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El 16 de febrero de 2011

Tiempo de lectura: 02:58
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Las protestas en Bahréin se saldan ya con dos muertos

Los manifestantes chiíes se reúnen en la capital para despedir al joven fallecido. Otros ciudadanos han optado por acampar a las afueras de Manama para pedir cambios políticos.

Manifestantes en Bahréin

Redacción

Tras Egipto y Túnez , las ansias de cambio parecen haber llegado a la calles de Bahréin, donde miles de jóvenes chiíes se han manifestado los últimos días para pedir una apertura democrática en el país. Como consecuencia dos jóvenes han perdido la vida, el funeral del último fallecido ha congregado a miles de chiíes en la capital, Manama.

“Soy optimista porque creo que nuestra gran presencia hará que logremos nuestras demandas”, dijo Bakr Akil, un muchacho de 20 años vestido con una sábana blanca manchada con tinta roja para simbolizar la muerte de los jóvenes. Entre los manifestantes hay varias mujeres enlutadas que acompañan el acto con cánticos fúnebres.

Alrededor de unas 2.000 personas han acampado esta noche en la rotonda Perla de Bahréin, en las afueras de Manama, para continuar con la protesta. No obstante, está por ver si esta sigue a lo largo del día, ya que muchos de los participantes tendrán que volver a sus puestos de trabajo, una vez finalizada la jornada festiva para conmemorar el nacimiento del Profeta Mahoma.

Hasta el momento, la Policía no ha intervenido, aunque sí ha aumentado su presencia con coches patrulla. Por su parte, el Ministerio del Interior ha anunciado que todas las calles permanecerán abiertas, en un gesto de normalidad.

La mayoría chií denuncia que la clase dirigente le deja al margen del acceso a la vivienda, la sanidad y los empleos públicos. Por ello piden la dimisión del primer ministro, Jalifa Bin Salman al Jalifa. Otras reivindicaciones son la puesta en libertad de los prisioneros políticos, tal y como ha prometido el gobierno, y la redacción de una nueva Constitución.

Por otro lado, muchos bahreiníes sospechan que el gobierno concede la ciudadanía a extranjeros suníes para intentar dar un vuelco a la situación demográfica actual. En un intento por apaciguar los ánimos de su población, el Ejecutivo ha ofrecido el pago de 1.000 dinares por familia, casi 2.000 euros.

Desde el lunes, miles de personas han marchado por Manama, Daih, Diraz, Nuweidrat, y Beni Jamar para exigir la dimisión del primer ministro, que dirige el país desde su independencia, en 1971. Los manifestantes denuncian una discriminación de la población chií, la mayoritaria, por parte de la élite gobernante, de etnia suní, y exigen la liberación de los presos políticos.

Reacciones

Desde el exterior de Bahréin la preocupación no hace más que aumentar. Estados Unidos se ha mostrado “muy preocupado” por la violencia desatada en los dos últimos días, por lo que ha instado a gobierno y a manifestantes a “hacer un ejercicio de contención” y evitar nuevos conflictos, según recoge el comunicado divulgado por el portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley.

“Estados Unidos da la bienvenida al anuncio del gobierno de que investigará estas muertes y tomará acciones legales contra cualquier uso injustificado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad”, reza el texto.

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido al gobierno de Bahréin que evite el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones que se llevan a cabo en el país.

Pillay ha expresado su preocupación por la intervención de los cuerpos del orden en las movilizaciones y ha solicitado a las autoridades que pongan fin inmediatamente a este tipo de acciones.

La comisionada señaló que las leyes internacionales prohíben estrictamente ese abuso de fuerza y consideró que deben investigarse con transparencia y claridad los casos reportados como atropellos. Pillay subrayó los derechos inalienables a la libertad de expresión y asamblea e hizo hincapié en que Bahrein es parte de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Del mismo modo, deploró la muerte de los dos jóvenes y solicitó la liberación de los ciudadanos arrestados por acudir a estas movilizaciones. “Estos activistas, incluidos numerosos niños, algunos de apenas diez años, fueron presuntamente arrestados y detenidos sin dejarlos comunicarse con sus abogados o familiares, además de ser sometidos a maltrato durante la detención”, apuntó Pillay.
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