Miércoles 8 de Diciembre de 2021Actualizado 22:35

El 13 de abril de 2011

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Una nueva tasa para gravar las emisiones de CO2

La CE propondrá esta medida y pedirá equiparar los impuestos sobre el gasóleo con los de la gasolina.

Coche repostando

Europa Press

La Comisión Europea propondrá este miércoles que el nivel de impuestos aplicable a los carburantes para coches y combustible para calefacción se base por primera vez en sus emisiones de CO2, además de en su contenido energético, para penalizar así a los más contaminantes y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

El Ejecutivo comunitario pretende también equiparar los impuestos sobre el gasóleo con los de la gasolina, lo que previsiblemente se traducirá en un incremento del precio del diesel. Bruselas trata de restar importancia a esta posible subida alegando que la mayoría de Estados miembros ya prevén tasas mínimas superiores a las que propondrá el Ejecutivo comunitario.

Además, la Comisión dejará un "largo periodo de transición para permitir a consumidores e industria ajustar su comportamiento", según ha explicado su portavoz, Pia Ahrenkilde. Aunque se prevé que las nuevas normas entren en vigor en 2013, el periodo transitorio podría llegar hasta 2020.

La propuesta dividirá en dos elementos el impuesto aplicable a carburantes y combustibles: en primer lugar una nueva tasa sobre las emisiones de CO2, cuyo nivel mínimo se fijará en 20 euros por tonelada, según ha transcendido; en segundo lugar una tasa sobre el contenido energético.

El objetivo es "poner en pie de igualdad el conjunto de energías de la UE y que sean tratadas de forma más equitativa", así como contribuir a los objetivos de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, según ha destacado el Ejecutivo comunitario.

La nueva tasa no se aplicará a los sectores que ya están cubiertos por el sistema de comercio de emisiones, como la aviación o las plantas industriales.

Al tratarse de una cuestión de fiscalidad, esta propuesta debe ser aprobada por unanimidad de los Estados miembros. Tradicionalmente países como Irlanda o Reino Unido se oponen a cualquier armonización de impuestos, lo que podría dificultar su adopción.
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