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El 25 de julio de 2011

Tiempo de lectura: 02:28
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La Defensora pide que garanticen los derechos de vecinos del punto familiar

Los vecinos denunciaron ante la Defensora del Pueblo Riojano las "molestias" que soportan por el tránsito permanente de un gran número de personas ajenas a la vecindad, muchas de las cuales provocan "altercados.

Defensora del Pueblo Riojano

Redacción

La Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez, ha pedido a la Consejería de Presidencia y Justicia que garantice los derechos de los vecinos del edificio en el que está ubicado el punto de encuentro familiar, sin menoscabo del interés de los menores que deben utilizar este servicio.

Esta institución ha trasladado esta sugerencia a la Consejería de Presidencia y Justicia, tras recibir una queja de la comunidad de propietarios del inmueble en que el está situado el punto de encuentro familiar que tutela el Gobierno de La Rioja, en un piso del centro del Logroño.

Los vecinos denunciaron ante la Defensora del Pueblo Riojano las "molestias" que soportan por el tránsito permanente de un gran número de personas ajenas a la vecindad, muchas de las cuales provocan "altercados" dentro del edificio por "desavenencias" entre los progenitores, derivadas de la entrega y recogida de los menores.

Además, aludieron al deterioro que provoca la sobreutilización de los servicios del inmueble -como ascensor o limpieza de la escalera- en "clara desproporción" con las cuotas de gastos.

Los vecinos, que manifestaron entender la finalidad y necesidad de este recurso, explicaron que la situación les resulta "lamentable e insufrible" e insistieron en la necesidad de arbitrar una solución del problema, que ha causado "una lesión grave" a sus derechos fundamentales, en concreto a su intimidad personal y familiar.

El punto de encuentro familiar es un servicio especializado de intervención temporal que permite la ejecución de los regímenes de visitas en situaciones de ruptura y ofrece un lugar neutral para el derecho fundamental del niño a mantener la relación con ambos progenitores y otros parientes.

En muchas ocasiones, los jueces pueden decidir que las visitas se hagan en estos locales, cuyo fin es ofrecer un arbitraje en forma de asesoría, como respuesta a situaciones complejas derivadas de malos tratos, denuncias falsas, adicciones, incumplimiento de mandatos judiciales, enfermedades mentales o procesos de divorcio complejos.

En este piso se garantiza la seguridad y el bienestar del menor, aunque pueda haber "problemas de orden público" generados por sus padres, descontentos con las condiciones impuestas por los juzgados para poder ver a sus hijos, o incluso, con denuncias penales por distintos motivos, ha explicado la Defensora.

Los usuarios de este recurso se comprometen a mantener una conducta "respetuosa y cívica", sin alterar la normal convivencia entre menores y adultos, y queda prohibida toda forma de violencia o agresión física o verbal.

Para ello, hay un vigilante de seguridad sin arma que hace tres rondas diarias por los espacios comunes del edificio para evitar altercados.

En cuanto a la "desproporción" de las cuotas de los gastos que abonan los vecinos en relación al elevado número de usuarios del punto de encuentro familiar, la Defensora cree que el deterioro de los elementos comunes está derivado del "normal desgaste por un tránsito elevado de personas", no por acciones intencionadas.

En este edificio se ubican también, en sus dos primeras plantas, otras dependencias de la Administración autonómica, lo que interfiere en el uso del ascensor, ya que los cinco propietarios que residen en el inmueble alcanzan el 25,44 por ciento de coeficiente de participación en la comunidad.

Según la Ley de Propiedad Horizontal, la contribución a los gastos comunes se fija por la cuota de participación en el inmueble, que se puede modificar con el acuerdo unánime de todos los propietarios, un acuerdo jurídico "privado" que queda al margen de las competencias de la Defensora.
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