Rioja2

Viernes 23 de Abril de 2021Actualizado 00:14

El 6 de julio de 2012

Tiempo de lectura: 02:48
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El 3,8% de las ayudas sociales en La Rioja son fraudulentas

El Gobierno de La Rioja ha revisado las prestaciones destinadas a dependencia, inclusión social y pensiones no contributivas y ha encontrado un 3,8 de fraudes en estas ayudas, lo cual reportará a la región 315.486 euros que serán destinados al mismo ámbito.

Redacción

El consejero de Salud y Servicios Sociales de La Rioja, José Ignacio Nieto, y la directora general de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales , Carmen Corral, han presentado este jueves el balance del plan de lucha contra el fraude en las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, que ha llegado a revisar 9.245 expedientes de ayudas en el ámbito de la dependencia e inclusión social, así como pensiones no contributivas y subsidios LISMI.

En dependencia se han revisado 3.963 expedientes (488 de ayuda vinculada al servicio y 3.475 de prestación para cuidados en el entorno familiar) y se han realizado visitas de inspección a 3.475 domicilios. Se han detectado 1.180 situaciones susceptibles de cambio, de las cuales, el 19% han exigido una modificación en la cuantía recibida, mientras que el 81% restante ha conllevado la extinción de la ayuda.

Sin embargo, sólo 120 han sido declaradas como indebidas e implicarán la devolución a la administración de 102.084,50 euros. En este ámbito, las principales infracciones cometidas por los perceptores de las ayudas han sido no atender bien al dependiente, que éste rotara por diferentes domicilios y que el cuidador no fuese un familiar. En las ayudas vinculadas al servicio, las causas más frecuentes para retirar la ayuda han sido haber dejado la residencia y no haberlo comunicado y no acudir al centro de día.

En prestaciones de inserción social, se han revisado 3.125 expedientes (2.284 Ingresos Mínimos de Inserción y 841 Ayudas de de Inclusión Social) y en total se han extinguido 982. De éstas, 163 han sido declaradas como indebidamente percibidas y conllevarán la devolución a la administración de 86.463,76 euros.

En este caso, las situaciones más comunes que han llevado a una retirada de las ayudas han sido que la unidad de convivencia supere los ingresos máximos establecidos, estar accediendo a otras prestaciones incompatibles con las ayudas (subsidios, renta activa de inserción) y estar trabajando sin haberlo comunicado a la administración.

En el ámbito de las pensiones no contributivas y subsidios LISMI, se han revisado 2.157 expedientes, de los que el 85,4% mantienen la cuantía percibida; el 6,6% sufren una modificación en la cuantía y el 7,9% son extinguidas o suspendidas. Sólo 75 han sido declaradas como indebidamente percibidas y conllevarán una devolución a la administración de 126.938,10 euros.

En total, de los 9.245 expedientes revisados, sólo 358, el 3,8% han sido declarados como fraudulentos y supondrán para la administración la recuperación de 315.486 euros que volverán a ser destinados a estas mismas ayudas.

Esta exhaustiva revisión ha sido posible gracias a la coordinación interadministrativa, destacando el acceso telemático a las bases de datos de las distintas Administraciones Públicas: INSS, AEAT, RED SARA, INEM, SISAAD y Catastro.

José Ignacio Nieto ha explicado también que esta acción se enmarca dentro de la nueva etapa que se abre para la administración de los servicios sociales en La Rioja, “en la que una vez que hemos logrado disponer de un avanzado sistema de protección social, uno de los mejor valorados del país, se impone garantizar la cobertura de las prestaciones y una adecuada asignación de recursos que permita la sostenibilidad del sistema”.

En ese sentido, el consejero de Salud y Servicios Sociales considera necesario seguir optimizando la gestión presupuestaria, priorizando la garantía de los derechos sociales sobre otras políticas de gasto del departamento, al tiempo que se garantiza la adecuada asignación de estos recursos, a través de las necesarias labores de control.

Además de la revisión administrativa, este Plan propone la realización de un seguimiento de todos los proyectos individuales de atención o inserción, y en el caso de las personas dependientes que perciben la prestación para cuidados en el entorno familiar, la realización de visitas a sus domicilios con el fin de comprobar que la atención continúa siendo correcta y los cuidados, adecuados a las necesidades de las personas dependientes. Esta labor es realizada por trabajadores sociales autonómicos y municipales.

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