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El 7 de febrero de 2011

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El Ayuntamiento de Logroño anula las ocho multas de Gil de Gárate

La Defensoría del Pueblo, en una nota, anuncia que el consistorio ha decidido anular estas multas que fueron interpuestas a los vecinos de la zona peatonal cuando accedían con sus vehículos a sus garajes.

Zona peatonal logroño

Redacción

El Ayuntamiento de Logroño ha aceptado la recomendación de la Defensora del Pueblo Riojano de revocar 8 multas a los usuarios de plazas de garaje en la zona peatonal de Mª Teresa Gil de Gárate que accedían a sus garajes pasando, sin saberlo, por los tramos de la calle para los que no estaban autorizados con sus tarjetas de residentes.

La Defensora, María Bueyo Díez Jalón, afirma sentirse “muy satisfecha con la rápida resolución de este caso, pues es un claro ejemplo del servicio que presta la institución en defensa de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones”. 

Varios vecinos con plazas de garaje en la calle Mª Teresa Gil de Gárate fueron multados el año pasado tras la instalación de cámaras de identificación de matrículas para regular el tráfico en las zonas peatonales. Los conductores recurrieron las multas, ya que contaban con la tarjeta de residentes, pero sus recursos se desestimaron alegando que la calle está dividida en tres tramos y cada titular puede acceder sólo al tramo en que se encuentra su garaje; un detalle que los usuarios ignoraban.

En octubre, algunos de los afectados acudieron a la Defensora del Pueblo de La Rioja y, tras su recomendación, el Ayuntamiento de Logroño ha decidido anular al menos 8 de aquellas sanciones de 45 euros cada una (31,50 euros con reducción por pronto pago). Motivos de la recomendación

Al estudiar las quejas, se detectó que en las instrucciones que hay al dorso de tarjetas de residente se puede deducir que autorizan a utilizar toda la calle y no únicamente un tramo concreto. Estas instrucciones son la única regulación que existe sobre el uso de las zonas peatonales en Logroño, por lo que sería necesaria su regulación mediante ordenanza municipal para respetar los principios de seguridad jurídica y publicidad de las normas.

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