Dos promotores de Briones, juzgados por impropiación indebida
El fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para dos promotores inmobiliarios a los que considera presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida en Briones, donde pactaron la venta de una vivienda, dentro de una promoción, que no se entregó a los compradores.
Según consta en el escrito de la fiscalía, Los hechos por los que se celebrará juicio los próximos 9 y 10 de abril, se remontan a septiembre de 2003, cuando los acusados, J.C.S.J. y A.V.M. gestionaban la firma “Ansúrez inmobiliarios” en Logroño.
El primero de ellos firmó, en nombre de la compañía, un contrato de venta de una vivienda de 146 metros cuadrados en Briones, dentro de una parcela de la que los vendedores afirmaban ser dueños y en la que se iban a construir 20 adosados.
Los compradores, un matrimonio vasco, se comprometieron a pagar 152.056 euros, de ellos más de 16.000 en el momento, otros 40.000 en plazos y el resto a la entrega de la vivienda.
El fiscal recuerda en su escrito que ya en el contrato firmado entre el promotor y este matrimonio se omitía la circunstancia de que la parcela en la que se iba a construir la vivienda estaba sujeta a la obligación de entregar cuatro de las 20 viviendas a sus anteriores dueños, que podían reclamar la devolución del terreno si eso no se cumplía.
Afirma que J.C.S.J. “no aplicó a la construcción de la vivienda” las cantidades abonadas por el matrimonio, ni “Ansúrez Inmobiliarios” concertó el aval bancario exigido por Ley para garantizar las cantidades recibidas a cuenta.
El fiscal asegura que A.V.M. “tuvo conocimiento de todas las gestiones” realizadas por el otro acusado “y no mostró oposición alguna”.
Además, explica, para ejecutar la promoción en Briones la empresa solicitó a Bancaja una hipoteca de 1,2 millones de euros y otro préstamo al Banco de Valencia de 85.321 euros, que en ambos casos fueron impagados.
El fiscal alude en su escrito a la situación de la empresa “Ansurez Inmobiliarios”, que se encuentra en situación concursal, y que, a su juicio, forma parte de un “entramado” de empresas que tienen el objetivo de “dirimir la responsabilidad de los administradores” ya que su creación no obedece a razones económicas o de estrategia mercantil.
“Ansúrez Inmobiliarios”, según la administración concursal, carece de libro de socios, no tiene contabilidad adecuada al Plan General Contable y presenta diferentes irregularidades desde 2003.
La mayor parte del pasivo de la empresa, explica, corresponde a los dos préstamos impagados a Bancaja y el Banco de Valencia, por 1,3 millones de euros en total.
El fiscal se remite a los administradores del concurso de la empresa y subraya que la “confusión” creada en la contabilidad respecto a las diversas sociedades y las técnicas contables de dudosa legalidad buscaban la “ocultación de los movimientos reales existentes”.
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