HRW reclama una investigación sobre los crímenes de guerra en Sri Lanka

La ONG Human Rights Watch (HRW) cree que el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, debe seguir las recomendaciones de los expertos que han investigado los presuntos crímenes de guerra cometidos en Sri Lanka. Este equipo, designado personalmente por Ban, aconseja realizar una investigación sobre el terreno para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos en la recta final de la guerra ceilandesa.

Este mismo lunes Ban aclaró que no disponía de la autoridad suficiente para tomar esta decisión, pero HRW no ve necesario contar con el consentimiento del Gobierno de la isla ni de un organismo intergubernamental para establecer un mecanismo judicial.

El informe del panel -compuesto únicamente por tres expertos- concluye que tanto el Gobierno ceilandés como los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE o Tigres Tamiles) llevaron a cabo operaciones militares “con flagrante desprecio hacia la protección, los derechos, el bienestar y las vidas de civiles y no respetaron las normas de la legislación internacional”.

Además, en el informe se establece que “los esfuerzos de Sri Lanka, casi dos años después del fin de la guerra, quedan muy por debajo de los estándares internacionales sobre responsabilidad y no logran satisfacer el compromiso conjunto del presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, y del secretario general (de la ONU), o los deberes legales de Sri Lanka”.

En opinión del director de Human Rights Watch para Asia, Brad Adams, estos hechos prueban la necesidad de emprender una investigación internacional. “Rusia y China deben dejar de bloquear los esfuerzos de conseguir justicia para las víctimas en Sri Lanka y apoyar las recomendaciones del panel”, ha comentado en referencia a los dos países del Consejo de Seguridad -ambos con derecho a veto- que están en contra de intervenir en esta cuestión.

Desde mayo de 2010, el trabajo de los tres expertos se ha centrado en estudiar “informes, documentos y otras informaciones por escrito de varias agencias, departamentos, fondos, oficinas y programas de Naciones Unidas”, entre otros organismos de distinta naturaleza. También se han servido de imágenes de satélite, fotografías y vídeos.

En cambio, no pudieron trabajar sobre el terreno por la negativa del Gobierno ceilandés, que sí accedió a responder ciertas preguntas por escrito. Los investigadores tampoco pudieron entrevistarse con funcionarios ni testigos de abusos.

Los expertos acusan a las fuerzas gubernamentales de bombardear hospitales de campaña, privar de ayuda humanitaria a la población y violar otros derechos tanto dentro como fuera de la zona de conflicto.

En el informe se explica además que, debido a la eliminación de los dirigentes del LTTE por parte del Gobierno, solo las fuerzas gubernamentales podrán ser juzgadas en un hipotético juicio.

Por su parte los Tigres Tamiles utilizaron “escudos humanos”, mataron a aquellos que trataron de huir de su control y utilizaron equipamiento militar en las proximidades de civiles. Asimismo, reclutaron niños, obligaron a realizar trabajos forzosos y recurrieron a los ataques suicidas, recoge HRW en su comunicado, en el que se hace eco de las conclusiones del informe publicado ahora.

El Gobierno ceilandés ha rechazado el trabajo de los investigadores, que califica como ilegal, carente de fundamento y unilateral. Las autoridades del país asiático han emprendido una campaña mediática para presionar a la ONU a favor de sus intereses.

“Lamentablemente, el inmediato rechazo, por parcial, del Gobierno de Sri Lanka al informe demuestra que no hay posibilidad de realizar un proceso de justicia doméstico serio”, estima Adams en el comunicado de su organización. “La única esperanza para las víctimas del conflicto es una investigación internacional que derive en procesamientos. Ban no debe perder tiempo en establecer una”, añade este activista.