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El 20 de noviembre de 2013

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¿Justicia para todos?

Tras un año de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, la abogacía riojana ha dicho un rotundo no a lo que consideran el "tasazo del ministro de Gallardón". El decano del Colegio de Abogados de La Rioja, José María Cid, ha sido claro. "Se está creando una situación de desprotección del derecho de defensa de los ciudadanos ya que se está viendo dificultada considerablemente, por razones económicas, la posiblidad de acceder al Tribunal de Justicia.

Redacción

El decano del colegio de Abogados de La Rioja, José María Cid, ha culpado al "impacto" del "tasazo" el que hayan descendido en La Rioja los casos un treinta por ciento, en el caso de los recursos de apelación civiles, y un cincuenta en el del Contencioso-Administrativo.

Junto a Cid, más de un centenar de abogados se han concentrado llamados por el Colegio de Abogados de La Rioja, frente a los juzgados de Logroño para mostrar su "repulsa" y "rechazo" a la Ley de Tasas en el día en el que ésta cumple un año de su publicación.

Cid, que se ha referido a esta tasa como el "tasazo del ministro Gallardón" ha esperado que ocurra en España como en Francia, donde "se suprime todo tipo de tasa para el año 2014 al considerar que es una barrera al derecho de defensa de los ciudadanos".

Mientras tanto, ha considerado que se está creando una situación de "desprotección del derecho de defensa de los ciudadanos", ya que "se está viendo dificultada considerablemente, por razones económicas, la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia".

En concreto, ha indicado que, en el Contencioso-Administrativo, hasta julio ha descendido la litigiosidad un cincuenta por ciento, siguiendo los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Con respecto a los recursos de apelación en materia civil, donde ha explicado que hay una "tasa importante fija de ochocientos euros más la parte variable", ha calculado un treinta por ciento de descenso.

Hay, por tanto, ha dicho, una "reducción importante del número de asuntos que entran en el tribunal". "Creemos que esa era la intención de la ley; no subvenir a las necesidades de la asistencia jurídica gratuita", como afirma el Gobierno central, "sino establecer una barrera que limitase el acceso de los asuntos".

Ha señalado cómo "para alguien que está reclamando 4.000 euros" esa cantidad puede suponer "llegar a fin de mes" y un empresario "puede depender de ella para pagar los salarios a sus trabajadores"; pero, "si pides mil euros por formular el recurso de apelación, pues hay gente que no lo hace".


A esto ha sumado que, además, "probablemente se recaude menos" y "va a pasar como la subida del IVA, porque se retrae a la gente de presentar recursos".
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