La Defensora del Pueblo pide que se investigue las irregularidades de las pruebas de acceso a FP
La Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, ha pedido a la Consejería de Educación que investigue las “irregularidades” en las pruebas de acceso a Formación Profesional y determine “medidas correctoras” para futuras convocatorias.
En una resolución ha solicitado que se aclaren los problemas por lo que se han tenido que repetir algunos exámenes y ha exigido que se actúe “disciplinariamente” contra los responsables, si procede.
En una nota, ha explicado que recomendó a los alumnos que volvieran a presentarse, “para que no perdieran la convocatoria en ningún caso” y ha agradecido “la colaboración de la Consejería, que respondió en menos de 48 horas al requerimiento de información”.
El pasado 13 de junio, varios alumnos afectados por la decisión de repetir algunos ejercicios de las pruebas de acceso a FP -adoptada por la Dirección General de Universidades y Formación Permanente- presentaron una queja en la Oficina de la Defensora del Pueblo Riojano.
Las pruebas de acceso se celebraron los días 1 y 2 de junio, pero la Consejería de Educación anuló y volvió a convocar algunos de los ejercicios para los días 20 y 21 de junio.
La Inspección Técnica Educativa comprobó que varios ejercicios de las pruebas se habían hecho en clase y eran conocidos por algunos alumnos.
En concreto, los exámenes de Inglés y Matemáticas para acceso a ciclos de grado medio y los de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Matemáticas y Psicología para acceso a ciclos de grado superior.
Los alumnos no están de acuerdo con la repetición de los exámenes y argumentan que no es que se hayan filtrado los ejercicios, sino que algunos estudiaron con propuestas de ejercicios facilitadas por sus profesores.
Después se ha denunciado la similitud entre esos exámenes preparatorios y algunas de las pruebas de acceso, pero los estudiantes creen que la irregularidad no es imputable a todos los aspirantes.
También consideran que la medida es excesiva y que perjudica seriamente a muchos alumnos que no pueden acudir a la segunda convocatoria por motivos de trabajo o desplazamientos desde otras comunidades.
El grupo de alumnos que presentó la queja cree que la repetición de las pruebas, aunque salvaguarda la igualdad de oportunidades de la persona que denunció los hechos, vulnera el mismo derecho de todos los aspirantes que no tuvieron acceso a los exámenes preparatorios.
Además, supone un perjuicio para aquellos que, por diversas circunstancias, no pueden volver a presentarse o están sometidos a plazos de inscripción en otras comunidades.
El informe de la Inspección Técnica Educativa indica que existen “indicios racionales y evidencias lo suficientemente fundadas como para admitir que los exámenes a los que finalmente se sometió a los participantes en las pruebas selectivas, eran conocidos por algunos de ellos con antelación a la fecha de realización de la prueba”.
Tal como algún aspirante había denunciado, a través de la directora de un instituto, los exámenes coincidían exactamente con los que un indeterminado número de alumnos conocía y había realizado con anterioridad, lo que les situaba en una situación de ventaja que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben respetarse en las pruebas selectivas.
La Administración educativa debía tomar una decisión salomónica con gran celeridad, pero el procedimiento seguido no fue del todo correcto, según la Defensora, ya que los requisitos necesarios -como su traslado previo al Consejo Consultivo de La Rioja- hubieran superado con mucho la rapidez obligada en este asunto.
Por otro lado, los alumnos no tienen ninguna responsabilidad en la irregularidad detectada, o al menos no todos ellos, y sí han podido verse perjudicados por la repetición de las pruebas.
Por todo ello, Díez Jalón ha considerado que podría haber sido más idóneo respetar el resultado de los ejercicios ya realizados, sin perjuicio de actuar disciplinariamente contra los posibles responsables tras la investigación correspondiente.
Finalmente, ha instado a la Consejería de Educación, “en caso de considerar que se ha producido una falta de garantías en la realización de determinados ejercicios, se adopten las medidas correctoras a que haya lugar para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en futuras convocatorias”
También ha sugerido “la apertura del correspondiente expediente de información reservada que permita conocer los errores del reciente proceso que han forzado a la repetición de las pruebas, y en su caso, actuar disciplinariamente contra los responsables si fuera necesario”
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