Salgado devuelve a Rajoy el órdago de la deuda autonómica horas antes del CPFF

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Se prevé tenso y en claro desacuerdo. Es, además el último del Gobierno socialista de Zapatero si como parecer ser se acaban anticipando los comicios generales para el próximo mes de noviembre. Además, es el primero tras el 22-M con el PP instalado en el poder de absolutamente casi todas las CCAA. Once consejeros económicos son 'populares' y van a batallar con el Gobierno central por mantener la deuda fuera de control en lo que consideran una asfixia y una responsabilidad de Zapatero. Así lo consideraba Rajoy este martes en un curso de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial.

A los consejeros 'populares' se ha unido CiU, que en las últimas horas comparte las tesis del PP de que la culpa de la situación de las arcas autonómicas lleva el sello de Madrid.

Con esta disposición se reunirá Salgado con las 17 autonomías bajo el aviso de que nada va a cambiar respecto a su hoja de ruta de déficit y techo de gasto. La vicepresidenta primera del Gobierno fue contundente con las palabras de Rajoy este martes: el Estado avalará a las CCAA que cumplan con los objetivos de déficit. Fuera de este margen, no habrá negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Por un lado, las autonomías del PP van a pedir un aplazamiento del pago de la deuda con el Estado por los anticipos a cuenta de hasta diez años. Este martes, el Ministerio de Economía ya había hecho públicos los datos de la liquidación por estos conceptos de 2009, que se eleva conjuntamente a casi 19.000 millones de euros y que las comunidades deberían pagar a partir de 2012, pero, dada la situación de las arcas autonómicas, el Gobierno les da cinco años más para cumplir.

Con toda probabilidad, las comunidades del PP denunciarán este miércoles también los supuestos déficits ocultos que encuentran al hacerse cargo de los nuevos Gobiernos. El Consejo será intenso, ya que tratará también sobre los planes de ajuste de seis comunidades que quedan por aprobar y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación autonómica de 2012, que deberán ir preferentemente a la sanidad.

Los planes afectan a Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Baleares.

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