Rioja2

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El 17 de febrero de 2011

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Jueces para la Democracia critica los informes sobre Sortu

La organización de magistrados españoles asegura que la Policía y la Guardia Civil han cometido “un exceso” ya que no tienen “competencias para hacer valoraciones jurídicas”.

Europa Press

El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) , José Luis Ramírez, cree que la Policía y la Guardia Civil han cometido “un exceso” al elaborar sus respectivos informes sobre Sortu, ya que según Ramírez, ninguno de los dos cuerpos de seguridad “tiene competencias para hacer valoraciones jurídicas”.

En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Europa Press, el portavoz de JpD ha asegurado que deben ser el Gobierno y la Fiscalía los encargados de hacer una primera valoración y no la Policía ni la Guardia Civil, cuya obligación, según Ramírez, “debe ser única y exclusivamente aportar hechos”.

“Estos informes ni vinculan ni pueden tener valoración jurídica, y si fuera así, ha habido un exceso de atribución porque esto sería impropio de un informe de tales características”, ha asegurado y ha añadido que, en consecuencia, no le corresponde a la Policía concluir que hay continuidad de ETA en el nuevo partido de la Izquierda Abertzale.

Según el portavoz de JpD, “la Policía nunca puede hacer valoraciones de tal modo que tampoco puede concluir que hay continuidad”. “Si se ha hecho una afirmación de este tipo en un informe hay un exceso, porque es una decisión de carácter jurídico”, ha matizado.

“Es un exceso”, ha continuado Ramírez, “porque se trata de una valoración de tipo jurídico para la que hay que manejar los parámetros de la propia ley de partidos”, y ha puntualizado que, especialmente en estos casos, “el canon de valoración debe ser muy estricto porque está comprometido el derecho de asociación y de creación de partidos políticos”.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) , Pablo Llanera, coincide con Ramírez en que no debe ser la policía la que valore las pruebas sobre la posible continuidad de ETA en Sortu, pero sí cree que es su deber “aportar datos que permitan contribuir a construir un juicio racional y lógico sobre si detrás de esa pretensión de inscripción hay un interés de burlar la ley”.
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