La prohibición de los anuncios de prostitución genera nuevos desacuerdos

Más de cinco años después de la creación de la Comisión de Estudio de la Prostitución en el Congreso, sigue sin haber un consenso a nivel social, político y mediático sobre el tema. A finales de marzo, el Consejo de Estado emitió un informe que recomienda la prohibición o limitación severa de los anuncios de prostitución en los periódicos, medida propuesta por la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña (ADPC) el año 2009. Organizaciones abolicionistas como la Plataforma Catalana de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que apoyan la campaña iniciada por la ADPC, lo consideran una “victoria del feminismo”.

Sin embargo, entidades de atención y apoyo a las prostitutas como el colectivo Hetaira consideran que es una decisión “fruto de los prejuicios y de un posicionamiento de corte abolicionista y cargado de ’moralina’, donde, por supuesto, no se tienen en cuenta los derechos de quienes ejercen esta actividad”. Según la ADPC, los diarios de ámbito estatal ingresan unos 40 millones de euros anuales por publicidad de contactos.

El Consejo de Estado basa esta recomendación en que el “carácter” de estos anuncios no justifica la libre competencia, en que detrás se esconden mafias de proxenetismo y trata de personas, y en que tratan a las mujeres como “mercancías”. Además, recuerda que la autorregulación ha sido ineficaz para que desaparezcan. Rosa María Fernández Sansa, de la Plataforma Catalana de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, considera que esta es “una medida muy importante para la defensa de la dignidad de las mujeres. Harían falta posiciones más fuertes pero desde el feminismo estamos acostumbradas a caminar poco a poco”.

El colectivo de apoyo a las prostitutas Hetaira considera que la prostitución “no es una actividad ilegal” y, por tanto, debe tener “competencia y clientela”, como otras actividades económicas. Además, afirma que considerar que los anuncios tratan a las mujeres como objetos sexuales “insulta a las trabajadoras y trabajadores del sexo que trabajan por su cuenta y refuerza el estigma que recae sobre todo en las mujeres, dando la idea de que son ellas las que se venden, no quienes ofertan servicios sexuales a cambio de dinero”.

Pero más allá de los posicionamientos ideológicos enfrentados sobre la dignidad o indignidad de la prostitución, los puntos candentes del debate sobre el tema siguen siendo si ésta se ejerce de forma voluntaria o forzada y las diferencias entre la trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución ejercida por personas que no tienen permiso de residencia pero no son forzadas por mafias.

¿Víctimas de trata o migrantes irregulares que se prostituyen?

Según el colectivo Hetaira, la mayoría de anuncios de contactos “no pertenecen a mafias organizadas. Aunque así fuera, el Código Penal ya penaliza este delito, por lo que el anuncio podría servir para su detención”. Pero, aseguran, “la mayoría de veces, en las redadas policiales que se han hecho a través de los anuncios, los implicados han salido mayoritariamente sin cargos. Y no se han facilitado datos sobre posibles víctimas de trata de seres humanos”.

Para Hetaira, prohibirlos es “una medida demagógica, fácil y barata para el Gobierno pero totalmente ineficaz para la protección de las víctimas de trata que ejercen de forma coaccionada la prostitución”. El grupo considera que la trata “es un delito y, como tal, no se anuncia masivamente a la prensa. Las que sí lo hacen son aquellas trabajadoras del sexo que ejercen por voluntad propia”.

Una vez más, Hetaira remarca que “medidas como éstas recortan su derecho a ofrecer su trabajo” y “las obligan a lanzarse a la calle a buscar clientela o refugiarse en los clubes donde deberán someterse a las imposiciones de los empresarios”. Entidades catalanas de atención a prostitutas como Genera o Àmbit Dona se han manifestado en la misma dirección en otras ocasiones. La agencia de información La Independent les ha pedido su opinión sobre el dictamen del Consejo de Estado, pero no ha recibido respuesta.

Las discrepancias en torno a los vínculos entre prostitución y trata de personas y la confusión entre trata (trafficking) y tráfico irregular de personas (smuggling) acompañan el debate público sobre prostitución desde la creación de la Comisión de Estudio sobre la Prostitución en el Congreso de los Diputados en 2005. De hecho, el único acuerdo resultante tras dos años de consulta con organizaciones expertas en el tema fue la puesta en marcha del Plan Nacional de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual en el año 2007. En marzo de 2010, los Ministerios de Interior e Igualdad hicieron el primer balance del mismo, cifrando en 1.300 las víctimas identificadas y atendidas en 2009.

Las organizaciones integrantes de la Red Española contra la Trata de Personas criticaron las limitaciones del Plan, que no contempla la trata con fines de explotación laboral que se da en actividades como el trabajo doméstico y el incumplimiento de protocolos internacionales con decisiones como las expulsiones de mujeres víctimas de trata amenazadas de muerte en su país. Según Amnistía Internacional, incluso en la información del Instituto de la Mujer “se produce una confusión entre trata de personas, tráfico de migrantes y prostitución”.