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El 9 de julio de 2012

Tiempo de lectura: 02:51
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Los reajustes de La Rioja aportarían más dinero a la región que los recortes europeos

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han anunciado que la reorganización de la Agencia Tributaria y la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas con beneficios de más de un millón de euros serían más eficientes para la región que los ajustes europeos.

Redacción

La aprobación de las medidas de ajuste que desde las Instituciones Europeas se exige a España para cuadrar su déficit, como son la subida del IVA, el recorte de los sueldos de los empleados públicos o la congelación de las pensiones, aportaría una recaudación de 79 millones de euros anuales en La Rioja , frente a los 118 millones de euros que ingresaría la comunidad con la reorganización de la Agencia Tributaria y la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas con beneficios por encima del millón de euros, según indicaron los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

De este modo, el colectivo indicó que el alza del IVA, de los Impuestos Especiales y de otros impuestos indirectos tan sólo elevaría en unos 39 millones de euros la recaudación en La Rioja, mientras que el recorte del 5% del sueldo a los empleados públicos de la comunidad supondría un ahorro de 29 millones de euros. Por su parte, la congelación de las pensiones  (tanto las contributivas de la Seguridad Social como de las clases pasivas) a los pensionistas riojanos únicamente se traduciría en 11 millones de euros.

Pese al teórico impacto positivo para las arcas públicas, la puesta en marcha de estas medidas reduciría notablemente el consumo interno, provocando el cierre de centros de producción y el aumento del desempleo, lo que a corto y medio plazo agravaría aún más la recesión de la economía española y el desplome de la recaudación prevista.

Además, GESTHA considera que la subida del IVA es "injusta" en la medida en que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas, y es "regresiva" porque afecta en mayor medida a los ciudadanos con bajos ingresos que a quienes disponen de más recursos: mientras los primeros dedican gran parte de sus ingresos a pagar el IVA ­-que grava el consumo-, los segundos además tienen posibilidad de ahorrar, sobre lo que no se aplica este impuesto.

Los más perjudicados serán, por tanto, mileuristas y pensionistas, quienes a su vez sufrirían una nueva congelación de sus ingresos pese a ser uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte los empleados públicos tendrían que soportar una nueva rebaja de sueldos que vendría a sumarse a la rebaja de 2010 y a las congelaciones aprobadas en anteriores legislaturas, creando un efecto 'bola de nieve' que reduciría drásticamente su calidad de vida desde el estallido de la crisis.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen una serie de alternativas que permitirían obtener una recaudación similar o incluso superior sin que ello implicase contrapartidas negativas en materia económica o social.

De este modo, bastaría con aplicar un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades a los beneficios que superen el millón de euros anuales (declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas) para elevar los ingresos en 61 millones de euros en La Rioja y 13.943 millones de euros para el conjunto de Estado, equivalente de por sí a todas las medidas exigidas desde el exterior.

Sin embargo esta no es la única alternativa: la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras que gravase este tipo de operaciones, actualmente exentas de IVA, generaría unos 4.500 millones. Por su parte, la compra de Deuda Pública española en el mercado primario y la prohibición de las operaciones en corto reduciría en 1.400 millones de euros los gastos del Estado.

Estas medidas, sumadas a una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para aflorar 1,6 puntos porcentuales de la economía sumergida (actualmente en el 23,3% del PIB) y mejorar el control del gasto público, elevarían la recaudación estatal en otros 6.200 millones de euros, lo que en total sumaría más de 26.000 millones con los que cubrir las necesidades del Estado para asegurar el cumplimiento de déficit y transmitir mayor confianza a los mercados financieros.


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