Los ahorros en la contratación pueden imponer importantes sobrecostes

Los ahorros en la contratación pueden imponer importantes sobrecostes

Europa Press

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Las comunidades autónomas podrían evitar sobrecostes de hasta un 20% en la construcción de sus obras públicas en caso de que erradicaran la práctica de adjudicar los proyectos de ingeniería en función del precio de las ofertas que se presentan, como si de una subasta se tratara.

“El ahorro que arroja este método de contratación es mínimo en comparación con el sobrecoste que posteriormente genera a las administraciones la construcción de una obra que no cuenta con un buen proyecto de ingeniería”, indica Fernando Argüello, director general de Fidex, asociación que agrupa a nueve grandes firmas de ingeniería.

Según sus datos, los trabajos de ingeniería representan actualmente en España entre el 5% y el 6% del importe total de una obra, frente a la tasa del 9% que supone en otros países europeos, como Alemania, que apenas registran desviaciones en la construcción de infraestructuras.

Por ello, las empresas del sector defienden que con un aumento de “uno o dos puntos porcentuales” en la inversión en ingeniería se podrían evitar posteriores sobrecostes en las obras, con el consiguiente ahorro para las administraciones.

Ello pasa por que la propuesta técnica de las ofertas que las firmas de ingeniería presentan para hacerse con el contrato de un determinado proyecto tenga más peso que la propuesta económica a la hora de decidir sobre su adjudicación.

No obstante, en la actualidad, sólo cuatro comunidades autónomas tienen en cuenta en igual medida ambos factores, la calidad técnica y el precio, de las ofertas que concurren a un proyecto para elegir entre una de ellas.

En el resto, el peso del precio a la hora de decidir la contratación de un proyecto de ingeniería es siempre superior al 50% e incluso tres regiones centran el 100% de su decisión en el factor económico, sin tener en cuenta la calidad.

Por comunidades

En concreto, y según los datos de Fidex a partir de los últimos contratos adjudicados, Andalucía, Aragón, Navarra y Galicia son las comunidades que valoran en igual medida, al 50%, la oferta técnica y la económica a la hora de decidir contratar un proyecto de ingeniería.

En el lado opuesto, Asturias, Castilla y León y Madrid son las que han confiado en su totalidad, al 100%, al precio la decisión para contratar sus últimos trabajos de ingeniería.

En Cataluña, en los últimos contratos en materia de agua la oferta económica pesó un 80%, frente al 20% de la técnica, si bien en los más recientes proyectos de infraestructuras valoraron en mayor medida (al 65%) la propuesta técnica.

Asimismo, en Castilla-La Mancha se tiene más en cuenta la propuesta económica, que pesa un 80% frente a la técnica, lo mismo que en Cantabria, y en la Comunitat Valencia y en Extremadura se valora un 60% el factor económico.

En el País Vasco, el peso del precio de los proyectos de ingeniería a la hora de contratarlos es de entre el 60 y el 70%, y en La Rioja, Baleares y Canarias, del 55%.

Competencia

A la importancia que las administraciones otorgan al precio para adjudicar los contratos de ingeniería se suma el alto número de empresas que compiten por ellos (una media de treinta por contrato) y el descenso registrado en la licitación de proyectos desde el inicio de la crisis

Pese a que en 2014 se registró el primer aumento en siete años, los trabajos de ingeniería civil que las administraciones sacaron a concurso el pasado año suman 438 millones de euros, una sexta parte respecto al volumen 'precrisis'.

Servicio intelectual

Ante esta situación, Fidex reclama que este tipo de proyectos tengan carácter de servicios intelectuales para que, de esta forma, se invierta la actual ponderación de las ofertas en la contratación por la Administración, y la calidad prevalezca sobre el precio.

En este sentido, la organización, y el resto de asociaciones que recientemente firmaron un acuerdo por la calidad, solicitarán que dicho carácter intelectual de la ingeniería se recoja en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en tramitación parlamentaria.

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