El Ayuntamiento podría perder un 15% de trabajadores con la Ley de Reforma Local

El próximo año entrará en vigor la nueva Ley de Reforma Local que para los sindicatos supone una clara intención de privatizar los servicios públicos muncipales. Según aseguran, se trata de un nuevo ataque del Gobierno de Rajoy contra los derechos democráticos ya que quitará a los ayuntamientos competencias tan importantes como los Servicios Sociales, Educación o Consumo.

En este sentido han señalado que, cuando la ley entre en vigor, los ayuntamientos dejarán de tener las competencias directas sobre temas tan importantes como la atención a mujeres o drogodependencias. En materia de educación, sólo gestionarán ya la adquisición de solares o limpieza de los colegios. Y desaparecerán además algunos servicios como la Oficina del Consumidor.

Todas estas competencias pasarían directamente a manos de las Diputaciones, que decidirán en cada caso si devuelven la gestión “con un control férreo” a los ayuntamientos, o la dejan directamente en manos de la iniciativa privada. Por eso la Junta de Personal asegura que, detrás de todo esto, se esconde una clara intención de privatizar los servicios más fundamentales.

En concreto, según sus cálculos, esto supondrá en Logroño una pérdida de un 15% de puestos de trabajo. Desaparecerían 126 de los 856 trabajadores actuales ya que las funciones que realizan dejarían de estar en manos del consistorio. Se preguntan desde la Junta de Personal qué pasará con esos trabajadores porque no están dispuestos a dejar “que se arrincone a la gente para dar trabajo a empresas privadas, como están haciendo en el Parque de Servicios, que está viviendo una muerte lenta”.

Denuncian además que se trata de una ley aprobada sin contar en ningún momento con las personas afectadas, tanto los trabajadores públicos como el ciudadano. Consideran, que no es cierto el ahorro anunciado de 8.000 millones de euros ya que, en caso de producirse, será a costa del ciudadano que dejará de recibir los servicios, o del trabajador que perderá su empleo. Según aseguran, tampoco se ha evaluado en ningún momento el impacto ni el coste de esta medida que “ni siquiera ha pasado por el Pleno del Congreso de los Diputados”.