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El 28 de enero de 2011

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Isabel Allende considera el juicio por la muerte de su padre “una deuda pendiente de la Justicia”

Las querellas presentadas por la Fiscalía chilena obliga a abrir una investigación sobre la muerte del ex presidente Salvador Allende en 1979 durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Salvador Allende

Agencias

La senadora socialista Isabel Allende ha considerado que la investigación de la muerte de su padre, el ex presidente chileno Salvador Allende, ocurrida el 11 de septiembre de 1973, “constituye una deuda pendiente de la Justicia”, por lo que confió en que el Estado colabore “al máximo” con estas pesquisas.

Desde España, donde se encuentra para participar en la entrega del premio Jovellanos 'Resistencia y Libertad', Allende consideró que la apertura de esta causa “es una deuda pendiente de la Justicia para reconocer los numerosos delitos cometidos en esa fecha, identificando a quienes participaron y estableciendo sus responsabilidades penales, y conocer toda la verdad de ese día”.

No obstante, la senadora matizó que en el transcurso de estos 37 años, la familia nunca ha creído la versión oficial sobre la muerte del ex mandatario, que señala que éste se suicidó en el transcurso del golpe de Estado en su contra, liderado por el general Augusto Pinochet.

“Si bien la familia no tiene dudas respecto a la decisión del presidente Allende de defender con su vida la democracia, es importante que se realicen todas las acciones judiciales que busquen establecer la verdad de todas las muertes y desapariciones desde el 11 de septiembre de 1973”, reza el comunicado divulgado por la senadora y recogido por el diario El Mercurio.

Así, Allende confió en que “el Estado colabore al máximo” en la investigación de estos hechos que implicaron “la peor dictadura que han padecido los chilenos”, al tiempo que manifestó la disposición de la familia a cooperar en el procedimiento “con todos los antecedentes que sean requeridos”.

En referencia a lo ocurrido aquel día, la senadora aseveró que la intención era eliminar a su padre, ya que “hubo un ataque premeditado de las Fuerzas Armadas” en el que se bombardeó la casa de Gobierno “en el instante en que se encontraban numerosas personas en su interior, incluyendo al presidente Allende, su familia y varios de sus asesores”.

“Ese acto buscaba, además de derrocar a las autoridades legítimamente elegidas, doblegar la voluntad del presidente, humillarlo y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los registros de las conversaciones de Pinochet con el resto de los conspiradores”, afirmó.

Se calcula que durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron. Por estos crímenes fueron condenados unos 110 militares, de los cuales solo 22 cumplen penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile.

La investigación

El ministro Mario Carroza será el encargado de investigar las verdaderas causas de la muerte del ex mandatario. Una autopsia determinó que se suicidó dentro del palacio de gobierno en Santiago, pero varios sectores políticos rechazan esta tesis alegando que su fallecimiento pudo haber sido resultado de acciones militares.

La investigación ha sido ordenada después de que la fiscal judicial Beatriz Pedrals presentara 726 querellas por casos de violación de los Derechos Humanos registrados durante la dictadura de Pinochet, entre ellos la muerte de Allende.

La causa ha surgido después de que el juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz solicitara información sobre todas las querellas a las que no se les ha abierto un proceso judicial, a fin de esclarecer las circunstancias de su muerte durante el régimen militar.

Pedrals ha asegurado que Allende “no tiene causa pendiente dentro del Poder Judicial” y que la decisión de investigar su fallecimiento responde a una “uniformidad de criterio, es decir, lo que no se investigó, la justicia lo va a investigar”.

“Se llegará al final que sea correspondiente. Puede que consigamos aclarar ciertas situaciones, otras no. Pero que el Poder Judicial las va a investigar, las va a investigar”, ha enfatizado la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones.

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