El Gobierno anulará el canon digital

Corto recorrido tenía el canón digital en nuestro país desde que Bruselas paró los pies a la medida que tanto aplaudieron y alabaron los ex ministros de Cultura Carmen Calvo y César Antonio Molina

. Ambos brindaron en numerosas ocasiones por este gravamen que ha impopularizado más que nunca un Ministerio que no ha gozado de la simpatía ciudadana en numerosas ocasiones.

Desde la sentencia sobre el caso Padawan, que fue el momento en que la UE declaró que cobrar el canón era ilegal, la ministra Ángeles González Sinde venía trabajando en su desbloqueo y eliminación, una decisión que a todas luces iba a reparar su maltrecha imagen por su lucha contra las descargas ilegales en Internet.

La ministra de Cultura, que ha negociado con la SGAE esta supresión del canón digital, se encuentra en un delicado momento. Por un lado, acudirá a petición propia al Congreso a explicar la actual situación que se vive de puertas adentro en el Palacio de Longoria. Sinde rendirá cuentas de la operación Saga, la gestión que la SGAE ha hecho de sus fondos y que ahora estudia en la Audiencia Nacional el juez instructor Pablo Ruz.

Así las cosas, Cultura habría decidido retrasar este anuncio hasta nueva orden. Zapatero y Rubalcaba estudian el momento más adecuado para comunicar la eliminación del canón digital. Moncloa no cree oportuno que con el estallido del escándalo en la SGAE sea un buen momento para dar a conocer la muerte del canon digital. Finalmente será el vicepresidente Rubalcaba el que decida la idoneidad de hacer público ese acuerdo negociado por Sinde, que va a establecer una suerte de mecanismo presupuestario para compensar a los autores por la supresión de esta tasa. Actualmente se aplica dicha cantidad a cualquier aparato tecnológico que pueda albergar, portar y reproducir contenidos audiovisuales. Entre ellos se encontrarían ahora mismo todos los instrumentos de telefonía móvil de última generación y el resto de aparatos tecnológicos ya conocidos.

De este modo, la Ley Sinde, persecutoria de las descargas gratuitas en sitios de Internet cuyos contenidos están sujetos a derechos de autor, quedaría contrarrestada por otra de las iniciativas que han desplomado la imagen del Ministerio de Cultura estas dos últimas legislaturas.