Los inmigrantes podrán inscribirse en el censo electoral hasta el 25 de enero

Las próximas elecciones municipales que se celebrarán en unos meses en las distintas provincias españolas, dan, por primera vez, la oportunidad a los inmigrantes de participar en un proceso electoral español. Así, las personas de este colectivo que se hayan inscrito en el censo electoral antes del 25 de enero, podrán acudir a las urnas como la mayoría de sus conciudadanos y ejercer su derecho a voto.

De esta manera queda ampliado el plazo de inscripción (el inicial finalizaba el 15 de enero), gracias a la orden que hoy publicará el Ministerio de Economía y Hacienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informa la agencia Europa Press.

Tanto los ciudadanos de países europeos mayores de 18 años como los extranjeros con permiso de residencia de larga duración procedentes de países con los que España tenga suscrito un convenio de reciprocidad en el ejercicio del sufragio (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú) dispondrán de diez días más para inscribirse en las oficinas del censo.

En total, algo más de un millón de inmigrantes procedentes de estos países con convenio de reciprocidad residen en España y tendrán 18 años para las elecciones del 22 de mayo. No obstante, el requisito de haber residido en España de forma legal y continuada durante al menos cinco años reducirá sensiblemente la cifra, igual que la necesidad de contar con un permiso de residencia en vigor. Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, los electores potenciales de estas nacionalidades ascienden a 322.633.

En cuanto a los europeos, figuran ya inscritos 363.881 que, por tanto, podrían ejercer su derecho a voto el 22 de mayo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística ha remitido comunicaciones a un total de 757.495 ciudadanos para recordarles que pueden inscribirse en el censo y participar en las elecciones.

Sin embargo, el avance del Padrón a 1 de enero de 2010 de este organismo oficial indica que en España viven más de 1,8 millones de extranjeros procedentes de países de la Unión Europea que son mayores de 18 años y que, por tanto, podrían votar en mayo.

Felicitaciones y críticas al PSOE

Tras anunciarse esta prórroga del plazo para inscribirse en el censo electoral, el secretario de Movimientos Sociales y relación con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, ha celebrado esta decisión porque a su juicio implica que el gobierno “está resolviendo con celeridad y efectividad todas las incidencias que se están produciendo en un proceso que se celebra por primera vez en España”.

Zerolo ha destacado que el PSOE ha instado al gobierno a permitir que la Oficina del Censo Electoral inscriba a aquellos ciudadanos que cumplen los requisitos pero que no han recibido la carta del INE “o la hayan extraviado” sin necesidad de que presenten el ya citado certificado de residencia. No obstante, ha dicho que las comisarías los están tramitando “de la manera más diligente posible”.

Sin embargo, esta opinión no es compartida por el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP). Así el, secretario de Participación Social del PP, Rafael Rodríguez Ponga, ha acusado al gobierno de haber gestionado “mal” e “improvisado” el sistema inscripción en el censo electoral de los inmigrantes y ha asegurado que se les ha informado “tarde”.

“Nos parece una medida natural, como consecuencia del atasco por el problema de gestión con el que se han encontrado los extranjeros por el déficit de información y comunicación pública y unos retrasos en la tramitación. La gente se ha encontrado que terminaba el plazo y no había podido inscribirse en el censo”, ha declarado Rodríguez Ponga a Europa Press.

También ha indicado que la tramitación administrativa no está bien resuelta y que el gobierno “ha tenido mucho tiempo para pensarla bien”. “La responsabilidad del Ejecutivo es acortar estos plazos y reducir el proceso de tramitación de las solicitudes y no lo han hecho”, ha explicado, para concluir que se trata de un desarrollo constitucional, “que hay que poner en práctica”.