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Mercedes CLA Q4 2019
Violencia de Género Gobierno
El 16 de marzo de 2011

Tiempo de lectura: 04:24
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Las mujeres reclaman compromiso internacional ante el incremento de los feminicidios en Centroamérica

Sólo en Honduras, El Salvador y Guatemala fueron asesinadas el pasado año más de 1530 mujeres.

Cruces en Lomas de Poleo

Redacción

Con motivo de la visita del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que tendrá lugar en Guatemala del 15 al 17 de marzo de 2011, diversas organizaciones han elaborado una carta en la que exponen datos y consideraciones ante el incremento de los feminicidios en Centroamérica, especialmente en el triángulo norte, formado por El Salvador, Honduras y Guatemala, así como sus principales demandas.

“Los feminicidios son crímenes de lesa humanidad y resultados directos de la desigualdad entre hombres y mujeres. Se trata de un problema regional que se produce en el contexto de discriminación y pobreza que sufre la gran mayoría de las mujeres de Centroamérica”, aseguran las organizaciones firmantes, encabezadas por Colectiva Feminista de El Salvador, Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras y la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) .

"Los cuerpos de las mujeres son y han sido los campos de batalla de las diferentes modalidades de conflictos armados –convencionales y no convencionales-", y en el contexto actual de la violencia contra las mujeres en Centroamérica, "nuevos tipos de violencia instrumentalizada a favor de grupos criminales organizados conviven con la forma más conocida y extendida: la violencia en las diferentes etapas y modalidades del ámbito de la pareja".

Las organizaciones también señalan que actualmente "se ocul
ta y minimiza la violencia feminicida tras el panorama generalizado de la violencia" y que "la economía criminal" convierte a miles de mujeres, todos los años, en la mercancía de las redes de trata y del mercado de la prostitución.

Por el solo hecho de ser mujeres

En la carta, se hace referencia a la intervención de Rashida Manjoo en unas jornadas desarrolladas en Madrid, en la que declaró que “los hombres matan a las mujeres porque pueden”. Asimismo, las mujeres denuncian que esta situación de inseguridad en la que viven  se produce ante la debilidad de los Estados, que “son responsables -por acción y por omisión- de la violencia ejercida contra sus cuerpos”. E insisten: por el solo hecho de ser mujeres.

Ante esta realidad, es necesario reforzar “los pronunciamientos y recomendaciones de la ONU, a través de diferentes y reiterados llamados, en los cuales se ha manifestado a favor de establecer políticas de Estado, en los diferentes países de Centroamérica, para tipificar el asesinato de mujeres y niñas como un delito particularmente "grave y condenable" afirman las organizaciones.

Además, proponen la creación de unidades especializadas en la investigación y enjuiciamiento de los feminicidios y otras formas de violencia, como las violaciones sexuales y el acoso sexual, la trata y el tráfico de mujeres, que prevalecen en la zona.

También hacen un llamado al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados centroamericanos a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW) y su Protocolo Facultativo de 1999 (que no ha sido ratificado por todos los países de la región), y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) de 1994, así como las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otros.

Las cifras de la atrocidad


Según datos del Parlamento Centroamericano (PARLACEN): “Sólo en esos tres países (Honduras, El Salvador y Guatemala) fueron asesinadas el pasado año más de 1.530 mujeres y la nación con más casos fue Guatemala, con 685 muertes violentas”.

Demandas

Las organizaciones concluyen la carta con una serie de demandas hacia el “principal órgano deliberativo de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas”, la Asamblea General, donde solicitan que “priorice en la agenda política el debate multilateral sobre la violencia feminicida, sus vías de prevención, sanción y erradicación”.

Además consideran que es necesario “promover sanciones a los países que incumplan con las recomendaciones formuladas para combatir los feminicidos en Centroamérica” y en consonancia con todo lo anterior, establecer “un compromiso real y efectivo de todos los países parte en la Asamblea General, referido a la concesión de protección internacional a las mujeres que huyen de la violencia de género, cuando sea razonable entender la ausencia de seguridad en sus países de origen”.

También solicitan que se exija a los organismos nacionales y regionales, en especial los creados por mandato de la ONU, “la implementación de mecanismos de investigación destinados a reducir la impunidad de la violencia feminicida y la implementación de políticas de Estado a favor de la lucha contra la violencia de género”.

La carta se dirige a los Estados Miembros para que aumenten el apoyo financiero, técnico y logístico a las actividades de formación destinadas a sensibilizar en materia de género, incluidas las que llevan a cabo los fondos y programas pertinentes, como el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El documento incluye demandas específicas dirigidas a las distintas instancias de las naciones unidas: el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia.

Las organizaciones se dirigen de manera especial a ONU Mujer, a través de su directora ejecutiva, Michelle Bachellet. Así, agradecen la creación de esta entidad “fruto de años de negociaciones entre los Estados miembros y el movimiento global de mujeres”, y le piden que aborde como una prioridad “impostergable” la lucha contra los feminicidios en Centroamérica y a fortalecer y unificar el trabajo de Naciones Unidas en ese campo.

Continúan demandando a la institución que representa Bachellet que “vele por el cumplimiento de los mandatos de su creación”, fomentando y fortaleciendo la participación y el liderazgo de las mujeres y la lucha por el fin a la violencia de género, así como trabajando para la mejora de la situación económica y en abogar por hacer de la igualdad entre los géneros una prioridad para los gobiernos.
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