Cofrentes y Garoña, otra vez a debate

El debate sobre las centrales nucleares en España vuelve a estar de actualidad con los casos de la planta de Cofrentes, en Valencia, y la de Santa María de Garoña , en Burgos. En cuanto al caso valenciano, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está estudiando la renovación de autorización de explotación de dicha planta, para lo cual ya ha recibido el informe técnico correspondiente preparado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear del organismo regulador.

De este modo, el regulador atómico comienza a estudiar la posible renovación por 10 años de la planta ubicada en Valencia, cuyo permiso de explotación caduca el próximo 23 de marzo. El Consejo tiene de plazo límite hasta el 23 de febrero para hacer una propuesta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que tendrá un mes para tomar una decisión, según han informado a Europa Press fuentes del CSN.

Durante varias sesiones, el pleno revisará el cumplimento, por parte del titular, de las condiciones de la autorización vigente y las instrucciones técnicas asociadas, la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) y la Normativa de Aplicación Condicionada (NAC). Una vez finalice su estudio, el pleno emitirá su informe preceptivo que será transmitido a Industria, dentro de los plazos establecidos.

La Revisión Periódica de Seguridad supone la realización de una revisión de los aspectos más relevantes para la seguridad de la central, entre los que se encuentran la revisión de la operación desde la última autorización, la situación radiológica de la planta, las modificaciones de la instalación así como los cambios normativos.

En cuanto a la central nuclear de Santa María de Garoña, el gobierno central podría estar dispuesto a retrasar el cierre, como parte de un acuerdo global sobre las reformas económicas con patronal y sindicatos, a pesar de que el cierre de la central está ya fijado para 2013, según han informado fuentes gubernamentales.

Esta es una petición que plantearon el martes los sindicatos en la mesa de negociación con el Ejecutivo, con el fin de mantener los empleos que genera la central (unos 600 directos y otros 400 indirectos). De hecho, las fuentes han subrayado que si el cierre se retrasa será para preservar los puestos de trabajo, no porque esté reconsiderando su rechazo a la energía nuclear.

En esta línea se ha manifestado el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien ha afirmado que el gobierno podría modificar su postura sobre la energía nuclear por alcanzar un acuerdo integral con sindicatos, empresarios y partidos políticos, que supondría, a su juicio, “un enorme vendaval a favor de las velas de la recuperación económica española”.

“Todo sea por alcanzar un acuerdo”, ha afirmado en una entrevista en el canal 24horas de TVE. Para Jáuregui, si las negociaciones se amplían a los partidos políticos éstas darán una “fuerza vertebradora” y un “impulso al país muy grande”. “En este marco cabe considerar que la política sobre las centrales nucleares pueda ser acordada por todos ellos”, ha afirmado.

Críticas

Sin embargo, esta postura del gobierno ha despertado las críticas de Comisiones Obreras (CCOO), quien a pesar de mostrarse abierto a la negociación con el Ejecutivo, asegura que no están a favor del alargamiento de la vida de las centrales nucleares.

Así, su secretario confederal de Medio Ambiente, Llorenç Serrano ha señalado que el tema energético es uno de los que podría formar parte de una declaración conjunta de todos los firmantes de llegarse a un eventual acuerdo en la negociación entre sindicatos, industria y gobierno y ha reconocido que algunas partes en la reunión han planteado la posibilidad de alargar la vida útil de las centrales nucleares.

Sin embargo, Serrano ha explicado en declaraciones a Europa Press que cree que esta propuesta no ha partido de CCOO, al recordar que la opinión discutida dentro del sindicato a este respecto “no está por el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares”.

Serrano espera que si en la negociación final se llega a algún punto de acuerdo de compromiso “seguramente será con otros objetivos dentro de la política energética”. “Los sindicatos no hicimos una huelga general para pedirle al gobierno que alargue la vida útil de las centrales y plantear eso como reivindicación sindical, creo que desde CCOO las cosas no son así”, ha apostillado.

En este contexto, ha indicado que en el proceso de negociación se está negociando sobre pensiones, reforma laboral, políticas activas de empleo y negociación colectiva, aunque admite que durante la negociación “se ha barajado la posibilidad” de tratar “otras materias distintas a las señaladas” con el fin de llegar a una declaración compartida respecto a “cuestiones fundamentales”, entre las que podría estar la energía.

En todo caso, Serrano ha insistido que CCOO “no ha pedido ni planteará” alargar la vida útil de las centrales nucleares. “No es uno de los objetivos de CCOO en la negociación”, ha reiterado, al tiempo que ha advertido de que dicha declaración conjunta “sólo va a existir si se dan las condiciones”.

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción ha calificado de “inadmisible y contradictorio” el giro “pronuclear” del gobierno, al incluir el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares en el diálogo social con los sindicatos porque este supuesto, a su juicio, “raya el surrealismo” y no es sino una “broma de mal gusto”.

“En estos momentos en que se debería aprovechar la actual situación para reformular el modelo productivo, el Gobierno decide potenciar lo más rancio y contaminante de nuestro sistema de generación de electricidad: el carbón y la nuclear”, ha lamentado Paco Castejón, portavoz de la organización, en declaraciones a Europa Press.