La Ley de Autoridad del Profesor no funciona

La Ley de Autoridad del Profesor no funciona

Europa Press

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El portavoz y asesor jurídico del Sindicato Independiente de Enseñanza (ANPE), Jose Manuel Reinares, ha considerado que la Ley de Autoridad del Profesorado “no ha satisfecho las expectativas ni ha cumplido su función”.

Reinares ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha detallado que, desde la implantación de la Ley de Autoridad del Profesorado, el Servicio de Defensor del Profesor ha atendido a 32 docentes, cifra similar a cursos anteriores.

Además, ha añadido que a esta cifra habría que añadir otros diez más que optan por llamar al defensor de Madrid, con el objetivo de preservar aún más su anonimato. Así, se ha observado en La Rioja un cambio llamativo respecto al tipo de atención, ya que disminuyen las consultas presenciales, que eran la mayoría en años anteriores, y aumentan las telefónicas, por e-mail o indirectas.

Desaparecen consultas de concertados

En este sentido, ha destacado que “han desaparecido las consultas de profesores en centros concertados” pero “rotundamente” eso no significa que no haya casos; lo que hay, ha dicho, es “miedo a las repercusiones laborales”. Y es que, ha asegurado, “por cada caso que se denuncia, cinco se silencian”. Algo que comprueban, ha dicho, en sus visitas a los centros.

Las faltas de respeto, por parte de los alumnos, los problemas para dar clase y los daños a propiedades (como rayar el coche) son las principales reclamaciones de los docentes; unidas a un “repunte” de los problemas con cuerpos directivos o la Administración. “Estos casos son la punta del iceberg”, ha asegurado, “se detecta miedo en los profesores por las consecuencias de sus denuncias o reclamaciones”.

Ha asegurado que, para los docentes, el reconocimiento social está “por encima de demandas retributivas” y ha detallado que los profesores demandan: “respecto a su dignidad y que no se cuestione sus decisiones académicas, porque matemáticas sabemos todos pero ellos tienen preparación pedagógica”.

Los conflictos se encuentran en todos los niveles educativos, pero sobre todo en Primaria y Secundaria, intensificándose en esta última. Desde ANPE denuncian del deterioro de las condiciones laborales y la creciente merma de recursos en los centros públicos; y exigen que la Consejería asuma su responsabilidad en caso de conflictos derivados de la actividad docente.

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