“Quítate las bragas y hazme una paja”

"Quítate las bragas y hazme una paja"

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El Ministerio Fiscal pide un total de 5 años de internamiento en un centro psiquiátrico, más dos años y medio de cárcel y 10 años de libertad vigilada, para un hombre de 78 años, acusado por un delito de agresión sexual cometido en la persona de su mujer.

El juicio por este caso está previsto para este miércoles, 9 de julio, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los sucesos ocurrieron en el domicilio familiar de la pareja, el 2 de junio de 2012. En un momento dado de la tarde de aquella jornada, “el acusado, con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos le dijo a su mujer: 'quítate las bragas y hazme una paja', a lo que la mujer le contestó que no quería, negándose a mantener cualquier tipo de contacto sexual”.

Sin embargo, entonces, el acusado “le agarró fuertemente de la cabeza, se la bajó a la zona de los genitales y le obligó a practicarle una felación”. Mientras duró el acto, especifica el fiscal, la mujer “intentó huir del acusado, prevaleciéndose éste de su superioridad física para atentar contra la libertad e indemnidad sexual de ésta”.

El escrito de la acusación especifica que, en el momento de los hechos, el acusado “padecía de una alteración de la personalidad y trastorno depresivo crónico con intentos autolíticos que le limitaban sus facultades intelectivas y volitivas”. Todos estos hechos suponen, para el fiscal, un delito de agresión sexual, del que es responsable el acusado en concepto de autor, y en el que concurren la agravante de parentesco, y la eximente de anomalía psíquica.

Indica la acusación que, por ello, procede imponer al acusado una pena de 5 años de internamiento en un centro psiquiátrico “adecuado a sus circunstancias”. Por ello, teniendo en cuenta su edad, 78 años, “y que está ocupando una plaza pública en una residencia donde han conseguido estabilizarlo de sus anomalías psíquicas”, recomienda que permanezca en el mismo espacio, con la obligación del centro de informar al órgano judicial de cualquier cambio de residencia “o de sus ausencias injustificadas”.

A esta pena se suma, además, la petición de 30 meses de prisión y 10 años de libertad vigilada, con prohibición durante este tiempo de acercarse a una distancia de 500 metros de su mujer, su domicilio y su lugar de trabajo, lo mismo que establecer cualquier contacto telemático, informático o de comunicación de cualquier tipo con ella.

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