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El 28 de junio de 2011

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La Iglesia muestra su repulsa por la ley de muerte digna

La Conferencia Episcopal, que ya se había pronunciado en nombre de su presidente, el cardenal Rouco Varela, asegura que hay "coladeros" que favorecen la práctica de la eutanasia.

Agencias

Era una promesa electoral del PSOE, pero dado el vendaval de contratiempos económicos y financieros el programa con el que se presentó en 2008 nada tiene que ver con lo que finalmente ha sido la ya casi acabada legislatura. El presidente Zapatero prometía aprobar la eutanasia, legalizarla, pero finalmente se sustituyó por la ley de muerte digna, que el vicepresidente Rubalcaba ya aclaró a finales del año pasado que, en ningún caso, sería "una ley de eutanasia".

Esta semana, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino ha declarado que comparte con el Gobierno la tesis de que no es una ley de eutanasia pero "sí una ley que abre las puertas a prácticas eutanásicas", afirman los prelados en una "declaración" sobre este proyecto legislativo.

Martínez Camino aseguraba en rueda de prensa este lunes que "si sale como está, no será una ley justa", porque "cuando afirmamos que es intolerable la legalización abierta o encubierta de la eutanasia, no estamos poniendo en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social. Sostenemos que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana".

Ahora bien, la Conferencia Episcopal reconocía igualmente que a veces el orden legal y el moral no van por el mismo camino, o lo que es lo mismo, según Martínez Camino, que "en ocasiones, las leyes, en aras del bien común, tendrán que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas". Sin embargo, advierten de que "esto nunca podrá ser así cuando lo que está en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas".
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