El Gobierno otorgó el aval a JMR conociendo las actuaciones irregulares de la empresa

La diputada del PSOE, Inmaculada Ortega, ha denunciado que el Gobierno de La Rioja otorgó un aval a e la empresa de transportes Jesús Martínez Ruiz (JMR) aún sabiendo que dicha empresa no cumplía con sus obligaciones a la Seguridad Social así como movimientos de reventa de materiales que rozaban la ilegalidad.

De hecho, el Gobierno de La Rioja aprueba la concesión de 500.000 euros a una empresas que había ofrecido sus bienes que tenía en Agoncillo, donde está la base de JMR, y en Eslovaquia donde la empresa tenía una delegación. En este sentido, ofrece un piso de lujo en Bratislava y una nave, ambos hipotecados en un banco eslovaco y otro austriaco.

Ortega señala otro tipo de operaciones que rozaban la ilegalidad: JMR poseía una flota de 150 camiones pero sólo tenía en nómina a 35 chóferes, el resto de conductores habían sido contratados en Eslovaquia sin estar dados de alta en la Seguridad Social Española, lo que abarataba significativamente los costes y facilitaba, según la diputada socialista, una competencia desleal con respecto a otras empresa de transportes en La Rioja.

Pero el hecho más significativo que ha denunciado Ortega es la “reventa” de al menos 4 camiones de la flota de JMR a IVECO que a su vez los vendió a empresas dirigidas por familiares directos del propietario de JMR; entre otros, su esposa, cometiendo un delito de alzamiento de bienes. Fue el pasado 19 de noviembre cuando ya se había aprobado el aval del Gobierno de La Rioja.

A pesar de ello, afirma Ortega, el informe de la consultora SEAIN S.L que cobra cerca de 4.000 euros por dicho informe a la empresa pública ADER Infraestructuras, da luz verde al aval que se solicita en marzo de 2009.

El informe de viabilidad se entrega al Ejecutivo riojano en septiembre de ese mismo año y aunque y según consta en la normativa la decisión de otorgar el aval debe resolverse en un plazo de tres meses, el Gobierno no toma una decisión hasta mayo de 2010, nueve meses después; otorgar el aval de 500.000 de euros a JMR para que la empresa obtuviera una préstamo de 800.000 euros.

Meses después, la empresa presenta en el Juzgado de los Social un concurso de liquidación de la empresa y su propietario ha tramitado su jubilación como profesional del transporte. Por ello, el Ejecutivo se vio obligado a acudir a los tribunales y denunciar por fraude a JMR. Y sus 35 trabajadores continúan sin cobrar las últimas nóminas que se les adeudan además de encontrarse en un limbo legal ya que no son despedidos y no pueden cobrar la prestación por desempleo.

El PSOE de La Rioja se pregunta porqué el Gobierno de La Rioja aprobó un aval a una empresa conociendo las irregularidades de la misma y le reprocha que ese medio millón de euros de dinero público sirva únicamente a pagar a los acreedores cuando la empresa entre en concurso.

Por todo ello, solicitan la comparecencia urgente del consejero de Industria y presidente de la ADER Javier Erro, en el próximo pleno del Parlamento de La Rioja para que dé explicaciones.