¿Vuelve el control político y social?

Según este colectivo, durante el último año y medio se han producido una serie de incidentes que atentan contra el respeto democrático, la legalidad y la dignidad de las personas. Hablan de un evidente control policial siguiendo directrices cláramente políticas, de acciones represivas y actuaciones encaminadas a limitar las libertades.

Las cosas empezaron a cambiar, según señalan, en la primavera de 2012 con un cambio interno en el funcionariado del Ayuntamiento. En el pleno del 29 de mayo se sustituyó a la secretaria General de la Corporación por otro funcionario, militante del PP. Desde IU ya se denunció en su día que se trataba de una maniobra política para colocar en el puesto a una persona que siguiese las directrices del partido.

En septiembre de ese mismo año, se puso en marcha un dispositivo especial de Policía Local y Guardia Civil durante una iniciativa pacífica de la asamblea local de IU para comprar alimentos en un supermercado y repartirlos entre personas necesitadas. Un control que desde la organización consideraron desmedido. Asímismo, desde el Consistorio se prohibió la organización de un concierto solidario organizado por el mismo partido y se sancionó por ello a los responsables del establecimiento.

Ya en marzo de este año, según denuncia Stop Represión, la policía local recibe orden de retirar la propaganda en una protesta para exigir la apertura del Centro de Día para los mayores de la localidad. En esta ocasión fueron varios los vecinos que dijeron haber visto a la policía retirar esos carteles de madrugada, lo que significa para esta plataforma, que atendían claramente a una directriz política y no al simple ejercicio de sus funciones.

Pero la muestra más clara de la opresión y control que están padeciendo este tipo de colectivos llegó hace apenas unas semanas con motivo de la presentación de la plataforma Stop Represión en Santo Domingo. Al parecer, además de retirar los carteles anunciantes, la Guardia Civil acudió a la sala cultural de Caja Rioja donde se realizaba el acto para pedir información sobre las personas que lo promovían y organizaban. A la hora de la convocatoria, una patrulla estacionó enfrente de la sala para “controlar las personas que asistían al acto”, según denuncia la plataforma.

Dos días después, una patrulla de la Brigada de Información de la Guardia Civil volvió al centro cultural para solicitar una grabación de vídeo y audio de la presentación. Al no haber denuncia alguna de por medio, no pudieron obtener ninguna de esas grabaciones, por lo que acudieron incluso a la sucursal bancaria contigua para solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad. La respuesta que obtuvieron fue la misma, que ese material sólo podía suministrarse con una orden judicial.

El último y más mediático episodio tuvo lugar el pasado 26 de noviembre cuando el concejal de IU, Diego Mendiola, fue expulsado del pleno de Santo Domingo tras una intervención en la que denunciaba la falta de autonomía muncipal y criticaba duramente algunas de las decisiones de la corporación ante estos hechos. El equipo de gobierno, formado en coalición por el PP y el PR+, ha acordado además que 'los servicios policiales y jurídicos del Ayuntamiento revisen el vídeo por si se ha producido alguna amenaza de personas del público hacia algún concejal de la Corporación'.

Mendiola asegura que se está viviendo una situación tensa y preocupante en la localidad ya que 'están intentando intimidar a la quente que todavía acude en un acto de clara valentía'. Asegura que hay un porcentaje minoritario de gente que no se calla y eso molesta.

El alcalde asegura que no hay órdenes ni consignas

Javier Azpeitia, alcalde de Santo Domingo, ha desmentido punto por punto la mayoría de estas acusaciones. Según ha contado a Rioja2.com, en su municipio no había ocurrido absolutamente nada hasta que IU quiso “montar bronca” en el pleno del pasado mes: “hay muy buen ambiente en el Ayuntamiento, de hecho no había absolutamente nada hasta que en el pleno nos encontramos con aquello”.

Desmiente cualquier tipo de consigna política ni orden a la policía y asegura que no es cierto que se hayan retirado carteles en ningún acto de este u otro colectivo. Afirma además que “no tiene constancia” de nada de lo ocurrido en torno a la presentación de la plataforma Stop Represión. Sí admite haber solicitado las grabaciones del pleno del ayuntamiento porque es lo único que podía hacer ante el “alboroto” que se formó. “Esta gente, sin empezar el pleno, en la lectura del acta, ya estaban alborotando. Llevaron gente a montar bronca. Gente del propio partido y de sindicatos afines. Tenía que poner orden porque impedían el funcionamiento normal del pleno”, asegura el alcalde.