Los 372,76 euros mensuales, más necesarios que nunca

Son más necesarios que nunca, porque para muchas personas se han convertido en el único dinero que entra a casa. La crisis ha dejado, y está dejando, situaciones dramáticas en muchas familias riojanas y son las administraciones públicas quienes les están echando una mana para salir adelante.

Es el caso del Ingreso Mínimo de Inserción, unos 372,76 euros, que proporciona el Gobierno de La Rioja a aquellas personas que han dejado de percibir el subsidio por desempleo o son parados de larga duración.

Ahora, el Ejecutivo ha abierto un plazo de alegaciones para modificar el decreto que regula la obtención de esa renta y todo parece que se modificará uno de los requisitos: se trata de ampliar de uno a tres años el tiempo de empadronamiento necesario en La Rioja para ser beneficiario de esta ayuda.

Este hecho ha motivo que tanto representantes dell Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de La Rioja como los sindicatos UGT y CCOO hayan pedido al Gobierno regional que no modifique el decreto porque con el aumento del requisito de empadronamiento se agravará la situación de los posibles beneficiarios.

Así lo han explicado hoy en una rueda informativa la presidenta de la institución colegial, Vanesa Villa; la secretaria de Igualdad de UGT, Teresa Rodríguez, y la secretaria de Política Social de CCOO, Ana Terrazas.

Otra de las modificaciones propuestas, según han explicado, es la imposibilidad de solicitar esta ayuda hasta transcurrido un año de haber percibido otras ayudas.

Después de dos o tres años ininterrumpidos cobrando esta prestación no se podrá volver a solicitar transcurrido un año, según la propuesta del Gobierno, han explicado.

El Gobierno también propone que se reserva tres meses para cobrar esta ayuda, han precisado.

Según han explicado, las personas perceptoras de esta ayuda, que es la más inferior de las existentes, son personas en riesgo de exclusión, que, además, son controladas por la Administración para evitar duplicidades en el cobro de estas ayudas.

Según sus datos, en 2007, 238 familias cobraban esta prestación frente a las 1.287 que la percibieron en 2010. Trabajadores sociales y sindicatos creen que tras estas modificaciones, el Ejecutivo esconde la voluntad de acometer recortes dada la situación económica.

EL GOBIERNO DE LA RIOJA DICE QUE NO SE TRATA DE RECORTES

El Ejecutivo que lidera Sanz niega que haya una intencionalidad de recortar las prestaciones sociales. Justifica la medida porque así La Rioja se adaptaría a los criterios que ya rigen en la mayoría de las comunidades autónomas desde hace varios años y a los que se han unido recientemente Navarra y País Vasco.

De hecho, el Gobierno asegura que ha detectado que a estas ayudas accedían personas que no necesitan recuperación social ni intervención sino simplemente formación laboral.