Los usuarios del parking de Jorge Vigón no descartan ir a juicio

Las manifestaciones y protestas de los usuarios ante la sede de la empresa promotora LMB del pasado, podrían acabar en un futuro inmediato en los tribunales. Y es que los 547 adjudicatarios del parking de Jorge Vigón llevan cerca de cuatro años exigiendo el paso a propiedad, y tras intentar llegar a un acuerdo con la promotora en el último mes, ven que la pesadilla no termina.

En 2007 el Ayuntamiento de Logroño, entonces gobernado por el Partido Popular, hizo entrega de las plazas privadas de diversos aparcamientos de nueva creación en la ciudad. Por lo visto, tal entrega no era a los dueños sino a los concesionarios. Estos famosos contratos de cesión a 75 años se firmaron con el compromiso de paso a propiedad... en un plazo máximo de un año.

Este mero trámite no se ha hecho efectivo a día de hoy, y los usuarios llevan todo este tiempo padeciendo errores varios en el contrato, la resistencia de la empresa al paso a propiedad, la insistencia de ésta al alegar falta de capital, la aparición de impuestos de tramitación, informes de consultores externas, cuotas de mantenimiento que consideran abusivas…

La negociación lleva tres años 'bloqueada', pero los usuarios, que entregaron 15.000 euros por la compra de la plaza, pagan 30 euros al mes en concepto de cesión y gestión. Desde la promotora siempre han manifestado la negativa a pagar los 600 euros por plaza para culminar la necesaria desafectación del suelo, y los 325 euros como pago de gastos de inscripción.

A ello se suma el componente judicial que ha existido entre la empresa promota y el Ayuntamiento de Logroño. LMB ganó al consistorio logroñés una sentencia por la que éste le tiene que abonar 2,5 millones de euros, de los más de 4 millones que la empresa le reclamaba en concepto de diferencia en la valoración de las obras de construcción del parking de Jorge Vigón.

Esta historia no vislumbra luz al final del túnel. Hoy mismo los 547 usuarios han sido convocados a una reunión por parte de la Asociación de Cesionarios Propietarios del Parking, que representa a 230 usuarios, en la que tendrán que decidir una de las tres líneas de trabajo que LMB les ha planteado durante este mes de negociación. Si la conformidad no es total, tendrán que ir a juicio.

La presidenta de la asociación, Gisela Bernáldez, insiste que el contrato tiene varias cláusulas “abusivas” que ocupan más de 50 folios y favorecen a la promotora, a la que tildan responsable del paso a propiedad. Además, establecen el pago de 30 euros al mes, cifra también “abusiva” que puede ser alterada por la empresa “en el momento e importe que les de la gana”, critican.

En esta línea se inscribe otra cláusula que tiene que ver con la obligatoriedad del pago de 325 euros por la escrituración de cada plaza, y que los usuarios aseguran que la misma empresa, “ha reconocido que está en el contrato para que los usuarios paguemos la escritura de declaración”, “el tema es un abuso total y rotundo” asevera la presidenta de la asociación.

Bernáldez, que lleva desde diciembre dirigiendo al colectivo, se puso en contacto con la empresa en enero de 2011, “les mandé dos burofax, uno exigiéndoles el cumplimiento exacto y concreto de una cláusula del contrato que obliga, tras la desafección del terreno el paso a propiedad”, y otro, “exigiéndoles que nos diese explicaciones de por qué esos gastos en concepto de cesión”.

Paralelo a la contestación por parte de la empresa, que tardó meses, los usuarios se plantearon denunciarla a Consumo por publicidad fraudulenta, puesto que la compañía buzoneó y repartió varios carteles en el año 2005 en los que aseguraba que los aparcamientos iban a ser vendidos directamente a los compradores“, también iban a pedir al Ayuntamiento ”que se posicionase“.

La de las vías de trabajo para desbloquear esta situación se centra en firmar un acuerdo entre empresa y Ayuntamiento de Logroño extinguiéndo la concesión, “pero este trámite -lamenta- está parado porque los gastos de mantenimiento, según hemos calculado son 12 euros por plaza”; que el consistorio proceda a la venta de los terrenos y que cada cesionarios se haga cargo de 600 euros, que actualizados por el IPC dede 2006 serían 750 euros cada uno.

“En principio, deberíamos estar todos los usuarios de acuerdo”, asegura Bernáldez, otra opción es que los usuarios paguen además 350 euros para pagar la división horizontal y declaración de obra nueva, en total más de 1.000 euros por usuario, “dinero que debería ser responsabilidad de la promotora”, algo que para los concesionarios se traduce en otro abuso.

“Razonando con la gente se puede pagar 700 euros pero 1.000 euros ya...no”, afirma la presidenta horas antes de la reunión. Además, “si aceptamos estas condiciones nos harán firmar una renuncia, con lo cual este dinero lo tenemos perdido”. Otro 'pero' es el siguiente, si los más de 500 cesionarios no llegan a un acuerdo el paso obligado son los tribunales.

Según aclara Bernáldez, “como somos muchas personas, las cuotas en caso de perder el juicio serían muy elevadas, por lo que iríamos a juicio sólo un grupo personas para reclamar, si se gana, la nulidad de esas cláusulas abusivas, ya entraría en el juicio la asociación”. Hoy se decidirá qué pasa con el paso a propiedad y, en principio, el final de esta historio estará cada día más cerca.