Las OPAS piden que se vote si se inicia la renovación de la Interprofesional

Las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) representadas en la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) han solicitado a la Presidencia que someta a votación si se inicia el proceso de acreditación para la renovación de esta entidad, ya que consideran que no ha comenzado.

ARAG-Asaja, UAGR, UAGN, ENHE de Navarra, UPA y UAGN han plasmado esta solicitud en un documento que han entregado en la sede de la Interprofesional para que se incluya en el orden del día de la reunión de la Junta Directiva, fijada para el próximo día 15.

Según se detalla en el documento, al que ha tenido acceso EFE, las OPAS piden que se someta a votación si se inicia o no el proceso de acreditación -hectáreas en el caso de los productores y litros ponderados en de las bodegas-.

En el caso de que el presidente, Víctor Pascual Artacho, no acepte someter a votación el inicio del proceso, piden una argumentación jurídica y un dictamen al Ministerio de Medio Ambiente -órgano que tutela a la Denominación- sobre la obligatoriedad de esta votación.

Las OPAS también solicitan a Pascual Artacho que pida un dictamen al Ministerio sobre la posibilidad de prorrogar la fecha del cumplimiento del mandato de los cuatro años de la Interprofesional que, según la coordinadora y la Presidencia, expira el 15 de febrero.

Según han explicado a EFE representantes de estas organizaciones, las OPAS no reconocen que el proceso de acreditación haya comenzado el 3 de octubre como sostienen la Presidencia y la Coordinadora de la Interprofesional.

Las organizaciones profesionales agrarias creen que debe haber un principio de acuerdo entre las asociaciones de esta entidad para poder iniciar un proceso de renovación de sus órganos.

De acuerdo con el sistema desarrollado en los dos mandatos anteriores de la Interprofesional, una vez finalizada la entrega de acreditaciones, salen unos porcentajes, en función de los cuales, posteriormente, se determinaba el número de vocales de la nueva Junta Directiva, y que es la que nombra a la mesa de la Interprofesional.

Actualmente, la Junta Directiva de la Interprofesional está formada por 32 vocales: 16 por cada uno de los sectores.

Según las OPAS, el problema suscitado en esta ocasión es la falta de acuerdo previo al inicio del proceso entre los dos subsectores de la rama productora -cooperativas y organizaciones profesionales agrarias- en el reparto de su representatividad.

Según el censo oficial de viticultores a 31 de diciembre de 2010, la DOC “Rioja” cuenta con 7.354 viticultores asociados a cooperativas y 10.253 no asociados.

Las OPAS aseguran que están de acuerdo en que las cooperativas, según sus hectáreas, mantengan su representatividad entre un 35 y 40 por ciento, y que las organizaciones profesionales agrarias dispongan del 60 por ciento.

El coordinador sindical de la UAGR, Luis Torres, ha asegurado a EFE que las OPAS quieren un proceso de acreditación “limpio, no trucado, sin imposiciones y con un control que lo haga transparente”.

Torres ha opinado que hay aspectos que “no están claros”, como el hecho de que haya asociaciones, como las cooperativas, que pretendan tener una representación mayor a la actual, que se eleva a 45 votos frente a los 55 de las OPAS.

El portavoz de ARAG-Asaja, José Antonio Torrecilla, ha coincidido con Torres en que para se inicie este proceso tiene que haber un acuerdo entre las organizaciones que componen la Interprofesional, para decidir, entre todos, “unas mínimas reglas de juego” que, a su juicio, no ha habido.

ARAG-Asaja no descarta acudir a la vía judicial si este asunto no se aclara porque, según su portavoz, se está preparando una “estrategia perfectamente definida” para que las OPAS queden “en un segundo plano”.

Tomás Latasa, de UPA, también ha opinado que tiene que haber “una hoja de ruta, un proceso claro, controlable y unas normas que pacten las partes”.

Según esta organización, en este asunto “hay cosas muy extrañas”, ya que la coordinadora y la Presidencia han iniciado un proceso que, en su opinión, “no tiene base legal”.