.

Europa empezó a perder la guerra el primer día. Cuatro millones de desplazados generarán presión en nuestras fronteras como lo hicieron los de la guerra civil en Siria. Continuamos perdiendo cuando EEUU autorizó las compras de petróleo ruso —bloqueadas por las sanciones— para contribuir a la contención de precios. Rusia se siente más fuerte, además, porque el mundo ha quitado los ojos de Ucrania. 

El panorama se nos está poniendo muy feo a los europeos. ¿Qué tendría que pasar para frenar esta derrota? Lo primero, salir del shock psicológico. Algunos siguen en estado de negación. Hemos de recuperar el “espíritu Groenlandia”, ese destello de lucidez que recorrió Europa cuando Trump vino directamente a por nosotros. Ahora lo hace de forma sinuosa, pero lo hace.

Lo segundo asoma: un urgente patriotismo europeo. Ya no será el Erasmus para comprendernos. Serán la sangre y el fuego que han unido siempre las naciones. Líderes nacionalistas, como Meloni en Italia y Le Pen en Francia, empiezan a trasvasar esos sentimientos del ámbito nacional al continental. La única forma posible de patriotismo nacional con sentido es europea: significa defender nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestro Estado social. No hay desunión en eso. Pedro Sánchez encabeza la oposición política -es el único con ideas claras para el día después-, y de eso también necesitamos más. Pero como la valentía no abunda, de momento me conformo con que fortalezcamos un sentimiento poderoso de patriotismo europeo. Sólo hay una forma de no perder una guerra sin librarla: decidir que sí es tu guerra. 

No es lo mismo un país que un imperio. Cuanto más poderoso el imperio, más peculiar es la situación del emperador. Conviene recordar la reflexión de Calígula ante un senador que le recriminaba su arbitrariedad. “Tenga en cuenta”, dijo el tercer emperador de Roma, “que puedo tratar a cualquiera exactamente como me apetezca”. El poder embriaga. Cuando el poder se extiende más allá de cualquier frontera, embriaga definitivamente.

Puestos en arbitrariedades, fijemos el nacimiento del imperio estadounidense en 1898, cuando se hace con las últimas posesiones (Cuba y Filipinas) del moribundo imperio español. Y repasemos (sin entrar en éxitos o fracasos internos) la sucesión de presidentes y su política exterior, es decir, imperial.

Teddy Roosevelt (1901-1909). Se proclamaba imperialista y tenía como objetivo conseguir la hegemonía naval (entonces en manos británicas) para dominar el mundo. Como aventurero independiente, combatió a los españoles en Cuba. Ya como presidente, forzó la independencia de Panamá (hasta entonces territorio colombiano) para construir y controlar un canal estadounidense. En 1904 decidió que la llamada Doctrina Monroe, “América para los americanos”, proclamada en 1823 para rechazar el imperialismo europeo, requería una actualización: en adelante, Estados Unidos podría intervenir en cualquier país latinoamericano “que hiciera las cosas mal”, y, de ser “necesario”, ejercer como “fuerza de policía internacional”. En 1906, ocupó Cuba. Un año antes, en 1905, había recibido el Premio Nobel de la Paz.

William Taft (1909-1913). Creó la “diplomacia del dólar”, consistente en usar el poder militar para favorecer la expansión de empresas estadounidenses por todo el mundo.

Woodrow Wilson (1913-1921). Como idealista, propuso tras la Primera Guerra Mundial la creación de la Sociedad de las Naciones, pero no logró que Estados Unidos se integrara en ella. Como jefe del imperio, envió varias expediciones militares a México.

Warren Harding (1921-1923). Sus intentos de desarme quedaron ocultos por la gigantesca corrupción de su gobierno. Murió a mitad de mandato.

Calvin Coolidge (1923-1929). En 1928 proclamó que la economía era sólida y la Bolsa lo era aún más. Intentó no hacer nunca nada: creía que los problemas se arreglaban solos.

Herbert Hoover (1929-1933). El colapso bursátil le estalló en las manos. En 1930 dijo que resolvería la Gran Depresión en un par de meses y declaró la guerra comercial al mundo, imponiendo aranceles altísimos. El mundo, incluyendo Estados Unidos, se empobreció aún más.

Franklin Roosevelt (1933-1945). Empezó su mandato prometiendo que nunca interferiría en los asuntos de Latinoamérica. Tras el ataque japonés contra Pearl Harbor (1941), Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt impuso a sus aliados el objetivo de la “rendición incondicional” de Alemania y Japón.

Harry Truman (1945-1953). Ordenó el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Japón. Inició la “guerra fría” contra la Unión Soviética. En 1950, cuando Corea del Norte, comunista, invadió Corea del Sur, Truman envió tropas. Pero se negó a usar de nuevo la bomba atómica, como reclamaba el general Douglas MacArthur. En 1946 creó la Escuela de las Américas, para formar militares latinoamericanos al gusto estadounidense. En 1948 reconoció, sin entusiasmo, la creación de Israel.

Dwight Eisenhower (1953-1961). El héroe de la Segunda Guerra Mundial se comprometió a proteger el Sureste asiático del avance comunista. Tras la derrota de las tropas coloniales francesas en Indochina (Vietnam, Laos y Camboya), Estados Unidos empezó a enviar asesores a la región. Eisenhower fue el único presidente que advirtió sobre el riesgo de que la formidable maquinaria militar del imperio asumiera progresivamente el poder real.

John Kennedy (1961-1963). Recién instalado en la Casa Blanca, aprobó un desastroso intento de invasión de Cuba. Logró resolver la crisis provocada por el envío de misiles soviéticos a Cuba, evitando un posible conflicto nuclear. Incrementó la presencia militar en Vietnam del Sur.

Lyndon Johnson (1963-1969). Utilizó un supuesto enfrentamiento (que nunca existió) entre buques estadounidenses y norvietnamitas en el golfo de Tonkín (1964) para multiplicar el número de soldados en Vietnam del Sur. En 1965 empezó a bombardear el norte del país.

Richard Nixon (1969-1974). Ordenó la invasión de Camboya (1970). En 1972 estableció relaciones con la China de Mao para alejarla de la URSS. Patrocinó el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en Chile (1973). También en 1973 aceptó con los Acuerdos de París, tras 20 años de guerra y casi tres millones de muertos, la derrota estadounidense en Vietnam. Apoyó a Israel en la guerra de 1973.

Gerald Ford (1974-1977). Intervino junto a la Suráfrica del “apartheid” en la guerra civil de Angola, enésimo episodio de la guerra fría. Amparó el golpe de Estado en Argentina (1976). Firmó los acuerdos de Helsinki y ratificó las fronteras creadas en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Jimmy Carter (1977-1981). Patrocinó los acuerdos de Camp David (1979) entre Israel y Egipto. En 1980, cuando el nuevo régimen iraní de los ayatolás asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán, intentó una operación militar que acabó en desastre.

Ronald Reagan (1981-1989). Financió desde 1982 la guerrilla contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Vendió secretamente armas a un país enemigo, Irán, para liberar rehenes en Oriente Próximo. En 1983 invadió la pequeña isla de Granada (población inferior a 100.000 personas) por ser “un bastión comunista”. Aceleró la carrera armamentista con la llamada Guerra de las Galaxias. Respaldó con firmeza el régimen racista surafricano y proporcionó armas legales e ilegales al presidente de Irak, Sadam Hussein, en su guerra contra Irán. Armó la guerrilla islamista que combatía a los soviéticos en Afganistán, futuro núcleo de Al Qaeda.

George H. W. Bush (1989-1993). En 1989 invadió Panamá para capturar a su dictador, Manuel Noriega, antiguo agente de la CIA cuando la dirigía el propio Bush. Encabezó la coalición militar que en 1991 liberó Kuwait de los invasores iraquíes y animó una revuelta de los kurdos contra Irak (poco después los abandonó a su suerte). Tras la disolución de la Unión Soviética (1991), proclamó que Estados Unidos había ganado la Guerra Fría.

Bill Clinton (1993-2001). Amparó la depredación económica de Rusia por parte de empresas occidentales y oligarcas locales. En 1998, agobiado por el “escándalo Lewinski”, ordenó bombardeos contra supuestas posiciones de Al-Qaeda en Afganistán y Sudán. Impulsó los bombardeos de la OTAN sobre Serbia (1999) para acabar con las guerras balcánicas.

George W. Bush (2001-2009). Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, invadió Afganistán e Irak. Lanzó una guerra mundial contra el terrorismo que incluyó un programa internacional de espionaje electrónico sin límites, detenciones ilegales, torturas y la creación de una cárcel en Guantánamo (Cuba) para prisioneros que nunca serían juzgados.

Barack Obama (2009-2017). Aumentó la financiación a Israel para que pudiera completar su escudo antimisiles, pero condenó en la ONU los asentamientos israelíes en territorio palestino. Pareció animar las “primaveras árabes” con un discurso en El Cairo (2009), aunque se desentendió de ellas. Se mantuvo pasivo ante la cruenta guerra civil en Siria.

Donald Trump (2017-2021). Se comportó como Donald Trump.

Joe Biden (2021-2025). Apoyó la guerra total de Israel contra Gaza. Favoreció la acogida de refugiados e inmigrantes en Estados Unidos, combinada con una intensa política de deportaciones. La suya fue una presidencia claramente marcada por los síntomas de senilidad.

Donald Trump (2025-…). Se comporta como Donald Trump, aunque sus problemas mentales parecen muy agravados.  

La violencia machista deja de ser un privilegio en el momento en que es nombrada como tal. La impunidad en las violencias machistas es una construcción social que se sostiene sobre el anonimato, sobre la normalización, sobre el silencio de quienes saben y miran hacia otro lado, de quienes relativizan, de quienes ríen la gracia, de quienes piensan en sus propios intereses y alianzas antes que en la integridad y el dolor de las mujeres que son víctimas de esas violencias. La impunidad también se sostiene sobre la negación del daño, sobre la idea de que no pasa nada, por eso empieza a resquebrajarse cuando los nombres dejan de protegerse y se dicen en voz alta rompiendo la certeza de intocable. Que un agresor sepa que su nombre puede acabar en una denuncia, en un expediente, en una investigación interna, rompe la certeza de intocable.

Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a un sargento del Ejército de Tierra que llevaba años humillando a una soldado con comentarios de contenido sexual delante de sus compañeros. El sargento gozaba, según recoge la sentencia, de cierta simpatía entre la tropa. Era de los que se dejaban llamar “calvo” o “gordo” y a cambio repartía motes al resto, un compañero era el “hobbit” por su baja estatura y otro el “capataz” por su parecido con un personaje de Toy Story. Para el sargento condenado, todo formaba parte de un ambiente distendido, de camaradería, de familiaridad… A ese supuesto ambiente de camaradería masculina llega una mujer, y lo que para el grupo es rutina, para ella se convierte en exposición, en señalamiento, en degradación. 

Nada más llegar descubre que entre sus compañeros circula un sticker hecho a partir de una foto suya comiendo. Ella se queja, el capitán tiene noticia de lo sucedido, interviene y ordena borrar la imagen. Meses después, al finalizar un ejercicio de tiro, cuando solo faltaba ella por subir al camión, el sargento le grita delante de todos sus compañeros: “Sube al camión, que tus compañeros te van a hacer un bukake”. Más tarde, después de que ella se cortara el pelo, el sargento le preguntó públicamente si se había vuelto lesbiana y si ahora utilizaba penes de goma. La soldado acabó de baja por ansiedad; “cada vez estaba más deprimida y muy quemada”, recoge la sentencia. El sargento recurrió la primera condena alegando su carácter bromista, el ambiente de familiaridad, que aquello no era un delito sino, a lo sumo, una falta disciplinaria. El alto tribunal le responde que el que los demás le rían “la gracia” no convierte la humillación en broma, que el grupo tolere no convierte lo intolerable en aceptable y que la dignidad de la soldado quedó irremediablemente dañada, no temporalmente ni levemente, sino irremediablemente. 

Pero hay una pregunta que la sentencia no responde del todo: qué responsabilidad tienen quienes ríen, quienes consienten con su silencio. Es esa complicidad del entorno la que realmente sostiene a los agresores, no solo la ausencia de condena judicial sino la ausencia de reproche, de límite, de incomodidad. En otro caso que llegó también al Supremo, un comandante del Ejército del Aire fue sancionado con pérdida de destino no por agredir directamente sino por tolerar y reír los comentarios de un subordinado que humillaba a una teniente. 

Quienes niegan la violencia machista no discuten solo un concepto, necesitan que esa violencia parezca lo normal, lo tolerable, lo que siempre ha existido y por tanto no merece nombre propio ni respuesta penal. La estrategia tiene dos movimientos complementarios, negar el daño y construir la sospecha sobre quien denuncia. El objetivo no es la justicia sino el silencio; y el objetivo de quienes ríen la gracia, de quienes miran hacia otro lado, de quienes anteponen la lealtad al grupo o a la institución a la integridad de la víctima, es la propia supervivencia en el orden patriarcal, machista, misógino, racista y capacitista que les beneficia y que también temen.

La pulserita que te ponen en Urgencias es muy fácil de poner -quitar el plastiquito que protege la pegatina, enrollar alrededor de la muñeca y cerrar como si fuese un velcro- y endiabladamente complicada de quitar -probar con la parte que se levanta, fracasar al romperse en trocitos sin alterar el velcro de pegamento y desmenuzarse las muñecas en busca de una solución más bruta hasta que decides acudir a la cocina a cortarlas con una tijera-. La última vez que pisé unas Urgencias fue hace un año, más o menos, cuando en un descuido automutilatorio me rebané parte de la falange de un dedo pulgar y tuve que escribir esta misma columna dramatizando como si fuera el rey Lear; ¡soplad, vientos, y romped vuestras mejillas! Rugid, nubes de alcohol sanitario, que aquí me hallo, frente al fregadero, librando una batalla que ni el mismísimo Rey en el páramo habría soñado. Porque, decidme, ¿qué es un hombre sino un pobre animal desnudo y bífido que no puede ni quitarse un marchamo de celulosa sin recurrir al acero de las tijeras de cocina? Qué recuerdos, el 2025.

Esta vez he ido a Urgencias porque me tocaba asumir las consecuencias de no llevar un abogado en mi pleito trimestral con las muelas del juicio. Empezaron avisando hace unos años, y en su momento, mi dentista, el señor Pacorro, el nombre no se lo puse yo, me dijo que lo mejor era no tocarlas, porque dos de ellas estaban bien, otra no tenía intención de moverse, y la cuarta en discordia, la que me solía dar el follón, estaba moviéndose en un ángulo de noventa grados, muy cerquita del nervio trigémino; creo que era el trigémino. Me dijo que extraerla supondría un riesgo de rozar el nervio y dejarme el gesto de la cara como el de Sylvester Stallone en Rocky IV y que, si me veía capaz de soportar que, de vez en cuando, me diese algo de follón, la mejor opción era dejarla tranquila.

En ese momento tendría que haber aplicado la doctrina israelí para con los iraníes: amenazar con que esa muela está, como mucho, a un par de semanas de desarrollar la bomba atómica y que lo mejor era declararle la guerra total y desmantelar sus capacidades antes de que ocurra lo inevitable. Pero no lo hice porque no me gustan los quirófanos, ni los anestesistas, y por nada del mundo querría una cicatriz en una encía que me provocase escozores; huelga decir que es una de las peores decisiones que he tomado nunca.

El dolor, hasta hace unos días, era trimestral o semestral, que iba desde la molestia más leve a un quejido más o menos agudo, aunque soportable, que a veces me requería tomar amoxicilina con ácido clavulánico durante unos días, y el de esta semana apuntaba a ser uno de los más leves de los últimos años. Un breve puntazo al masticar, cierta molestia al despertarme -sufro de bruxismo y aprieto más los dientes que Miguel Tellado-, pero nada fuera de lo común, hasta que el dolor tornó en un techno oscuro y profundo que nacía en la mandíbula y terminaba reventando en la sien. Para cuando quise darme cuenta, ya no era una molestia: era un inquilino con un martillo neumático instalado en mi cráneo. Pasé de la “doctrina israelí” a la rendición incondicional en lo que tarda en disolverse un ibuprofeno que, por supuesto, no me hizo nada.

Llegué a Urgencias con ese orgullo que arrastramos los hipocondríacos cuando la realidad, por una vez, nos da la razón. Entré en el hospital arrastrando los pies y cargando con una cara que no era la mía, que era una versión de plastilina derretida a la que el trigémino le estaba aplicando un tercer grado. Me senté en la sala de espera, ese purgatorio de sillas de plástico donde uno se dedica a observar las vidas ajenas mientras espera que alguien grite su nombre como si fuera el de un superviviente en una lista de náufragos. 

Y ocurrió. En una hora, en lo que dura una pachanga de fútbol sala con el descuento y las tanganas, fui un hombre rescatado. Me atendieron cinco personas. Cinco. Pasé por las manos de una administrativa que me fichó con una piedad eficiente, una enfermera que me hizo el triaje con la mirada de quien ha visto cosas peores que mi muela termonuclear, un celador que me condujo por el laberinto de boxes como un sherpa de bata blanca, una médica que auscultó mi derrota bucodental y otra enfermera que me puso un pinchazo en el trasero, por donde empezó a correr la paz en forma de calmante.

Cinco personas que no me conocían de nada, que no tenían por qué quererme y que, sin embargo, se confabularon para que yo volviese a ser una persona y no ese guiñapo humano que entró pidiendo clemencia administrativa; cinco personas que son el músculo y el alma de un sistema que funciona con una precisión de relojería suiza incluso cuando el relojero está plagado de carteles de una huelga nacional sanitaria. Cuesta entender el mecanismo moral de quien, gobernando un país rico, diseña el desguace de este refugio. Hay que ser un auténtico malnacido para querer apagar la luz de un sitio que te salva por el simple hecho de estar vivo. Al salir, me toqué la pulsera de plástico; hoy es un incordio de celulosa, pero anoche fue toda una condecoración; fue la prueba de que, aunque nos rompamos, queda una red que no entiende de pleitos ni de clases. Mi patria es esa mano extraña que te busca la vía para que vuelvas a ser un hombre.

Una vez consumado el cierre tecnocrático con el ascenso del teco Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera, el gobierno continúa moviendo ficha en la batalla accionarial para el control de empresas del Ibex-35. De algunas de estas partió, por una parte, un mensaje en 2015 que muchos interpretamos como un cordón sanitario contra el presidente Pedro Sánchez; y, por otra, fondos que financian a los medios que han pintado una caricatura autocrática del jefe del ejecutivo. 

Indra no es una batalla menor: es una de las grandes empresas españolas de tecnología relacionada con el armamento y la seguridad. Privatizada en los años 90, el Estado volvió a su capital cuando el gobierno de Mariano Rajoy nacionalizó Bankia. Con Sánchez, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ampliado su presencia a una cifra en torno al 28%.  

La noticia más reciente es la dimisión de Ángel Escribano, empresario que había ascendido a presidente de la compañía una vez marchado su directivo Marc Murtra para Telefónica. Concesionario de numerosos contratos estatales, Escribano es propietario de una empresa familiar también accionista de Indra, lo que, en vista del conflicto de intereses latente, ha terminado con su proyección al frente de este gigante. 

Su sucesor es Ángel Simón, afín en el pasado al partido socialista catalán, como también lo es Maurici Lucena, presidente de Aena, Murtra, de Telefónica, o Joan Clos, antiguo mentor de Murtra, que ocupa en la actualidad la presidencia de la patronal inmobiliaria Asval. Simón viene del holding financiero CriteriaCaixa, que gestiona participaciones relevantes en empresas como Naturgy, Telefónica o CaixaBank, donde el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), estaba presente en un 18% a finales de 2025. Allí Simón chocó con el factótum de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé.  

La llegada de Ángel Simón a Indra se produce en un momento en el que el ambiente bélico internacional y la extorsión verbal del presidente norteamericano hacen previsibles inversiones millonarias armamentísticas que colocan a Indra en el centro de la economía pública y privada. Este papel estatal comienza a recordar a los consensos socialdemócratas que juzgaban desaconsejable dejar en manos de corporaciones privadas los sectores estratégicos. 

Pero subyace, además, la continua pugna de un gobierno en minoría que no ha querido entregar la cuchara en ese otro ámbito del poder que es el de la gran corporación. Con su presencia relevante en Telefónica, el ejecutivo cuenta con resortes mediáticos que estuvieron en manos del Partido Popular durante treinta años; su influencia en Movistar y en RTVE es sobresaliente; el rechazo del principal accionista de PRISA, el armenio francés Joseph Oughourlian, al plan gubernamental de lanzar una televisión privada con su apoyo corre paralelo al refrendo de este, también presidente del fondo Amber, a las pasadas decisiones de Escribano en Indra. Con la caída de este último no solo llega, por tanto, una presidencia mejor vista por el Gobierno, sino, además, una respuesta contundente al levantisco gestor de uno de los principales grupos editoriales en España. 

La batalla continúa y, por fin, podemos verla en su dimensión más amplia: la que abarca también al mundo de la gran empresa. Será clave conocer los próximos planes de Indra y las decisiones corporativas del nuevo presidente. El Gobierno español continúa haciendo de la necesidad virtud y entendiendo, con razón, que la política en un mundo de corporaciones hegemónicas y con una visión privada del país ha de extenderse más allá de esa difusa separación entre público y privado. Una línea divisoria que, a juzgar por el flujo de puertas giratorias y relaciones clientelares, nadie se ha tomado nunca demasiado en serio. Va siendo hora de hablar de ello en una voz algo más alta.

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Andrés Villena acaba de publicar 'Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939' (Libros del KO)

Hace ya demasiado tiempo que un sinnúmero de irresponsables está utilizando indebidamente a los jueces para intereses particulares. No se trata solamente de las querellas que embarran la vida política del país y que, no pocas veces, acaban en nada, pero que hacen un daño tremendo a las personas que son imputadas, a su reputación e incluso a la opinión pública. También cabe hablar de las querellas que interponen, con cualquier pretexto, abogados temerarios simplemente para amedrentar a la parte contraria de un conflicto, con el objeto de llegar más rápidamente a un acuerdo. Se trata de casos que no debieran ni empezar y que, pese a los esfuerzos de varios jueces de instrucción, comienzan con demasiada frecuencia. 

La anterior conducta temeraria no sólo afecta a la jurisdicción penal. La administrativa sufre también las demandas de personas que saben que no tienen ninguna razón, pero que acaban iniciando la vía judicial para presionar en un conflicto que tienen perdido, y en el que sólo quieren ganar tiempo obstaculizando la labor de las administraciones para obtener una posición de fuerza que, eventualmente, les dé réditos económicos o incluso ideológicos. Por último, también la jurisdicción civil sufre sus males. Fondos de inversión o grandes empresas interponen de manera masiva demandas que carecen de futuro, sólo para amedrentar a algunos asustados o ingenuos deudores, siendo que algunos ni siquiera deben nada. En otras ocasiones, son las compañías las que fuerzan, con sus incumplimientos, a reclamar judicialmente a los consumidores para que esas empresas cumplan lo que debieran hacer de forma automática. Sucede con enorme frecuencia con las compañías aéreas y telefónicas. Los tribunales están hartos de esas reclamaciones en las que el consumidor tiene más razón que un santo, sucediendo, simplemente, que las empresas ganan tiempo incumpliendo, especulando así con sus propios clientes, los consumidores, sabedores de que la mayoría no reclaman por tan poco dinero, cobrando ilegítimamente las empresas cantidades que, globalmente consideradas, son enormes, engañando a esos clientes.

Estas últimas reclamaciones, que colapsan los tribunales civiles, se resolverían con eficientes aplicaciones de inteligencia artificial destinadas a ayudar a los jueces, que están por construir, además de con normativas más exigentes que obligaran a las compañías a restituir su dinero a los clientes con exactamente la misma facilidad y rapidez con las que cobraron de ellos. Pero el resto de las reclamaciones citadas, las penales y las administrativas sobre todo, son culpa de haber olvidado un poco todos, jueces, abogados y ciudadanos, que la jurisdicción penal es una herramienta muy excepcional, y que la administrativa no puede entrometerse en la labor política o incluso técnica de las administraciones, que es más amplia de lo que tantas veces se supone. 

Empezando por la jurisdicción penal, rige para la misma, y para todo el Derecho Penal, un principio llamado ultima ratio, que significa que el Derecho penal –y los jueces y fiscales que lo aplican– sólo se pondrá en funcionamiento en casos en que sea evidente la existencia de un delito, no cayendo en la trampa de forzar las normas y las investigaciones hasta que aparece algo que podría ser lejanamente delictivo, actuando a partir de entonces de una manera, a veces, un tanto obsesiva para perseguir aquello que nunca debió ser perseguido, o que tuvo que ser trabajo de jueces no penales. De las deudas se ocupan los jueces civiles y, cuando un deudor se retrasa, no puede suponerse que está estafando o ha cometido un delito de apropiación indebida. Cuando alguien tiene una conducta íntima poco aceptable desde el punto de vista moral, no hay por qué asumir automáticamente que ha cometido una agresión sexual. Las críticas, también las sarcásticas, no suelen ser delito de odio, y además es fácil saberlo leyendo sólo la querella, sin más trámites. Incluso un insulto no tiene que suponer automáticamente una querella, sino que los jueces civiles –es decir, no penales– se pueden ocupar de ese desencuentro de una manera más rápida, eficaz y hasta lucrativa. Cuando un juez se equivoca, no se puede pensar sin más que está prevaricando, pues ese delito solamente se puede reconocer en los supuestos más extremos en que un juez se pone las leyes por montera y hace lo que sus instintos le dictan.

Los ejemplos son infinitos, y el resumen sería que, en la actualidad –al contrario de lo que sucedió históricamente– si un juez no penal puede resolver ese conflicto, es ese juez el que tiene preferencia. Solamente esta última afirmación sacaría de los archivos de los tribunales penales un sinnúmero de procesos que, además, están en vía muerta y acabarán en nada, pero que colapsan la institución.

En el terreno administrativo el tema es más delicado. El abuso de algunos ciudadanos sucede con no pocas reclamaciones en oposiciones en las que una comisión da, legítimamente, la victoria a otro candidato porque aprecia que su currículum es más valioso que el suyo por criterios técnicos fundamentados. Los jueces sólo pueden anular esa valoración en supuestos de arbitrariedad, lo que supone que la comisión, simplemente, le ha adjudicado la plaza a quien le ha dado la gana sin ningún motivo científicamente sostenible. Pero existiendo esa motivación razonable, que expresa el criterio de la comisión, los jueces no pueden sustituir por su propio criterio el de la comisión, porque sería tanto como decir que son esos juzgadores, y no esa comisión, quienes otorgan plazas en la administración pública.

Pero también acontece que se les someten a los jueces decisiones de las administraciones que entran dentro de la simple política, como, por ejemplo, cuando una zona de una ciudad se peatonaliza. Las leyes dan un margen amplio a las administraciones para que hagan urbanísticamente en la ciudad aquello para lo que los ciudadanos los eligieron, precisamente porque son decisiones políticas, de manera que serán esas administraciones y sus representantes elegidos por la ciudadanía, y no los jueces, quienes decidan el futuro de la apariencia externa de la ciudad. Sin embargo, demasiadas veces se les someten a los jueces materias de puro gusto estético en las que no debieran entrar, porque ese gusto es, como se puede entender fácilmente, una cuestión política. Sucede hasta con monumentos de valor incuestionable en el que algunos ciudadanos se ven afectados por las obras para culminarlos. Siempre habrá quien quiera paralizarlo todo para intentar conseguir más dinero en las expropiaciones.

Y ha pasado incluso con la eutanasia de una joven que decidió morir voluntariamente, al amparo de la ley. Dos decenas de expertos dictaminaron a favor de la petición de dicha joven, pero hubo que esperar dos años a que varios tribunales confirmaran que, efectivamente, la ley se estaba cumpliendo debidamente en un caso, además, que no suscitaba tantas dudas, con independencia del juicio moral que merezca la eutanasia, que era lo realmente complejo, pero que en absoluto era ni podía ser el objeto de ese juicio.

Puede que algún día se extienda el pensamiento –sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional– de que la Justicia no debe ocuparse de todos estos conflictos, siendo mucho más ágil que los jueces pronuncien inadmisiones a trámite en casos especialmente evidentes de utilización indebida de los tribunales, es decir, de mala fe, sin merma del derecho de defensa. La respuesta a un ciudadano no siempre merece un proceso judicial completo, sobre todo cuando es evidente, desde el principio, que no le asiste la razón y que sólo desea instrumentalizar a los jueces para finalidades ajenas al proceso judicial.

El gobierno estadounidense registra una frenética actividad. No hay vacaciones de Pascua para ellos. Tampoco, bien es verdad, para las sociedades víctimas de la guerra que Trump ha desatado junto a Netanyahu que son muchas y de variada índole. Trump y sus marionetas aparecen con síntomas del síndrome “vivo sin vivir en mí”. Se diría que el presidente se pasa el día delante de una cámara lanzando invectivas, o sonriendo complacido con los ya más que empalagosos halagos que le dedica su equipo. Temen, con claridad, que al psicópata en jefe de la Casa Blanca se le crucen los cables -más- y los eche “a patadas”.

Así lo ha hecho con Pam Bondi, la fiscal general que se había desvivido por complacerle como máxima responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos. No ha sido suficiente. A Trump le ha molestado que no estuviera volcada en triturar a sus enemigos estadounidenses como hace el ministro de la guerra Pete Hegseth con las dianas que le señala en el mundo exterior. O el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en sus distintas parcelas. Para Bondi también ha contado, dicen, su tratamiento del caso Epstein que no ha dejado contento a nadie. Diría que a quien menos a las víctimas, pero tampoco a un Donald que sabe lo que ha hecho y teme que muchos más lo sepan.

Todos ellos han sufrido un “toque” del presidente, incluso la portavoz Karoline Leavitt, quien lejos de molestarse ha redoblado su servilismo sin complejos. Ayer mismo declaró que “uno siempre quiere ser la persona más culta de la sala, y yo intento serlo cada día. Pero Donald Trump siempre lo es. Es increíble los conocimientos que tiene de todo”. Es decir, todos se han puesto de felpudo ante el jefe, pero el jefe no está contento de cómo le van las cosas -pese a lo que diga-.

El principal síntoma de esa contrariedad que se advierte en Trump con el curso de la guerra ha sido la purga del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George. El jefe del Pentágono le ha pedido que renuncie y se jubile de inmediato. Se suma a la destitución de al menos una docena de generales más y a cómo está obstaculizando la promoción de mujeres y militares de raza negra. En ningún manual de guerra de cualquier tiempo y lugar se descabeza el ejército en plena batalla, textualmente: cambiando a su jefe máximo. La portada de The Economist era explícita mostrando esos palos de ciego trumpistas que no solo benefician a China. A Estados Unidos le perjudican y, lo que es peor: a sus víctimas.

 Pero este Viernes de Dolor el incidente de gran calado ha sido que Irán ha derribado un caza estadounidense que volaba por su espacio aéreo, y Hegseth ha montado un dispositivo especial para rescatar a los pilotos con otro avión y varios helicópteros. Por el momento, han encontrado a uno y no saben el paradero del otro. Trump había dicho que las defensas aéreas iranies estaban completamente destruídas y Hegseth que al punto de volar sobre Irán con toda tranquilidad. Las reacciones trumpistas a todo esto son impredecibles.

La guerra, la grande, por la hegemonía mundial, se libra en otros frentes más. The Guardian cuenta en detalle, en una exclusiva, que Estados Unidos ha ordenado a todas las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo poner en marcha campañas coordinadas contra la hostilidad extranjera y usen X, la plataforma de Elon Musk, como una herramienta “innovadora”para contrarrestarla. El cable está firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y sugiere también que las embajadas y los consulados “colaboren con la Unidad de operaciones psicológicas del ejército estadounidense para abordar el problema de la desinformación rampante”. O sea para extender precisamente la desinformación a su favor. En ese cable se establece un amplio conjunto de instrucciones sobre cómo el personal de las embajadas debe contrarrestar lo que describe como esfuerzos extranjeros coordinados para socavar los intereses estadounidenses en el extranjero. 

Esto sí que funciona, es un arma poderosa que muchos no advierten como tal y se tragan a placer.  Y el mal se extiende. ABC y el entusiasta portavoz mediático para España advierten del interés trumpista por el proceso para llegar a la eutanasia sufrido por una joven española. “Noelia Castillo: la muerte que abre otro choque entre España y EE.UU”, titulan. Y dicen que Washington ha pedido a su embajada en Madrid recabar datos sobre el caso y sobre posibles «fallos sistémicos de derechos humanos». Un gobierno de asesinos choca contra la ley constitucional de un país extranjero y se lo compran tan contentos.

Les funciona y no solo al trumpismo, aquí estamos sufriendo también la escandalosa manipulación de la verdad, con los mismos sistemas mediáticos, y el continuo goteo de bulos e insultos del PP que no descansan ni en Semana Santa, repartiéndose los turnos de crispadores entre toda la plana mayor del partido.

 Por lo demás, da gusto estar hasta en Madrid cuando se encuentra semivacío. Siempre que no se le ocurra transitar por las zonas de fervores y compras. Sobre todo, las de fervores, porque muchas tiendas han cerrado, loado sea el Señor de los mercados.

Trump sigue a pie de micrófono con sus presunciones de fuerza a las que ve sus costuras, agrediendo a diestro y siniestro, alterando las bolsas de valores y los precios del gas y del petróleo cada vez que abre con esa intención su boquita de piñón naranja y volviendo a decir, otra vez, que ya solo faltan dos o tres semanas para acabar la guerra.

Puede que, llegados a este punto, escribir sobre Mark Zuckerberg sea aburrido, pero hasta hace muy poco se decía lo mismo de la democracia y ya empezamos a echarla en falta. Vázquez Montalbán puso, irónicamente, en circulación aquello de “contra Franco vivíamos mejor”. Volaremos, entonces, cómo lo estamos pasando ahora, mientras España es uno de los contados países democráticos que se enfrentan a Trump. Con lo cual, no es un ejercicio monótono revisitar a Zuckerberg, el espabilado de Harvard.

El personaje que se dibuja en la película La red social de David Fincher que cuenta la historia de Facebook, está construido desde la ficción y no mucho de lo que se narra allí se puede tomar como apunte de la realidad, salvo los datos constatables. Un ejemplo es el timo a los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss a los que Zuckerberg les arrebata en la universidad el germen de Facebook. Otro dato veraz es el temprano aporte financiero de Peter Thiel a Facebook. Hay más pero de todos modos, la matriz psicológica que construye el actor Jesse Eisenberg, si bien es totalmente subjetiva, responde a un modelo que la peripecia vital de Zuckerberg no desmiente: un sociópata centrado en unos fines sin freno alguno, ni moral ni emocional.

La semana pasada se conocieron dos sentencias adversas contra el imperio de Zuckerberg. En Los Ángeles, una niña que comenzó a utilizar YouTube, empresa de Google, a los seis años, e Instagram a los nueve, confesó, una década después, no poder superar la adicción generada por las redes. El jurado declaró culpables a las dos empresas. En otro tribunal de Nuevo México, Meta, propietaria de Instagram y Facebook, fue condenada a pagar 350 millones de euros por engañar a los usuarios con respecto a la seguridad de sus plataformas. Las redes, según el Departamento de Justicia, “permitían a pedófilos y depredadores llevar a cabo explotación sexual infantil y fueron diseñadas intencionadamente para generar adicción en los jóvenes”.

A partir de estos procesos, sobre todo el de Los Ángeles, se habla de un “momento tabaco”, el equivalente al juicio contra las tabacaleras de la industria tecnológica. Pero Zuckerberg no parece muy preocupado ni por las sentencias ni por los comentarios.

El periodista y escritor Séamas O'Reilly observa que, en el caso de la acusación de Nuevo México, se hizo hincapié en la insuficiente solidez de las medidas de protección contra la depredación infantil en las aplicaciones de mensajería de Meta. La pregunta que se hace O'Reilly es que si se va a limitar la edad de los menores para acceder a las redes, ¿cómo, exactamente, se supone que esa traba va a impedir que los adultos envíen fotos de niños, sin su consentimiento, a otros adultos?

Hay otra cuestión no menos llamativa. Todos los grupos que reciben apoyo de la administración Trump con la misión oficial de proteger a los niños de los movimientos trans apoyan el fallo contra Meta ya que la restricción de acceso a los menores forma parte de sus reclamos. El punto está en que si bien festejan la sentencia contra Meta, es precisamente esta empresa quien les financia a todos. ¿Hay contradicción? No la hay porque, como explica Taylor Lorenz, periodista especializada en tecnología, el negocio de Meta ya no está en la interacción sino en la recopilación de datos. 

Hace un año, en abril de 2025, en la fase inicial del juicio antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) contra Meta, Zuckerberg declaró que la empresa se había centrado en los últimos tiempos en «la idea general del entretenimiento, el aprendizaje sobre el mundo y el descubrimiento de lo que está sucediendo». Más claro: Meta se aleja de la comunicación interpersonal ya que la tendencia es que disminuye el interés por ver el contenido publicado por amigos y aumenta la curiosidad por el material audiovisual. En definitiva, las restricciones de menores no modifican el negocio. Con lo cual, a Mark Zuckerberg solo le falta decir al “movimiento tabaco”: fumando espero.

Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman de OpenAI, e incluso Frank Sinatra hasta el día en el que sacó a bailar a Nancy Sinatra en el Ballroom de la Casa Blanca (el mismo que Trump tiene ahora en obras), alguna vez fueron progresistas. Zuckerberg también, hasta el punto de bloquear a Donald Trump en sus plataformas. 

“Los impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump pretende utilizar el tiempo que le queda en el cargo para socavar la transición pacífica y legal del poder a su sucesor electo, Joe Biden”, escribió en su cuenta de Facebook el 7 de enero de 2021. Cuatro años después lo borró. Se recuperó a tiempo del trance financiando la última campaña electoral y acompañando al resto de conversos del Silicon Valley en la ceremonia de toma de posesión de Trump en enero de 2025. 

Desde entonces, Zuckerberg hace lo posible por ganarse el favor del mandatario. En ese sentido, el giro de Meta ha sido copernicano: hoy está en contra de la diversidad, la equidad, la inclusión y se ha suprimido la verificación de datos. Meta ha pasado de cancelar a Trump en 2021 a dar barra libre a cualquier publicación por falsa que sea. Gracias a esta buena predisposición, es usual verle sentado a la diestra del presidente en algunas de las cenas que ofrece en la Casa Blanca.

Una vez fuera del armario, tiró las camisetas espartanas y se puso otras con inscripciones en latín: Carthago delenda est (Cartago debe ser destruida) y Aut Zuck aut nihil (O Zuck o nada). No lo sugieren: son declaraciones de guerra de alguien que practica artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), halterofilia y sigue las indicaciones de la IA de Meta para perfilar su look que, además del físico musculoso, incluye cadenas de oro y ropa de creadores. El historiador cultural Benjamin Wild lo entiende como “parte del cambio para rehabilitar su posición dentro de Meta y del contexto corporativo de Estados Unidos, mediante la alineación con las tendencias dominantes que priorizan el carisma sobre la contemplación y el machismo sobre la moderación”.

En este marco suceden hechos como el reto que le propuso Elon Musk para enfrentarse en una lucha pública de jiu-jitsu. Ambos estuvieron varios días cambiando mensajes públicos, como si se tratara de las pullas histriónicas de Muhammad Ali y George Foreman en su histórico combate de la República Democrática del Congo en 1974. Pero Musk y Zuckerberg no son púgiles; se les supone empresarios de élite, de la generación del Silicon Valley que colaboran con la Casa Blanca. Aunque más allá de revolcarse en el mismo lodo de Trump e insultarse públicamente como adolescentes, no se dejan solos el uno al otro en los momentos críticos. Cuando Musk pretendía desmontar el Estado y dormía por las noches al pie de su escritorio en las dependencias del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), contó con el apoyo de Zuckerberg. Como dos villanos inseparables del universo Marvel. 

Como no podía ser de otro modo, por todos los atributos enumerados, Donald Trump ha elegido a Zuckerberg para que forme parte del nuevo Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST por sus siglas en inglés). No está solo, muchos de sus tecno bros del Silicon Valley le acompañan. El que sí probablemente se sienta perdido en esta tribu es el único científico del grupo: John Martini, un experto en computación cuántica de la Universidad de California en Santa Cruz y premio Nobel de Física en 2025, según cuenta el científico y periodista Javier Sampedro. 

Como ya ha sucedido con otros personajes, ha sido Southpark quien ha sabido dar un perfil exacto de Mark Zuckerberg. En un capítulo, los adolescentes de la serie se desmadran infectando las redes con insultos y falsedades extremas. Los padres deciden invitar al propietario de Meta para que les oriente. El resultado de la visita es que se tienen que enfrentar a dos problemas: la deriva de sus hijos y un enajenado que les amenaza con “bloquearlos” a golpes exhibiendo sus habilidades de luchador.

Dijo Brecht en su día: “Qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente”. Aquel mundo de ayer se parece al de hoy.   

La decisión de disolver el Parlamento el 7 de abril y convocar elecciones para el 17 de mayo no puede entenderse como una disolución y convocatoria anticipada, pero sí fue una decisión discrecional del presidente. En algo más de un mes, la disolución y subsiguiente convocatoria habría sido automática por haberse agotado la legislatura. Juan Manuel Moreno Bonilla no habría tenido que tomar ninguna decisión.

Algo más de un mes no es tiempo suficiente como para que se pueda hablar de adelanto electoral, pero ello no quiere decir que esa anticipación sea neutra políticamente. El presidente andaluz, de manera no solo completamente legal sino también legítima, ha llegado a la conclusión de que el mejor momento para que los ciudadanos acudan a las urnas es el 17 de mayo y nada se le puede objetar.

La facultad de disolver discrecionalmente el Parlamento es una prima a la posesión del poder. El presidente puede decidir en qué momento puede llamar a los ciudadanos para que elijan a sus representantes. La decisión puede consistir en disolver anticipadamente o en no hacerlo. Tan política puede ser la motivación en un caso como en el otro, como hemos tenido ocasión de comprobar en este mismo año. El PP ha diseñado un calendario electoral en las Comunidades Autónomas en las que gobierna con la doble finalidad de levantar la hipoteca que le supone la dependencia de Vox para la formación de Gobierno y de debilitar al PSOE y prefigurar con las victorias del PP en el imaginario colectivo el resultado de las próximas elecciones generales.

El diseño no ha dado el resultado esperado en Extremadura y Aragón, donde el PP sigue dependiendo de Vox, pero sí en cierta medida en Castilla-León, donde va a tener que contar con Vox, pero donde este último no ha tenido el resultado que esperaba, dándole con ello un cierto respiro al PP.

Pero en dicho calendario el momento decisivo era y sigue siendo el de las elecciones andaluzas. Más todavía después de lo poco concluyente que ha sido el resultado electoral de las tres Comunidades que ya han celebrado elecciones. Andalucía, además de ser políticamente más importante que las otras tres Comunidades Autónomas, es la única de las cuatro en la que el PP gobierna con mayoría absoluta. De mantener o no dicha mayoría depende el éxito del calendario electoral diseñado por el PP. Si después de no poner fin a su dependencia de VOX en Extremadura, Aragón y Castilla-León, resulta que vuelve a depender también en Andalucía para la investidura de Moreno Bonilla como presidente, está claro que la operación no habría conseguido el objetivo que perseguía. 

La renovación de la mayoría absoluta se ha convertido para Moreno Bonilla en una cuestión decisiva. Si no lo consigue, el estigma del “pato cojo” que acompaña a los presidentes de los Estados Unidos después de las elecciones de mitad de mandato de su segunda presidencia empezaría a aplicársele. Quedaría muy debilitado.

La mayoría absoluta es la clave. ¿Es más probable mantener la mayoría absoluta adelantando las elecciones unas semanas o esperando a agotar la legislatura? Unas semanas son poco tiempo, pero en un escenario político como en el que nos encontramos puede ser mucho. 

Por varios motivos. 

En primer lugar, por la Guerra de Irán, que ya está siendo un problema para las derechas europeas y que puede serlo todavía mucho más, si la escalada que se está produciendo en este momento conduce a una prolongación indefinida de la misma. Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa en el 'No a la guerra' a escala no solamente española sino europea. Cuanto más tiempo se mantenga el escenario de guerra, más incómoda va a ser la campaña para el PP, que tendrá que intentar diferenciarse de Vox, pero sin parecer que coincide con el Gobierno. Reducir el tiempo antes de acudir a las urnas se ha convertido en algo apremiante para el presidente andaluz.

En segundo lugar, porque, en el momento en que decidió adelantar las elecciones unas semanas, Vox no tenía todavía designado su candidato para liderar el partido y, en consecuencia, tenía que improvisar una candidatura con el riesgo que una improvisación supone en todo proceso electoral. 

Y en tercer lugar y sobre todo, porque, en el momento en que decidió adelantar las elecciones, la desunión de los partidos de la izquierda no socialista era manifiesta. La reducción en varias semanas de tiempo para que pudieran ponerse de acuerdo parecía un golpe definitivo para que pudieran hacerlo.

Posiblemente, este era el motivo más importante para adoptar la decisión de convocar para el 17 de mayo. Intentar conseguir que la izquierda no socialista se quedara en los cinco escaños de 2022.

Y aquí es donde su decisión ha sido más errónea. Acortar el plazo reduce hasta el punto de casi anular la posibilidad de discutir, que es lo que más divide a las izquierdas. El plazo fijado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para la formación de coaliciones es tan reducido que los partidos no pueden enredarse en pactar las diferencias que los separan, sino que les obliga a cerrar el pacto de manera insoslayable. 

Esto es lo que le ocurrió a Macron, cuando, tras las elecciones al Parlamento Europeo, decidió disolver y convocar las elecciones legislativas. Pensaba que la izquierda no iba a ser capaz de concurrir conjuntamente y que, en la segunda vuelta acabarían votando a su partido, a fin de que no ganara el partido de Le Pen. Pero ocurrió lo contrario. Las izquierdas no tuvieron tiempo para discutir y concurrieron conjuntamente y ganaron las elecciones. El desconcierto en que se encuentra Macron tuvo su origen en el adelanto electoral.

Esto es lo que ha ocurrido en esta semana en Andalucía. Se ha formalizado el acuerdo entre IU, Movimiento Sumar y Podemos y otros cuatro partidos menores para concurrir juntos a las elecciones. Políticamente supone un cambio importante, por cuanto de todos son conocidas las tensiones en el seno del espacio a la izquierda del PSOE, especialmente entre Sumar y la formación que dirige Ione Belarra. Nada más que hay que ver la recepción que ha tenido en los medios de comunicación progresistas el acuerdo para deducir que se trata de un anuncio de trascendencia en un momento en que las urnas están castigando severamente la desunión de las izquierdas. 

El acuerdo se ha alcanzado, además, en un momento en que se está produciendo un cambio en la dirección del viento. Las elecciones presidenciales en Portugal, las municipales en Francia, las legislativas en Dinamarca, el referéndum en Italia nos está indicando que la resistencia frente al avance de la derecha está empezando a tener consistencia en el continente europeo. Está por ver qué impacto tendrá el citado acuerdo cuando llegue el momento del escrutinio, pero sin duda es un paso en una buena dirección. Cualquier iniciativa que se encamine a no dispersar los votos de la izquierda debe ser bienvenida. No es solamente la mayoría absoluta lo que pueda estar en juego el 17 de mayo, sino de qué color es la mayoría para la formación del Gobierno. Lo que parecía impensable hace una semana ya no lo es tanto. 

¿Por qué las organizaciones empresariales españolas han decidido no sentarse a debatir sobre la participación de los trabajadores en las empresas? La pregunta es relevante porque lo que está en juego no es una ocurrencia política coyuntural, sino el desarrollo de un mandato constitucional que lleva casi medio siglo pendiente.

El pasado 2 de febrero el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó el informe “Democracia en el trabajo”, elaborado por una comisión internacional de expertos en relación con el artículo 129.2 de la Constitución española. Este precepto establece dos mandatos: los poderes públicos deben promover eficazmente las diversas formas de participación de los trabajadores en la empresa y facilitar su acceso a la propiedad de los medios de producción.

No se trata de una idea nueva. La participación de los trabajadores en la empresa ya figuraba en la Constitución de 1931, que preveía su presencia en la dirección, la administración y los beneficios empresariales. Sin embargo, pese a estar recogido en la Constitución vigente desde 1978, el artículo 129.2 apenas ha tenido desarrollo efectivo y sigue siendo una promesa constitucional pendiente.

El informe presentado por el Ministerio analiza esta situación y pone de relieve una paradoja evidente: mientras en España el debate parece novedoso, en gran parte de Europa la participación de los trabajadores en la gobernanza empresarial es una práctica consolidada desde hace décadas.

La Unión Europea lleva años promoviendo este modelo. Diversas directivas y resoluciones comunitarias reconocen sus ventajas y recomiendan a los Estados miembros facilitar su implantación. En países como Alemania, Austria, Francia, Suecia o Países Bajos, los trabajadores participan en los órganos de administración o vigilancia de las sociedades.

La participación financiera también está bastante extendida. En Francia o Suecia los trabajadores poseen participaciones relevantes en el capital de numerosas empresas. Incluso fuera de Europa existen modelos consolidados, como el sistema ESOP en Estados Unidos.

España no es completamente ajena a estas experiencias, aunque su desarrollo ha sido limitado. La participación de los trabajadores se ha concentrado principalmente en el ámbito de la economía social: cooperativas, sociedades laborales y cajas de ahorro, y en determinados casos derivados de la normativa europea.

Aun así, existen experiencias relevantes tanto en empresas públicas como privadas. También en sociedades europeas con presencia en España donde los trabajadores participan en órganos de administración o vigilancia.

El informe parte de un diagnóstico más amplio sobre los desafíos que afrontan nuestras economías: desde la sucesión empresarial en las pymes hasta la crisis de competitividad e innovación, pasando por la gobernanza de la inteligencia artificial, la creciente desigualdad o la fragilidad de nuestras democracias.

En este contexto, reforzar la participación de los trabajadores no es solo una cuestión laboral. Puede contribuir a mejorar la innovación, la resiliencia empresarial, la calidad del empleo y la sostenibilidad social.

Por ello, el informe propone avanzar hacia una democratización progresiva de la empresa mediante diversas medidas: una futura ley que fomente la participación de los trabajadores, incentivos fiscales, instrumentos en contratación pública, la creación de fondos ciudadanos o indicadores que permitan evaluar el desarrollo de la democracia corporativa.

Para debatir estas propuestas, el Ministerio de Trabajo convocó el pasado 12 de marzo la mesa de diálogo social. Los sindicatos acudieron y destacaron la importancia de reforzar la democracia, y en particular en la empresa.

Las organizaciones empresariales, en cambio, decidieron no asistir. En su lugar calificaron la propuesta en los medios de comunicación como un ataque populista al mundo empresarial, un ejercicio de intervencionismo o incluso una amenaza al derecho de propiedad.

Estas afirmaciones merecen algunas aclaraciones.

En primer lugar, la participación de los trabajadores en la empresa no es una idea radical ni marginal. Es una práctica extendida en numerosas economías avanzadas y defendida desde posiciones políticas muy diversas.

En segundo lugar, numerosos estudios muestran que estos modelos no reducen la inversión. Al contrario, suelen mejorar la productividad, la innovación, la calidad de la organización del trabajo y la estabilidad a largo plazo de las empresas.

Además, la propuesta objeto de debate no plantea “regalar” empresas a los trabajadores. Lo que plantea es que los convenios colectivos o los acuerdos de empresa puedan establecer mecanismos de participación de las personas trabajadoras en las decisiones estratégicas y en el capital. Solo en ausencia de acuerdo se prevé una participación mínima, similar a la existente en otros países europeos. 

La participación en la gobernanza empresarial puede adoptar diversas formas: desde mecanismos reforzados de consulta a través del comité de empresa hasta la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración o supervisión. De hecho, el informe propone adaptar la legislación española para permitir sistemas de gobernanza dual, habituales en la mayoría de las economías europeas.

En última instancia, el objetivo es sencillo: que las empresas españolas dispongan de herramientas similares a las de otros países europeos para afrontar los desafíos de una economía basada cada vez más en la innovación y en los activos intangibles.

Por eso sorprende que este debate no haya querido abordarse por la patronal en el espacio natural para hacerlo: el diálogo social. 

Mientras todas las miradas se vuelven hacia Oriente, inclinando el eje de la Tierra hacia el lejano Este, aquí en Occidente libramos nuestras propias batallas… Y aunque Estados Unidos hace tiempo que nos dio la espalda, en Europa seguimos teniendo muy presente el desorden geopolítico que nos dejaron desde 2014 varias Administraciones estadounidenses y que hoy se libra con armas entre Rusia y Ucrania, con la OTAN en la retaguardia. Por eso nos preocupa la geografía. Porque hay un pequeño enclave ruso en el corazón de Europa que sortea todos los peligros posibles para provocar un “casus belli”. Se llama Kaliningrado, histórica capital prusiana, antigua Könisgberg y lugar de nacimiento de Kant. Y cuyos habitantes dudo mucho que hoy se sientan alemanes (0,4% de la población), tras formar parte de la Unión Soviética desde 1945 y, hoy, de Rusia. 

“¿Y dónde está China? ¿Y dónde está Rusia?”, cantaría Carlos Baute… Kaliningrado es una pequeña “isla rusa” en medio de la Unión Europea, que hace frontera terrestre con Polonia y Lituania, y marítima con Suecia por el mar Báltico. ¿Imaginan que un dron ruso cruzara la frontera aérea lituana ante de pasar a Bielorrusia, país amigo? ¿Y que Lituania se lo tomara como un acto de guerra? ¿O que un caza polaco amigo cruzara hacia territorio lituano invadiendo el espacio aéreo ruso de Kaliningrado? Durante los cuatro años de “nuestra guerra” esto es lo que temíamos. Que un cruce de drones entre Polonia y Lituania hiciese recaer la culpa por error sobre Kaliningrado, es decir, Rusia. 

Y esto que todos temíamos, desde la invasión Rusia de Ucrania, no ha ocurrido. Aún. Pero está pasando en el Golfo de Finlandia. Lluvias de drones ucranianos caen sobre la costa norte de Rusia. La explosión de la refinería rusa de petróleo Yaroslavl se produjo por un dron que venía de cielo OTAN. Finlandia inmediatamente reaccionó y derribó dos de estos aparatos que violaban su espacio aéreo, y que no eran rusos sino ucranianos. Una frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia es razón de peso para que no se dude de su inocencia. Menos prestos a disculparse han sido los Bálticos. Los drones ucranianos siguen sobrevolando su territorio y el de Polonia, e incluso alguno ha caído de forma accidental sobre estos países, por ahora, sin víctimas mortales. 

¿Pero qué pasaría si un granjero polaco fuera alcanzado por un dron ucraniano “perdido” por las interferencias de guerra electrónica rusas, que desvían estos aparatos de sus objetivos en Rusia? En la última semana de marzo Kiev los ha reconocido como suyos y ha pedido perdón. Los drones desviados de su ruta original, han caído en Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Pese a que su objetivo son las infraestructuras energéticas rusas en el Báltico, los drones ucranianos impactaron el 25 de marzo contra la chimenea de la central eléctrica de Auvere (Estonia). Ese mismo día, otro dron se estrelló y explotó en la región de Kraslva (Letonia), cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Dos días antes, otro dron cayó sobre el lago helado Lavysas (Lituania), en su camino a la terminal petrolera rusa de Primorsk. 

Estos tres países bálticos, junto con Polonia, han capitaneado la vanguardia contra Rusia durante el conflicto con Ucrania. Precisamente, los que más podrían temer represalias por su vecindad con Rusia, han sido los portavoces de la Administración Biden en este conflicto ante las instituciones de la Unión Europea. Tal vez porque, desde antes de la guerra, sus fronteras han sido blindadas con los principales batallones de otros países, entre ellos España, que se concentran allí para defenderse de un “ataque preventivo de la URSS”, como cantaban “Polanski y el Ardor” en los años 80 de nuestra era. 

Se trata de la Presencia Avanzada Reforzada (eFP, por sus siglas en inglés) de la OTAN. En estos momentos, se concentra en Estonia un grupo táctico multinacional liderado por el Reino Unido, con la participación constante de efectivos de Francia e Islandia. En Letonia, Canadá lidera el grupo a nivel de brigada desde 2024. Esta brigada incluye personal de países como España -con compañía blindada de carros Leopardo-, Albania, Chequia, Italia, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. En Lituania se concentra un batallón liderado por Alemania, que está en proceso de convertirlo en una brigada permanente y que será totalmente operativa en 2027. Y en Polonia, Estados Unidos lidera el grupo táctico desplegado en la zona crítica de Suwalki, el corredor que conecta 70 kilómetros de frontera con Bielorrusa, principal aliado de Rusia.

No valdrían las excusas, pues, si un dron OTAN o ucraniano cayera en Kaliningrado, rodeado como está de “fuego amigo”. La diplomacia hablaría de error, guerra electrónica un dron perdido o desviado, pero el “casus belli” ya se habría activado. No, lo que pasa en Oriente no nos es ajeno… Tanto como para no prever que en Kaliningrado se puede librar la última batalla, pese a que el resto del mundo la haya olvidado.

El pasado 23 de marzo el director de The New Republic, Michael Tomasky, se interrogaba de manera retórica:“¿Qué es lo más aterrador de la guerra de Irán?” (The scariest thing about this War?), para despejar el interrogante a continuación con un rotundo: “Que él (Donald Trump) está sentado en el Despacho Oval ”(He´s sitting in the Oval Office). Este era el título del artículo.

La combinación de un presidente errático y corrupto que es, al mismo tiempo, el comandante en jefe del ejército más poderoso que se ha conocido en la historia de la humanidad, convierte la guerra de Irán en una amenaza aterradora a escala mundial.

Se trata de una guerra sumamente anómala, ya que, en el Congreso, que es el órgano constitucional que tiene atribuida la facultad de declarar la guerra, no se ha producido un debate antes de que se iniciaran las operaciones bélicas, pero sí se han producido, hasta el momento, dos debates acerca de por qué no se debían poner límites a cualquier decisión presidencial respecto del futuro de las mismas. Se ha producido la inversión más completa de la lógica constitucional. El Congreso ha aceptado que la guerra se puede iniciar sin su consentimiento. Como consecuencia de ello, entiende que no puede no aceptar que la guerra continúe sin contar con dicho consentimiento. Con el no debate sobre el momento inicial de la guerra y con el doble debate con resultado negativo sobre cualquier posible límite a la continuidad de la misma, el Congreso se ha desposeído formal y materialmente de la facultad constitucional de hacer la guerra y se la ha transferido al presidente, que, justamente por ello, carece de límites.

Y no a un presidente cualquiera, sino a Donald Trump. Una vez adoptada esta decisión, es imposible saber qué es lo que puede ocurrir y hasta dónde puede llegar la escalada. Es fácil imaginar, dice Tomasky, que Donald Trump se aburre literalmente de la guerra, especialmente si los acontecimientos no se suceden de la forma en que él los había imaginado y, como consecuencia de ello, las encuestas empiezan a arrojar resultados negativos o muy negativos sobre su gestión de la misma. La tentación de anunciar que se ha conseguido la victoria y que no tiene sentido continuar con la presencia de tropas en el Golfo se convierte en irresistible.

Pero también es fácil imaginar lo contrario y que el presidente pueda optar por la dirección opuesta y decida que, una vez que ha acumulado una enorme cantidad de efectivos, no tiene sentido no aprovechar la ocasión para invadir Irán, apoderarse del uranio enriquecido y poner fin por el tiempo en que es posible hacer predicciones a la amenaza atómica.

Ante este escenario la reacción del Gobierno español de decir no a la guerra y de no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón y cerrar el espacio aéreo para cualquier intervención en la guerra, es la mejor de las reacciones posibles. Es la misma senda que han seguido a continuación varios países de la Unión de manera expresa e implícitamente los demás y la propia Unión.

Pienso que la guerra tiene todavía recorrido y que el chantaje de los Estados Unidos puede activarse de forma acentuada en cualquier momento. El escenario aterrador no puede ser descartado mientras Donald Trump continúe en la Casa Blanca. 

En 1969, unos meses después de tomar posesión como presidente, Richard Nixon estaba impaciente por terminar la guerra de Vietnam, que ya había hundido al demócrata Lyndon Johnson. El republicano quería que la Unión Soviética presionara a sus aliados norvietnamitas para que aceptaran un acuerdo con los términos de Washington. Tal vez le hicieran más caso si pensaban que el presidente de Estados Unidos no estaba del todo cuerdo y podía hacer cualquier cosa, incluso más allá de sus propios intereses.

En octubre de aquel año, Nixon ordenó una operación de pega que consistió en mandar bombarderos cargados de armas nucleares a dar unas vueltas por Alaska para que los espías rusos pensaran que había un peligro inminente y que el residente de la Casa Blanca iba sin freno. El jefe de gabinete de Nixon, H.R. Haldeman (uno de los condenados por el escándalo del Watergate), contó después que era todo una estrategia pensada por el propio presidente, que le había dicho: “La llamo la teoría del hombre loco. Hacemos que les llegue el runrún de que ‘madre mía, ya sabes que Nixon está obsesionado con el comunismo, no podemos pararle porque está enfadado, y tiene el dedo en el botón nuclear’”. 

Las noches de alcohol y resentimiento de Nixon podían ser o no una pose, pero ayudaban a su imagen de impredecible y tal vez no del todo en sus cabales.

En el caso de Nixon, la estrategia de presión funcionó sólo a medias –disuadió a Moscú, pero surtió poco efecto en Vietnam– incluso en esos tiempos donde el control de la información era más facil que ahora y los rivales estaban claros. Nixon era una persona obsesionada con sus complejos, los Kennedy y la prensa, pero no estaba loco y guardaba un sentido del deber, de las formas e incluso del bien público. El republicano mostró su pragmatismo a la hora de negociar con Moscú y de abrir una nueva vía, inesperada, con Pekín.

Donald Trump ha coqueteado a menudo con la idea de la locura e incluso ha presumido de que su imprevisibilidad es un valor.

Su discurso el miércoles por la noche, presentado como un momento más formal, es un ejemplo más de un mensaje inquietante lleno de contradicciones más que de explicaciones. ¿La estrategia es la incoherencia? Es difícil saberlo, pero el mundo se ha complicado mucho desde 1969, con múltiples actores, rivales, armas cada vez más potentes y actores de intereses contradictorios en un mundo donde es imposible controlar la información. La salud mental de Trump se debate y la eficacia de hacerse el loco (la “madman theory”) ha sido cuestionada durante décadas. “La locura percibida tiene ventajas limitadas en la negociación forzada con rivales extranjeros” y “además tiene costes domésticos significativos que potencialmente erosionan su eficacia”, explica un artículo académico de la Universidad de Harvard de 2023. 

La locura que han elegido los estadounidenses para todo el mundo está costando vidas, hipotecas, puestos de trabajo, emisiones, odio y caos que durará más allá de este momento. El mejor escenario posible –y ya es decir– es que todo sea una estrategia y que Trump se parezca más a Nixon de lo que creemos. 

Uno de mis libros favoritos el pasado año fue Orbital, la novela de Samantha Harvey. Ambientada en la Estación Espacial Internacional y protagonizada por seis astronautas, en ella no hay sobresaltos, accidentes, extraterrestres ni peleas en gravedad cero, habituales en cualquier narración situada en el espacio. En Orbital solo vemos la rutina de experimentos con ratones y plantas, averías domésticas, conversaciones serenas, recuerdos familiares y, sí, unas bellísimas vistas de la Tierra a través de los ventanales de la Estación, pura poesía si lo lees en el inglés original. Me acompañó en varios viajes en avión, y levantaba cada poco la vista del libro para mirar yo también por la ventanilla, embobado como siempre me embobo mirando la Tierra desde las nubes.

Cuento todo lo anterior para que se entienda mi entusiasmo incondicional con la Misión Artemis II, cuyo despegue seguí con emoción la otra noche junto a mis hijas. Me fascina todo lo que tiene que ver con el espacio, sí, y seguir en tiempo real la actual misión a la Luna acrecienta mi fascinación retrospectiva por las misiones norteamericanas y soviéticas de hace más de medio siglo. Hoy resulta inverosímil que con la tecnología de entonces se llegase tan lejos, a la vista de lo mucho que cuesta enviar un cohete de vuelta pese a que nuestras ingeniería, informática, comunicaciones y conocimiento son infinitamente superiores a los de aquella carrera espacial vintage.

Pero pese a mi fascinación, mientras seguía la cuenta atrás y veía con asombro el despegue, no podía perder de vista de qué va este regreso a la Luna. Por si se me olvidaba el verdadero sentido de la misión, lo recordó Trump mediante un mensaje en su red social unas horas antes del lanzamiento: según el presidente norteamericano, Artemis II es la prueba de que “estamos GANANDO (la mayúscula es suya), en el Espacio, en la Tierra y en todas partes: económica, militarmente y ahora, MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS. ¡Nadie nos sigue de cerca! América no compite, nosotros DOMINAMOS, y el mundo entero nos mira.”

El hombre llegó a la Luna por primera vez en 1969 con el calamitoso y criminal presidente Nixon, en una carrera más militar e imperialista que científica. Y ahora puede regresar con otro presidente calamitoso y criminal, y por motivos similares. Las prisas de Trump por volver a plantar la bandera y establecer allí una base para luego seguir con Marte no tienen mucho que ver con la ciencia: responden a la megalomanía trumpista (ahora por dominar el espacio), a intereses empresariales (con Musk y Bezos como contratistas), y por supuesto militares (su proyecto de “cúpula dorada”, un escudo antimisiles que proteja Estados Unidos desde el espacio). Sin olvidar que, mientras admiramos el vuelo del cohete, siguen cayendo misiles sobre Irán y el Líbano.

Parafraseando aquello tan viejo del sabio que señala la luna y el necio que mira el dedo: cuando Trump señala a la luna, es inevitable mirar su dedo, para ver hacia dónde apunta después.

Nos llama la atención que el debate sobre el registro de jornada y el dictamen del Consejo de Estado – al que se ha adjetivado de “demoledor” por sus numerosos comentaristas – no se hayan subrayado dos circunstancias a nuestro juicio definitorias del núcleo del problema jurídico y político que se está dilucidando. 

La primera, el incumplimiento masivo que se está produciendo en las empresas mediante la realización de horas extraordinarias no remuneradas. No es una cantidad baladí. Según las estimaciones más seguras, en 2025, se realizaron una media de 2,5 millones de horas extraordinarias no pagadas a la semana, afectando a cerca de 441.000 trabajadores que no recibieron remuneración ni descanso por su trabajo. Este fenómeno supone un ahorro ilegal para las empresas de 3.243 millones de euros anuales, con una media de 5,6 horas no pagadas por trabajador semanalmente, además de una sensible afectación de la salud de las personas trabajadoras.

La segunda, la relación directa que existe entre el tiempo de trabajo, los descansos y la salud laboral. Es una relación evidente que ha sido puesto de manifiesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige implantar sistemas objetivos, fiables y accesibles para registrar la jornada diaria de cada persona trabajadora, garantizando el cumplimiento de los tiempos de descanso y límites horarios, una obligación que busca proteger la seguridad y salud de las personas empleadas y se aplica en todos los sectores, incluyendo en una reciente sentencia a las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar. Esta doctrina es la que justamente provocó la reforma del Estatuto de los trabajadores (ET) en el 2019 para acomodar la legislación española a esta exigencia del derecho europeo. Este enfoque permite a nuestro juicio abordar de forma productiva el problema planteado por el dictamen del Consejo de Estado sobre la competencia del gobierno en la regulación de este sistema de control del tiempo de trabajo.

La STJUE C-55/18 exige un “sistema objetivo, fiable y accesible” de registro de la jornada diaria que permita verificar el cumplimiento de los límites de la Directiva 2003/88. No se limita a recomendar un control cualquiera. El dictamen admite la referencia a esa sentencia, pero relega la discusión al plano de la “oportunidad técnica” y se detiene sobre todo en los costes empresariales y en las objeciones de las patronales sin realizar referencia alguna a los resultados que está arrojando hoy un sistema de llevanza del registro de jornada en papel. Eso invierte el orden de fuentes: la prioridad no es la comodidad de la empresa, sino la garantía de un derecho social fundamental de origen europeo. Este deber empresarial no resulta cumplido satisfactoriamente con la implantación de un sistema cualquiera de llevanza del registro de jornada. Por el contrario, la normativa exige que se tenga en cuenta la evolución de la técnica (digital en los tiempos actuales) como principio básico de la prevención de riesgos laborales en la adopción de esta medida preventiva (art. 15.1.e LPRL). La concepción que denota el dictamen sobre la gestión algorítmica y digital, que actualmente integra los esquemas organizativos de la gran mayoría de las empresas, parece hacer honor a la naturaleza secular de la institución y se ancla en las empresas con torno, taquilla y paquete de folios en plena época de la IA y la transformación digital, evitando que el avance tecnológico se ponga al servicio de los derechos de los trabajadores.

En el debate público entre los creadores de opinión más solicitados parecería que la potestad reglamentaria en materia laboral es inexistente en materia de tiempo de trabajo. Y, sin embargo, tanto respecto del tiempo parcial (art. 12 ET), como de las jornadas especiales (art. 34.7 ET) y horas extraordinarias (art. 35.2 ET) está explícitamente reconocida. Pero es que además y con carácter general, el art. 6 de la Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL), prescribe la competencia de las normas reglamentarias del gobierno para establecer los “requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”, de donde cabe por consiguiente deducir una competencia plena del reglamento para la regulación de los estándares mínimos de protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, garantizando el cumplimiento de los límites horarios y los tiempos de trabajo y de descanso. El dictamen apenas explora esta clave y trata el registro como un mero instrumento de control horario y de relaciones colectivas. Pero si el tiempo de trabajo es un factor de riesgo reconocido, la opción reglamentaria de reforzar el registro es una manifestación típica de la potestad del art. 6 LPRL, no un “exceso ultra vires”. La STC 35/1992 y la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional entienden que la reserva estatal abarca también el desarrollo reglamentario necesario para garantizar la efectividad de los derechos laborales básicos, entre ellos los relativos al tiempo de trabajo y descansos. El Consejo de Estado no puede invocar esa doctrina y, al mismo tiempo, negar en la práctica al Gobierno la posibilidad de fijar estándares técnicos mínimos del registro horario sin vulnerar la ley.

No cabe leer el art. 37.9 ET como una cláusula excluyente de la intervención reglamentaria, que atribuya un estatus de inmunidad a la negociación colectiva, los acuerdos de empresa o, en su defecto a la decisión unilateral del empresario en la regulación del registro diario de jornada, sino que, por el contrario, debe leerse la mención a la “organización y documentación” del mismo como un momento posterior de desarrollo y aplicación de la norma que lo diseña. Además, atribuir a la negociación colectiva y, en su defecto, a la decisión unilateral del empresario la arquitectura del registro en un contexto de alta precariedad y debilidad representativa en las pymes supone naturalizar la asimetría de poder. Un reglamento que fija estándares mínimos homogéneos reduce el margen de discrecionalidad empresarial y protege a quienes carecen de representación, que son precisamente los más expuestos a jornadas abusivas y horas extra invisibles. Los estudios citados en la propia memoria de impacto muestran que el control horario mejora más la salud y la conciliación de las mujeres. Sin embargo, el dictamen silencia este ángulo.

Por lo demás, la lectura que proponemos es coherente con la dicción del precepto, que sitúa como un elemento determinante para la puesta en práctica del registro la decisión unilateral del empleador, que es la que se aplica si no llega a un acuerdo en la empresa con la RLT. No cabe por tanto interpretar que la voluntad del titular de la empresa encarne en última instancia un poder regulador excluyente de la intervención pública que fija los estándares mínimos de protección en materia de control del tiempo de trabajo. Un enfoque progresista debe remarcar además que la jornada difusa y prolongada agrava la doble jornada femenina y penaliza especialmente a quienes tienen responsabilidades de cuidados y peor posición negociadora. Negar instrumentos de control robustos significa, de facto, reproducir desigualdad de género y de clase.

Se requiere, por tanto, un cambio de enfoque en el análisis de la regulación por el Gobierno del instrumento que garantiza el control horario en los lugares de trabajo. Y este es el que suministra la conexión ineludible con la salud laboral, propiciando el entorno de trabajo saludable que impone como principio universal la OIT a partir de la reforma de su Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo en el 2022

Este cambio de perspectiva habría también aminorado las prevenciones del Dictamen sobre el respeto a la privacidad e intimidad de las personas trabajadoras en el control de la salud en el trabajo. El dictamen, al reforzar la lectura de la AEPD, se preocupa más por la eventual afectación a la privacidad que por la opacidad estructural que protege el fraude en tiempo y cotizaciones. Se trata de una inversión de prioridades incompatible con el mandato del art. 9.2 CE de remover obstáculos reales a la igualdad y con el art. 28 CE sobre libertad sindical y control de las condiciones de trabajo. La STC 142/1993 de 22 de abril, la crítica a la denominada “intimidad económica” en materia de salarios y otras condiciones de trabajo y la defensa de la capacidad de control de datos esenciales para lograr el cumplimiento de la norma, son elementos de reflexión muy valiosos para analizar que determinadas condiciones de trabajo como el tiempo de trabajo y los descansos no pueden ser considerados incluidos dentro de una esfera de intimidad personal que requiere, por el contrario, su conocimiento para garantizar no solo la aplicación efectiva de la norma imperativa, sino también las facultades de vigilancia y control del cumplimiento de la misma que nuestra legislación encomienda a los órganos de representación de las personas trabajadoras en la empresa como una función esencial de los derechos de representación colectiva y de acción sindical. 

Ya habrá tiempo para examinar con más calma la “gran consistencia jurídica” que se expresan en las 106 páginas del Dictamen del Consejo de Estado, su apasionamiento y su retórica, pero nos parece que el Real decreto cuestionado, por el contrario, avanza correctamente en la aplicación de la norma que establece el control horario como forma de garantizar el derecho fundamental a la salud y seguridad en el trabajo, en definitiva del derecho a la vida y la integridad física de las personas trabajadoras en el desempeño concreto de su actividad.

Adam Smith nació, en el año 1723, en el corazón de una pregunta: ¿Cómo se organiza una sociedad de extraños? 

Kirkcaldy era un pueblito minúsculo en la costa del Mar del Norte. A pocos kilómetros, en la orilla opuesta del fiordo de Forth, Edimburgo se estaba convirtiendo en una suerte de improvisada ciudad de los rascacielos. Encaramada en un risco diminuto sin espacio físico para crecer, la capital se había visto arrasada por sucesivas oleadas migratorias que habían duplicado su población a una velocidad vertiginosa. Sin otra posibilidad, los recién llegados habían ido convirtiendo la urbe en un experimento chiflado de chabolismo vertical: sobre los antiguos edificios medievales habían ido levantando planta tras planta hasta alcanzar las diez, doce, incluso catorce alturas a base de precarias estructuras de madera. 

Para cuando Smith tuvo edad de comprender lo que estaba ocurriendo, cerca de 60.000 personas se hacinaban en medio kilómetro cuadrado —algo así como cinco veces la densidad de una ciudad moderna— y aquellas estructuras habían empezado a ceder. Los muros se arqueaban, los cimientos se desplazaban, y no era raro que inmuebles enteros se vinieran abajo de la noche a la mañana.

Como los edificios de la Royal Mile, también las estructuras que ordenaban la sociedad escocesa de finales del siglo XVIII empezaban a resquebrajarse bajo la presión de la urbanización y la industrialización. Y es que en aquellos años en el sur de Escocia se estaba fraguando la transformación de la experiencia humana más importante –y más infravalorada– de la historia reciente. 

En 1750 había, quizá, cinco o seis ciudades de más de 100.000 habitantes en Europa: Londres, París, Viena, Nápoles y Madrid. Fuera de ellas, la práctica totalidad de la población del mundo aún vivía, como habían hecho sus antepasados durante milenios, en grupos tan pequeños que era posible tener un conocimiento íntimo de todos los vecinos. 

En esas comunidades, cada persona sabía no solo quién era quién, sino también quiénes habían sido sus padres y sus abuelos y cuántas veces su estirpe había estado vinculada o había entrado en conflicto con otra. Todo el mundo podía juzgar por sí mismo si alguien era confiable o no, si representaba un peligro, cuál era su estatus y si valía la pena su tiempo. Donde no llegaba ese conocimiento, las iglesias habían asumido el papel de ordenante de la vida en común. Así que los mecanismos que durante milenios nos habían permitido comprender las sociedades humanas seguían, hasta finales del siglo XVIII, prácticamente intactos.

Pero entonces los terratenientes escoceses comenzaron a promover las enclosure acts, unas leyes que prohibían a los campesinos usar los pastos comunes que hasta entonces habían sido la base de su subsistencia. Privados de su forma de vida, miles de personas se vieron obligadas a desplazarse a las ciudades.

Esas ciudades empezaron a convertirse en arrabales donde todo el mundo era nuevo y desconocido. Por primera vez en la historia, los grupos humanos superaban los límites de lo que podía entenderse desde la cognición individual y no tenían ni iglesia, ni tradición a la que agarrarse para entender lo que estaba ocurriendo. Así surgió un desafío completamente inédito: ¿cómo comprender a alguien que no conoces? ¿Cómo saber si puedes confiar en otra persona sin tener una referencia directa y personal? ¿Cómo transmitir tu propio estatus o reconocer el de alguien a quien nunca has visto? 

En ese escenario, la religión ya no era capaz de contestar esas preguntas. Ni podía seguir dando forma al mundo, ni sostener el orden social. Sus preceptos —no solo su manera de entender el tiempo y el espacio, sino, sobre todo, su función como arquitectura invisible de la vida en común— comenzaban a desmoronarse.

La obsesión de Smith, como la de tantos de sus contemporáneos, era la de sustituir esas premisas: encontrar los fundamentos de la naturaleza humana y las reglas que nos gobiernan para crear un mantra universal que ordenase la sociedad que estaba naciendo.

Y es que, por más que la Historia se haya empeñado en presentarlo así, Adam Smith no era un economista. La economía ni siquiera existía en aquel momento como disciplina. Lo más cercano era la “economía política”, que se ocupaba principalmente del gasto público y de la recaudación. Y la creencia general es que era el Estado el que producía la riqueza de las naciones. Smith, sin embargo, era profesor de filosofía moral y su ambición era ofrecer un marco para orientar la conducta de sus contemporáneos. La economía, podríamos aventurar, fue el artefacto que se inventó para convencernos de que aquel manual tenía algún sentido.

Y La riqueza de las naciones no es un tratado técnico, sino algo mucho más poderoso: es una fábula. Un relato sobre esa sociedad naciente. Un mito fundacional que vino a sustituir a la religión. Como todos los mitos fundacionales, no tuvo éxito porque fuera literalmente cierto, sino porque resultó extraordinariamente eficaz. Con un libro, Smith proporcionó un andamiaje intelectual sobre el que se terminó por levantar una civilización entera. 

El relato decía algo así: la riqueza de las naciones no depende de lo que poseen, sino del trabajo que son capaces de movilizar. Pero hay algo desconcertante: en todas partes las personas trabajan, y sin embargo unas sociedades prosperan mientras otras se estancan. ¿Dónde está la diferencia?, se preguntaba Smith. Y su respuesta era tan simple como revolucionaria: en la organización del trabajo.

Un artesano, trabajando por su cuenta, podía hacer un producto al día, quizá dos. Pero en una cadena de montaje podía hacer miles. La riqueza de los países dependía de lo bien que se organizasen. Y para organizarse, requerían capital. 

De manera que hay tres formas de contribuir a la sociedad: una, mediante sacrificio, aportando el ahorro que uno podría gastar en placeres superfluos; otra, con esfuerzo, entregando tiempo y trabajo; y la tercera, a través de la capacidad de organizar, de poner en marcha estructuras que multipliquen la productividad. Los países que logren dominar estas tres dimensiones —ahorrar, trabajar y organizarse— serán los que prosperen y dejen atrás a los demás.

Este mito tenía una ventaja extraordinaria en aquel momento histórico. El esfuerzo y el sacrificio, a diferencia de la devoción religiosa o de la fe, eran contables. Las horas de trabajo, las libras invertidas o ahorradas, podían anotarse en una hoja de cálculo. De esta manera, el mito resolvía ese gran problema de la sociedad que nacía: cómo valorar a las personas más allá de los vínculos familiares, de la comunidad local y del fervor religioso. Smith ofrecía un sistema universal para medir y guiar la conducta humana, un reemplazo secular para la autoridad moral que antes residía en la iglesia y en la tradición.

Así fue como el mito de Adam Smith sustituyó a la religión punto por punto, en todas sus facetas. Había un dios —ya no en el cielo, sino en la organización del trabajo— que prometía ganancias infinitas. Había virtudes —el ahorro y el trabajo— que otorgaban el favor de ese dios. Y había un infierno: la pobreza y la exclusión, el atraso en lugar del progreso, para quienes no cumplían los preceptos. Lo que uno valía y lo que valía el resto iba a quedar para siempre registrado en una gigantesca hoja de cálculo que llamaríamos economía.

Todavía hoy, 250 años después, vivimos palabra por palabra en ese mito. Las categorías económicas que se enseñan en la universidad (el trabajo y el capital como factores de la producción, la productividad, etc.) todavía nacen de ese libro. Pero no solo. 

También le seguimos enseñando a nuestros hijos la importancia del esfuerzo. Igual que nos enseñaron nuestros padres. Hasta nos machacamos en silencio cuando sentimos que “no nos hemos esforzado lo suficiente”. Por su parte, varias de las catástrofes de la sociedad contemporánea –como la crisis de la vivienda o la burbuja de las bolsas– se explican porque seguimos convencidos de que el ahorro es una actitud virtuosa que merece una recompensa (aunque no produzca valor y aunque no corra riesgos, que eran las cosas que se suponía que hacía el ahorro en el cuento de Smith).

La crisis que atraviesa nuestra sociedad también se explica por las limitaciones de ese relato. Smith pensaba que el conocimiento era irrelevante, un subproducto de la actividad humana que no debía contarse. En varias ocasiones a lo largo del texto desprecia la contribución de los obreros que inventaban mejoras para las máquinas o de las profesiones que no contribuían a mover la cadena de montaje. Y a pesar de que el dios de su historia –la división del trabajo– es una forma muy evidente de conocimiento, ni en sus planteamientos, ni en las ecuaciones que después dieron forma a la economía de los siguientes 250 años quedó reflejada esta faceta de la actividad humana salvo como un “residuo” que no se puede contar. 

Desde entonces, todo nuestro marco moral, que después se refleja también en la arquitectura de la economía como ciencia, descansa sobre el esfuerzo e ignora sistemáticamente la esencia de la actividad de los seres humanos: el conocimiento. 

Pero resulta que hoy hemos superado esa necesidad de esfuerzo que teníamos en el inicio de la Revolución Industrial: vivimos en una era del conocimiento en la que el trabajo –en ese sentido de la aplicación de la fuerza– cada vez es menos necesario para producir valor (y menos lo será a medida que avancen las energías renovables). Y, sin embargo, carecemos de herramientas para valorarlo. 

La crisis del mundo moderno nace de esa carencia: necesitamos una nueva biblia. Nos hemos quedado sin un mito que explique el mundo y necesitamos un nuevo relato que llegue allá donde no llegó un profesor de filosofía moral del año 1776. Uno que dé sentido a este tiempo nuevo y que nos empuje hacia adelante otros 250 años.

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Aunque sus casi 1.000 páginas pueden echar a algún lector para atrás, La riqueza de las naciones es una lectura muy entretenida que se puede limitar a los tres primeros libros (unas 300 páginas). Hay una versión reducida en el dominio público aquí que se puede encontrar también en libro de bolsillo de Alianza Editorial.

Cosas extrañas están ocurriendo en los mercados. El lunes pasado, 15 minutos antes de que Donald Trump publicara un anuncio de que se habían llevado a cabo “conversaciones productivas” con Irán, los operadores petroleros apostaron 500 millones de dólares sobre el precio futuro del petróleo. La declaración de Trump provocó una caída en los precios del petróleo crudo, y parece que algunas personas sabían que el anuncio se avecinaba, por lo que se hizo una apuesta rentable. No tengas envidia; simplemente algunas personas nacen con suerte.

No sabemos si las transacciones se realizaron con un conocimiento previo de los acontecimientos políticos, pero es una coincidencia tremenda. Todo parece “anormal”, dijo un analista petrolero a la BBC.

Las operaciones sospechosamente sincronizadas, si se realizaron realmente con conocimiento privilegiado, serían solo una parte de una bonanza de apuestas más amplia que reduce los acontecimientos políticos a una de las tantas oportunidades inesperadas para obtener ganancias. Tomemos Polymarket, un mercado de predicción en línea que despegó a principios de la década de 2020 y le permite apostar por cualquier cosa, desde el resultado del Super Bowl, hasta si Trump va a invadir otro país.

Previamente al ataque estadounidense contra Irán, varias cuentas nuevas en esa plataforma predijeron el momento de los bombardeos estadounidenses/israelíes, solo 24 horas antes de que ocurrieran. El mismo patrón se identificó después del golpe de Estado estadounidense en Venezuela en enero. Una sola cuenta, creada solo unos días antes de que ocurriera la acción militar, ganó más de U$400,000. Como resultado de estas transacciones, la gente se pregunta naturalmente si es posible que el presidente de los Estados Unidos o sus asociados se benefician ilegalmente del poder político, al tiempo que descubren que es casi imposible responder a esa pregunta. La Casa Blanca niega que la familia Trump haya participado en conflictos de intereses.

Los mercados de apuestas están aumentando en popularidad precisamente porque su actividad tiene pocas barreras de entrada y es difícil de rastrear. Las apuestas se hacen con criptomonedas como bitcoin, y, por lo tanto, dejan menos huellas y no tienen las restricciones bancarias tradicionales. Y las plataformas están descentralizadas, abiertas a usuarios globales y son muy difíciles de regular y ser cerradas Internacionalmente desde una sola jurisdicción. Los mercados financieros siempre han creado y negociado instrumentos especulativos basados en la anticipación de los movimientos de precios de un activo, pero los mercados de apuestas convierten el futuro en un activo sobre el que se puede apostar en función de un número casi ilimitado de escenarios, hasta e incluyendo cómo se interceptarán los misiles.

No sería exagerado especular sobre si algunas de esas apuestas sospechosas provienen directamente de una administración Trump descaradamente autoenriquecida. Desde que Trump asumió el cargo, su familia ha lanzado varias empresas de criptomonedas. Una investigación de The New York Times a principios de este año encontró que Trump ganó al menos U$1.500 millones en el primer año de su segundo mandato.

Esto no sugiere que Trump esté alertando activamente a cierta gente, pero tampoco parece inconsistente con la ética que ha exhibido hasta ahora. Hay otras posibilidades; que se trata de un conflicto desordenado rodeado de una gran y difusa banda de lacayos privados y profesionales. No es inconcebible que la gente simplemente recoja la información, y luego actúe y la transmita.

Pero hay un cambio cultural más amplio, que se está consolidando en la Casa Blanca y difundiendo en plataformas de apuestas. Es el de monetizar todo lo que sea posible, desde la presidencia hasta su presencia en línea, y convertir al público en marcas. Hay una promesa de que cualquiera puede lograr el mismo éxito que los estafadores. Es toda una industria. Los influencers en la manosfera venden plataformas de inversión dudosas, con la sugerencia implícita de que esta es la ruta para acceder a los lujosos estilos de vida que publican en las redes sociales. El anzuelo es que los exitosos de la sociedad tienen una fórmula, una fórmula secreta, una ventaja privilegiada, y que tú también la necesitas.

Detrás del apetito por estos esquemas hay una realidad a largo plazo: la reducción de las posibilidades de vivir una vida decente con un horario nueve a cinco que permite obtener una hipoteca, algunos ahorros, estabilidad laboral y una jubilación digna. Y con ello ha llegado la denigración cultural de trabajar para otro, la glorificación de ser tu propio jefe, de no volverte un mueble más con un trabajo de oficina. Optimice su dinero, tenga un pequeño ajetreo lateral especulando sobre los mercados de apuestas, obtenga un flujo de ingresos pasivos, ¡incluso el presidente de los Estados Unidos tiene uno!

Luego está el tipo de irrealidad que Trump ha inyectado en el mundo. Su tratamiento de todo como entretenimiento y espectáculo ha convertido la política en otra rama del deporte. Es a la vez un payaso malhumorado y un maestro de ceremonias todopoderoso de un circo global donde cada día es una sorpresa: ¿su decisión será pacífica o morirá gente? Haz tus apuestas.

Pero la política estadounidense siempre ha sido desconcertantemente laxa al regular los intereses financieros de quienes están en el poder. Los miembros del Congreso pueden comprar y vender acciones individuales, al tiempo que están al tanto de todo tipo de discusiones y regulaciones con respecto a las industrias que cotizan en bolsa. Nancy Pelosi ha amasado una fortuna durante su mandato y un “rastreador Pelosi” permite a otros seguir sus operaciones e imitarlas para replicar sus logros extraordinarios. El derecho a ganar dinero se extiende más allá de la oficina. Hillary y Bill Clinton convirtieron décadas de servicio público en una máquina de hacer dinero, ganando cientos de millones de dólares con discursos y consultorías, acumulando más dinero del que necesitan.

La pregunta que se cierne sobre gran parte del segundo mandato de Trump es si representa una aceleración de la dinámica que lo precedió, o si es un nuevo tipo de político. La respuesta puede ser ambas, dependiendo del escenario. Al impulsar abiertamente su fortuna y la de su familia, ha violado normas que veían aceptable cierto enriquecimiento de los cargos políticos pero no la descarada transformación de la Casa Blanca en una empresa privada. En la forma en que ha utilizado la oficina para vender la marca Trump ha roto con el decoro político, y ha igualado y acelerado una cultura más amplia de codicia sin escrúpulos.

Puede que nunca sepamos si estas transacciones sospechosas del mercado están directamente vinculadas a Trump, pero sí sabemos que encajan con el entorno actual: una cultura política desregulada, rapaz y especulativa que se está convirtiendo en un gran esquema global para enriquecerse.

Isabel Díaz Ayuso es muy de “los de la cruz” y entiendo que se refiere a los cristianos. Hace unos días quiso enmendarle la plana a Felipe VI, que había admitido sottovoce que los conquistadores hispanos de las Américas cometieron “abusos”, y proclamó con su acostumbrada desfachatez: “Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden, había que civilizar”.

Por “civilizar” Ayuso se refiere a sustituir a sangre y fuego unas culturas indígenas por otra foránea, algo muy discutible y no solo con los ojos algo más humanistas del presente, como dicen esos analfabetos nacionalcatólicos que desconocen la historia de las Españas. Ya en el mismísimo siglo XVI el sevillano fray Bartolomé de las Casas puso el grito en el cielo ante el cruel trato otorgado a los indios por los conquistadores. Y no fue el único, señora Ayuso y compañía.

Pues bien, ahora estamos en plena Semana Santa y no he oído a Ayuso, tan de “los de la cruz”, protestar por la tropelía cometida el pasado Domingo de Ramos por Israel en la mismísima ciudad de Jerusalén, escenario de los hechos de la pasión de Jesús de Nazaret. Manu militari, Israel impidió al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, acceder a la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo. Por cierto, unos días antes, la soldadesca israelí había apaleado a palestinos musulmanes que pretendían celebrar el final del Ramadán en la mezquita de la Roca, el tercer lugar sagrado del islam.

No soy en absoluto una persona religiosa, pero sí le tengo un gran respeto a lo sagrado, que no es lo mismo. Sagradas son para mí la vida humana, la inocencia de los niños, la limpieza del mar, la vida de los bosques, los monumentos y obras de arte de la humanidad, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. También lo son los lugares y los momentos donde otros seres humanos se recogen en oración ante dioses en los que yo no creo. Jamás se me ha ocurrido burlarme de las procesiones de estos días en mi querida Andalucía, comer, beber o fumar por las calles durante el Ramadán en las ciudades de mayoría musulmana donde he vivido, o encender fuego en casa de anfitriones judíos que siguen el Shabat.

A las religiones les pido que no intenten imponerme sus dogmas y sus ritos, que respeten la libertad de los demás a creer o no creer, que se atengan escrupulosamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo demás, las considero libres de desarrollar sus cultos. Con urbanidad, eso sí.

Por eso me escandaliza lo que Israel está haciendo en Jerusalén, lo veo como un paso más en esa su permanente violación de todas las reglas que permiten considerar democrático a un Estado. Sintiéndose impune por el padrinazgo de Estados Unidos y la cobardía de Europa, Israel lleva décadas practicando el apartheid con los palestinos, anexionándose ilegalmente los territorios que ocupó en 1967 y exhibiendo la máxima brutalidad con sus vecinos libaneses, sirios y persas.

Bajo Netanyahu, Israel ha salido por completo del armario y nos muestra el rostro del totalitarismo. Tal es su descaro que hasta insignes ciudadanos suyos como Avraham Burg, expresidente de su Parlamento, empiezan a dudar de que tenga derecho a la existencia. Ya no es un refugio para judíos perseguidos por el antisemitismo, es un poderoso Estado que quiere conquistar todo su espacio vital, su Lebensraum, ese Gran Israel desde el Nilo hasta el Éufrates de la Biblia. Con el apoyo, sí, de la gran mayoría de su población, señora Ayuso. Como lo tuvo el Führer entre tantos sus compatriotas para el Reich de los Mil Años.

Israel ya no oculta que quiere hacerse con todo el territorio del antiguo Mandato Británico en Palestina, ni tampoco con el sur del Líbano y un bocado de Siria, cosas todas ellas radicalmente contrarias a la legalidad internacional. A la par está arrasando Irán, el último país en la zona que le hacía frente, y legalizando la ejecución en la horca de aquellos palestinos que sus tribunales militares consideren terroristas. Señora Ayuso, si a esto puede llamársele democracia, yo soy Elvis Presley y usted la Dama de las Camelias.

Lo de impedir a cristianos y musulmanes que accedan a sus lugares santos en Jerusalén debería ser de juzgado de guardia hasta para seres como Ayuso, Abascal y los ultras descerebrados que, en la noche del pasado martes, en el partido entre España y Egipto, corearon lemas islamófobos. Jerusalén no puede ser patrimonio exclusivo de ninguna religión, ni tan siquiera de la que se recoge ante el Muro de las Lamentaciones. ¿O es que queremos apresurar la llegada del Apocalipsis?

Supongo que Ayuso, Abascal y los suyos ignoran que hay miles de palestinos que son de religión cristiana. Yo no lo ignoro, miren por dónde. Una vez, hasta estuve con ellos en una misa de Nochebuena en la Basílica de la Natividad de Belén, y les aseguro que fui mucho más respetuoso con el lugar y el momento que la tropa israelí que patrullaba el lugar. 

He ido varias veces a la Ciudad Santa de las tres religiones monoteístas y siempre he sentido allí algo especial, la sensación de que es uno de los polos magnéticos del planeta, un lugar donde, si el dios único existiera, se manifestaría de preferencia. Así lo ha visto también la comunidad internacional que, a través de la resolución 181 de la ONU, la consideró en 1947 un lugar especial, un corpus separatum merecedor de administración internacional.

En fin, quizá sea otro signo de estos tiempos el que a un descreído como servidor de ustedes le indigne más el acoso a mano armada en pleno Domingo de Ramos al cardenal Pizzaballa que a alguien tan de la cruz como la señora Ayuso.

En los tiempos en los que “me politicé” —principalmente a través del activismo estudiantil—, Andalucía era un bastión inexpugnable del Partido Socialista. No se trataba solo de las elecciones, sino de casi todas las instituciones de la región: desde la universidad hasta las empresas, pasando por los sindicatos, el PSOE tenía una ascendencia impresionante. Yo era entonces un estudiante de económicas que apenas podía intuir cuáles eran los canales sociológicos que explicaban tal dominio, pero sufría sus consecuencias a escala micro: la asociación que fundé encontraba siempre obstáculos con un rectorado socialista que no se fiaba de nosotros. No éramos de ningún partido, pero éramos heterodoxos y rivalizábamos con la sección juvenil del PSOE. Y cuando teníamos conflictos con las autoridades universitarias, siempre ocurría algo curioso: recibía la llamada de algún cargo orgánico del partido socialista con la intención de mediar. Así, mi percepción era que el PSOE estaba en todas partes.

A diferencia del itinerario habitual, yo me radicalicé con la edad. Pasé de ser un republicano progresista moderado a un militante de Izquierda Unida, primero, y del Partido Comunista, después. Mi militancia la desplegué en un pequeño municipio de Málaga donde el PP y PSOE acababan de poner en marcha una gran coalición para gobernar el ayuntamiento. Desde esa nueva posición, seguía comprobando el poder y la influencia del PSOE en Andalucía. No obstante, en aquellos años de principios del siglo XXI el desgaste empezaba a notarse. En mi pueblo, el agotamiento electoral era notable. Los bares que en día electoral guardaban los sobres con votos del PSOE —para repartir a los clientes— estaban menguando. Todo el tejido social sobre el que se había construido el dominio del PSOE estaba resquebrajándose. Únicamente resistían los focos más creyentes en la función modernizadora del PSOE. Pero “modernizar” era un concepto con historia —por ejemplo, muchos eran socialistas porque pudieron estudiar por primera vez gracias a la construcción del Estado social en la era de Felipe González—, y, sin embargo, ahora aparecía principalmente como una promesa vaga y abstracta. 

Lo cierto es que ya entonces, y en solo unas pocas décadas, Andalucía había dejado atrás —aunque sin hacerla desaparecer— una tierra de jornaleros, pescadores e importantes núcleos de trabajadores industriales, y se abría paso otro tipo de economía con acento neoliberal y globalizado. Los cambios que realmente estaban teniendo lugar implicaban algunos derechos sociales, pero sobre todo mucho ladrillo, turismo, precariedad laboral y, al devenir finalmente la crisis, un buen puñado de desempleo y frustración. Lo que se resistió al cambio profundo fueron los servicios públicos y una enorme administración que constituía una red clientelar de manual; y que no por casualidad fue el origen de algunos de los casos más notorios de corrupción del PSOE andaluz, como el de los ERE. 

El tópico nos habla de una Andalucía históricamente rentista y altamente dependiente de los servicios públicos. Como en toda gran mentira, siempre hay algo de verdad y, desgraciadamente, esta tierra ha tenido mucho de eso desde hace siglos; al menos desde que los grandes de España se dedicaban a cosechar rentas de los campesinos y jornaleros mientras sus homólogos europeos se convertían en burgueses e impulsaban la transición al capitalismo. Pero Andalucía también ha disfrutado de nodos de dinamismo económico y tecnológico, no solo durante el siglo XIX —Málaga fue, junto con Euskadi y Cataluña, una de las primeras regiones en industrializarse— sino también en tiempos bastante recientes. Estos últimos nodos han ayudado a conformar una clase media-alta de votantes conservadores, lo que unido al resto de cambios urbanos, demográficos y laborales han facilitado el crecimiento sociológico de las derechas.

Mi impresión es que, tras muchos años de bandazos, el PP andaluz ha terminado comprendiendo bien a qué Andalucía se dirige y, consecuentemente, definiendo mejor cuál es su proyecto estratégico. Los tiempos de transición siempre son problemáticos y difíciles de medir. Durante muchos años el PP presentó a las elecciones autonómicas a Javier Arenas, un perfil político que todos los andaluces podíamos imaginar subido al caballo, látigo en mano, exigiendo a los trabajadores un mayor esfuerzo para generar la plusvalía. Ese perfil no casaba en absoluto con una Andalucía que, aunque en transición, era todavía sociológicamente muy progresista. El PSOE, por el contrario, vivía de las rentas de ese primer impulso modernizador real pero que, como he mencionado, se iba agotando. E Izquierda Unida buscaba su sitio en un mundo post guerra fría en el que se intentaba actualizar y equilibrar el discurso con el que llegar tanto al importante mundo rural como al creciente ecosistema urbano de las grandes ciudades.

El éxito actual de la figura de Moreno Bonilla en Andalucía tuvo un precedente en la ciudad de Málaga en 1995. Aquel año “Málaga La Roja” votó mayoritariamente a las izquierdas, con 9 concejales para Izquierda Unida y 7 para el Partido Socialista. Sin embargo, Felipe González se negó a permitir que gobernara el candidato de Izquierda Unida, Antonio Romero, quien hasta entonces había sido el azote del felipismo en el Congreso de los Diputados a cuenta de los GAL. El resultado fue que acabó gobernando el PP, que sabiendo que Andalucía —y Málaga— cojeaba hacia la izquierda había presentado a una candidata heterodoxa: Celia Villalobos. Ella se presentaba como una candidata moderna, liberal y con inclinaciones progresistas en temas como los derechos civiles (años más tarde sería sancionada por el PP por no apoyar la ley del aborto de Gallardón). El PP no desaprovechó la oportunidad, y desde entonces ha gobernado ininterrumpidamente la ciudad. Estoy convencido de que es el mito fundacional de la derecha andaluza actual, y cuyo líder, malagueño también, sabe que necesita un perfil diferente al ofrecido por Ayuso, Abascal y otros reaccionarios.

En realidad, lo que ha ocurrido en Andalucía es el resultado de transformaciones socioeconómicas profundas que han reconfigurado las bases materiales de la sociedad. La progresiva neoliberalización de la economía —con el peso creciente del turismo, la construcción y la precariedad— ha alterado la estructura de clases, debilitando los vínculos tradicionales entre amplios sectores populares y el PSOE. En ese nuevo contexto, marcado por trayectorias laborales fragmentadas, aspiraciones individualizadas y una clase media más heterogénea, el PP ha demostrado una mayor capacidad de adaptación estratégica, construyendo un discurso y unos liderazgos que encajan mejor con la Andalucía realmente existente. Al fin y al cabo, Andalucía ya no es la tierra donde los bares guardaban sobres del PSOE ni la que soñaba con modernizarse desde el Estado. Tampoco es la caricatura reaccionaria que algunos dibujan desde fuera —aunque la ola también haya llegado, como a todas partes—. En definitiva, es una región que ha cambiado más rápido que los partidos que aspiran a representarla. En cierta medida también podemos decir que es una región contradictoria, donde el PP no ha ganado Andalucía con ideas, sino con un perfil que no asusta a una sociedad que, en el fondo, sigue sintiéndose progresista. Eso debería ser, para la izquierda, al mismo tiempo un diagnóstico que invita a un cambio de marcha y, también, una oportunidad para adaptarse a la nueva realidad.

España no es un país racista, a menos que nos refiramos a que a un extranjero (ni rico ni poderoso, se entiende) encuentra más dificultades para que le alquilen un piso. Que si tiene signos raciales evidentes le parará la policía más (reciente caso Serigne Mbaye) o le preguntarán constantemente de dónde es. Incluso cuando diga que “de Carabanchel” se le insistirá en que la pregunta se refiere al nacimiento, aunque la respuesta pueda ser la misma.

Los españoles no somos un caso único, porque no se nace racista ni se es racista genéticamente o por el lugar de origen. Los pensamientos y comportamientos racistas acompañan al ser humano (de toda raza) y pueden crecer. Por miedo, rabia, desconocimiento, prejuicio o heurística de la representatividad (es decir, considerar como más probable que te atraque o viole un marroquí si has recibido un bombardeo de mensajes en este sentido).

Los vergonzosos cánticos racistas en el partido de España y Egipto en Cornellà –“musulmán el que no bote”– son desprecio y despersonalización, como si “musulmán” fuera una categoría global sin distinciones y como si se pudiera representar así a millones de personas, asignándoles dos o tres atributos siempre negativos.

El concepto musulmán, como el concepto negro, subsahariano, marroquí, está siendo trufado con un nuevo contenido subjetivo por culpa de unas redes sociales que promueven valores antidemocráticos y por los dos partidos de la derecha. Vox y PP han entrado en la lucha por ver quién vincula más y más rápido los delitos y los problemas con los migrantes árabes y africanos. Como cuando ser español en el extranjero era signo inequívoco de ser pobre, atrasado, torero o ruidoso.

El entrenador de España o el presidente de la Federación, preguntados, salieron a condenar los hechos después del partido. Se agradece, aunque la industria del fútbol ha sido lenta y torpe al atajar la violencia en el deporte, un vehículo de formación tan poderoso como la televisión. Durante años han crecido en sus curvas machismo, racismo, insultos o neonazis mientras los clubes y las instituciones se lavaban las manos con la cobarde coartada de que no se hace política porque la política mancha. Que le pregunten a Jennifer Hermoso cómo encontró el silencio sepulcral de quienes, en vez de defender los valores además de los colores, callaron por no ofender a los poderosos.

Un reciente estudio del CIS revelaba en diciembre que los españoles son un poco racistas, pero también sinceros: la mitad se consideraba un poco racista o más. También la mitad admitían que tendría algún inconveniente en que un extranjero alquilara su piso. Además, el 70% de los encuestados no tenía amigos de otro origen étnico, lo cual dice mucho de cuan poco se integran y cómo crecen los fantasmas en torno al concepto de “los otros”.

Resulta preocupante que esa esquina de España violenta contra “el de fuera” (que antes era el inmigrante de Cuenca o el de un pueblo de Sevilla y ahora es de Ecuador, Colombia o Marruecos) haya encontrado para sus espurios preceptos la máquina de bombear que son las redes sociales y la máquina de blanquear 'vueltas atrás' que es Vox con la reciente incorporación del PP. Por ejemplo, ambos partidos han votado juntos este miércoles en la Comunitat Valenciana para alejar los centros de menores de los centros urbanos para evitar “problemas de convivencia y seguridad”. Todo suma para la ensalada racista y ultra.

Las cacerías de Torre Pacheco se cocinaron en Telegram, Facebook o X. El Observatorio del Gobierno Oberaxe vigila las redes e intenta que sus dueños pongan las bridas a la máquina desaforada de odio en la que se pueden convertir. En los últimos 30 días han detectado 25.000 mensajes de odio y han logrado que se retire el 30% del contenido. Es decir, el 70% no ha sido retirado. Tanto odio hay, que los propios trabajadores han sufrido campañas violentas por hacer su trabajo. La mayoría de encuestados por el CIS (35,4 %) ha visto “a menudo” en estas plataformas contenido que expresa ideas ofensivas o violentas contra migrantes y el 30,7%, “en alguna ocasión”.

Al final, lo que es habitual puede ser lo normal. Lo que es repetido puede convertirse en común. Y lo que era escandaloso decir ya se puede escuchar sin que estalle la vergüenza. Lo que se vio en el partido de la Selección no es más que el fracaso de una sociedad que no ha sabido contraponer la realidad compleja y diversa de la migración a una visión unívoca, temerosa y odiadora, una sombra de fácil digestión para estómagos hambrientos de impulsos e instintos en la que se ha subido también un partido que se considera institucional. No olvidemos que suenan mucho, pero no dejemos en sus manos el privilegio del altavoz o la representatividad, porque no son mayoría.

La guerra actual ha sacudido al régimen iraní, pero no ha acercado al país a un cambio democrático. Al contrario, refuerza un patrón bien conocido en los sistemas autoritarios: la presión militar externa rara vez produce transformaciones internas. En su lugar, permite al poder consolidar el control, reprimir la disidencia y ocultar las crisis más profundas. El debate en España y en Europa se ha detenido a menudo en el rechazo a la guerra, sin afrontar la cuestión más difícil: cuál debería ser el resultado político.

Desde la intensificación de los ataques a finales de febrero, Irán ha entrado en una fase marcada por el conflicto externo y una represión interna reforzada. El liderazgo ha utilizado la guerra para reinterpretar el descontento interno como una cuestión de seguridad nacional, justificando una represión más dura en un contexto de creciente presión interna. El levantamiento de enero de 2026 lo ilustra claramente: en lugar de abrir un espacio para el cambio, la guerra ha contribuido a cerrarlo.

En este contexto de represión intensificada, el régimen ejecutó los días 30 y 31 de marzo de 2026 a cuatro presos políticos de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI): Mohammad Taghavi (59) y Akbar Daneshvarkar (59), seguidos por Babak Alipour (34) y Pouya Ghobadi (33). Estas ejecuciones evidencian una campaña sistemática para eliminar a la oposición y sembrar el miedo.

Una guerra sin estrategia política

La idea de que los bombardeos pueden provocar un levantamiento popular parte de una comprensión equivocada de la naturaleza del Estado iraní. La guerra y los bombardeos aéreos no crean las condiciones para la movilización democrática. Al contrario, proporcionan a los regímenes en crisis un escudo que les permite cerrar filas, reprimir la disidencia con mayor eficacia y ocultar los fallos estructurales.

A menudo falta un vínculo claro entre la presión y el resultado político. La acción militar, las sanciones o la diplomacia se tratan con demasiada frecuencia como fines en sí mismos, sin integrar el factor decisivo: el papel del pueblo iraní y de la oposición organizada.

Este ha sido un argumento central de la resistencia iraní durante años. La política de apaciguamiento y de compromiso con los mulás —impulsada por el comercio, el petróleo, el temor a la escalada nuclear, los proxies regionales, el terrorismo y la toma de rehenes— no constituía una alternativa a la guerra. Fueron políticas fallidas y contraproducentes que reforzaron al régimen y acabaron desembocando en la guerra. La advertencia de Churchill sigue siendo pertinente: «Se os dio a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegisteis el deshonor, y tendréis la guerra».

La idea de un “colapso desde el aire” espontáneo es, por tanto, ilusoria. El régimen no es una estructura hueca que vaya a derrumbarse bajo presión externa. Es un sistema de seguridad capaz de absorber golpes y utilizar las amenazas externas para afianzar la cohesión interna. No se derrumba desde arriba; es cuestionado y, en última instancia, derrocado desde dentro.

Esta perspectiva ha sido defendida durante mucho tiempo por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, liderado por Maryam Rajavi, que aboga por una república democrática basada en la soberanía popular y elecciones libres. Ha rechazado de forma constante tanto el apaciguamiento como las soluciones militares externas, defendiendo una “tercera vía”: el cambio impulsado por el pueblo iraní y la resistencia organizada.

El papel de la resistencia organizada

El cambio democrático en Irán no es espontáneo ni el resultado de una intervención extranjera. Requiere una fuerza estructurada dentro del país capaz de mantener la presión sobre el régimen.

Desde hace más de una década existe en Irán una red clandestina de resistencia que opera en todo el país, conocida como las Unidades de Resistencia. Estas estructuras, vinculadas a la OMPI, han desempeñado un papel activo en la movilización y el sostenimiento de las protestas, incluido el levantamiento de enero, pese a una represión intensa. Según informes, tras esos acontecimientos, más de 2.000 miembros de estas unidades han desaparecido, es decir, han sido detenidos en secreto o asesinados. La reciente formación de un ejército clandestino de liberación, tras el levantamiento de enero, refleja un intento de organizar la resistencia de forma más coordinada.

Más allá del “no a la guerra”

El conflicto actual también ha puesto de manifiesto los límites de los eslóganes predominantes en Europa. Los llamamientos a un alto el fuego o al “no a la guerra” son necesarios, pero no suficientes. Oponerse a la guerra sin abordar la estructura política de fondo corre el riesgo de congelar la crisis en lugar de resolverla.

Para los actores europeos, incluida España, la conclusión es clara: decir no a la guerra es insuficiente si se deja intacto el sistema existente. Una política seria debe reconocer el derecho del pueblo iraní a lograr un cambio democrático.

Las ilusiones del cambio desde el exterior

La guerra también ha puesto de relieve la debilidad de las narrativas basadas en la intervención externa. Reza Pahlavi, hijo del depuesto sha, y sectores de su base de apoyo de extrema derecha han descrito el conflicto como una “guerra humanitaria”, sugiriendo que los ataques militares podrían allanar el camino para un cambio político.

Esta visión es profundamente errónea. La guerra no favorece los levantamientos populares; tiende a sofocarlos. Proporciona al régimen la justificación necesaria para intensificar la represión y silenciar la disidencia. La hipótesis de un colapso espontáneo desde el aire refleja un desconocimiento de la estructura y la resiliencia del régimen.

Esta distorsión también ha sido alimentada por ciertos medios. La cadena Iran International, cuya financiación ha sido vinculada por diversos informes a Arabia Saudí, y en ocasiones amplificada por BBC Persian, ha contribuido según críticos, a una percepción distorsionada del panorama opositor.

Una república democrática desde dentro

La cuestión central no es si el régimen está bajo presión, sino qué fuerza puede transformar esa presión en un resultado democrático. Sin el papel activo del pueblo iraní y de una resistencia organizada, ninguna presión externa producirá un cambio democrático. La verdadera cuestión para Europa es si está dispuesta a reconocer de dónde puede surgir ese cambio en Irán.

Tengo 73 años muy bien llevados. Y como la práctica totalidad de la gente de mi edad, no tengo abuela ... ni abuelo, ni padre, ni madre. Todos han muerto. Unos cuando les tocaba; otros nos dejaron bastante antes. Por lo vivido, cada día soy más consciente de que a mí me va tocando. Es un asunto que no tiene remedio y, además, he perdido todo interés en buscárselo.

Cuando era muy joven oí un dicho que me quedó grabado. “Mira que es mala la muerte que siempre la dejamos para lo último”.

Pasaron años en la inconsciencia porque no me tocaba. Hasta que una cuñada con la que tenía a una relación estrecha, enfermó de un cáncer fulminante. Me rebelé ante su muerte inminente. Mi médica, al comprobar que mi bajón se acercaba a la depresión, sentenció enfadada: “Antonio, es que somos mortales”.

Con el tiempo y la despedida a varios seres queridos y cercanos, la muerte ha dejado de ser tabú. La desaparición de mi madre a los 96 años me ha enseñado muchas cosas. Mujer católica a la vieja usanza con una capacidad para adaptarse a las múltiples vicisitudes que le tocó en suerte, supo y pudo disfrutar de una vida plena. Hasta que a los 90 años los achaques comenzaron a complicarle el día a día. Sus tres o cuatro últimos años fueron los de una mujer completamente dependiente; eso sí muy bien cuidada por la atención de sus múltiples hijos, el concurso bondadoso y constante de varias cuidadoras latinoamericanas, unas con papeles y otras sin ellos, y un esfuerzo económico que no todos se pueden permitir.

Pese a su deterioro físico, mi madre mantuvo hasta el mismo día de su muerte la clarividencia de la mujer especial que siempre fue. Pese a su postración terminal nunca expresó deseo de tirar la toalla y solía decir que, ante el final inevitable, “pensaba ponérselo muy difícil al Señor”.

Como digo, tengo 73 años muy bien llevados... pero sé que me va tocando. Soy esposo, padre, abuelo, amigo, de izquierdas, viajero, jugador de pádel, cocinero; todo ello en activo. Soy periodista jubilado pero no he tirado ni la pluma ni el ordenador a la basura. He tenido una vida plena y, además, pertenezco a una generación con suerte. No hemos sufrido guerras en carne propia y podemos presumir de haber protagonizado la modernización de un viejo país con una historia torturada.

Me queda vida. Quizá 20 años o más. Pero ya me va tocando. Como comentamos en las conversaciones de viejos “estamos en tiempo de descuento”.

Cuando miro hacia adelante y planifico lo que me espera, sé que, como ya ha ocurrido con anterioridad, poco a poco tendré que ir renunciando a algunas cosas incompatibles con el deterioro inevitable. Pero, en la medida que las lesiones me lo permitan, voy a exprimir mi buena vida hasta el último momento.

Sé, no obstante, que me va tocando y debo planificar el último momento. Desde luego tengo hecho hace años mi testamento vital. Y en coherencia, mi mujer y mis hijos saben que no quiero prolongar ni medio minuto mi vida por medio de artificios médicos.

Pero voy un punto más allá. Disfruté de mi madre cuando estaba en plena vitalidad y la cuidé hasta el último aliento en su postración, respetando su voluntad. Pero en ningún caso quiero para mí sus años postreros.

Voy a vivir mientras pueda mantenerme de forma independiente. Si tengo que caer a plomo sobre la vida cotidiana de mi mujer y de mis hijos, para malvivir y sufrir durante unos días, meses o años más, desisto.

Mi madre está ahora en ninguna parte y seguro que no es tan feliz como lo fue cuando disfrutaba rodeada de todos los que la querían y admiraban. Pero estoy persuadido que, en la nada, está más tranquila que en esos “minutos o días de prórroga” que permaneció completamente imposibilitada. Ella los quiso vivir, y su voluntad fue respetada. Yo desde luego no los quiero vivir.

Como el devenir es imprevisible, no sé cuando o si en algún momento tendré que acogerme a la ley de eutanasia. Si los tribunales de expertos previstos en la norma tienen que evaluarme, les pediré que entiendan que pido una muerte digna solo en el momento en el que estoy persuadido que una vida digna es inviable.

No pienso consentir que, como a algunos, la aplicación garantista de la ley de eutanasia, me aboque a una dependencia larga y a una muerte indigna en medio de sufrimientos.

A ver, pregunta de concurso de la tele: ¿cuál el mayor portaaviones de Estados Unidos? ¿El Gerald Ford? ¿El Kennedy? ¿El Enterprise? Frío, frío. Pista: tiene capacidad para cientos de aviones de combate, incluidos gigantescos bombarderos B-52 y aviones cisterna, y una tripulación de más de 80.000 soldados. Hasta bombas nucleares lleva a bordo.

Europa. Esa es la respuesta. El mayor portaaviones estadounidense se llama Europa: somos nosotros. El Gerald Ford impresiona mucho, y puede servir para amenazar a un país pequeño como Venezuela. Pero cuando se trata de una guerra importante, mover un mamotreto así es lento, caro y poco operativo, necesita ir escoltado por otros barcos, y es vulnerable a un ataque con drones baratos. En la actual guerra, el prestigioso Gerald Ford ha tenido que ser retirado del Mar Rojo y llevado al taller, tras un incendio en la lavandería (rodeado de secretismo, lo que alimentó el rumor de un ataque iraní) y problemas en los inodoros. Parece de chiste, sí.

Estados Unidos no necesita un aeropuertito flotante cuando tiene Europa, su verdadero portaaviones para operaciones más allá del Mediterráneo: 275 bases repartidas por todo el continente, más de 80.000 soldados, cientos de aviones listos para despegar, sistemas de radares, infraestructura para soportar grandes movimientos de tropas de forma rápida… Y bombas nucleares, sí, que hay un número indeterminado de ellas repartidas por bases europeas. Iguala eso, Gerald Ford.

Cada vez que Estados Unidos, solo o en compañía, ha querido lanzar ataques en las últimas décadas, se ha apoyado en su gigantesco portaaviones europeo. Las guerras de Irak de 1991 y 2003, la de Afganistán, los ataques contra Libia o la ex Yugoslavia, pasaron por las bases europeas. Y no solo aviones y barcos: los drones norteamericanos que asesinaban en Irak o Afganistán, y ahora en Irán, tienen su centro de operaciones en Ramstein, Alemania, la mayor base norteamericana en el mundo.

En ese gran portaaviones europeo, nuestras Rota y Morón han sido siempre vitales para el despliegue norteamericano en Oriente Medio, por estar a medio camino desde Estados Unidos, y ser la puerta al Mediterráneo. Desde nuestras bases despegaron en cada guerra aviones de combate, o se reabastecieron en vuelo con aviones cisterna que tenían aquí su base. Para mayor infamia, aeropuertos españoles (no solo las bases) fueron escala para los secuestros de la CIA en la llamada “guerra contra el terrorismo”, vuelos que acababan en Guantánamo o en cárceles secretas.

Durante décadas compramos el argumento de que la presencia estadounidense en nuestro suelo era para protegernos a los europeos, pero no es cierto: estamos al servicio de la geopolítica estadounidense desde la Guerra Fría. Y su presencia no nos protege, sino que nos convierte en objetivo en caso de guerra, como estos días han comprobado los países próximos a Irán que albergan bases norteamericanas.

En la actual guerra de Trump y Netanyahu, el portaaviones europeo se ha empezado a amotinar: primero fue España, negando el uso de las bases y el sobrevuelo de aviones, y ahora también Francia limita su espacio aéreo, e Italia pone restricciones a la importante base de Sigonella. Es cierto que Estados Unidos tiene bases de sobra en el mundo, pero prescindir de Rota y Morón, o tener que dar rodeos, es un contratiempo importante. Y puede empujar a otros países, por presión de sus ciudadanos, a que reconsideren seguir sirviendo como portaaviones para una guerra criminal.

En la tarde semifestiva, conecto RTVE Play para ver 1936, la muy premiada obra de teatro sobre el golpe que cambiaría la historia de España y que emitió el sábado La 2 de TVE. La dejo puesta, voy y vengo por la casa, las palabras sueltas suenan a hoy. Al guerracivilismo que está en boca siempre de los golpistas, autores materiales o vocacionales. Incluyen ya insultos machistas a mujeres que destacan, como La Pasionaria. La iglesia católica comprensiva y cómplice de los sublevados.

Pasaré más tarde por la película que ve mi hijo: La cena. Me siento a verla. Tremenda. Caricatura de aquel tiempo también, del franquismo, de sus protagonistas, de sus víctimas en busca de sobrevivir en peligrosas circunstancias. Caricatura: para reír entre espantos.

El colmo es toparse por la noche con “Primera plana”, la versión de Billy Wilder protagonizada por Jack Lemmon, Walter Matthau y Susan Sarandon. La que narraba, ésta en 1974, la deriva amarillista que tomaba el periodismo estadounidense -anunciada ya mucho antes en otros filmes con el mismo argumento-. Pero, además, como todas las reediciones de esta obra -excelentes sin excepción-, mostraba la pasión por informar de los auténticos periodistas, capaces de priorizarla incluso sobre otros proyectos de vida.

El Partido Popular había anunciado, justo ese mismo día de inicio de Semana Santa, una comisión de investigación sobre RTVE, TelePedro dicen, en el Senado, la Cámara alta del Parlamento español a la que han convertido en plataforma de sus sucias políticas de oposición, gracias a la mayoría absoluta que ostentan en ella. Insistiré de nuevo en que debería ser reformado su sistema de elección. Fue creado así para el bipartidismo y prima a los dos principales partidos dejando fuera miles de votos sin representación. Y eso como muy justo no parece. Este martes han seguido su estrategia de inundar las redes y medios del mensaje que quieren transmitir.

Atrás quedaron los “viernes negros” de TVE contra la manipulación del PP, sin consecuencia alguna. Los tiempos en los que acuñamos también aquella viñeta de censura al “este dice, el otro dice” o periodismo de declaraciones.

Ahora TVE abre la ventana y cuenta si llueve o no, aunque ni siquiera en todos sus informativos. Excelente el Telediario que dirige Pepa Bueno, sesgos aún en los del fin de semana y en el 24 horas, y aportando mucha información los programas de mañana y tarde desde Silvia Intxaurrondo a Javier Ruiz y Jesús Cintora.

No hay nada que tema más un partido corrupto -y el PP lo es en su ADN- que la información rigurosa, porque es la que permite adoptar decisiones consecuentes. En su visceral incompatibilidad con el periodismo veraz -es eso-, el PP se espanta de que los telespectadores de la pública estatal tengan acceso a la información que les interesa. Algo que desde luego les está vedado en las autonómicas de Galicia -que mantiene sus propios “viernes negros”-, Andalucía, o Telemadrid: ese descomunal monumento a la manipulación y una exaltación de Ayuso que envidiaría Kim Jong Un, líder de Corea del Norte. Menos mal que su audiencia es escasa y apenas compuesta por abducidos irrecuperables. O vividores en busca de inspiración.

El problema actual vuelve a ser el escaso interés por la verdad de infinidad de personas: no les importa los hechos objetivos, solo lo que creen. Las redes les han ayudado a convencerse todavía más de su acierto en elegir de la realidad lo que les place. Han colaborado tanto en la tarea que son pasto fácil de los algoritmos con los que las plataformas expanden o censuran ciertos contenidos. Empieza a haber demandas y multas a alto nivel, pero el monstruo ha crecido ya desmesuradamente y no será nada fácil atajarlo.

Fernando Varela, experto en el estudio de la desinformación, suele aportar para Infolibre contexto y datos muy valiosos, Por ejemplo, sobre “La máquina de los ‘hechos alternativos’ o cómo PP y Vox fabrican una realidad paralela y han convertido la mentira tozuda en un método político estratégico que tiene precedentes internacionales”. Es otra de las bases del éxito de Donald Trump, sin duda.

Así que caminamos sobre un suelo que contiene grandes tramos de arenas movedizas y que la peor gente de la política, la que es capaz de aprovecharse de esa falla actual del sistema, utiliza en su provecho. De ahí que el periodismo veraz sea más necesario que nunca. Aunque embebidos de idiocia, tantos no quieran entenderlo.

Muchos pasos equivocados se han dado en la información para que Donald Trump haya vuelto a ser presidente de Estados Unidos y se haya organizado un equipo tan delirante y peligroso como tiene. No cesa él de erigirse monumentos a su gloria para disfrutarlos en vida. A unos niveles de patetismo que espantan. Lo último: la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump a ubicar en el centro de Miami y que contiene una estatua de oro del presidente de 10 metros con el puño en alto. Trabaja en ello (y difunde) su hijo mediano, Eric Trump.

Mientras, Trump mata porque manda matar y daña la economía mundial y, junto a su gabinete, se enriquece con trampas en lo que parece una estafa apenas disimulada. Una exclusiva del Financial Times detalla cómo un corredor de bolsa del Secretario de la Guerra intentó realizar una importante inversión en grandes empresas de defensa en las semanas previas al ataque estadounidense-israelí contra Irán. De Pete Hegseth, el violento ex presentador de la Fox obsesionado con triturar personas, racista y ultracatólico. El que escupe violencia hasta cuando habla: “Tenemos un presidente que cuando envía a sus soldados a combatir les da libertad para destruir al enemigo con la mayor ferocidad posible desde el primer momento”, dice. Al punto que el Papa León XIV ha rechazado formalmente sus oraciones argumentando que tiene, dice, “las manos llenas de sangre”.

Porque, encima, esta cuadrilla de sádicos se atreven a presumir de bondades espirituales. Y la encabeza un más que probable pedófilo. Y luego está J.D. Vance, el vicepresidente. Confiesa estar obsesionado con los ovnis y asegura que los extraterrestres son demonios. Anuncia que ha escrito un libro relatando “su trayectoria en la fe”. A partir de ahí, nada puede extrañar en su gestión. Otra perla de cuidado es la jefa de la Oficina de la fe que se ha montado Trump en la Casa Blanca. Esta hasta hace exorcismos en sus ratos libres.

En fin todo esto sería casi imposible si los ciudadanos estuvieran debidamente informados y lo suficientemente formados en decencia y ética. Incluso en lo que les conviene, la pura racionalidad.

Es tanto que no se abarca. Volviendo a casa, el excelente trabajo de Pedro Águeda en elDiario.es, en varias entregas, sobre el caso Kitchen, demuestra tal grado de corrupción en el PP que en un país normal cerraría, por pura vergüenza, el grifo de los insultos del PP. Y el de José Manuel Romero sobre La derecha judicial y su cruzada contra el Gobierno es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Una información como para mantener en portada, dado que detalla la actividad de los vocales conservadores del CGPJ cuando perdonan el castigo a magistrados que insultan al Ejecutivo, se manifiestan contra el Legislativo o cometen excesos o errores en la instrucción de casos contra altos cargos de izquierdas. Lleno de claves y porqués que llevan implícitas las respuestas a lo que debería solucionarse.

Resulta que el periodismo, una vez que entra y empieza a correr por las venas, no suele evaporarse. Y reclama informar a los ciudadanos sobre asuntos que inciden en sus vidas y en el conjunto de la sociedad. Es terrible este momento en el que incontables víctimas evitan la verdad, la modifican o les parece algo superfluo.

Millones de personas han protestado en las calles de Estados Unidos, bajo el lema No Kings que rechaza la autocracia de Donald Trump. Los medios analizan las consecuencias… para las elecciones de medio mandato de noviembre. No habrá o no serán limpias. ¿O no lo ven venir? Las protestas crecerán y quién sabe si políticos demócratas e incluso algún republicano con honor se anime a echar a Trump de la presidencia.

Con información rigurosa y una mayor exigencia social de honestidad, Netanyahu también estaría en el pozo más negro y profundo de la historia. Su huella, como la de Trump, pervivirá mucho tiempo, pero al menos dejarían de dañar ya, se llevarían consigo a muchos de sus nefastos cómplices y a sus homólogos en distintos países, incluidos los de aquí. Y los niños palestinos de Gaza y los demás pueblos masacrados dejarían de jugar a las bombas y traslados de heridos y asesinados, como hacen ahora en una de las imágenes más significativas del sufrimiento padecido y sus consecuencias. La vida no debería ser así.

Tenemos diagnosticado cómo mueren las democracias porque los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lo explicaron de manera detallada hace casi ocho años. Ahora asistimos en directo al derrumbe de la de Estados Unidos, una involución que los expertos ya califican de autocratización, y al avance de la extrema derecha en Europa, impulsada por un programa común basado en la islamofobia. Este fenómeno solo consigue frenarse en las grandes ciudades que, ya sea París, Roma, Ámsterdam o Barcelona, se han convertido en refugios frente a la oleada totalitaria.

Hecha la breve constatación del sombrío panorama, y diagnosticado que el avance de Trump y de la extrema derecha en Europa tiene que ver también (aunque no solo) con el malestar que determinados colectivos expresan por sus condiciones económicas, la pregunta no es si hay alternativas. La pregunta es por qué no se aplican.

Una de ellas sería el impuesto a los ultrarricos cuyo principal teórico es el economista francés Gabriel Zucman. La socialdemocracia, siempre demasiado timorata cuando se trata de recetas para combatir el neoliberalismo, como recordaba con acierto el colega Enric González en su artículo de este domingo, debe remangarse de verdad. 

Zucman argumenta que necesitamos proteger la democracia del auge de la riqueza extrema, y que eso pasa por un impuesto a los megamillonarios. Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Ahora bien, las personas con un patrimonio por encima de esa cifra no tendrían que pagar nada adicional si, a través de otros impuestos, ya abonasen ese 2% del valor de sus activos. “Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No solo grava a los ultrarricos, sino únicamente a aquellos que escapan a los impuestos”, explica.

En el caso de España, estaríamos hablando de aproximadamente un millar de contribuyentes. El ministro Pablo Bustinduy calcula que los hasta 5.200 millones de euros adicionales que se recaudarían permitirían financiar una “prestación universal para erradicar la pobreza infantil”.

Zucman es discípulo de Thomas Piketty, y alumno aventajado, puesto que su propuesta para combatir la desigualdad llegó a la Asamblea Francesa, aunque no prosperó por el rechazo de los partidos conservadores y, claro está, por el de las grandes fortunas francesas.

“No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, resumía Zucman hace unas semanas en esta entrevista. Estamos ante un fallo sistémico y como tal hay que intentar buscar soluciones. 

Ultrarricos es una palabra clave, aunque la verdaderamente importante —como ha estudiado Piketty con detalle— es igualdad. O quizá sería más acertado hablar de desigualdad, de ese 1% al que hizo famoso Joseph Stiglitz en su artículo de Vanity Fair hace ya 15 años: el 1% de estadounidenses que controlaba el 40% de la riqueza del país. De ahí surgieron un libro y el lema de Occupy Wall Street: “Nosotros somos el 99%”.

No es que la situación haya mejorado demasiado. El Informe Mundial sobre la Desigualdad, presentado el pasado mes de diciembre y cuyo prólogo firman Stiglitz junto a la economista india Jayati Ghosh, analiza en ocho capítulos cómo la desigualdad de oportunidades actual alimenta la desigualdad de resultados del futuro. Se trata de un exhaustivo trabajo en el que participan 200 expertos (entre ellos también Zucman) y que advierte de que la riqueza ha alcanzado máximos históricos, pero sigue estando muy desigualmente distribuida. El 0,001% más rico —menos de 60.000 multimillonarios— posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En casi todas las regiones, el 1% más rico concentra más riqueza que el 90% más pobre en conjunto.

“Los impuestos y las transferencias son algunas de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad. La tributación progresiva también fortalece la cohesión social y limita la influencia política de la riqueza extrema. Sin embargo, la progresividad tributaria se desmorona en la cima: los multimillonarios suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto no solo socava la justicia fiscal, sino que también priva a las sociedades de los recursos necesarios para la educación, la sanidad y la acción climática”, señala el informe.

Las grietas sociales siguen ahí, como los privilegios de ese 1%. Ya no se ocupa Wall Street ni tampoco las plazas españolas, pero no será porque falten motivos.

Las palabras del rey de España, en general muy medidas, no suelen ser discutidas. Sin embargo, su parlamento del pasado 16 de marzo, en el Museo Arqueológico Nacional, a propósito de la conquista de México, donde reconoció “muchos abusos” durante la Conquista y el periodo colonial, ha levantado una pequeña polvareda. Algunos han considerado excesivas las palabras del monarca; otros, insuficientes. A mí me parecen bien y creo que sería mejor dejarlo correr. No soy muy partidario de que los países se pidan perdón los unos a los otros.¿Por qué no pedirse perdón entre compatriotas, por nuestras barbaridades internas? ¿O a uno mismo (si somos sinceros con nosotros mismos), por nuestros errores, inacciones y carencias múltiples? Esto puede convertirse en el cuento de nunca acabar. ¿No sería mejor que nos avergonzáramos, conjuntamente, por las atrocidades e injusticias cometidas, y por las que se cometen? 

“El país al que se pertenece es el país del que uno se avergüenza”, ha escrito el historiador Carlo Ginzburg. Es tajante, pero no le falta verdad. En España, a muchos nos avergüenza una guerra incivil que algunos dicen ahora que perdimos todos, y que los unos perdieron muchísimo más que los otros. En México sigue vivo el recuerdo de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, que el gran escritor mexicano Octavio Paz calificó de “gran ritual azteca”. El 2 de octubre de 1968, una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, terminó en masacre. Decenas o centenares (el número aún hoy es incierto) de estudiantes, obreros, amas de casa, algunos niños, fueron acribillados por un operativo militar. Octavio Paz era entonces embajador de su país en la India, y después de escuchar la terrible noticia en el boletín informativo de la BBC, hizo dos cosas: enviar una carta de dimisión de su cargo al presidente Díaz Ordaz, y escribir un breve poema, 'La limpidez“' donde se dice: 

“La vergüenza es ira

Vuelta contra uno mismo:

Si

Una nación entera se avergüenza

Es león que se agazapa

Para saltar.“

Estos versos, que Octavio Paz escribió en cursivas para distinguirlos del resto del poema, no son del poeta. Son un fragmento de la carta que un joven Carlos Marx de 25 años, recién exiliado en Holanda, escribió en 1843 a su amigo Arnold Ruge. En respuesta a un comentario de este, escéptico y pesimista, sobre la situación alemana (“hemos llegado a un punto en que ya no podemos hacernos ilusiones”), Marx replica: “El traje de gala del liberalismo se ha caído y, a los ojos de todo el mundo ha aparecido, en toda su desnudez, el más repugnante despotismo. Me mirarás sonriendo, y me preguntarás: ¿qué hemos ganado? De la vergüenza no nace ninguna revolución. Y yo te respondo: la vergüenza es ya en sí una revolución.” A continuación, Marx escribe aquello que Octavio Paz recogió en su poema de 1968: “La vergüenza es una especie de ira replegada dentro de sí misma. Y si realmente llegara a avergonzarse toda una nación, sería como un león que se dispone a dar el salto.”

Sin embargo, Octavio Paz concluye su poema con unos versos que parecen poner en cuestión el optimismo histórico del joven Marx: 

“(Los empleados

Municipales lavan la sangre 

En la Plaza de los Sacrificios.) 

Mira ahora, 

Manchada

Antes de haber dicho algo

Que valga la pena, 

La limpidez.“  

La manchada limpidez de las razones de Estado, de las corrupciones establecidas, de la indiferencia, del olvido, pueden llegar a imponerse, sin que se haya escrito algo “que valga la pena”. Lo enseñó el siglo XX: el león puede no saltar, o puede saltar en el vacío. Octavio Paz sentía una doble vergüenza. “Todo esto me tiene apenado, avergonzado, furioso con los otros, y sobre todo conmigo mismo”, escribió a un amigo, a propósito de la situación política en su país, pocas semanas antes de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas.

Primo Levi, superviviente de Auschwitz, describió en sus libros hasta qué punto el sentimiento de vergüenza sumergía a las víctimas del nazismo. En su último libro, escrito poco antes de suicidarse, habló de “una vergüenza más vasta”, de la “vergüenza del mundo”. La describió como “el mar de dolor, pasado y presente, que nos rodea y aumenta año tras año hasta casi ahogarnos”. Comentándolo, Carlo Ginzburg ha escrito que “solo en casos extremos experimenta el mundo ese tipo de vergüenza”. 

Que nos hallamos en uno de estos momentos de ignominia está fuera de toda duda, tan terriblemente mal van los asuntos del mundo. El estado actual del mundo es de vergüenza. 

Avergonzarse no es lo mismo que culparse. Tampoco es resignarse. La vergüenza obliga a reaccionar, de una manera u otra. Cuando la guerra mata a la gente y destruye países; cuando la Casa Blanca difunde vídeos mezclando imágenes de muerte y bromas de videojuego; cuando cinco minutos antes de que Trump anuncie una pausa se ganan millones de dólares al anticipar la caída del precio del petróleo en la bolsa, la respuesta de los avergonzados es inevitable. Para enfrentarse a la oleada de violencia desvergonzada de los sinvergüenzas, son necesarias las tres respuestas del joven Marx al fatalismo del escéptico Ruge: “Hacer la vergüenza aún más vergonzosa, pregonándola”; pasar de la vergüenza a la crítica; pasar de la crítica a la acción. 

Siempre nos habían dicho que, de las veinticuatro horas del día, ocho son para trabajar, ocho para dormir y ocho de libre disposición para hacer lo que nos gusta o lo que tenemos que resolver aunque no nos guste, para disfrutar de una vida familiar y social, para hacer deporte, o para aprender habilidades que nos dan satisfacción o pueden ayudarnos a progresar en nuestro trabajo o mejorar nuestra salud. Parecía un buen equilibrio, al menos en teoría: dedicar un tercio de nuestro tiempo al trabajo remunerado, otro tercio al descanso y la salud y otro a actividades que promueven nuestro bienestar físico, psíquico y social.

Nunca fue realmente así, pero nos las arreglábamos bastante bien y, aunque siempre existieron depresiones, exceso de trabajo, ataques de pánico, sentimiento de soledad y una gran variedad de problemas de orden psíquico, no afectaban a un tanto por ciento tan alto de la población como ahora.

Leo que en la actualidad, en nuestro país, el ciudadano medio dedica a Internet unas cuatro horas al día, a las que se suman de dos a tres horas de televisión, y eso sin contar con el tiempo de ordenador que pueda dedicar a actividades relacionadas con su trabajo.

Si tenemos una media de más de seis horas de estar exponiéndonos a una pantalla del tipo y el tamaño que sea durante las ocho horas de libre disponibilidad de las que hablábamos antes, eso significa que apenas nos queda tiempo para nada que no sea tener los ojos y la atención pegados al móvil, a la tableta, al portátil o al televisor.

Sabemos, hay muchos estudios que lo demuestran, que esa larga exposición a la pantalla no es saludable, que, entre otras cosas, hace que nuestra memoria empeore, nuestra capacidad de concentración se vaya esfumando, nuestra capacidad crítica vaya disminuyendo y, además, nos hace adictos. La mayor parte de las personas comprueba su móvil entre 50 y 100 veces al día y no suelen pasar más de diez o doce minutos sin abrirlo para ver si hay algo nuevo. Todo el mundo se pone (nos ponemos) de los nervios si no sabes dónde has puesto el aparato y lo buscas como un poseso. Mientras tanto, la mayor parte de la población regresa a su casa a recogerlo si, después de haber salido, se da cuenta de que se le ha olvidado el móvil.

Somos perfectamente conscientes de que la dependencia de los dispositivos electrónicos no es buena. No ignoramos que está dañando a las generaciones jóvenes de una manera que hace unos años parecía ciencia ficción con su típico alarmismo, y ahora es un problema que ocupa a muchos psicólogos y psiquiatras. Sin embargo, no hacemos nada por solucionar ese problema; nos encogemos de hombros e incluso lo justificamos diciendo que cada época trae sus problemas y conflictos y que el mundo tiene que seguir avanzando y progresando, como si la dependencia y la adicción fueran avances y progresos.

También hay quien se da cuenta de la situación, pero dice que no se puede hacer nada en contra, que ya hemos abierto la caja de Pandora, los males se han liberado y extendido por el mundo a su antojo y no es posible volver a recogerlos y meterlos en la famosa caja de la que nunca debieron haber salido.

Sin embargo, sabemos que en muchas ocasiones se trata simplemente de querer, de identificar el problema y actuar con decisión. Cuando hace un cuarto de siglo en Europa empezó la prohibición de fumar en bares, restaurantes y locales públicos, yo misma pensé que no lo conseguiríamos, que la costumbre estaba tan arraigada y nos parecía tan importante como expresión de nuestra libertad que sería imposible mantener esa prohibición, que la gente se negaría a cumplir la ley. Recuerdo que, cuando entró en vigor, yo estaba en Roma y pensé “quizá los centroeuropeos se plieguen sin protestar, pero los italianos seguro que no”. Ya ven, clichés que una tiene en la cabeza. Pues resultó que sí, que estábamos cenando en un restaurante en la zona de La Pace y la gente se levantaba disciplinadamente para salir a fumar a la puerta -en pleno invierno-, donde habían dispuesto un par de mesitas altas con ceniceros. Me quedé de piedra. Lo que a mí me parecía que iba a levantar olas de indignación resultó que sí se podía hacer y que hoy en día todo el mundo encuentra absolutamente lógico que no se fume en locales públicos, ni en escuelas ni en hospitales, cosa que antes se hacía sin pensar. Es decir, que es posible crear conciencia en la población de que estamos desarrollando un comportamiento dañino y llegar a reducirlo y, con suerte, erradicarlo. Se puede, si se quiere.

La cuestión en el asunto del internet, las redes sociales, los videojuegos, las películas y el uso de pantallas en general es si estamos dispuestos a ver lo que las pantallas están haciendo con nosotros individualmente y como sociedad y si queremos cambiarlo.

Hace poco, en un bar, una madre joven estaba charlando con sus padres mientras su bebé de unos seis o siete meses estaba sentada en la trona con el móvil de la mamá bien sujeto frente a sus ojos para que estuviera entretenida viendo dibujos mientras los adultos hablaban sin molestias. Cuando nos fuimos al cabo de una hora, la niña seguía allí, hipnotizada por la pantalla.

Y no solo es problema de nuestro país o nuestra sociedad occidental. El mes pasado estuve en Egipto por tercera vez y me llamó la atención que algo que yo recordaba no solo de allí sino de otros países norteafricanos como Túnez o Marruecos había cambiado por completo. Antes era normal ver grupos de hombres sentados en el bordillo de las aceras o carreteras esperando a que los recogieran para el trabajo o simplemente dejando pasar el tiempo hablando entre ellos, bromeando, mirando el trasiego de los turistas y riendo. O instalados en terrazas de cafeterías y teterías viendo pasar la vida a su alrededor. Ahora ya no. Ahora esos hombres que esperan en los bordillos siguen allí, pero cada uno tiene su móvil en la mano y ya no conversa con los vecinos, ni gasta bromas ni se ríe. Cada uno está inmerso en su mundo personal al que accede a través de su pantalla. Pero lo peor es que a través de esa pantalla también hay contenidos, opiniones y manipulaciones que acceden a él y distorsionan su pensamiento y su mente.

Parece que en cualquier lugar del mundo, en cuanto se tiene la posibilidad de disponer de un dispositivo con acceso a internet, el interés por la realidad que entra por los sentidos normales disminuye hasta desaparecer.

No se trata necesariamente de un progreso, aunque por supuesto también hay muchísimos contenidos que son interesantes y saludables. Lo que pasa es que una vez entrados en el reino de los algoritmos y de colocarnos voluntariamente en manos de quienes no quieren lo mejor para nosotros sino su propio provecho, ya es muy difícil salir de ahí. Cuando cada vez que miras tu móvil recibes confirmación de todos tus sesgos -incluso los peores, sobre todo los peores- tu mente se va enfermando y tu comportamiento social se deteriora. Nos enganchamos a esa falsa libertad que nos prometen las redes y ya hay adolescentes y adultos seriamente enfermos porque al acostarse, en lugar de apagar los dispositivos y dormir, o leer unas páginas de un libro de papel o escuchar un poco de música, se quedan casi toda la noche despiertos moviendo el dedo índice, “scrolling”, “doom scrolling”, pasando mensajes y mensajes, noticias y noticias (casi todas terribles, de las que asustan respecto al futuro de la Humanidad, o de las que fomentan las comparaciones malsanas, o de las que estimulan al odio a quien es diferente), cada vez más despiertos y más atontados, aunque parezca una contradicción.

Otras generaciones, menos duchas en el manejo de móviles y tabletas, hacen lo mismo con la tele: se acomodan en el sofá y pasan horas y horas empapándose de cualquier cosa que les echen, saltando de canal, aguantando las inaguantables voces y opiniones sin ninguna base real de los famosillos de turno. Sé de gente que es incluso adicta a la teletienda, y ese es un problema añadido.

Ahora que hemos conseguido una sociedad más consciente de su salud, de su alimentación, de la importancia del deporte y el movimiento, parece que, sin embargo, no nos sentimos capaces de frenar lo que ya está teniendo un impacto tremendo en nuestra mente y nuestro comportamiento social. Tenemos que hacer algo ya mismo para reducir esas horas de pantalla que nos están llevando al desastre.

Y ya. Ya me he dado cuenta de que esta columna sale en un diario digital que solo puede leerse en un dispositivo electrónico.

España es y ha sido un país de propietarios. La falta de un parque público de vivienda en alquiler, el acceso al crédito en los años anteriores a la crisis financiera de 2008 y una cultura extendida de que alquilar es tirar el dinero y que ha vinculado la emancipación y el matrimonio con firmar una hipoteca han favorecido que la mayoría de los españoles quieran ser, y la mayoría lo son, dueños de la casa que habitan. Sin embargo, la especulación feroz de la vivienda ha provocado, por un lado, la entrada masiva de fondos de inversión extranjeros en el mercado inmobiliario español y el surgimiento de una nueva clase social, el rentista, ciudadanos que se enriquecen acumulando propiedades y extrayendo riqueza a través del alquiler de otros ciudadanos en situación menos favorable, esto es, los que no pueden comprarse una casa. La desigualdad en España está creciendo precisamente a través de la brecha patrimonial: el trabajo o el emprendimiento han perdido fuerza para escalar socialmente, y es mucho más lucrativo y menos esforzado hacerlo a través de la acumulación de viviendas y que sean los inquilinos los que trabajen para el casero. 

La noticia de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 haya enviado una comunicación a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en los supuestos que marca el decreto ley ilustra muy bien este cambio social. Cien mil viviendas en 13 manos. Dirán ustedes que son fondos de inversión e inmobiliarias que representan a miles de inversionistas pero el dato sigue siendo escandaloso, ya que dibuja un panorama desolador de la vivienda, que ya no es un bien social ni un derecho ni la condición necesaria para una vida digna: es mero objeto de especulación.

Echemos la vista atrás. En 2006, España contaba con algo más de 20 millones de bienes inmuebles urbanos; en 2025, hay casi 29 millones. En 2006, el 80,7% de los hogares tenía su vivienda habitual en propiedad, en 2025, esa cifra ha caído hasta el 72%. En 2006, el 67% de los propietarios solo poseía una vivienda; en 2025, esa cifra ha bajado al 53% y, sin embargo, los que tienen de dos a cinco inmuebles han pasado del 31% al 42%, los que poseen de seis a 10 han subido del 1,7% al 4,3% y los que superan la decena llegan hasta el 1,1%, la cifra más alta alcanzada históricamente en España en grandes tenedores de vivienda. Crucen los datos y verán que cada año que pasa hay más viviendas en menos manos, que la clase rentista ha subido como la espuma y que el tercio de la población que no es propietaria son los grandes perdedores de la España especuladora. 

Es evidente que la falta de parque público de vivienda, en propiedad y, sobre todo, en alquiler, es una de las causas de este disparate que vivimos de subida frenética de los precios. La construcción de vivienda protegida se desplomó un 23% en 2025, con Madrid como la comunidad que aglutina el grueso del descenso, seguida por Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León y Baleares. El escándalo en la adjudicación de pisos protegidos en Alicante a afines a altos cargos al PP es solo una pequeña parte del proceso de privatización de la vivienda pública en algunas comunidades, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, con descalificaciones masivas de viviendas de protección oficial (VPO), la pérdida de suelo público y adjudicaciones sin control. 

No se trata de debatir si hay que construir más pero los que abogan por esta única solución milagro olvidan que hay muchos interesados con hacerse con inmuebles españoles, y no precisamente para vivir en ellos. Esa demanda especulativa absorberá buena parte de la vivienda que salga al mercado. Para explicarlo brevemente: es mucho más fácil que adquiera vivienda nueva el que ya tiene cinco que el que no tiene ninguna. Uno de los mantras más estúpidos que cuenta aún con gran predicamento es que el mercado se regula solo. Si la rentabilidad de la vivienda continúa creciendo (y a nadie le interesa que su casa pierda valor) o se mantiene estable, aunque se construya más, los fondos de inversión se seguirán lanzando sobre ella, y a estos se unen la nueva clase que invierte en casas para asegurarse una renta que no tendrían trabajando. Si no se protege la vivienda como bien social esencial y se impide la concentración de la propiedad, habrá una creciente parte de la población que será pobre y precaria aunque tenga trabajo, viviendo con la angustia del inquilino y con una posibilidad muy alta de quedarse sin techo en cualquier momento por la codicia de los rentistas y la falta de intervención de los poderes públicos. 

En un escenario realista, la derecha debería volver a gobernar tarde o temprano. No confundan esto con un deseo, nada más lejos, pero la alternancia de los ciclos políticos es lo que tiene y, si las reglas democráticas se siguiesen al pie de la letra -más o menos-, no debería preocuparnos demasiado. En los años posteriores al 15M, cuando irrumpió Podemos en la escena política, uno de los mantras más repetidos, y uno de los mantras más ciertos, era la equiparación entre PP y PSOE como partidos del sistema y la crítica al bipartidismo. Esto nacía de la querencia de que una tercera vía se abriese paso en la maraña parlamentaria y legitimaba la aparición de un partido como el que Pablo Iglesias acababa de fundar junto a un grupo de profesores de la Complutense. Poco después aparecería Ciudadanos con un discurso simétricamente opuesto y la tercera vía acabó descartada, apareciendo de nuevo una política de dos bloques, esta vez en un formato cuatripartidista. La pugna entonces se centró en cuánto podrían, los potenciales socios de gobierno, moldear y redirigir la orientación de los dos partidos principales para escorar, a izquierda o derecha, algunos de los principios inamovibles que siempre han regido el bipartidismo. 

Si bien Ciudadanos no era más de derechas que el PP, tenían la mirada puesta en los aspectos económicos más neoliberales que los populares no habían asumido todavía, sea por conservadores, sea por haber entendido esa política de equilibrios que la población -o sea, los votantes- no aceptarían de buen grado, al menos todavía. El problema de Ciudadanos fue el histrionismo, y aquel adoquín que se sacó Albert Rivera de la manga el 4 de noviembre de 2019 en pleno debate electoral fue el clímax de todo aquello. Podemos no estaba exento de estas excentricidades: si aspiras a “asaltar los cielos” y no arrasas con ellos como hicieron los otomanos con Constantinopla, acabas convirtiéndote en un inquilino más de palacio, aceptando las normas de la corte que prometías demoler. Lo histriónico, lo exagerado, lo eficaz, el populismo, en conclusión, trajo a Vox consigo, y eso lo ha cambiado todo por completo.

Como decía al principio, en un escenario realista, la derecha debería volver a gobernar tarde o temprano. El problema es que cada vez nos preocupa más porque los conservadores han sido depredados por los reaccionarios y porque, ateniéndonos al más estricto sentido de la palabra, el mundo ha cambiado de forma tan vertiginosa que los conservadores han perdido la brújula de lo que pretenden preservar, dejando que esa pulsión política mute en una simple nostalgia regresiva. Hablo del caso de España, claro, porque en otros países, los conservadores sí han ido aceptando algunos de los nuevos paradigmas y sí tienen claro, más o menos, a qué atenerse. O sea, que, en un escenario realista, la derecha debería volver a gobernar tarde o temprano. El problema es el PP.

El Partido Popular ha errado por completo en su estrategia desde la irrupción de Vox: les aterraba tanto perder a su electorado más derechista que solo les quedaban dos opciones: mantener posiciones y anclar a Vox en una postura marginal y extremista o tratar de derechizar al electorado más centrista; evidentemente, hicieron lo segundo, abriendo una brecha por la que el PSOE ha escapado hacia un centrismo pragmático que conecta con la mayoría, mientras el PP se desgasta en una competición de estridencias con Vox, una batalla perdida de antemano contra quien ha hecho de la radicalización su única razón de ser.

Prueba de ello está en lo fácil que habría sido cerrar filas con el Gobierno en la guerra arancelaria de Trump -qué lejos y qué deseable queda ahora-, con la guerra en Oriente Medio y, si nos acercamos a estos días, con el flagrante veto israelí al cardenal Pizzaballa en el Santo Sepulcro este Domingo de Ramos. Sin entrar, porque no hace falta, en el correcto comunicado del PSOE al respecto, ni tampoco en el patético y servil agasajo tuitero que Vox ha hecho hacia los sionistas, he buscado en las redes sociales de Feijóo y del PP y no he visto ni el más mínimo comentario. Y ese silencio, que aspira a ser prudencia, acaba teniendo el peso de una rendición. Es el mutismo de quien ha decidido que no vale la pena defender ni a sus propios santos si eso supone que el vecino de la derecha le llame tibio por la mañana. Al final, de tanto miedo a que Vox les quite el sitio, el PP ha terminado por quedarse en un rincón donde no molesta a nadie, pero donde tampoco le escucha nadie; una derecha que de puro conservadora ha terminado por no conservar ni la voz.

Nos enfrentamos siempre a dilemas morales cotidianos que no tienen solución. Queremos acercarnos al ideal que tenemos de nosotros mismos, ser siempre buenos, y en nuestro intento de bordear ese límite estamos condenados a fracasar, tras el fracaso quizás a lacerarnos. Si nos laceramos es porque una parte de nosotros mismos no renuncia a la persona que podría haber sido de escoger lo otro, al tiempo que sabe que la ha perdido, que ya no es quien pudo ser, quizá no lo será nunca. ¿Quién no se ha visto entre la espada y la pared, forzado a que la única manera de ser leal a un amigo consista en traicionar a otro? ¿Quién no ha tenido que medir sus movimientos con la conciencia de que, sin importar lo que hiciera, estaría en algún caso obrando mal para alguien, gestionando el dolor, pero no evitándolo? La ilusión de ser perfectos es un reflejo infantil, el de quien no quiere hacer algo mal porque teme el castigo o la reprimenda, la decepción de los padres; la adultez tiene mucho que ver, en cambio, con las ocasiones en que obrar bien es obrar mal, sin pureza de por medio. La pureza, como sueño, es expresión de insatisfacción; los sueños, como sueños, sueños son.

Algo tan general es aplicable universalmente, a la vida de cada cual: lo que queremos es resolver lo irresoluble, ponerle solución a lo que no tiene remedio, arreglarlo todo más allá de mis capacidades. Quizá soy desmedida en ese plural: al menos en mí misma sí que reconozco ese impulso complaciente. Lo he pensado esta semana en varias ocasiones, algunas que tenían que ver con mis propios dilemas morales cotidianos, los de todos los días, esos que se acumulan sin solución, o sin solución buena; lo he pensado también al leer, asistir, escuchar y atender a las opiniones, juicios o exabruptos que se han vertido a propósito del caso de Noelia y su recurso a la eutanasia.

Me duele que cualquier persona prefiera quitarse la vida a perseverar en ella, porque —llámeseme cursi o curilla— considero que la vida, hasta en sus dolores, es algo hermoso y valioso en sí mismo; respeto absolutamente el derecho a la eutanasia, el derecho a la muerte digna, y no me habría atrevido yo a poner en cuestión la voluntad de Noelia, ni de tantos otros. Una eutanasia puede ser a la vez un fracaso social, una tragedia y la única manera de dar dignidad y autonomía en la muerte y enfermedad. Fracaso social porque la soledad es un problema social, porque las familias miserables y maltratadoras no son una isla que exista separada del mundo entero, porque las instituciones podrían hacer más y la ayuda que aportan es insuficiente, también porque somos más egoístas de lo que nos gustaría, más crueles, más miserables, más caprichosos en cómo repartimos nuestros afectos y a quién concedemos piedad y misericordia. Fracaso también, en fin, porque ante algo así nuestros sistemas morales, o la concepción que tenemos de tenerlos, fracasan.

Es normal que la derecha española sea incapaz de reconciliar su liberalismo, que convierte el mundo entero y también a las personas en mercancía y objetos, intercambiables, a la vez absolutamente autónomos y presuntamente libres, con la herencia moral judeocristiana. Es normal que otra izquierda tampoco sepa si hablar aquí de la estructura o si deslizarse a la herencia liberal que respeta ante todo la autonomía del individuo y su elección. Sostenemos ideologías y valores que son contradictorios, complejos, mutables, como cuando la vida nos fuerza a escoger entre opciones sin que ninguna de las dos sea una buena opción. A la ilusión de ser perfectos se suma la ilusión de ser coherentes, porque ser coherente también sería acercarse a un bien hipotético, al cálculo matemático de la mejor acción posible; la inexistencia de esa mejor acción, la cantidad infinita de efectos que todo paso puede provocar, se cuenta entre las mejores muestras de la irreductibilidad de lo humano, su imposible sustitución por lo maquínico, incluso cuando cada día se habla de inteligencias artificiales.

La muerte escogida de Noelia ha planteado socialmente el conflicto entre su derecho y una forma determinada de compasión social. Está bien que así sea. Frente a las voces que no querrían vivir con ello, que anteponen su dolor a la complejidad, creo que es cualidad de una sociedad madura, como lo es de una persona adulta, renunciar a resolver lo irresoluble. Asumir que no todo se puede solucionar, que no hay un deus ex machina ni final de cuento de hadas; aceptar que no hay opción buena y que en la vida se lidia con las cartas que te tocan. Escoger es fracasar: quizá el problema de fondo esté en que, al oír la palabra fracaso, vemos en todo fracaso una tragedia; quizá la resolución sea acostumbrarnos a que vivir es fracasar, sin fracaso no hay vida, y la vida puede ser la historia, valiosa y hermosa por sí misma, de todo aquello en lo que hemos fracasado.