El PR+ denuncia la contratación de familiares y personal de confianza del gobierno en Viamed

Los regionalistas siguen tirando de la manta de la sanidad riojana centrándose de nuevo en los vínculos directos entre la empresa Viamed y los dirigentes del gobierno de La Rioja. Ha recordado el presidente del PR+, Miguel González de Legarra, que esta empresa "está haciendo el agosto gracias al dinero público, de forma directa, sin concurso ni subasta, ni otro tipo de concurrencia pública". 

A la relación con la familia de Blas Piñar y con la gerente del SERIS, cuyo hermano trabaja en un centro hospitalario de VIAMED en Zaragoza, los regionalistas añaden ahora nuevos vínculos directos entre la empresa y el gobierno regional. En concreto, han pedido al Secretario General Técnico de la Consejería de Salud, José Mª Corcuera, que "explique cuántos familiares directos suyos han trabajado y trabajan para Viamed, en concreto en el Hospital Los Manzanos". Han recordado además que Corcuera es precisamente la persona que "prepara, informa y adjudica" todos los contratos con Viamed. 

Por otro lado, la puerta giratoria que denuncia el PR+ hace referencia también a una persona de confianza del propio presidente del gobierno, Pedro Sanz. Según González de Legarra, "la misma persona que hace unos pocos años te llamaba por teléfono para darte cita con el Presidente, es la que ahora llama a los ciudadanos desde la clínica Los Manzanos" para ofrecerles saltarse la lista de espera de la sanidad pública operándose en la privada.

Se preguntan los regionalistas "por qué la que antaño fue miembro del Gabinete de Pedro Sanz dispone ahora en la Clínica Los Manzanos de las listas de espera del SERIS y de datos privados y sensibles de los enfermos". Quieren saber también por qué utiliza datos confidenciales "para presionar a los ciudadanos y captar enfermos para la sanidad privada".  

Por otro lado, en cuanto a las cifras de dinero público que maneja el grupo Viamed, González de Legarra ha recordado que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, el Parlamento aprobó un presupuesto de 43,5 millones de euros para estos convenios que, sin embargo, ascendieron a 55,4 al cierre del pasado ejercicio. Se preguntan por tanto cuáles han sido las razones para este sobrecoste de 12 millones de euros de los que no se ha dado explicación alguna.