Gobierno y Ayuntamiento, avalistas de las obras del soterramiento

Gobierno y Ayuntamiento, avalistas de las obras del soterramiento

Laura Olave

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La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, han dado cuenta de las características de la nueva refinanciación de las obras del soterramiento. Una refinanciación en la que el Consistorio logroñés y el Gobierno riojano aparecen, por primera vez, como avalistas. “Las instituciones figuramos como avalistas con nuestros propios presupuestos de forma que nosotros también materializaremos nuestros propios préstamos para hacer frente a los mismos”, ha asegurado Gamarra.

La nueva figura que el Ayuntamiento logroñés y Gobierno regional adoptan como avalistas, hipoteca el futuro de estas instituciones hasta 2021. De hecho la alcaldesa ha cuantificado la cantidad de dinero que cada una de ellas deberá pagar hasta esa fecha. En 2015, ambas instituciones se comprometen a aportar 1,6 millones de euros cada una; unos 5 millones en 2016; 9,8 en 2017; entre 4,4 y 9,3 en 2018; entre 1,6 y 9,9 en 2019; 8,8 millones en 2020 y entre 34,5 y 4,5 en 2021“.

El aval se ha cuantificado en una cifra máxima. Es decir, el Gobierno regional responderá con 79,3 millones de euros y otros 79,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento. Por su parte, el Ministerio de Fomento, que también aparece como avalista, lo hará con 100 millones de euros más lo que cueste traer la Alta Velocidad, unos 30 millones.

Nuevo préstamo

El acuerdo alcanzado con las entidades financieras, ha detallado Burgos, consiste fundamentalmente en la devolución del préstamo, de 220 millones de euros, en los próximos siete años con 18 meses de carencia en la amortización del capital y en el traslado a la última anualidad, la de 2021, de un posible déficit de esta operación que está sujeta a la venta de los terrenos liberados por la actuación. Unos terrenos que se han ido devaluando con el paso del tiempo porque en 2006 estaban valorados en 256 millones de euros, cantidad que bajó a 249 millones en 2009 y que ahora “según la consultora externa Aguirre-Newman podrían valer unos 154 millones de euros”, según ha apuntado Gamarra.

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