Dos meses más de estado de excepción en Ecuador

La medida se adoptó tras el intento de golpe de Estado contra el presidente del país, Rafael Correa. Uno de los cabecillas de los hechos se ha entregado a las autoridades ecuatorianas.

Redacción

El intento de golpe de Estado contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre sigue teniendo consecuencias a día de hoy. Una de ellas ha sido la aprobación por parte de la Asamblea Nacional ecuatoriana de la prórroga de dos meses de la declaratoria del estado de excepción. Esta medida otorga a las Fuerzas Armadas la gestión de la seguridad del órgano legislativo.

Esta es la primera ampliación de los plazos de vigencia del decreto aprobado el pasado 9 de diciembre a raíz de las revueltas policiales que derivaron en una intentona golpista. El mandatario llegó a permanecer más de doce horas retenido en un hospital de la capital, a la espera de ser rescatado por los militares, fieles a su persona.

La Cámara argumenta que los problemas que suscitaron dichos acontecimientos todavía no han sido resueltos, por lo que los hechos podrían repetirse. “Las secuelas de tal suceso no se han podido superar lo que podría generar gran conmoción interna si es que la Asamblea no pudiese ejercer sus atribuciones y facultades”, reza el texto.

Así, el órgano legislativo autoriza la “movilización” de las Fuerzas Armadas para garantizar “la soberanía, el orden interno y la seguridad ciudadana y humana” en todas sus instalaciones y solicita al Ministerio de Defensa la elaboración de un plan de contingencia para reprimir levantamientos similares, informa el diario ecuatoriano El Universo.

Por otro lado, Luis Aníbal Martínez Vilañez, alias Yuco, supuesto cabecilla del intento de golpe de Estado, se ha entregado a las autoridades. El ex sargento ha explicado que confía en su inocencia y en que recibirá un juicio justo, ya que así se lo ha prometido el mandatario.

El ex agente acudió voluntariamente a las dependencias de la Fiscalía, acompañado del jefe de personal de la Policía, Juan Ruales, y del asesor de la Presidencia, Francisco la Torre. Tras prestar declaración durante más de una hora, el caso fue adjudicado al fiscal Marco Freire, según informa la agencia estatal ANDES.

“Vine porque soy inocente, voy a demostrar documentadamente mi total inocencia en los casos en los cuales se me ha pretendido involucrar”, dijo Martínez, al tiempo que explicó que no se ha entregado antes, porque hasta ahora no tenía las garantías suficientes. “Me puse a buen recaudo porque mi vida estaba en peligro”, argumentó.

Martínez solicitó que hasta que este juicio se celebre, no sea recluido en una cárcel ordinaria, ya que por su condición de ex policía, podría correr peligro. “He trabajado 25 años de mi vida combatiendo a la delincuencia organizada, los delincuentes organizados están en el Penal García Moreno. En el momento en que llegue detenido allá, entro y ya no salgo”, advirtió.

Una grabación de las conversaciones telefónicas que los policías implicados tuvieron en el transcurso del intento golpista, es la principal prueba contra Martínez. En estas cintas se escucha una voz, supuestamente la del acusado, que insta a sus compañeros a asesinar a Correa.

“Las voces esas que salieron en los medios de comunicación, no son mías. Me voy a someter a las pruebas que sean necesarias y se va a demostrar con absoluta claridad que esas no son mis voces. Jamás tuve una radio, jamás estuve en el Regimiento Quito, jamás atenté contra el señor presidente, jamás participé en los hechos del 30 de septiembre”, dijo el ex agente.

Hasta su entrega, Correa ofrecía una recompensa de 10.000 dólares (7.362 euros) por la captura de Martínez. Ahora, se compromete a conceder hasta 5.000 dólares (3.681 euros) a cualquiera que aporte información que contribuya a identificar al resto de interlocutores en dichas grabaciones.