UGT cree que la enmienda del PP atenta contra el empleado público

UGT cree que la enmienda del PP atenta contra el empleado público

Europa Press

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El Grupo Popular en el Senado ha introducido una enmienda con nocturnidad al Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público -actualmente en trámite- en la que pretende modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para continuar “destruyendo empleo público, haciendo posible la supresión de puestos de trabajo de personal laboral y personal indefinido no fijo”. Por ello, FSP-UGT, a través de un comunicado, ha pedido la retirada de la enmienda.

Las modificaciones que plantean esta enmienda se centran en la amortización automática de los puestos de trabajo ocupados por personal laboral indefinido no fijo cuyo puesto no sea de “necesaria cobertura” y una mayor flexibilidad en cuanto a los límites temporales relativos al encadenamiento de contratos temporales en las Administraciones Públicas, instalando la precariedad laboral.

Con esta enmienda el grupo Popular vulnera la Reforma Laboral que el propio Gobierno aprobó por medio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y en concreto la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores. Esta disposición introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que las administraciones públicas realizaran despidos objetivos por causa económica, técnica, organizativa o de producción.

Ahora el PP va más allá, y con esta enmienda, la administración podrá amortizar los puestos de trabajo temporal, o de cualquier otro empleado público en fraude de ley sin tener que alegar causa alguna, y abonando al despedido una indemnización de entre 8 y 12 días por año trabajador en lugar de 20 como establece la Disposición Adicional Vigésima. En el caso de los trabajadores indefinidos no fijos, la amortización del puesto se realizará sin ningún tipo de indemnización al trabajador.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT de La Rioja han exigido la retirada de dicha enmienda, que deja en situación de absoluta “indefensión laboral a más de 500 empleados públicos de La Rioja”.

De salir adelante este enmienda de la Ley de Racionalización del Sector Público, sería legal propuestas como la de la Junta de Castilla La Mancha de amortizar 500 plazas de interinos vía Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad en enero de este año, “por vulnerar, entre otras cosas, la negociación con las organizaciones sindicales”.

Queda cada vez más claro que el objetivo del Gobierno con este Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público es el “adelgazamiento” de las Administraciones Públicas con lo que esto conlleva en la cantidad y calidad de los servicios públicos prestados, “poniendo en peligro nuestro Estado bienestar”.

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