Las filtraciones a los periodistas también pueden ser delito de terrorismo

Las filtraciones a los periodistas también pueden ser delito de terrorismo

Olivia García Pérez

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Ayer fue un jueves negro para la libertad de expresión en España. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y la reforma del Código Penal, los tuiteros, los activistas que intentan paralizar desahucios, los que participan en escraches, los que se manifiestan contra las privatizaciones o favor del medio ambiente, o los vecinos de un barrio que intentan paralizar una obra, pueden llegar a ser considerados terroristas. Poco tienen que ver estas actuaciones con el yihadismo contra el que inicialmente se intentaba luchar con esta reforma del Código Penal.

La mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso ha conseguido sacar adelante una nueva normativa que la oposición ha anunciado ya que derogará en el caso de hacerse con el poder. Una normativa que, además de todos estos supuestos, tipifica también como delito de terrorismo la obtención de informaciones en las que se viole la seguridad informática de personas o instituciones.

En concreto, el artículo 197 bis establece que, “el que por cualquier medio o procedimiento vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años”.

Este artículo puede aplicarse a la actividad de un hacker que realice espionaje o piratería pero del mismo modo puede afectar a una información relevante para los ciudadanos que, como tal, debe ser publicada. De este modo, podría constituir un delito de terrorismo la publicación de la Lista Falciani con los nombres de los principales evasores fiscales o algunas grabaciones o mensajes filtrados gracias a los que se han dado a conocer importantes escándalos políticos o económicos.

Todos estos nuevos delitos se penarán con penas de seis meses a dos años de prisión. La misma a la que se enfrentarán aquellos que faciliten a terceros “un programa informático, concebido o adaptado o una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información”. Esto no sólo afecta los delitos informaticos sino que puede llegar a afectar también a quien investiga o escribe sobre el asunto en cuestión.

Para el PP, la nueva Ley supone “un mejor compromiso con las libertades”

Por su parte, el portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Conrado Escobar, ha afirmado que la Ley de protección de la seguridad ciudadana “es un avance para la convivencia, supone el mejor compromiso con las libertades y derechos de todos los españoles y constituye un claro refuerzo a nuestra Democracia”.

En su intervención en el pleno en el debate final para la aprobación definitiva de la ley, el portavoz popular ha lamentado las críticas vertidas desde la izquierda, “no basadas en razones, sino en sinrazones, en excusas ideológicas falsas”. Según ha asegurado, “esta ley es mucho mejor que la actual” y “la comparativa entre ambas no admite discusión”.

En este sentido, Conrado Escobar ha destacado que con esta ley “pasamos de la patada en la puerta del PSOE, a la ley del domicilio protegido del PP; de las identificaciones indiscriminadas a las identificaciones limitadas; de los cacheos masivos, a los controles individuales y regulados; de la libertad prestada a la libertad protegida; de los derechos tutelados al pleno ejercicio de nuestros derechos y de la sanción desproporcionada a la sanción efectiva”.

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