El 12 de abril de 2011
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Justicia por Colombia afirma que la política de Santos no mejora la situación de los DDHH
Con motivo de la primera visita oficial de Santos a España, la plataforma ha exigido al Gobierno colombiano que "apueste por una verdadera política social y de paz".
Europa Press
La plataforma Justicia por Colombia, integrada por seis ONG españolas, ha afirmado que la fórmula de Prosperidad Democrática que aplica el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para fomentar el desarrollo social y económico del país no ha mejorado la situación de los Derechos Humanos.
Con motivo de la primera visita oficial de Santos a España, Justicia por Colombia ha difundido un comunicado en el que exige al Gobierno colombiano que "apueste por una verdadera política social y de paz".
A su juicio, la Prosperidad Democrática de Santos ha significado, en la práctica, una continuación de la política de Seguridad Democrática de su predecesor, Álvaro Uribe. Justicia por Colombia apuesta por el diálogo, por un proceso político de negociaciones como solución al conflicto y por la consecución de la paz desde la justicia social.
"A pesar del cambio en el discurso gubernamental y de las anunciadas reformas legislativas, restitución de tierras o compensación a las víctimas, la impunidad y la sistemática violación de los Derechos Humanos siguen presentes", ha indicado la plataforma.
En este sentido, señala que diferentes informes de organizaciones colombianas publicados en los últimos meses han denunciado "la persistencia de la impunidad; los asesinatos, procesos judiciales falsos y amenazas permanentes contra los y las defensoras de los Derechos Humanos; el aumento de las masacres y las amenazas contra los pueblos indígenas y afrodescendientes".
Asimismo, han constatado "la vigencia de estructuras paramilitares que, a pesar de las supuestas "desmovilizaciones" en el marco de la Ley de Justicia y Paz, siguen actuando en amplios territorios del país y cuya actividad se ha visto incrementada durante el año 2010".
Frente a esta situación, más de 200 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos europeos y latinoamericanos han manifestado su rechazo a la futura ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) de la Unión Europea con Colombia y Perú. La aprobación de este acuerdo es uno de los temas que ha tratado Santos en las reuniones que ha mantenido durante su visita a España.
Pero estas organizaciones se muestran contrarias al TLC porque consideran que hay que situar "los valores y los Derechos Humanos por encima de los intereses comerciales".
En su opinión, su ratificación supondrá "recompensar a un Gobierno (el colombiano) que es responsable del mayor nivel de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, así como de desapariciones de personas y desplazamientos forzados".
Asimismo, "se ampliarán las inversiones en ámbitos como la minería y los biocombustibles, que, como indican los propios estudios de la Comisión Europea, incrementarán aún más el acaparamiento de tierras y los desplazamientos forzados", y "se socavarán los derechos indígenas en Colombia y Perú".
Igualmente, advierten de que "se impedirá que Perú y Colombia impongan unos controles fundamentales sobre los flujos de capitales o tomen las medidas necesarias para impulsar el empleo en industrias locales en un periodo de inestabilidad financiera y económica mundial", además de "acabar con la industria lechera de Perú y Colombia y poner en peligro los medios de vida relacionados con otras industrias agrícolas".
Con motivo de la primera visita oficial de Santos a España, Justicia por Colombia ha difundido un comunicado en el que exige al Gobierno colombiano que "apueste por una verdadera política social y de paz".
A su juicio, la Prosperidad Democrática de Santos ha significado, en la práctica, una continuación de la política de Seguridad Democrática de su predecesor, Álvaro Uribe. Justicia por Colombia apuesta por el diálogo, por un proceso político de negociaciones como solución al conflicto y por la consecución de la paz desde la justicia social.
"A pesar del cambio en el discurso gubernamental y de las anunciadas reformas legislativas, restitución de tierras o compensación a las víctimas, la impunidad y la sistemática violación de los Derechos Humanos siguen presentes", ha indicado la plataforma.
En este sentido, señala que diferentes informes de organizaciones colombianas publicados en los últimos meses han denunciado "la persistencia de la impunidad; los asesinatos, procesos judiciales falsos y amenazas permanentes contra los y las defensoras de los Derechos Humanos; el aumento de las masacres y las amenazas contra los pueblos indígenas y afrodescendientes".
Asimismo, han constatado "la vigencia de estructuras paramilitares que, a pesar de las supuestas "desmovilizaciones" en el marco de la Ley de Justicia y Paz, siguen actuando en amplios territorios del país y cuya actividad se ha visto incrementada durante el año 2010".
Frente a esta situación, más de 200 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos europeos y latinoamericanos han manifestado su rechazo a la futura ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) de la Unión Europea con Colombia y Perú. La aprobación de este acuerdo es uno de los temas que ha tratado Santos en las reuniones que ha mantenido durante su visita a España.
Pero estas organizaciones se muestran contrarias al TLC porque consideran que hay que situar "los valores y los Derechos Humanos por encima de los intereses comerciales".
En su opinión, su ratificación supondrá "recompensar a un Gobierno (el colombiano) que es responsable del mayor nivel de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, así como de desapariciones de personas y desplazamientos forzados".
Asimismo, "se ampliarán las inversiones en ámbitos como la minería y los biocombustibles, que, como indican los propios estudios de la Comisión Europea, incrementarán aún más el acaparamiento de tierras y los desplazamientos forzados", y "se socavarán los derechos indígenas en Colombia y Perú".
Igualmente, advierten de que "se impedirá que Perú y Colombia impongan unos controles fundamentales sobre los flujos de capitales o tomen las medidas necesarias para impulsar el empleo en industrias locales en un periodo de inestabilidad financiera y económica mundial", además de "acabar con la industria lechera de Perú y Colombia y poner en peligro los medios de vida relacionados con otras industrias agrícolas".
