El éxito del turismo español ha llamado lo suficiente la atención de la esfera pública como para convertirse en la nueva arma arrojadiza de nuestros políticos. Tanto la izquierda como la derecha han realizado análisis que, en mi opinión, pecan de simplistas: así, para la derecha el turismo es una actividad económica como otra cualquiera, que, aunque regulada y garantista, debe fomentarse porque genera riqueza. La izquierda, sin embargo, está más preocupada por la suciedad, el ruido y el malestar que genera el turismo en determinados barrios, cuyos vecinos ven cómo los hosteleros, restauradores y rentistas de alquiler se lucran sin sufrir las consecuencias de la actividad que llevan a cabo.
Una postura intermedia, más socialdemócrata si se quiere, aboga por los denominados impuestos y subvenciones pigouvianos. Esta postura acepta que el turismo es una actividad con externalidades positivas y negativas: es decir, por una parte, genera efectos positivos como el aumento de la riqueza y de los puestos de trabajo, pero por otra produce desperfectos y molestias que no se deben pasar por alto. De acuerdo con Pigou, debería subvencionarse un tipo de turismo y penalizarse con impuestos aquel que perturbe la vida en determinados barrios, con el objetivo de que los precios de los hoteles, restaurantes y actividades reflejen las consecuencias totales de la actividad turística.
Por su parte, el liberalismo acepta la teoría de las externalidades positivas y negativas que conllevan algunas actividades económicas, pero ofrece una respuesta alternativa a la expuesta por Pigou consistente en entregar a los vecinos derechos de propiedad sobre sus condiciones de vida. De esta manera, se reconoce a los vecinos el derecho a no sufrir las consecuencias negativas del turismo o a recibir una compensación económica a cambio de permitir que una actividad perturbe la limpieza acústica o ensucie las calles del vecindario.
La ventaja de la respuesta liberal frente a las subvenciones y los impuestos es que carece de arbitrariedad política. Al ser los vecinos quienes negocian la venta de sus derechos con los comerciantes, restauradores y hoteles que generen externalidades negativas en la zona, podemos saber a qué precio y en qué condiciones están dispuestos a soportar las molestias del turismo y, si el precio y las condiciones que establecen desalienta la actividad turística por ser demasiado alto, entonces sabemos que no debe ser llevada a cabo porque sus costes son mayores que sus beneficios sociales.
Ahora bien, parece poco realista pensar que cada vecino va a negociar un precio con cada uno de los hoteleros, restauradores y demás empresarios del turismo. La única solución plausible pasa por crear una empresa que reduzca los costes de transacción, recoja las voluntades de los vecinos y negocie en su nombre con los empresarios. Y es precisamente de esa negociación y de la venta de los derechos de propiedad de los vecinos de donde debe salir la configuración de la actividad turística.
En fin, sé que suena complicado… pero sirva como una explicación alternativa al turismo.