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El 28 de julio de 2011

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El senador socialista Pérez Sáenz cree que las Diputaciones Vascas deben reflexionar

El expresidente del Gobierno riojano ha valorado la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que declara ilegales las vacaciones fiscales vascas.

EFE

El senador por el PSOE riojano, José Ignacio Pérez Sáenz, ha afirmado que las Diputaciones Forales vascas deben reflexionar y asumir que su "soberanía" fiscal no les exime del cumplimiento de unas reglas que "han sobrepasado de forma continuada".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado hoy ilegales las dos últimas medidas de las vacaciones fiscales vascas, unas ayudas concedidas a empresas de nueva creación en los años noventa.

Pérez Sáenz, ex presidente del Gobierno riojano (enero 1990-julio 1995), ha añadido, a través de un comunicado, que estas sentencias avalan todos y cada uno de los argumentos que justificaron la actuación de la Comunidad Autónoma de La Rioja desde su inicio en esta materia.

Estas sentencias justifican la oposición de la Comunidad de La Rioja a las "maniobras fiscales" de las Diputaciones Forales, "alejando cualquier sospecha de artificialidad", ha indicado.

Para él, las Diputaciones Forales vascas deben reflexionar y asumir que su "soberanía" fiscal no les exime del cumplimiento de unas reglas que "han sobrepasado de forma continuada", como la de su propio Concierto Económico, que en su artículo tres se refiere a la armonización fiscal.

También se ha referido a la regla de la UE sobre la prohibición de ayudas de Estado a las empresas y a las reglas del mercado sobre la igualdad y libre competencia de las empresas.

En relación a la devolución de ayudas y multa al Reino de España, Pérez Sáenz ha señalado señala que desde el año 2001 existe la advertencia de la Comisión Europea sobre la devolución de las ayudas y la imposición de las multas por incumplimiento.

Ha recordado que, durante un pleno celebrado en el Senado el 26 de marzo de 2003, el popular Cristóbal Montoro le negó su solución, y, en la actualidad, "gracias al actual Gobierno de España, la responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho Comunitario las paga la Administración que las rompe, es decir, las Diputaciones Forales vascas

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