La Ley de Transparencia regional ya está en marcha

El anteproyecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja estará compuesto por cinco títulos, treinta artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final, que regularán la transparencia de la actividad administrativa, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y participar en la toma de decisiones; así como los principios éticos y de actuación en los que debe basarse la acción del Gobierno.

También regulará el derecho de participación pública y software libre, que son novedades de la ley, así como la reutilización de la información del sector público autonómico para los ciudadanos, a la que se puede acceder actualmente a través del portal Dato Abierto La Rioja.

Tras la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Transparencia, el Ejecutivo regional sometió a consulta pública el borrador de la norma regional a través del canal Participa de la web del Gobierno www.larioja.org durante veinte días, en los que se presentaron cinco alegaciones de ciudadanos. Estas aportaciones de los ciudadanos, han dado lugar a la ampliación de la información pública prevista en los artículos IX y X.

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a la Administración General, organismos públicos, las fundaciones, Consorcios y empresas públicas, el Parlamento de La Rioja, la Universidad y el Consejo Consultivo de La Rioja. En definitiva, todos los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja quedan comprometidos con los objetivos de transparencia y participación de la Ley.

Asimismo estarán sujetos a esta normativa los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y en general todas las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones superiores a los 100.000 euros o que supongan al menos el 40% de sus ingresos.

La Administración deberá suministrar la información relativa a los contratos con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado o el adjudicatario. Tendrá que facilitar la relación de los convenios que suscriban con mención de las partes y las obligaciones económicas convenidas. Además deben indicar todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas, su importe, finalidad y beneficiarios. Debe aparecer además una descripción amplia de las partidas presupuestarias y datos actualizados sobre su estado de ejecución. También deben figurar las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; así como la de los empleados públicos.

En este ámbito, el texto da rango legal al Portal de la Transparencia, que se convertirá en el principal punto de acceso a la información para el ciudadano de una forma accesible y sencilla.

DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Por otro lado, los capítulos II y III regulan el derecho de acceso a la información pública y de participación ciudadana, respectivamente. La Ley regional garantiza el derecho de participación ciudadana en la elaboración, modificación y revisión de determinados planes y programas; así como en la elaboración de disposiciones de carácter general.

Una de las novedades más destacadas se encuentra en el Título III, en el que se refleja el código de Buen Gobierno incluido en la Ley Estatal, el cual contiene un marco ético legalmente reforzado y de obligado cumplimiento en la gestión pública, como instrumento esencial para garantizar la ejemplaridad, transparencia, eficacia y austeridad en la administración de los fondos públicos.

El texto regula también la reutilización de la información del sector público autonómico por parte de las empresas que lo deseen para desarrollar actuaciones empresariales o de negocios, a la que tendrán acceso desde el Portal de la Transparencia; y se determina que el Gobierno de La Rioja pondrá a disposición pública el código fuente de los programas y aplicaciones informáticas y la documentación asociada a los mismos que sean propiedad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que tendrán el carácter de software libre.

Por último, se contempla que las reclamaciones que se reciban en materia de acceso a la información sean resueltas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuya creación contempla la ley estatal, y al que se puede atribuir esta función por medio del correspondiente convenio.