Las polémicas últimas medidas de Chávez

Estudiantes y productores venezolanos protestaron el pasado lunes en las calles de Caracas y el Zulia, a través de marchas y cacerolas, en rechazo a la expropiación de 47 fincas por parte del gobierno de Hugo Chávez y al paquete de leyes modificadas por el parlamento.

Estas protestas continuarán el próximo jueves 23 de diciembre con una marcha en la ciudad de Caracas que convocó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en rechazo a estas medidas que consideran inconstitucionales.

El periódico venezolano El Universal señala que estas acciones tomadas por un porcentaje de los ciudadanos venezolanos son consecuencia, en parte, de la modificación en poco más de 12 horas de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, así como la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional.

Los manifestantes también rechazan la modificación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE), de la Ley de Universidades, de la Ley Habilitante que le da plenos poderes al presidente Chávez para modificar legislaciones por 18 meses, y la expropiación de 47 fincas en el estado Zulia la semana pasada.

La MUD enfatizó que mantendrá su plan de protestas dentro de la Constitución, sin violencia y resaltó que al presidente Hugo Chávez “lo tiene traumatizado” saberse ya derrotado electoralmente en los comicios presidenciales del 2012.

Sobre algunas modificaciones

La norma referida a los partidos castiga con inhabilitación política a los diputados que se pasen de un partido a otro. Mientras que la ley aprobada en segunda discusión, prohíbe y castiga el financiamiento externo de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos.

Por otro lado, también fue aprobado el informe final de la Ley de Instituciones del Sector Bancario que declara la actividad bancaria como “utilidad pública”.

Con respecto a la Ley de Universidades, Amalio Belmonte, secretario de la UCV, explica que con esta modificación sólo se intenta controlar a las universidades sin que medie “la mínima consideración por la opinión pública, el proyecto incluye criterios y artículos relacionados con el pensamiento único, las misiones, el desarrollo endógeno y la educación socialista y la modificación de la Comunidad Académica y el claustro universitario, rechazados en el 2007”.

Belmonte asegura que se obliga a las universidades a relacionar sus planes de estudio y sus principios académicos en pre y postgrado con los objetivos ideológicos del gobierno,

restando a éstas sus atribuciones consagradas en el artículo 109 de la Constitución que se refiere a la Autonomía Universitaria.

Mientras, la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) establece que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tendrá entre sus atribuciones ser el censor de Internet, al ordenar el bloqueo de las páginas Web.

Esta nueva ley señala que Conatel detectará las páginas que estén violando algún principio de la ley Resorte y en consecuencia ordenará a los prestadores del servicio que dejen de publicar en Internet.