Al menos tres muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en Siria

Al menos tres personas han muerto resultado muerto por los disparos realizados este domingo por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes concentrados en la ciudad de Jableh, según ha informado la cadena panárabe Al Yazira citando a testigos presenciales.

Según estas fuentes, las fuerzas de seguridad dispararon indiscriminadamente contra los opositores concentrados en esta ciudad, situada en la costa mediterránea de Siria.

La Comisión Internacional de Juristas (ICJ por sus siglas en inglés) ha asegurado que al menos 330 personas han muerto desde que comenzaron las protestas, el pasado 15 de marzo, según un listado elaborado a partir de fuentes propias de dentro del país. Además, denuncia torturas y maltratos a civiles, incluidos menores.

Por ello, exigen la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU para que estos “asesinatos masivos” sean investigados por el Tribunal Penal Internacional.

El ICJ denuncia la muerte de manifestantes en Deraa, Latakia, Homs y otras ciudades. “Las fuerzas de seguridad sirias, incluidos miembros de la Guardia Presidencial y de las milicias pro régimen, serían las responsables de estos ataques”, sostiene el grupo, formado por 52 un prestigiosos juristas.

Además, emplaza al Consejo de Seguridad a garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas, que deben ser protegidas de los asesinatos extrajudiciales, y debe examinar la situación “con vista a que los perpetradores sean responsables (ante los tribunales) y que las víctimas tengan justicia”, señala el secretario general del ICJ, Wilder Tayler, en la declaración difundida este domingo.

“Quienes ordenan y realizan estos ataques, incluidos los que disparan fuego real contra las multitudes, deben ser procesados penalmente”, ha afirmado Tayler. En ese sentido, el grupo insta a las autoridades sirias interrumpir el “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes.

“Hay ya suficientes pruebas que apuntan a un asesinato en masa”, ha señalado el asesor legal del ICJ para Oriente Próximo y el norte de África, Said Benarbia, en declaraciones a Reuters.