El juicio del caso Marta Castillo comienza sin la prueba de su cuerpo

EFE

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El juicio por la violación y muerte de Marta del Castillo comienza mañana en la Audiencia de Sevilla con el riesgo de que el paradero desconocido del cuerpo de la joven conlleve la absolución por alguno de los delitos al asesino confeso, Miguel Carcaño, o a alguno de sus tres presuntos cómplices.

La Fiscalía pide para Carcaño, que tenía 19 años cuando desapareció Marta, 52 años de cárcel por dos delitos de violación -la cometida por él mismo y la realizada por su amigo menor de edad El Cuco- uno de asesinato y otro contra la integridad moral de los padres de la víctima por no desvelar el paradero del cuerpo.

El escrito de acusación del fiscal, considera que los dos jóvenes violaron sucesivamente a Marta, tras amenazarla con una navaja, y luego la estrangularon con un cable, sin aplicarles ninguna atenuante pese a reconocer que ambos consumieron varias bebidas alcohólicas.

Carcaño ha dado hasta ahora ocho versiones de lo ocurrido en su piso de la calle León XIII de Sevilla el 24 de enero de 2009 y su defensa solo admitiría tres años de cárcel por un homicidio imprudente, al golpear a Marta con un cenicero en la cabeza tras una discusión.

La Fiscalía acusa además a tres presuntos cómplices: el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, su novia María García y el joven Samuel Benítez, pues entre todos limpiaron el piso de restos y a una hora “no determinada” sacaron del piso el cuerpo, el cable y los enseres de Marta y les dieron un “destino desconocido”.

El juicio contra estos acusados se produce con una sentencia del juez de Menores que, en marzo pasado, absolvió a El Cuco de violación y asesinato y le condenó solo a dos años y once meses por encubrir el homicidio cometido por Carcaño.

El juez de Menores no consideró probada la violación de Marta y solo recogió que Carcaño la mató “guiado por motivos y en circunstancias que no se enjuician en la presente resolución”.

Esta contradicción entre la jurisdicción de adultos y de Menores ha llevado al abogado de los padres de Marta a plantear una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley Penal del Menor que presentará en la primera jornada del juicio, pues entiende que los mayores de edad y el menor deberían ser juzgados en un único juicio.

Otra cuestión previa de nulidad será planteada por el abogado de Delgado, porque su cliente fue procesado únicamente por el testimonio de El Cuco, de quien el juez instructor ya sospechó su “ánimo espurio”, pues le imputó después de que Carcaño lo hubiese implicado a él mismo en la violación y asesinato.

Fuentes del caso han dicho a Efe que en estos dos años y medio la Policía no ha dejado de investigar ninguna pista sobre el paradero de Marta, por descabellada que fuese, y de hecho la última falsa alarma se produjo el jueves pasado, cuando un dispositivo policial desenterró unos huesos de animal en San Juan de Aznalfarache, una localidad del extrarradio de Sevilla.

Incluso las personas que han seguido más de cerca el caso están divididas sobre el paradero del cuerpo: unas creen que fue arrojado al río Guadalquivir porque la primera confesión suele ser la verdadera, otras piensan que acabó en un vertedero y una tercera teoría sostiene que pudo ser enterrado en una obra en construcción, dado el supuesto conocimiento de Delgado por su trabajo como vigilante de seguridad.

Al igual que hicieron en el juicio contra El Cuco, la estrategia de la defensa será posiblemente la de acogerse a su derecho a no declarar con excepción de María García, que siempre ha manifestado que llegó al piso a medianoche para estudiar y que no oyó nada.

El abogado de esta joven plantea incluso que la muerte pudo producirse en otro lugar, pues no existe “prueba concluyente” del escenario, los participantes ni el coche usado para sacar el cuerpo, y descarta el traslado de madrugada -como sostienen el juez instructor y el de Menores- pues desde las 23.30 horas los acusados “sabían que los amigos y familiares de Marta la estaban buscando”.

El juicio se desarrollará en veinte sesiones ante la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, con los magistrados Javier González como presidente, Juan Romeo como ponente y Esperanza Jiménez Mantecón.

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