Desprotección de las extranjeras maltratadas por temor a la expulsión

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) califica de discriminatorias las disposiciones relativas a extranjeras que padecen malos tratos y no tienen la documentación en regla existentes en España y solicita al Gobierno que “revise” la Ley de Extranjería y acabe con la situación de “desprotección” en la que viven estas mujeres.

El Comité ha realizado una serie de observaciones que recoge en un documento, presentado el pasado 10 de marzo, en el que asegura que la normativa “puede disuadir” a estas mujeres a presentar denuncias por violencia de género “por miedo a ser expulsadas del territorio en caso de que los tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado”.

En lo que va de año, 14 mujeres han perdido la vida por esta lacra social. De ellas, nueve eran españolas y cinco extranjeras. Sólo tres habían denunciado su situación y tenían una orden de protección en vigor.

Además, a través del documento, la ONU pide a España que erradique la práctica de los controles de identificación a inmigrantes que se desarrollan en base a criterios étnicos y raciales y en barrios de alta concentración de personas extranjeras. Entre otros aspectos, el informe recomendó que se dé “formación intensiva en derechos humanos” a los funcionarios encargados de aplicar la ley.

El Comité también se mostró preocupado por la inexistencia de estadísticas oficiales sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre denuncias y acciones judiciales sobre este tipo de delitos y advirtió que un bajo número de sentencias puede ser un indicador del temor de las víctimas a represalias, de falta de confianza ante los órganos judiciales o de una sensibilización insuficiente.

Asimismo, pide que se garantice el buen funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Recordó que las personas inmigrantes irregulares que cumplen 60 días de internamiento en estos centros quedan en la calle con una orden de expulsión, en una situación extremadamente vulnerable ante abusos y discriminaciones, por lo que pidió que se extremen las medidas para su protección.

El documento hace una serie de recomendaciones a las autoridades españolas para que vele por el uso responsable de los medios de comunicación, a fin de evitar la difusión de discursos que inciten al odio, que revise los procesos de admisión a las escuelas públicas y privadas para garantizar una distribución equitativa de alumnos y alumnas de todas las etnias y que revise los métodos para establecer la edad de las personas inmigrantes menores de edad, no acompañadas, entre otros aspectos.