AI pide a Marruecos una investigación imparcial sobre El Aaiún

La situación vivida en El Aaiún y sus alrededores el pasado 8 de noviembre despertó y días posteriores ha puesto de relieve no sólo la tensa relación entre Marruecos y el pueblo sahararui, sino también la situación de los derechos humanos en esta zona del Magreb. Ante esta realidad, la organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) , ha elaborado un nuevo informe, titulado Rights Tramped: Protests, Violence and Repression in Western Sahara, que analiza la situación durante y después del incidente.

A través de este documento la organización ha pedido a las autoridades marroquíes que investiguen “de manera completa, imparcial e independiente todos los abusos contra los derechos humanos cometidos presuntamente en El Aaiún” y que pongan a los responsables a disposición judicial.

Además, AI describe en el informe una serie de abusos cometidos tanto en el campamento como en El Aaiún. “Los enfrentamientos violentos estallaron al desmantelar las fuerzas de seguridad el campamento, pero luego se extendieron a El Aaiún, donde tanto manifestantes saharauis como residentes marroquíes llevaron a cabo ataques, en los que incendiaron viviendas, comercios y edificios públicos. Decenas de saharauis fueron detenidos y golpeados o sometidos a tortura y otros malos tratos” asegura.

Según Amnistía Internacional, este incidente provocó que murieran 13 personas: 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 2 saharauis. “El mayor número de víctimas mortales se produjo durante el desmantelamiento del campamento, en el que murieron nueve miembros de las fuerzas de seguridad a manos de saharauis que opusieron resistencia a la destrucción del campamento en los enfrentamientos y en ataques deliberados” afirman aunque señalan que las circunstancias de lo sucedido “no están del todo claras”.

Basándose en sus propias investigaciones,

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que es posible que las fuerzas de seguridad marroquíes no estuvieran aplicando una política al hacer uso excesivo de la fuerza para desmantelar el campamento y dispersar a los manifestantes, pero en algunos casos la fuerza utilizada, contra manifestantes que no suponían ninguna amenaza ni oponían ninguna resistencia, fue claramente excesiva.

Según Ai, la noticia de que las fuerzas de seguridad estaban desmantelando el campamento llegó rápidamente a El Aaiún, donde parece que, agravada por informes exagerados sobre muertes de saharauis y brutalidad de las fuerzas de seguridad, provocó protestas violentas de saharauis, que recorrieron la ciudad atacando edificios públicos, bancos, automóviles y otros bienes de ciudadanos marroquíes y de saharauis considerados partidarios de la administración marroquí del Sahara Occidental.

Cuando remitió esta destrucción, se produjo un nuevo estallido de violencia comunal, esta vez de ciudadanos marroquíes que atacaron viviendas, tiendas y otros negocios y bienes saharauis y golpearon a algunos ciudadanos saharauis. Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en algunos de estos ataques dirigidos específicamente contra saharauis y contra viviendas saharauis y no hicieron nada para impedirlos o ayudaron activamente a quienes los llevaban a cabo, afirma AI.

Detenciones

Por otro lado, Amnistía Internacional sostiene que las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a hasta 200 saharauis y que hasta la fecha no se ha tenido noticia de ninguna detención ni procesamiento de marroquíes.

Todos los saharauis entrevistados por Amnistía Internacional explicaron cómo habían sido golpeados, torturados o sometidos a otros malos tratos en el momento de su detención o bajo custodia de las autoridades marroquíes, y la mayoría presentaban cicatrices y heridas visibles, que coincidían con sus testimonios.

“Las autoridades marroquíes tienen la obligación de proteger la seguridad pública y castigar la delincuencia, pero deben hacerlo sin discriminación y teniendo plenamente en cuenta los derechos humanos” insiste AI.

Peticiones

Ante esta realidad constatada, la organización pide a las autoridades de Marruecos que garanticen que se realizan con prontitud investigaciones judiciales sobre todos los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos; que todos los responsables de agresión, tortura u otros malos tratos y otros ataques contra personas y bienes son procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos; que las personas detenidas tienen oportunidad de contar con la asistencia de abogados de su elección; que los juicios se celebran de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, velando en particular por que no se admita como prueba en ellos ninguna información obtenida con tortura o coacción, y que no se juzga a civiles ante el Tribunal Militar.