División de opiniones ante la prórroga del estado de alarma

La decisión del gobierno y del Congreso de los Diputados de prorrogar el estado de alarma , decretado el pasado 3 de diciembre, ha provocado todo tipo de opiniones en el panorama político español. Entre quienes se han mostrado a favor de esta medida que extenderá el estado de alarma hasta el próximo 15 de enero, se encuentra el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ha afirmado que su formación ha votado a favor de la prórroga porque desactivarlo hubiera creado “más alarma en la sociedad”.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Erkoreka ha destacado que la decisión de decretar el estado de alarma estuvo “bien tomada” porque, en su opinión, “la situación se ha normalizado y hemos sido capaces de reconducir la complicada situación creada”, aunque ha reconocido que el conflicto laboral en el sector de los controladores aéreos “sigue ahí”.

“Vimos claro que desactivar ahora el estado de alarma hubiera creado más alarma en la sociedad que el hecho de mantenerlo. Las condiciones que se daban el 4 de diciembre siguen igual, y nuestro objetivo principal ha sido garantizar los derechos de los ciudadanos y que se siga dando ese servicio con normalidad ante todas las cosas. Para garantizarlo, hemos pensado que era mejor mantener el estado de alarma que desactivarlo”, ha reiterado.

Sin embargo, desde el Partido Popular (PP), quien se abstuvo de la votación en el Congreso, hay voces muy críticas con la medida propuesta por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ellas destaca la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha considerado que un problema laboral, como es el caso de los controladores aéreos, no puede afrontarse con la declaración del estado de alarma y mucho menos con su prórroga.

Durante la última sesión de control al gobierno del año preguntada por las medidas que piensa implementar la Comunidad de Madrid para solventar el problema de los controladores, Aguirre ha afirmado que a corto plazo, el Ejecutivo regional pondrá al servicio de los ciudadanos la Dirección General de Consumo para “asesorarles a la hora de presentar las reclamaciones”.

Además, impulsará la elaboración de una ley de Huelga, y en tercer lugar, tomará las medidas que estén en su mano para que la “formación de los controladores deje de ser un monopolio que dependa solamente de ellos mismos”.