UPyD confirma que la denuncia contra Caja Rioja sigue adelante

Ante los rumores surgidos sobre el posible archivo de la denuncia presentada contra Caja Rioja, UPyD ha confirmado que la formación sigue adelante con su denuncia por la desaparición de la entidad y está a la espera de que el juez la admita a trámite para que se ponga en marcha la investigación judicial que determine responsabilidades en la desaparición de los más de 150 millones de euros que Caja Rioja aportó a Bankia en el proceso de fusión.

UPyD presentó en febrero una denuncia contra la entidad bancaria, sus consejeros y personal directivo para desentrañar la gestión de la caja riojana hasta el día 9 de mayo de 2012, fecha en que lo pierde todo tras aportar a Bankia 3.750 millones de activos bancarios, lo que supone más de 150 millones de euros.

UPyD denunciaba que, en plena hecatombe de la entidad de ahorros, algunos directivos percibieron más de medio millón de euros en un año, duplicando su salario base con unos sobresueldos que UPyD quiere que se investiguen, y hubo, asimismo, consejeros que llegaron a embolsarse hasta 55.000 euros anuales en concepto de dietas, más aportaciones anuales a planes de pensiones. UPyD confía en que los tribunales admitan a trámite la demanda por estafa, apropiación indebida y publicidad engañosa presentada contra 36 personas físicas y jurídicas, haciendo hincapié en los consejeros de Caja Rioja Preferentes.

El responsable de Relaciones Institucionales de UPyD La Rioja y coautor de la denuncia, Javier Gómez Garrido, ha asegurado que la denuncia ha puesto nerviosa “a mucha gente que ve que puede tener problemas y por eso van lanzando el bulo de que la denuncia fue archivada desde el principio”, extremo que ha negado tajantemente. Para demostrar que el procedimiento sigue adelante ha explicado que el juzgado de instrucción nº3 de Logroño ha instruido diligencias indeterminadas. A su juicio, hay “gente asustada de que se estudien operaciones de créditos concedidas a tipo cero, retribuciones de consejeros, avales millonarios a empresas vinculadas a personal directivo y que se empiece a estudiar las preferentes de Caja Rioja”. UPyD ya anunció que si la formación obtiene representación parlamentaria propondrá la creación de una comisión de investigación en la Cámara regional que delimite las responsabilidades políticas en la desaparición de Caja Rioja.

El candidato de UPyD a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Emilio Sáez de Guinoa, ha insistido en que no se puede permitir que el sufrimiento de los ciudadanos que han perdido su dinero en operaciones como las preferentes de Caja Rioja “quede sin castigo” y espera que la justicia admita a trámite la denuncia contra la entidad.

Sáez de Guinoa ha afirmado que la justicia riojana es un caos por las políticas del PP y ha criticado que mientras los juzgados “los papeles campen a su anchas” el Gobierno riojano se dedica a construir un Palacio de Justicia “que supone poner envoltorio al caos”. A su juicio, es necesario intervenir en tres áreas: medios y recursos disponibles, menores infractores y en justicia gratuita y turno de oficio.

Más medios y recursos

Sáez de Guinoa ha desgranado las propuestas de UPyD en materia de medios y recursos que pasan por atajar los problemas derivados del estrepitoso fracaso del proyecto de digitalización de trámites, Lexnet, de la inadecuada gestión del personal, la deficiente implantación de las nuevas tecnologías, la falta de coordinación entre la Comunidad de La Rioja y el Ministerio de Justicia, así como la necesidad de más juzgados y jueces titulares ante el colapso de algunas jurisdicciones.

UPyD defiende mejorar la gestión del personal de los juzgados, favorecer la estabilidad en el puesto de trabajo, una introducción eficiente de las nuevas tecnologías, la revisión de la privatización de determinados servicios, como seguridad, para una mayor optimización del gasto e impulsar una resolución en el Parlamento de La Rioja para que el Consejo General del Poder Judicial mantenga las tres sedes judiciales de Logroño, Calahorra y Haro, así como los juzgados de paz existentes.

Respecta a los menores infractores, el líder de UPyD ha mostrado su preocupación por la privatización de la privación de libertad y el control de los convenios porque redunda en un escaso control y en la disminución de la calidad de los centros de internamiento. Asimismo, ve fundamental la coordinación entre Comunidades Autónomas limítrofes para que cualquier menor con una medida privativa de libertad pueda cumplir la sanción en el centro más próximo a su domicilio, independientemente de la comunidad de residencia.

UPyD apoya la gestión pública de todos los centros de internamiento para la ejecución de medidas privativas de libertad ya que considera que los centros de gestión privada no disponen de los medios y personal cualificado suficientes. Además, propone el seguimiento y supervisión de la reinserción de los menores.

Turno de oficio

UPyD ha denunciado la preocupante situación del turno de oficio y la justicia gratuita con un retraso cada vez mayor en el pago de honorarios a los abogados de oficio y, lo que es peor, un desconcierto sobre las fechas de pago, añadiéndose además la congelación de las tablas de retribuciones. UPyD aboga por actualizar y aumentar las tablas de honorarios de los abogados y procuradores adscritos al turno de oficio y a la asistencia jurídica gratuita y defiende una reorganización general de turno de oficio para que sea el mismo letrado el que se encargue de la asistencia al detenido a lo largo de todo el procedimiento.