La FEFE exige que el Gobierno avale la deuda de las farmacias ante los bancos

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, ha exigido que el Gobierno aporte el aval que necesitan las farmacias ante las entidades financieras para que puedan seguir dispensando los medicamentos con cargo al Sistema Público de Salud.

Redondo ha denunciado, en una rueda de prensa, que las boticas de Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja, Valencia y Murcia han adelantado desde mayo el importe de los fármacos que ya han vendido con cargo al Sistema Nacional de Salud, en algunos casos, con créditos personales en los que han hipotecado sus propios bienes, y su situación económica es “insostenible”.

Ha advertido de que el problema desatado estos días en Castilla-La Mancha se extenderá a toda España con el riesgo del cierre de farmacias, desabastecimiento de medicamentos y los peligros que esto conlleve para la salud de los ciudadanos.

Los boticarios entienden que, como las Comunidades Autónomas ya no son solventes ante los bancos y las cajas de ahorro porque “no tienen fondos”, la “única solución” es que sea el Ejecutivo quien avale los créditos que han contraído por cuenta de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y de la Seguridad Social.

El asesor jurídico de FEFE, Juan de la Cruz, ha señalado que “hay un problema de enfoque muy importante”, porque “se están cargando las tintas constantemente” contra los Ejecutivos autonómicos, cuando “la responsabilidad es el Estado”.

“Quien reconoce los derechos que tenemos los ciudadanos, a cambio de las cotizaciones que prestamos y de los impuestos que pagamos, es el Gobierno”, ha sentenciado.

De la Cruz ha dicho que ha llegado un momento en que a las farmacias no se les pagan los medicamentos que dispensan “prácticamente gratis” a los ciudadanos y, por lo tanto, “no tienen dinero en metálico para seguir haciendo pedidos a los mayoristas”, por lo que “la única solución es pedir un crédito con cargo a la deuda de tu contratante, es decir, de la Administración central”.

“Quien tiene que avalar el Sistema Nacional de Salud es el Estado español”, ha remachado el experto, quien ha apostado por que se adopte esta medida en el Consejo de Ministros del 19 de agosto.

Para el presidente de FEFE en Murcia, Miguel Chamorro, “el problema es de tal envergadura” que no se puede abordar en aislado desde cada Comunidad, y ha exigido un Pacto de Estado por entender, como se ha denunciado desde todos los sectores sanitarios, que se va a extender al conjunto del Sistema si no se adoptan medidas de ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos.

Redondo ha denunciado “la falta de voluntad política para encontrar soluciones” a una quiebra que no se ha afrontado ni en los consejos de Política Fiscal y Financiera ni en el Interterritorial de Salud, cuando se sabía de antemano que esto iba a ocurrir.

El aval del Gobierno sería similar al que se aprobó ante la crisis económica con las cajas y bancos por un importe de 100.000 millones de euros, o como se ha hecho con la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera para rescatar a países como Grecia, Portugal o Irlanda, con otros 40.000.

“Seamos un poco coherentes, esos avales tienen su lógica frente a la crisis financiera, pero aquí estamos hablando de algo muchísimo más cercano que afecta a los ciudadanos españoles”, ha sentenciado De la Cruz, quien ha cifrado ese aval en unos 12.000 millones de euros.

Los farmacéuticos no ven otra solución porque, como ha ironizado Redondo, “podríamos atracar un banco, pero no es plan”, mientras que la secretaria general de FEFE y presidenta de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), María Dolores Espinosa, ha recordado al Gobierno que “no hay ninguna legislación que obligue a los farmacéuticos a arruinarse” después del cierre masivo de boticas que se produjo ayer en la región.

Espinosa ha alertado de que, si la situación no se corrige, tendrán que dejar de considerar la receta como un justificante de pago, porque es “un cheque sin fondos”, utilizándola solo para dispensar.

Esto significa que empezarían a cobrar a los ciudadanos el importe integro de los medicamentos y devolverían a los usuarios “su factura” o receta para que “vayan a cobrarla a su servicio de salud correspondiente”.