La tensión en la región venezolana de Sur de Lago sigue creciendo. Si el pasado mes de diciembre se producían protestas por la expropiación por parte del Estado de 47 latifundios, ahora un ataque registrado contra las instalaciones del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en la zona pone de relieve la incertidumbre que en estos momentos se vive en el país.
Dicho ataque, registrado el sábado en el INTI de Maracaibo, fue calificado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como “atentado” por lo que ha ordenado a los servicios militares de Inteligencia su investigación.
“He ordenado que Inteligencia militar se mueva para allá, vamos a infiltrar a esa gente, vamos a instalar un puesto de mando militar”, dijo Chávez durante su alocución dominical en su programa Aló Presidente.
El mandatario atribuyó el ataque a “los terroristas, los fascistas de la burguesía y los terratenientes” de Sur de Lago, donde ordenó la expropiación de 47 latifundios para acelerar la construcción de viviendas y agilizar así la atención a los damnificados por el temporal de lluvias.
“Estos bandidos, terroristas no nos van a detener, están muy equivocados: ahora vamos a fondo y más rápido. He ordenado arreciar la recuperación de tierras en todo el país, tierras para el pueblo, tierras para producir alimentos”, advirtió Chávez.
Por su parte, el ministro venezolano de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, adelantó que el incendio en las instalaciones del INTI fue intencionado ya que en los alrededores del edificio se han encontrado varios contenedores que presuntamente fueron rociados con gasolina. “Además, se recabaron conchas de bala, un par de zapatos y otros elementos”, indicó.
El supuesto atentado se produjo en la madrugada del sábado, cuando una llamada telefónica alertó al Cuerpo de Bomberos de Sur de Lago de la existencia de un incendio en la sede del INTI, informó la cadena TeleSur.
A vueltas con la Ley Habilitante
Pero este no es el único frente que recientemente se le ha abierto al gobierno de Hugo Chávez. La aprobación de la Ley Habilitante , por la cual el mandatario venezolano podrá gobernar con plenos poderes durante todo un año, ha despertado importantes críticas en el ámbito internacional.
Una de ellas ha sido la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) , José Miguel Insulza, quien ha mostrado su preocupación por la adopción de dicha medida. “Son un conjunto de leyes que se dictan al final, cuando está a punto de cambiar la mayoría parlamentaria, con la idea de que después no se podrán dictar. La Habilitante afecta de hecho a las capacidades de actuación del próximo Congreso. Eso sí me preocupa” aseguró.
Ante estas palabras, el gobierno venezolano ha expresado su rechazo y ha calificado las mismas de “bochornosas” y “un acto de injerencia y agresión contra las instituciones y la democracia del país”.
El Ejecutivo ha afirmado que el ataque constituye “un nuevo, abusivo y oportunista acto de injerencia que desprestigia aún más al secretario general de la OEA”. Insulza aseguró también que la Ley Habilitante “viola el espíritu y la letra de la Carta Democrática Interamericana”. En este sentido, argumentó que no cree que un “Congreso que se va pueda atarle las manos al Congreso que llega”.
El embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, ha rechazado también las declaraciones de Insulza y ha asegurado que Insulza es el “máximo líder de la oposición venezolana” y “un director por encargo” de una campaña de desprestigio hacia Venezuela. “Chávez lo tiene loco, de repente [atiende] sus propios proyectos y a las presiones insufribles o irresistibles del Imperio pero también de los think tanks estadounidenses, ha añadido.
Chaderton ha agregado que Insulza es un metiche que entorpece a propósito la relación del organismo con Venezuela. “Mientras, no se expresa sobre unos cuantos países latinoamericanos que tienen problemas de democracia y funcionamiento muchísimo más serios que los que tenemos nosotros”, ha apostillado.
Anteriormente a las declaraciones de Insulza, las críticas contra la Ley Habilitante llegaron desde Estados Unidos, donde el secretario de Estado adjunto de EEUU para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, consideró dicha normativa como “una decisión antidemocrática”, según informó el diario venezolano El Mundo.